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Las reformas a los art�culos 65; 74, fracci�n IV y 83, entrar�n en vigor el 1 de diciembre de 2018, de conformidad con lo que se�ala el Art�culo D�cimo Quinto Transitorio del Decreto en menci�n. Las reformas, adiciones y derogaciones a los art�culos 28; 29, p�rrafo primero; 69, p�rrafo segundo; 76, fracciones II y XII; 78, fracci�n V; 82, fracci�n VI; 84; 89, fracci�n IX; 90; 93, p�rrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110, 111; 116, fracci�n IX y 119, p�rrafo primero, entrar�n en vigor cuando el Congreso de la Uni�n emita la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonom�a constitucional de la Fiscal�a General de la Rep�blica, de conformidad con lo establecido en el Art�culo D�cimo Sexto Transitorio del Decreto. Las reformas al primer p�rrafo del Apartado B del art�culo 123 y la Base XI del Apartado A del art�culo 122 relativas al r�gimen jur�dico de las relaciones de trabajo entre la Ciudad de M�xico y sus trabajadores, publicadas por Decreto DOF 29-01-2016, en materia de la reforma pol�tica de la Ciudad de M�xico, entrar�n en vigor a partir del 1 de enero de 2020. El C. Primer Jefe del Ej�rcito Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci�n, con esta fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto: VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ej�rcito Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo a�o, expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido en el art�culo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA DE 5 DE FEBRERO DE 1857 T�tulo Primero Cap�tulo I De los Derechos Humanos y sus Garant�as Denominaci�n del Cap�tulo reformada DOF 10-06-2011 Art�culo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozar�n de los derechos humanos reconocidos en esta Constituci�n y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, as� como de las garant�as para su protecci�n, cuyo ejercicio no podr� restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constituci�n establece. P�rrafo reformado DOF 10-06-2011 Las normas relativas a los derechos humanos se interpretar�n de conformidad con esta Constituci�n y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci�n m�s amplia. P�rrafo adicionado DOF 10-06-2011 Todas las autoridades, en el �mbito de sus competencias, tienen la obligaci�n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deber� prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los t�rminos que establezca la ley. P�rrafo adicionado DOF 10-06-2011 Est� prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzar�n, por este solo hecho, su libertad y la protecci�n de las leyes. Queda prohibida toda discriminaci�n motivada por origen �tnico o nacional, el g�nero, la edad, las discapacidades, la condici�n social, las condiciones de salud, la religi�n, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. P�rrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 Art�culo reformado DOF 14-08-2001 Art�culo 2o. La Naci�n Mexicana es �nica e indivisible. La Naci�n tiene una composici�n pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos ind�genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del pa�s al iniciarse la colonizaci�n y que conservan sus propias instituciones sociales, econ�micas, culturales y pol�ticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad ind�gena deber� ser criterio fundamental para determinar a qui�nes se aplican las disposiciones sobre pueblos ind�genas. Son comunidades integrantes de un pueblo ind�gena, aquellas que formen una unidad social, econ�mica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos ind�genas a la libre determinaci�n se ejercer� en un marco constitucional de autonom�a que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades ind�genas se har� en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deber�n tomar en cuenta, adem�s de los principios generales establecidos en los p�rrafos anteriores de este art�culo, criterios etnoling��sticos y de asentamiento f�sico. A. Esta Constituci�n reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades ind�genas a la libre determinaci�n y, en consecuencia, a la autonom�a para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organizaci�n social, econ�mica, pol�tica y cultural. II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulaci�n y soluci�n de sus conflictos internos, sujet�ndose a los principios generales de esta Constituci�n, respetando las garant�as individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecer� los casos y procedimientos de validaci�n por los jueces o tribunales correspondientes. III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y pr�cticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres ind�genas disfrutar�n y ejercer�n su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; as� como a acceder y desempe�ar los cargos p�blicos y de elecci�n popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberan�a de los Estados y la autonom�a de la Ciudad de M�xico. En ning�n caso las pr�cticas comunitarias podr�n limitar los derechos pol�tico-electorales de los y las ciudadanas en la elecci�n de sus autoridades municipales. Fracci�n reformada DOF 22-05-2015, 29-01-2016 IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. V. Conservar y mejorar el h�bitat y preservar la integridad de sus tierras en los t�rminos establecidos en esta Constituci�n. VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constituci�n y a las leyes de la materia, as� como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las �reas estrat�gicas, en t�rminos de esta Constituci�n. Para estos efectos las comunidades podr�n asociarse en t�rminos de ley. VII. Elegir, en los municipios con poblaci�n ind�gena, representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocer�n y regular�n estos derechos en los municipios, con el prop�sito de fortalecer la participaci�n y representaci�n pol�tica de conformidad con sus tradiciones y normas internas. VIII. Acceder plenamente a la jurisdicci�n del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deber�n tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constituci�n. Los ind�genas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por int�rpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecer�n las caracter�sticas de libre determinaci�n y autonom�a que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos ind�genas en cada entidad, as� como las normas para el reconocimiento de las comunidades ind�genas como entidades de inter�s p�blico. B. La Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los ind�genas y eliminar cualquier pr�ctica discriminatoria, establecer�n las instituciones y determinar�n las pol�ticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los ind�genas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deber�n ser dise�adas y operadas conjuntamente con ellos. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades ind�genas, dichas autoridades, tienen la obligaci�n de: I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas ind�genas con el prop�sito de fortalecer las econom�as locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres �rdenes de gobierno, con la participaci�n de las comunidades. Las autoridades municipales determinar�n equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrar�n directamente para fines espec�ficos. II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educaci�n biling�e e intercultural, la alfabetizaci�n, la conclusi�n de la educaci�n b�sica, la capacitaci�n productiva y la educaci�n media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes ind�genas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades ind�genas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la naci�n. III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliaci�n de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, as� como apoyar la nutrici�n de los ind�genas mediante programas de alimentaci�n, en especial para la poblaci�n infantil. IV. Mejorar las condiciones de las comunidades ind�genas y de sus espacios para la convivencia y recreaci�n, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento p�blico y privado para la construcci�n y mejoramiento de vivienda, as� como ampliar la cobertura de los servicios sociales b�sicos. V. Propiciar la incorporaci�n de las mujeres ind�genas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protecci�n de su salud, el otorgamiento de est�mulos para favorecer su educaci�n y su participaci�n en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integraci�n de las comunidades, mediante la construcci�n y ampliaci�n de v�as de comunicaci�n y telecomunicaci�n. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades ind�genas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicaci�n, en los t�rminos que las leyes de la materia determinen. VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades ind�genas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos econ�micos, la aplicaci�n de est�mulos para las inversiones p�blicas y privadas que propicien la creaci�n de empleos, la incorporaci�n de tecnolog�as para incrementar su propia capacidad productiva, as� como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercializaci�n. VIII. Establecer pol�ticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos ind�genas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agr�colas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educaci�n y nutrici�n a ni�os y j�venes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusi�n de sus culturas. IX. Consultar a los pueblos ind�genas en la elaboraci�n del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se�aladas en este apartado, la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el �mbito de sus respectivas competencias, establecer�n las partidas espec�ficas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, as� como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aqu� establecidos a favor de los ind�genas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aqu�llos tendr� en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Art�culo reformado DOF 14-08-2001 Art�culo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educaci�n. El Estado -Federaci�n, Estados, Ciudad de M�xico y Municipios-, impartir� educaci�n preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educaci�n preescolar, primaria y secundaria conforman la educaci�n b�sica; �sta y la media superior ser�n obligatorias. Fe de erratas al p�rrafo DOF 09-03-1993. P�rrafo reformado DOF 12-11-2002, 09-02-2012, 29-01-2016 La educaci�n que imparta el Estado tender� a desarrollar arm�nicamente, todas las facultades del ser humano y fomentar� en �l, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. P�rrafo reformado DOF 10-06-2011 El Estado garantizar� la calidad en la educaci�n obligatoria de manera que los materiales y m�todos educativos, la organizaci�n escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el m�ximo logro de aprendizaje de los educandos. P�rrafo adicionado DOF 26-02-2013 I. Garantizada por el art�culo 24 la libertad de creencias, dicha educaci�n ser� laica y, por tanto, se mantendr� por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; II. El criterio que orientar� a esa educaci�n se basar� en los resultados del progreso cient�fico, luchar� contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Adem�s: a) Ser� democr�tico, considerando a la democracia no solamente como una estructura jur�dica y un r�gimen pol�tico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ�mico, social y cultural del pueblo; b) Ser� nacional, en cuanto �sin hostilidades ni exclusivismos� atender� a la comprensi�n de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia pol�tica, al aseguramiento de nuestra independencia econ�mica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; Inciso reformado DOF 26-02-2013 c) Contribuir� a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicci�n del inter�s general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religi�n, de grupos, de sexos o de individuos, y Inciso reformado DOF 09-02-2012, 26-02-2013 d) Ser� de calidad, con base en el mejoramiento constante y el m�ximo logro acad�mico de los educandos; Inciso adicionado DOF 26-02-2013 III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo p�rrafo de la fracci�n II, el Ejecutivo Federal determinar� los planes y programas de estudio de la educaci�n preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la Rep�blica. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerar� la opini�n de los gobiernos de las entidades federativas, as� como de los diversos sectores sociales involucrados en la educaci�n, los maestros y los padres de familia en los t�rminos que la ley se�ale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoci�n a cargos con funciones de direcci�n o de supervisi�n en la educaci�n b�sica y media superior que imparta el Estado, se llevar�n a cabo mediante concursos de oposici�n que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijar� los criterios, los t�rminos y condiciones de la evaluaci�n obligatoria para el ingreso, la promoci�n, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educaci�n. Ser�n nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este p�rrafo no ser� aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracci�n VII de este art�culo; Fracci�n reformada DOF 12-11-2002, 26-02-2013, 29-01-2016 IV. Toda la educaci�n que el Estado imparta ser� gratuita; V. Adem�s de impartir la educaci�n preescolar, primaria, secundaria y media superior, se�aladas en el primer p�rrafo, el Estado promover� y atender� todos los tipos y modalidades educativos �incluyendo la educaci�n inicial y a la educaci�n superior� necesarios para el desarrollo de la naci�n, apoyar� la investigaci�n cient�fica y tecnol�gica, y alentar� el fortalecimiento y difusi�n de nuestra cultura; Fracci�n reformada DOF 12-11-2002, 09-02-2012 VI. Los particulares podr�n impartir educaci�n en todos sus tipos y modalidades. En los t�rminos que establezca la ley, el Estado otorgar� y retirar� el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educaci�n preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deber�n: P�rrafo reformado DOF 12-11-2002 a) Impartir la educaci�n con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo p�rrafo y la fracci�n II, as� como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracci�n III, y b) Obtener previamente, en cada caso, la autorizaci�n expresa del poder p�blico, en los t�rminos que establezca la ley; VII. Las universidades y las dem�s instituciones de educaci�n superior a las que la ley otorgue autonom�a, tendr�n la facultad y la responsabilidad de gobernarse a s� mismas; realizar�n sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este art�culo, respetando la libertad de c�tedra e investigaci�n y de libre examen y discusi�n de las ideas; determinar�n sus planes y programas; fijar�n los t�rminos de ingreso, promoci�n y permanencia de su personal acad�mico; y administrar�n su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal acad�mico como del administrativo, se normar�n por el apartado A del art�culo 123 de esta Constituci�n, en los t�rminos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las caracter�sticas propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonom�a, la libertad de c�tedra e investigaci�n y los fines de las instituciones a que esta fracci�n se refiere; Fracci�n reformada DOF 26-02-2013 VIII. El Congreso de la Uni�n, con el fin de unificar y coordinar la educaci�n en toda la Rep�blica, expedir� las leyes necesarias, destinadas a distribuir la funci�n social educativa entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones econ�micas correspondientes a ese servicio p�blico y a se�alar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y Fracci�n reformada DOF 26-02-2013, 29-01-2016 IX. Para garantizar la prestaci�n de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluaci�n Educativa. La coordinaci�n de dicho sistema estar� a cargo del Instituto Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n. El Instituto Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n ser� un organismo p�blico aut�nomo, con personalidad jur�dica y patrimonio propio. Corresponder� al Instituto evaluar la calidad, el desempe�o y resultados del sistema educativo nacional en la educaci�n preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deber�: a) Dise�ar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos a los que se sujetar�n las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluaci�n que les corresponden, y c) Generar y difundir informaci�n y, con base en �sta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educaci�n y su equidad, como factor esencial en la b�squeda de la igualdad social. La Junta de Gobierno ser� el �rgano de direcci�n del Instituto y estar� compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someter� una terna a consideraci�n de la C�mara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designar� al integrante que deba cubrir la vacante. La designaci�n se har� por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la C�mara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisi�n Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta d�as. Si la C�mara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupar� el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. En caso de que la C�mara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someter� una nueva, en los t�rminos del p�rrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupar� el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. Los integrantes de la Junta de Gobierno deber�n ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempe�ar�n su encargo por per�odos de siete a�os en forma escalonada y podr�n ser reelectos por una sola ocasi�n. Los integrantes no podr�n durar en su encargo m�s de catorce a�os. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto ser� nombrado para concluir el periodo respectivo. S�lo podr�n ser removidos por causa grave en los t�rminos del T�tulo IV de esta Constituci�n y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aqu�llos en que act�en en representaci�n del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, cient�ficas, culturales o de beneficencia. La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrar� a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempe�ar� dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. La ley establecer� las reglas para la organizaci�n y funcionamiento del Instituto, el cual regir� sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusi�n. La ley establecer� los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboraci�n y coordinaci�n para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Fracci�n adicionada DOF 26-02-2013 Art�culo reformado DOF 13-12-1934, 30-12-1946, 09-06-1980, 28-01-1992, 05-03-1993 Art�culo 4o. El var�n y la mujer son iguales ante la ley. Esta proteger� la organizaci�n y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el n�mero y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentaci�n nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizar�. P�rrafo adicionado DOF 13-10-2011 Toda persona tiene derecho a la protecci�n de la salud. La Ley definir� las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecer� la concurrencia de la Federaci�n y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracci�n XVI del art�culo 73 de esta Constituci�n. P�rrafo adicionado DOF 03-02-1983 Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizar� el respeto a este derecho. El da�o y deterioro ambiental generar� responsabilidad para quien lo provoque en t�rminos de lo dispuesto por la ley. P�rrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012 Toda persona tiene derecho al acceso, disposici�n y saneamiento de agua para consumo personal y dom�stico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizar� este derecho y la ley definir� las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos h�dricos, estableciendo la participaci�n de la Federaci�n, las entidades federativas y los municipios, as� como la participaci�n de la ciudadan�a para la consecuci�n de dichos fines. P�rrafo adicionado DOF 08-02-2012 Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecer� los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. P�rrafo adicionado DOF 07-02-1983 Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizar� el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedir� gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. P�rrafo adicionado DOF 17-06-2014 En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velar� y cumplir� con el principio del inter�s superior de la ni�ez, garantizando de manera plena sus derechos. Los ni�os y las ni�as tienen derecho a la satisfacci�n de sus necesidades de alimentaci�n, salud, educaci�n y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deber� guiar el dise�o, ejecuci�n, seguimiento y evaluaci�n de las pol�ticas p�blicas dirigidas a la ni�ez. P�rrafo adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-2000, 12-10-2011 Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligaci�n de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. P�rrafo adicionado DOF 07-04-2000. Reformado DOF 12-10-2011 El Estado otorgar� facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la ni�ez. P�rrafo adicionado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al p�rrafo DOF 12-04-2000 Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, as� como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promover� los medios para la difusi�n y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecer� los mecanismos para el acceso y participaci�n a cualquier manifestaci�n cultural. P�rrafo adicionado DOF 30-04-2009 Toda persona tiene derecho a la cultura f�sica y a la pr�ctica del deporte. Corresponde al Estado su promoci�n, fomento y est�mulo conforme a las leyes en la materia. P�rrafo adicionado DOF 12-10-2011 Art�culo reformado DOF 31-12-1974 Reforma DOF 14-08-2001: Derog� del art�culo el entonces p�rrafo primero (antes adicionado por DOF 28-01-1992) Art�culo 5o. A ninguna persona podr� impedirse que se dedique a la profesi�n, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo l�citos. El ejercicio de esta libertad s�lo podr� vedarse por determinaci�n judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resoluci�n gubernativa, dictada en los t�rminos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci�n judicial. La ley determinar� en cada entidad federativa, cu�les son las profesiones que necesitan t�tulo para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Nadie podr� ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribuci�n y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustar� a lo dispuesto en las fracciones I y II del art�culo 123. En cuanto a los servicios p�blicos, s�lo podr�n ser obligatorios, en los t�rminos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, as� como el desempe�o de los cargos concejiles y los de elecci�n popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendr�n car�cter obligatorio y gratuito, pero ser�n retribuidas aqu�llas que se realicen profesionalmente en los t�rminos de esta Constituci�n y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de �ndole social ser�n obligatorios y retribuidos en los t�rminos de la ley y con las excepciones que �sta se�ale. P�rrafo reformado DOF 06-04-1990 El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ning�n contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la p�rdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. P�rrafo reformado DOF 28-01-1992 Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripci�n o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesi�n, industria o comercio. El contrato de trabajo s�lo obligar� a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un a�o en perjuicio del trabajador, y no podr� extenderse, en ning�n caso, a la renuncia, p�rdida o menoscabo de cualquiera de los derechos pol�ticos o civiles. La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, s�lo obligar� a �ste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ning�n caso pueda hacerse coacci�n sobre su persona. Art�culo reformado DOF 17-11-1942, 31-12-1974 Art�culo 6o. La manifestaci�n de las ideas no ser� objeto de ninguna inquisici�n judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque alg�n delito, o perturbe el orden p�blico; el derecho de r�plica ser� ejercido en los t�rminos dispuestos por la ley. El derecho a la informaci�n ser� garantizado por el Estado. P�rrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013 Toda persona tiene derecho al libre acceso a informaci�n plural y oportuna, as� como a buscar, recibir y difundir informaci�n e ideas de toda �ndole por cualquier medio de expresi�n. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 El Estado garantizar� el derecho de acceso a las tecnolog�as de la informaci�n y comunicaci�n, as� como a los servicios de radiodifusi�n y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecer� condiciones de competencia efectiva en la prestaci�n de dichos servicios. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Para efectos de lo dispuesto en el presente art�culo se observar� lo siguiente: P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci�n, la Federaci�n y las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas competencias, se regir�n por los siguientes principios y bases: P�rrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016 I. Toda la informaci�n en posesi�n de cualquier autoridad, entidad, �rgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, �rganos aut�nomos, partidos pol�ticos, fideicomisos y fondos p�blicos, as� como de cualquier persona f�sica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos p�blicos o realice actos de autoridad en el �mbito federal, estatal y municipal, es p�blica y s�lo podr� ser reservada temporalmente por razones de inter�s p�blico y seguridad nacional, en los t�rminos que fijen las leyes. En la interpretaci�n de este derecho deber� prevalecer el principio de m�xima publicidad. Los sujetos obligados deber�n documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinar� los supuestos espec�ficos bajo los cuales proceder� la declaraci�n de inexistencia de la informaci�n. Fracci�n reformada DOF 07-02-2014 II. La informaci�n que se refiere a la vida privada y los datos personales ser� protegida en los t�rminos y con las excepciones que fijen las leyes. III. Toda persona, sin necesidad de acreditar inter�s alguno o justificar su utilizaci�n, tendr� acceso gratuito a la informaci�n p�blica, a sus datos personales o a la rectificaci�n de �stos. IV. Se establecer�n mecanismos de acceso a la informaci�n y procedimientos de revisi�n expeditos que se sustanciar�n ante los organismos aut�nomos especializados e imparciales que establece esta Constituci�n. Fracci�n reformada DOF 07-02-2014 V. Los sujetos obligados deber�n preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicar�n, a trav�s de los medios electr�nicos disponibles, la informaci�n completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos p�blicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Fracci�n reformada DOF 07-02-2014 VI. Las leyes determinar�n la manera en que los sujetos obligados deber�n hacer p�blica la informaci�n relativa a los recursos p�blicos que entreguen a personas f�sicas o morales. VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la informaci�n p�blica ser� sancionada en los t�rminos que dispongan las leyes. P�rrafo con fracciones adicionado DOF 20-07-2007 VIII. La Federaci�n contar� con un organismo aut�nomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jur�dica y patrimonio propio, con plena autonom�a t�cnica, de gesti�n, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organizaci�n interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la informaci�n p�blica y a la protecci�n de datos personales en posesi�n de los sujetos obligados en los t�rminos que establezca la ley. El organismo aut�nomo previsto en esta fracci�n, se regir� por la ley en materia de transparencia y acceso a la informaci�n p�blica y protecci�n de datos personales en posesi�n de sujetos obligados, en los t�rminos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Uni�n para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento se regir� por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y m�xima publicidad. El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la informaci�n p�blica y la protecci�n de datos personales de cualquier autoridad, entidad, �rgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, �rganos aut�nomos, partidos pol�ticos, fideicomisos y fondos p�blicos, as� como de cualquier persona f�sica, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos p�blicos o realice actos de autoridad en el �mbito federal; con excepci�n de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en cuyo caso resolver� un comit� integrado por tres ministros. Tambi�n conocer� de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos aut�nomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la informaci�n, en los t�rminos que establezca la ley. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 El organismo garante federal, de oficio o a petici�n fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podr� conocer de los recursos de revisi�n que por su inter�s y trascendencia as� lo ameriten. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 La ley establecer� aquella informaci�n que se considere reservada o confidencial. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jur�dico del Gobierno podr� interponer recurso de revisi�n ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n en los t�rminos que establezca la ley, s�lo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la C�mara de Senadores, previa realizaci�n de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrar� al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podr� ser objetado por el Presidente de la Rep�blica en un plazo de diez d�as h�biles. Si el Presidente de la Rep�blica no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupar� el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la Rep�blica. En caso de que el Presidente de la Rep�blica objetara el nombramiento, la C�mara de Senadores nombrar� una nueva propuesta, en los t�rminos del p�rrafo anterior, pero con una votaci�n de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la C�mara de Senadores, en los t�rminos del p�rrafo anterior, con la votaci�n de las tres quintas partes de los miembros presentes, designar� al comisionado que ocupar� la vacante. Los comisionados durar�n en su encargo siete a�os y deber�n cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del art�culo 95 de esta Constituci�n, no podr�n tener otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de los no remunerados en instituciones docentes, cient�ficas o de beneficencia, s�lo podr�n ser removidos de su cargo en los t�rminos del T�tulo Cuarto de esta Constituci�n y ser�n sujetos de juicio pol�tico. En la conformaci�n del organismo garante se procurar� la equidad de g�nero. El comisionado presidente ser� designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres a�os, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estar� obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los t�rminos que disponga la ley. El organismo garante tendr� un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que ser�n elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Senadores. La ley determinar� los procedimientos a seguir para la presentaci�n de las propuestas por la propia C�mara. Anualmente ser�n sustituidos los dos consejeros de mayor antig�edad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La ley establecer� las medidas de apremio que podr� imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Toda autoridad y servidor p�blico estar� obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempe�o de sus funciones. El organismo garante coordinar� sus acciones con la Auditor�a Superior de la Federaci�n, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captaci�n, procesamiento y publicaci�n de la informaci�n estad�stica y geogr�fica, as� como con los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendici�n de cuentas del Estado Mexicano. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Fracci�n adicionada DOF 07-02-2014 B. En materia de radiodifusi�n y telecomunicaciones: I. El Estado garantizar� a la poblaci�n su integraci�n a la sociedad de la informaci�n y el conocimiento, mediante una pol�tica de inclusi�n digital universal con metas anuales y sexenales. II. Las telecomunicaciones son servicios p�blicos de inter�s general, por lo que el Estado garantizar� que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexi�n, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. III. La radiodifusi�n es un servicio p�blico de inter�s general, por lo que el Estado garantizar� que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la poblaci�n, preservando la pluralidad y la veracidad de la informaci�n, as� como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el art�culo 3o. de esta Constituci�n. IV. Se proh�be la transmisi�n de publicidad o propaganda presentada como informaci�n period�stica o noticiosa; se establecer�n las condiciones que deben regir los contenidos y la contrataci�n de los servicios para su transmisi�n al p�blico, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la informaci�n transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresi�n y de difusi�n. V. La ley establecer� un organismo p�blico descentralizado con autonom�a t�cnica, operativa, de decisi�n y de gesti�n, que tendr� por objeto proveer el servicio de radiodifusi�n sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor n�mero de personas en cada una de las entidades de la Federaci�n, a contenidos que promuevan la integraci�n nacional, la formaci�n educativa, cultural y c�vica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusi�n de informaci�n imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producci�n independiente, as� como a la expresi�n de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democr�tica de la sociedad. El organismo p�blico contar� con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una pol�tica editorial imparcial y objetiva. Ser� integrado por nueve consejeros honorarios que ser�n elegidos mediante una amplia consulta p�blica por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisi�n Permanente. Los consejeros desempe�ar�n su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente ser�n sustituidos los dos de mayor antig�edad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. El Presidente del organismo p�blico ser� designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisi�n Permanente; durar� en su encargo cinco a�os, podr� ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y s�lo podr� ser removido por el Senado mediante la misma mayor�a. El Presidente del organismo presentar� anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Uni�n un informe de actividades; al efecto comparecer� ante las C�maras del Congreso en los t�rminos que dispongan las leyes. VI. La ley establecer� los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, as� como los mecanismos para su protecci�n. Apartado con fracciones adicionado DOF 11-06-2013 Art�culo reformado DOF 06-12-1977 Art�culo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaci�n e ideas, a trav�s de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por v�as o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para peri�dicos, de frecuencias radioel�ctricas o de enseres y aparatos usados en la difusi�n de informaci�n o por cualesquiera otros medios y tecnolog�as de la informaci�n y comunicaci�n encaminados a impedir la transmisi�n y circulaci�n de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusi�n, que no tiene m�s l�mites que los previstos en el primer p�rrafo del art�culo 6o. de esta Constituci�n. En ning�n caso podr�n secuestrarse los bienes utilizados para la difusi�n de informaci�n, opiniones e ideas, como instrumento del delito. Art�culo reformado DOF 11-06-2013 Art�culo 8o. Los funcionarios y empleados p�blicos respetar�n el ejercicio del derecho de petici�n, siempre que �sta se formule por escrito, de manera pac�fica y respetuosa; pero en materia pol�tica s�lo podr�n hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la Rep�blica. A toda petici�n deber� recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligaci�n de hacerlo conocer en breve t�rmino al peticionario. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 9o. No se podr� coartar el derecho de asociarse o reunirse pac�ficamente con cualquier objeto l�cito; pero solamente los ciudadanos de la Rep�blica podr�n hacerlo para tomar parte en los asuntos pol�ticos del pa�s. Ninguna reuni�n armada, tiene derecho de deliberar. No se considerar� ilegal, y no podr� ser disuelta una asamblea o reuni�n que tenga por objeto hacer una petici�n o presentar una protesta por alg�n acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra �sta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y leg�tima defensa, con excepci�n de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ej�rcito, Armada, Fuerza A�rea y Guardia Nacional. La ley federal determinar� los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podr� autorizar a los habitantes la portaci�n de armas. Art�culo reformado DOF 22-10-1971 Art�culo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la Rep�blica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estar� subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigraci�n, inmigraci�n y salubridad general de la Rep�blica, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el pa�s. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condici�n de refugiado y el otorgamiento de asilo pol�tico, se realizar�n de conformidad con los tratados internacionales. La ley regular� sus procedencias y excepciones. P�rrafo reformado DOF 15-08-2016 Art�culo reformado DOF 10-06-2011 Art�culo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se conceder�n t�tulos de nobleza, ni prerrogativas y honores hereditarios, ni se dar� efecto alguno a los otorgados por cualquier otro pa�s. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporaci�n puede tener fuero, ni gozar m�s emolumentos que los que sean compensaci�n de servicios p�blicos y est�n fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n extender su jurisdicci�n sobre personas que no pertenezcan al Ej�rcito. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocer� del caso la autoridad civil que corresponda. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 14. A ninguna ley se dar� efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podr� ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. P�rrafo reformado DOF 09-12-2005 En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analog�a, y a�n por mayor�a de raz�n, pena alguna que no est� decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber� ser conforme a la letra o a la interpretaci�n jur�dica de la ley, y a falta de �sta se fundar� en los principios generales del derecho. Art�culo 15. No se autoriza la celebraci�n de tratados para la extradici�n de reos pol�ticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden com�n que hayan tenido en el pa�s donde cometieron el delito, la condici�n de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constituci�n y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Art�culo reformado DOF 10-06-2011 Art�culo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastar� con que quede constancia de ellos en cualquier medio que d� certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este p�rrafo. P�rrafo reformado DOF 15-09-2017 Toda persona tiene derecho a la protecci�n de sus datos personales, al acceso, rectificaci�n y cancelaci�n de los mismos, as� como a manifestar su oposici�n, en los t�rminos que fije la ley, la cual establecer� los supuestos de excepci�n a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden p�blico, seguridad y salud p�blicas o para proteger los derechos de terceros. P�rrafo adicionado DOF 01-06-2009 No podr� librarse orden de aprehensi�n sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi� o particip� en su comisi�n. P�rrafo reformado DOF 01-06-2009. Fe de erratas DOF 25-06-2009 La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensi�n, deber� poner al inculpado a disposici�n del juez, sin dilaci�n alguna y bajo su m�s estricta responsabilidad. La contravenci�n a lo anterior ser� sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que est� cometiendo un delito o inmediatamente despu�s de haberlo cometido, poni�ndolo sin demora a disposici�n de la autoridad m�s cercana y �sta con la misma prontitud, a la del Ministerio P�blico. Existir� un registro inmediato de la detenci�n. S�lo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as� calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acci�n de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por raz�n de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio P�blico podr�, bajo su responsabilidad, ordenar su detenci�n, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignaci�n del detenido deber� inmediatamente ratificar la detenci�n o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petici�n del Ministerio P�blico y trat�ndose de delitos de delincuencia organizada, podr� decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley se�ale, sin que pueda exceder de cuarenta d�as, siempre que sea necesario para el �xito de la investigaci�n, la protecci�n de personas o bienes jur�dicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acci�n de la justicia. Este plazo podr� prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio P�blico acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duraci�n total del arraigo no podr� exceder los ochenta d�as. Por delincuencia organizada se entiende una organizaci�n de hecho de tres o m�s personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los t�rminos de la ley de la materia. Ning�n indiciado podr� ser retenido por el Ministerio P�blico por m�s de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber� ordenarse su libertad o pon�rsele a disposici�n de la autoridad judicial; este plazo podr� duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto ser� sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir, a solicitud del Ministerio P�blico, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar� penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privac�a de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorar� el alcance de �stas, siempre y cuando contengan informaci�n relacionada con la comisi�n de un delito. En ning�n caso se admitir�n comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petici�n de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio P�blico de la entidad federativa correspondiente, podr� autorizar la intervenci�n de cualquier comunicaci�n privada. Para ello, la autoridad competente deber� fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando adem�s, el tipo de intervenci�n, los sujetos de la misma y su duraci�n. La autoridad judicial federal no podr� otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de car�cter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Los Poderes Judiciales contar�n con jueces de control que resolver�n, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y t�cnicas de investigaci�n de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las v�ctimas u ofendidos. Deber� existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio P�blico y dem�s autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustar�n a los requisitos y l�mites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con �stos, carecer�n de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias �nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a; y exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujet�ndose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estar� libre de todo registro, y su violaci�n ser� penada por la ley. En tiempo de paz ning�n miembro del Ej�rcito podr� alojarse en casa particular contra la voluntad del due�o, ni imponer prestaci�n alguna. En tiempo de guerra los militares podr�n exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los t�rminos que establezca la ley marcial correspondiente. Art�culo reformado DOF 03-02-1983, 03-09-1993, 03-07-1996, 08-03-1999, 18-06-2008 Art�culo 17. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deber�n privilegiar la soluci�n del conflicto sobre los formalismos procedimentales. P�rrafo adicionado DOF 15-09-2017 El Congreso de la Uni�n expedir� las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinar�n las materias de aplicaci�n, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparaci�n del da�o. Los jueces federales conocer�n de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes prever�n mecanismos alternativos de soluci�n de controversias. En la materia penal regular�n su aplicaci�n, asegurar�n la reparaci�n del da�o y establecer�n los casos en los que se requerir� supervisi�n judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deber�n ser explicadas en audiencia p�blica previa citaci�n de las partes. Las leyes federales y locales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. La Federaci�n y las entidades federativas garantizar�n la existencia de un servicio de defensor�a p�blica de calidad para la poblaci�n y asegurar�n las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podr�n ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio P�blico. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil. Art�culo reformado DOF 17-03-1987, 18-06-2008, 29-07-2010 Art�culo 18. S�lo por delito que merezca pena privativa de libertad habr� lugar a prisi�n preventiva. El sitio de �sta ser� distinto del que se destinare para la extinci�n de las penas y estar�n completamente separados. El sistema penitenciario se organizar� sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitaci�n para el mismo, la educaci�n, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserci�n del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para �l prev� la ley. Las mujeres compurgar�n sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. P�rrafo reformado DOF 10-06-2011 La Federaci�n y las entidades federativas podr�n celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del �mbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicci�n diversa. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 La Federaci�n y las entidades federativas establecer�n, en el �mbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que ser� aplicable a quienes se atribuya la comisi�n o participaci�n en un hecho que la ley se�ale como delito y tengan entre doce a�os cumplidos y menos de dieciocho a�os de edad. Este sistema garantizar� los derechos humanos que reconoce la Constituci�n para toda persona, as� como aquellos derechos espec�ficos que por su condici�n de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce a�os a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley se�ale como delito, s�lo podr�n ser sujetos de asistencia social. P�rrafo reformado DOF 02-07-2015, 29-01-2016 La operaci�n del sistema en cada orden de gobierno estar� a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuraci�n e impartici�n de justicia para adolescentes. Se podr�n aplicar las medidas de orientaci�n, protecci�n y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protecci�n integral y el inter�s superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deber�n observarse en la aplicaci�n de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes ser� acusatorio y oral, en el que se observar� la garant�a del debido proceso legal, as� como la independencia de las autoridades que efect�en la remisi�n y las que impongan las medidas. �stas deber�n ser proporcionales al hecho realizado y tendr�n como fin la reinserci�n y la reintegraci�n social y familiar del adolescente, as� como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizar� s�lo como medida extrema y por el tiempo m�s breve que proceda, y podr� aplicarse �nicamente a los adolescentes mayores de catorce a�os de edad, por la comisi�n o participaci�n en un hecho que la ley se�ale como delito. P�rrafo reformado DOF 02-07-2015 Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en pa�ses extranjeros, podr�n ser trasladados a la Rep�blica para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserci�n social previstos en este art�culo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero com�n, podr�n ser trasladados al pa�s de su origen o residencia, sujet�ndose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos s�lo podr� efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podr�n compurgar sus penas en los centros penitenciarios m�s cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegraci�n a la comunidad como forma de reinserci�n social. Esta disposici�n no aplicar� en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusi�n preventiva y la ejecuci�n de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinar�n centros especiales. Las autoridades competentes podr�n restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podr� aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en t�rminos de la ley. Art�culo reformado DOF 23-02-1965, 04-02-1977, 14-08-2001, 12-12-2005, 18-06-2008 Art�culo 19. Ninguna detenci�n ante autoridad judicial podr� exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposici�n, sin que se justifique con un auto de vinculaci�n a proceso en el que se expresar�: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n, as� como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley se�ale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi� o particip� en su comisi�n. El Ministerio P�blico s�lo podr� solicitar al juez la prisi�n preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigaci�n, la protecci�n de la v�ctima, de los testigos o de la comunidad, as� como cuando el imputado est� siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisi�n de un delito doloso. El juez ordenar� la prisi�n preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violaci�n, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, as� como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la naci�n, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. P�rrafo reformado DOF 14-07-2011 La ley determinar� los casos en los cuales el juez podr� revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculaci�n a proceso podr� prorrogarse �nicamente a petici�n del indiciado, en la forma que se�ale la ley. La prolongaci�n de la detenci�n en su perjuicio ser� sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes se�alado no reciba copia autorizada del auto de vinculaci�n a proceso y del que decrete la prisi�n preventiva, o de la solicitud de pr�rroga del plazo constitucional, deber� llamar la atenci�n del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondr� al indiciado en libertad. Todo proceso se seguir� forzosamente por el hecho o hechos delictivos se�alados en el auto de vinculaci�n a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deber� ser objeto de investigaci�n separada, sin perjuicio de que despu�s pueda decretarse la acumulaci�n, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisi�n del auto de vinculaci�n a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acci�n de la justicia o es puesto a disposici�n de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspender� el proceso junto con los plazos para la prescripci�n de la acci�n penal. Todo mal tratamiento en la aprehensi�n o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribuci�n, en las c�rceles, son abusos que ser�n corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Art�culo reformado DOF 03-09-1993, 08-03-1999, 18-06-2008 Art�culo 20. El proceso penal ser� acusatorio y oral. Se regir� por los principios de publicidad, contradicci�n, concentraci�n, continuidad e inmediaci�n. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendr� por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los da�os causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollar� en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoraci�n de las pruebas, la cual deber� realizarse de manera libre y l�gica; III. Para los efectos de la sentencia s�lo se considerar�n como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecer� las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrar� ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentaci�n de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollar� de manera p�blica, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendr�n igualdad procesal para sostener la acusaci�n o la defensa, respectivamente; VI. Ning�n juzgador podr� tratar asuntos que est�n sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que est� presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicci�n, salvo las excepciones que establece esta Constituci�n; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposici�n del inculpado, se podr� decretar su terminaci�n anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participaci�n en el delito y existen medios de convicci�n suficientes para corroborar la imputaci�n, el juez citar� a audiencia de sentencia. La ley establecer� los beneficios que se podr�n otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez s�lo condenar� cuando exista convicci�n de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violaci�n de derechos fundamentales ser� nula, y X. Los principios previstos en este art�culo, se observar�n tambi�n en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detenci�n se le har�n saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podr� ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y ser� sancionada por la ley penal, toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura. La confesi�n rendida sin la asistencia del defensor carecer� de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detenci�n como en su comparecencia ante el Ministerio P�blico o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Trat�ndose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podr� autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecer� beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigaci�n y persecuci�n de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibir�n los testigos y dem�s pruebas pertinentes que ofrezca, concedi�ndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxili�ndosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los t�rminos que se�ale la ley; V. Ser� juzgado en audiencia p�blica por un juez o tribunal. La publicidad s�lo podr� restringirse en los casos de excepci�n que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad p�blica, protecci�n de las v�ctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelaci�n de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigaci�n podr�n tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o v�ctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le ser�n facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendr�n acceso a los registros de la investigaci�n cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recib�rsele declaraci�n o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podr�n consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podr�n mantenerse en reserva las actuaciones de la investigaci�n, salvo los casos excepcionales expresamente se�alados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el �xito de la investigaci�n y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Ser� juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena m�xima no exceda de dos a�os de prisi�n, y antes de un a�o si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendr� derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegir� libremente incluso desde el momento de su detenci�n. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, despu�s de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designar� un defensor p�blico. Tambi�n tendr� derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y �ste tendr� obligaci�n de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ning�n caso podr� prolongarse la prisi�n o detenci�n, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestaci�n de dinero, por causa de responsabilidad civil o alg�n otro motivo an�logo. La prisi�n preventiva no podr� exceder del tiempo que como m�ximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ning�n caso ser� superior a dos a�os, salvo que su prolongaci�n se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este t�rmino no se ha pronunciado sentencia, el imputado ser� puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisi�n que imponga una sentencia, se computar� el tiempo de la detenci�n. C. De los derechos de la v�ctima o del ofendido: I. Recibir asesor�a jur�dica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constituci�n y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio P�blico; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigaci�n como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los t�rminos que prevea la ley. Cuando el Ministerio P�blico considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deber� fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisi�n del delito, atenci�n m�dica y psicol�gica de urgencia; IV. Que se le repare el da�o. En los casos en que sea procedente, el Ministerio P�blico estar� obligado a solicitar la reparaci�n del da�o, sin menoscabo de que la v�ctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podr� absolver al sentenciado de dicha reparaci�n si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijar� procedimientos �giles para ejecutar las sentencias en materia de reparaci�n del da�o; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violaci�n, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protecci�n, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. P�rrafo reformado DOF 14-07-2011 El Ministerio P�blico deber� garantizar la protecci�n de v�ctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deber�n vigilar el buen cumplimiento de esta obligaci�n; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protecci�n y restituci�n de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio P�blico en la investigaci�n de los delitos, as� como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acci�n penal o suspensi�n del procedimiento cuando no est� satisfecha la reparaci�n del da�o. Fe de erratas al art�culo DOF 06-02-1917. Art�culo reformado DOF 02-12-1948, 14-01-1985, 03-09-1993, 03-07-1996, 21-09-2000, 18-06-2008 Art�culo 21. La investigaci�n de los delitos corresponde al Ministerio P�blico y a las polic�as, las cuales actuar�n bajo la conducci�n y mando de aqu�l en el ejercicio de esta funci�n. El ejercicio de la acci�n penal ante los tribunales corresponde al Ministerio P�blico. La ley determinar� los casos en que los particulares podr�n ejercer la acci�n penal ante la autoridad judicial. La imposici�n de las penas, su modificaci�n y duraci�n son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� esta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de polic�a fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr� ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un d�a. Trat�ndose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracci�n de los reglamentos gubernativos y de polic�a, no exceder� del equivalente a un d�a de su ingreso. El Ministerio P�blico podr� considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acci�n penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podr�, con la aprobaci�n del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicci�n de la Corte Penal Internacional. La seguridad p�blica es una funci�n a cargo de la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevenci�n de los delitos; la investigaci�n y persecuci�n para hacerla efectiva, as� como la sanci�n de las infracciones administrativas, en los t�rminos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constituci�n se�ala. La actuaci�n de las instituciones de seguridad p�blica se regir� por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constituci�n. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Las instituciones de seguridad p�blica ser�n de car�cter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio P�blico y las instituciones policiales de los tres �rdenes de gobierno deber�n coordinarse entre s� para cumplir los objetivos de la seguridad p�blica y conformar�n el Sistema Nacional de Seguridad P�blica, que estar� sujeto a las siguientes bases m�nimas: a) La regulaci�n de la selecci�n, ingreso, formaci�n, permanencia, evaluaci�n, reconocimiento y certificaci�n de los integrantes de las instituciones de seguridad p�blica. La operaci�n y desarrollo de estas acciones ser� competencia de la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios en el �mbito de sus respectivas atribuciones. Inciso reformado DOF 29-01-2016 b) El establecimiento de las bases de datos criminal�sticos y de personal para las instituciones de seguridad p�blica. Ninguna persona podr� ingresar a las instituciones de seguridad p�blica si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulaci�n de pol�ticas p�blicas tendientes a prevenir la comisi�n de delitos. d) Se determinar� la participaci�n de la comunidad que coadyuvar�, entre otros, en los procesos de evaluaci�n de las pol�ticas de prevenci�n del delito as� como de las instituciones de seguridad p�blica. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad p�blica, a nivel nacional ser�n aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Art�culo reformado DOF 03-02-1983, 31-12-1994, 03-07-1996, 20-06-2005, 18-06-2008 Art�culo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilaci�n, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deber� ser proporcional al delito que sancione y al bien jur�dico afectado. No se considerar� confiscaci�n la aplicaci�n de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisi�n de un delito. Tampoco se considerar� confiscaci�n el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento il�cito en los t�rminos del art�culo 109, la aplicaci�n a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los t�rminos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinci�n de dominio se establecer� un procedimiento que se regir� por las siguientes reglas: I. Ser� jurisdiccional y aut�nomo del de materia penal; II. Proceder� en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de veh�culos, trata de personas y enriquecimiento il�cito, respecto de los bienes siguientes: P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, a�n cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho il�cito sucedi�. b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se re�nan los extremos del inciso anterior. c) Aquellos que est�n siendo utilizados para la comisi�n de delitos por un tercero, si su due�o tuvo conocimiento de ello y no lo notific� a la autoridad o hizo algo para impedirlo. d) Aquellos que est�n intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como due�o. III. Toda persona que se considere afectada podr� interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia l�cita de los bienes y su actuaci�n de buena fe, as� como que estaba impedida para conocer la utilizaci�n il�cita de sus bienes. Art�culo reformado DOF 28-12-1982, 03-07-1996, 08-03-1999, 09-12-2005, 18-06-2008 Art�culo 23. Ning�n juicio criminal deber� tener m�s de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la pr�ctica de absolver de la instancia. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones �ticas, de conciencia y de religi�n, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en p�blico como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podr� utilizar los actos p�blicos de expresi�n de esta libertad con fines pol�ticos, de proselitismo o de propaganda pol�tica. P�rrafo reformado DOF 19-07-2013 El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religi�n alguna. Los actos religiosos de culto p�blico se celebrar�n ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de �stos se sujetar�n a la ley reglamentaria. Art�culo reformado DOF 28-01-1992 Art�culo 25. Corresponde al Estado la rector�a del desarrollo nacional para garantizar que �ste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberan�a de la Naci�n y su r�gimen democr�tico y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento econ�mico y el empleo y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constituci�n. La competitividad se entender� como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento econ�mico, promoviendo la inversi�n y la generaci�n de empleo. P�rrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-2013 El Estado velar� por la estabilidad de las finanzas p�blicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento econ�mico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deber�n observar dicho principio. P�rrafo adicionado DOF 26-05-2015 El Estado planear�, conducir�, coordinar� y orientar� la actividad econ�mica nacional, y llevar� al cabo la regulaci�n y fomento de las actividades que demande el inter�s general en el marco de libertades que otorga esta Constituci�n. Al desarrollo econ�mico nacional concurrir�n, con responsabilidad social, el sector p�blico, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad econ�mica que contribuyan al desarrollo de la Naci�n. El sector p�blico tendr� a su cargo, de manera exclusiva, las �reas estrat�gicas que se se�alan en el art�culo 28, p�rrafo cuarto de la Constituci�n, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Trat�ndose de la planeaci�n y el control del sistema el�ctrico nacional, y del servicio p�blico de transmisi�n y distribuci�n de energ�a el�ctrica, as� como de la exploraci�n y extracci�n de petr�leo y dem�s hidrocarburos, la Naci�n llevar� a cabo dichas actividades en t�rminos de lo dispuesto por los p�rrafos sexto y s�ptimo del art�culo 27 de esta Constituci�n. En las actividades citadas la ley establecer� las normas relativas a la administraci�n, organizaci�n, funcionamiento, procedimientos de contrataci�n y dem�s actos jur�dicos que celebren las empresas productivas del Estado, as� como el r�gimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendici�n de cuentas, con base en las mejores pr�cticas, y determinar� las dem�s actividades que podr�n realizar. P�rrafo reformado DOF 20-12-2013 Asimismo podr� participar por s� o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las �reas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyar� e impulsar� a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a, sujet�ndolos a las modalidades que dicte el inter�s p�blico y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservaci�n y el medio ambiente. P�rrafo reformado DOF 20-12-2013 La ley establecer� los mecanismos que faciliten la organizaci�n y la expansi�n de la actividad econ�mica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organizaci�n social para la producci�n, distribuci�n y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. La ley alentar� y proteger� la actividad econ�mica que realicen los particulares y proveer� las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo econ�mico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una pol�tica nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los t�rminos que establece esta Constituci�n. P�rrafo reformado DOF 05-06-2013, 20-12-2013 A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos se�alados en los p�rrafos primero, sexto y noveno de este art�culo, las autoridades de todos los �rdenes de gobierno, en el �mbito de su competencia, deber�n implementar pol�ticas p�blicas de mejora regulatoria para la simplificaci�n de regulaciones, tr�mites, servicios y dem�s objetivos que establezca la ley general en la materia. P�rrafo adicionado DOF 05-02-2017 Art�culo reformado DOF 03-02-1983 Art�culo 26. A. El Estado organizar� un sistema de planeaci�n democr�tica del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la econom�a para la independencia y la democratizaci�n pol�tica, social y cultural de la naci�n. P�rrafo reformado DOF 05-06-2013 Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constituci�n determinar�n los objetivos de la planeaci�n. La planeaci�n ser� democr�tica y deliberativa. Mediante los mecanismos de participaci�n que establezca la ley, recoger� las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habr� un plan nacional de desarrollo al que se sujetar�n obligatoriamente los programas de la Administraci�n P�blica Federal. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 La ley facultar� al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participaci�n y consulta popular en el sistema nacional de planeaci�n democr�tica, y los criterios para la formulaci�n, instrumentaci�n, control y evaluaci�n del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinar� los �rganos responsables del proceso de planeaci�n y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboraci�n y ejecuci�n. El plan nacional de desarrollo considerar� la continuidad y adaptaciones necesarias de la pol�tica nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. P�rrafo reformado DOF 05-06-2013 En el sistema de planeaci�n democr�tica y deliberativa, el Congreso de la Uni�n tendr� la intervenci�n que se�ale la ley. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 B. El Estado contar� con un Sistema Nacional de Informaci�n Estad�stica y Geogr�fica cuyos datos ser�n considerados oficiales. Para la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, los datos contenidos en el Sistema ser�n de uso obligatorio en los t�rminos que establezca la ley. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estar� a cargo de un organismo con autonom�a t�cnica y de gesti�n, personalidad jur�dica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captaci�n, procesamiento y publicaci�n de la informaci�n que se genere y proveer a su observancia. El organismo tendr� una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungir� como Presidente de �sta y del propio organismo; ser�n designados por el Presidente de la Rep�blica con la aprobaci�n de la C�mara de Senadores o en sus recesos por la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n. La ley establecer� las bases de organizaci�n y funcionamiento del Sistema Nacional de Informaci�n Estad�stica y Geogr�fica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la informaci�n, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deber�n cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duraci�n y escalonamiento de su encargo. Los miembros de la Junta de Gobierno s�lo podr�n ser removidos por causa grave y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de los no remunerados en instituciones docentes, cient�ficas, culturales o de beneficencia; y estar�n sujetos a lo dispuesto por el T�tulo Cuarto de esta Constituci�n. El organismo calcular� en los t�rminos que se�ale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualizaci�n que ser� utilizada como unidad de cuenta, �ndice, base, medida o referencia para determinar la cuant�a del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, as� como en las disposiciones jur�dicas que emanen de todas las anteriores. P�rrafo adicionado DOF 27-01-2016 Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualizaci�n se considerar�n de monto determinado y se solventar�n entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deber� multiplicarse el monto de la obligaci�n o supuesto, expresado en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. P�rrafo adicionado DOF 27-01-2016 C. El Estado contar� con un Consejo Nacional de Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social, que ser� un �rgano aut�nomo, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, a cargo de la medici�n de la pobreza y de la evaluaci�n de los programas, objetivos, metas y acciones de la pol�tica de desarrollo social, as� como de emitir recomendaciones en los t�rminos que disponga la ley, la cual establecer� las formas de coordinaci�n del �rgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. El Consejo Nacional de Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social estar� integrado por un Presidente y seis Consejeros que deber�n ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, as� como en los �mbitos acad�mico y profesional; tener experiencia m�nima de diez a�os en materia de desarrollo social, y no pertenecer a alg�n partido pol�tico o haber sido candidato a ocupar un cargo p�blico de elecci�n popular. Ser�n nombrados, bajo el procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Diputados. El nombramiento podr� ser objetado por el Presidente de la Rep�blica en un plazo de diez d�as h�biles y, si no lo hiciere, ocupar� el cargo de consejero la persona nombrada por la C�mara de Diputados. Cada cuatro a�os ser�n sustituidos los dos consejeros de mayor antig�edad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo per�odo. El Presidente del Consejo Nacional de Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social ser� elegido en los mismos t�rminos del p�rrafo anterior. Durar� en su encargo cinco a�os, podr� ser reelecto por una sola vez y s�lo podr� ser removido de sus funciones en los t�rminos del T�tulo Cuarto de esta Constituci�n. El Presidente del Consejo Nacional de Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social presentar� anualmente a los Poderes de la Uni�n un informe de actividades. Comparecer� ante las C�maras del Congreso en los t�rminos que disponga la ley. Apartado adicionado DOF 10-02-2014 Art�culo reformado DOF 03-02-1983, 07-04-2006 Art�culo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los l�mites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Naci�n, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones s�lo podr�n hacerse por causa de utilidad p�blica y mediante indemnizaci�n. La naci�n tendr� en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el inter�s p�blico, as� como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiaci�n, con objeto de hacer una distribuci�n equitativa de la riqueza p�blica, cuidar de su conservaci�n, lograr el desarrollo equilibrado del pa�s y el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblaci�n rural y urbana. En consecuencia, se dictar�n las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras p�blicas y de planear y regular la fundaci�n, conservaci�n, mejoramiento y crecimiento de los centros de poblaci�n; para preservar y restaurar el equilibrio ecol�gico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los t�rminos de la ley reglamentaria, la organizaci�n y explotaci�n colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la peque�a propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganader�a, de la silvicultura y de las dem�s actividades econ�micas en el medio rural, y para evitar la destrucci�n de los elementos naturales y los da�os que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. P�rrafo reformado DOF 06-02-1976, 10-08-1987, 06-01-1992 Corresponde a la Naci�n el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los z�calos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan dep�sitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposici�n de las rocas, cuando su explotaci�n necesite trabajos subterr�neos; los yacimientos minerales u org�nicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales s�lidos; el petr�leo y todos los carburos de hidr�geno s�lidos, l�quidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensi�n y t�rminos que fije el Derecho Internacional. P�rrafo reformado DOF 20-01-1960 Son propiedad de la Naci�n las aguas de los mares territoriales en la extensi�n y t�rminos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formaci�n natural que est�n ligados directamente a corrientes constantes; las de los r�os y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aqu�llas en toda su extensi�n o en parte de ellas, sirva de l�mite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la l�nea divisoria de la Rep�blica; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, est�n cruzadas por l�neas divisorias de dos o m�s entidades o entre la Rep�blica y un pa�s vecino, o cuando el l�mite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la Rep�blica con un pa�s vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas mar�timas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensi�n que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el due�o del terreno, pero cuando lo exija el inter�s p�blico o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podr� reglamentar su extracci�n y utilizaci�n y a�n establecer zonas vedadas, al igual que para las dem�s aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeraci�n anterior, se considerar�n como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus dep�sitos, pero si se localizaren en dos o m�s predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerar� de utilidad p�blica, y quedar� sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas. P�rrafo reformado DOF 21-04-1945, 20-01-1960, 29-01-2016 En los casos a que se refieren los dos p�rrafos anteriores, el dominio de la Naci�n es inalienable e imprescriptible y la explotaci�n, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podr� realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusi�n y telecomunicaciones, que ser�n otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotaci�n de los minerales y substancias a que se refiere el p�rrafo cuarto, regular�n la ejecuci�n y comprobaci�n de los que se efect�en o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dar� lugar a la cancelaci�n de �stas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se har�n por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Trat�ndose de minerales radiactivos no se otorgar�n concesiones. Corresponde exclusivamente a la Naci�n la planeaci�n y el control del sistema el�ctrico nacional, as� como el servicio p�blico de transmisi�n y distribuci�n de energ�a el�ctrica; en estas actividades no se otorgar�n concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los t�rminos que establezcan las leyes, mismas que determinar�n la forma en que los particulares podr�n participar en las dem�s actividades de la industria el�ctrica. P�rrafo reformado DOF 09-11-1940, 20-01-1960, 06-02-1975, 11-06-2013, 20-12-2013 Trat�ndose del petr�leo y de los hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Naci�n es inalienable e imprescriptible y no se otorgar�n concesiones. Con el prop�sito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Naci�n, �sta llevar� a cabo las actividades de exploraci�n y extracci�n del petr�leo y dem�s hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a trav�s de contratos con �stas o con particulares, en los t�rminos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podr�n contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Naci�n y as� deber� afirmarse en las asignaciones o contratos. P�rrafo adicionado DOF 20-12-2013 Corresponde tambi�n a la Naci�n el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generaci�n de energ�a nuclear y la regulaci�n de sus aplicaciones en otros prop�sitos. El uso de la energ�a nuclear s�lo podr� tener fines pac�ficos. P�rrafo adicionado DOF 29-12-1960. Fe de erratas al p�rrafo DOF 07-01-1961. Reformado DOF 06-02-1975 La Naci�n ejerce en una zona econ�mica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a �ste, los derechos de soberan�a y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona econ�mica exclusiva se extender� a doscientas millas n�uticas, medidas a partir de la l�nea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensi�n produzca superposici�n con las zonas econ�micas exclusivas de otros Estados, la delimitaci�n de las respectivas zonas se har� en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. P�rrafo adicionado DOF 06-02-1976 La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Naci�n, se regir� por las siguientes prescripciones: P�rrafo reformado DOF 02-12-1948, 20-01-1960 I. S�lo los mexicanos por nacimiento o por naturalizaci�n y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotaci�n de minas o aguas. El Estado podr� conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretar�a de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protecci�n de sus gobiernos por lo que se refiere a aqu�llos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Naci�n, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kil�metros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ning�n motivo podr�n los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado de acuerdo con los intereses p�blicos internos y los principios de reciprocidad, podr�, a juicio de la Secretar�a de Relaciones, conceder autorizaci�n a los Estados extranjeros para que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. Fracci�n reformada DOF 02-12-1948, 20-01-1960 II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los t�rminos del art�culo 130 y su ley reglamentaria tendr�n capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria; Fracci�n reformada DOF 28-01-1992 III. Las instituciones de beneficencia, p�blica o privada, que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigaci�n cient�fica, la difusi�n de la ense�anza, la ayuda rec�proca de los asociados, o cualquier otro objeto l�cito, no podr�n adquirir m�s bienes ra�ces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a �l, con sujeci�n a lo que determine la ley reglamentaria; Fracci�n reformada DOF 28-01-1992 IV. Las sociedades mercantiles por acciones podr�n ser propietarias de terrenos r�sticos pero �nicamente en la extensi�n que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ning�n caso las sociedades de esta clase podr�n tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agr�colas, ganaderas o forestales en mayor extensi�n que la respectiva equivalente a veinticinco veces los l�mites se�alados en la fracci�n XV de este art�culo. La ley reglamentaria regular� la estructura de capital y el n�mero m�nimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relaci�n con cada socio los l�mites de la peque�a propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos r�sticos, ser� acumulable para efectos de c�mputo. Asimismo, la ley se�alar� las condiciones para la participaci�n extranjera en dichas sociedades. La propia ley establecer� los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracci�n; Fracci�n reformada DOF 06-01-1992 V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de cr�dito, podr�n tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y r�sticas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podr�n tener en propiedad o en administraci�n m�s bienes ra�ces que los enteramente necesarios para su objeto directo. VI. Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la Rep�blica, tendr�n plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes ra�ces necesarios para los servicios p�blicos. P�rrafo reformado DOF 08-10-1974, 06-01-1992, 29-01-2016 Las leyes de la Federaci�n y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, determinar�n los casos en que sea de utilidad p�blica la ocupaci�n de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa har� la declaraci�n correspondiente. El precio que se fijar� como indemnizaci�n a la cosa expropiada, se basar� en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por �l de un modo t�cito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el dem�rito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignaci�n del valor fiscal, ser� lo �nico que deber� quedar sujeto a juicio pericial y a resoluci�n judicial. Esto mismo se observar� cuando se trate de objetos cuyo valor no est� fijado en las oficinas rent�sticas. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 El ejercicio de las acciones que corresponden a la Naci�n, por virtud de las disposiciones del presente art�culo, se har� efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictar� en el plazo m�ximo de un mes, las autoridades administrativas proceder�n desde luego a la ocupaci�n, administraci�n, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ning�n caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada. VII. Se reconoce la personalidad jur�dica de los n�cleos de poblaci�n ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley proteger� la integridad de las tierras de los grupos ind�genas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, proteger� la tierra para el asentamiento humano y regular� el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso com�n y la provisi�n de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que m�s les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regular� el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecer� los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podr�n asociarse entre s�, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, trat�ndose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del n�cleo de poblaci�n; igualmente fijar� los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgar� al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenaci�n de parcelas se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo n�cleo de poblaci�n, ning�n ejidatario podr� ser titular de m�s tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deber� ajustarse a los l�mites se�alados en la fracci�n XV. La asamblea general es el �rgano supremo del n�cleo de poblaci�n ejidal o comunal, con la organizaci�n y funciones que la ley se�ale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democr�ticamente en los t�rminos de la ley, es el �rgano de representaci�n del n�cleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restituci�n de tierras, bosques y aguas a los n�cleos de poblaci�n se har� en los t�rminos de la ley reglamentaria; Fracci�n reformada DOF 06-12-1937, 06-01-1992 VIII. Se declaran nulas: a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancher�as, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes pol�ticos, Gobernadores de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravenci�n a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y dem�s leyes y disposiciones relativas; b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las Secretar�as de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el d�a primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de com�n repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancher�as, congregaciones o comunidades, y n�cleos de poblaci�n. c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el per�odo de tiempo a que se refiere la fracci�n anterior, por compa��as, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federaci�n, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de com�n repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a n�cleos de poblaci�n. Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, �nicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y pose�das en nombre propio a t�tulo de dominio por m�s de diez a�os cuando su superficie no exceda de cincuenta hect�reas. IX. La divisi�n o reparto que se hubiere hecho con apariencia de leg�tima entre los vecinos de alg�n n�cleo de poblaci�n y en la que haya habido error o vicio, podr� ser nulificada cuando as� lo soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que est�n en posesi�n de una cuarta parte de los terrenos, materia de la divisi�n, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando est�n en posesi�n de las tres cuartas partes de los terrenos. X. (Se deroga) Fracci�n reformada DOF 12-02-1947. Derogada DOF 06-01-1992 XI. (Se deroga) Fracci�n reformada DOF 08-10-1974. Derogada DOF 06-01-1992 XII. (Se deroga) Fracci�n reformada DOF 08-10-1974. Derogada DOF 06-01-1992 XIII. (Se deroga) Fracci�n derogada DOF 06-01-1992 XIV. (Se deroga) Fracci�n reformada DOF 12-02-1947. Derogada DOF 06-01-1992 XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. Se considera peque�a propiedad agr�cola la que no exceda por individuo de cien hect�reas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Para los efectos de la equivalencia se computar� una hect�rea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos �ridos. Se considerar�, asimismo, como peque�a propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hect�reas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algod�n, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del pl�tano, ca�a de az�car, caf�, henequ�n, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o �rboles frutales. Se considerar� peque�a propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los t�rminos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los due�os o poseedores de una peque�a propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguir� siendo considerada como peque�a propiedad, a�n cuando, en virtud de la mejor�a obtenida, se rebasen los m�ximos se�alados por esta fracci�n, siempre que se re�nan los requisitos que fije la ley. Cuando dentro de una peque�a propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y �stas se destinen a usos agr�colas, la superficie utilizada para este fin no podr� exceder, seg�n el caso, los l�mites a que se refieren los p�rrafos segundo y tercero de esta fracci�n que correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora; Fracci�n reformada DOF 12-02-1947, 06-01-1992 XVI. (Se deroga) Fracci�n derogada DOF 06-01-1992 XVII. El Congreso de la Uni�n y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedir�n leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenaci�n de las extensiones que llegaren a exceder los l�mites se�alados en las fracciones IV y XV de este art�culo. El excedente deber� ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un a�o contado a partir de la notificaci�n correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deber� hacerse mediante p�blica almoneda. En igualdad de condiciones, se respetar� el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. Las leyes locales organizar�n el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que ser� inalienable y no estar� sujeto a embargo ni a gravamen ninguno; Fracci�n reformada DOF 08-10-1974, 06-01-1992 XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores desde el a�o de 1876, que hayan tra�do por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la Naci�n, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Uni�n para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el inter�s p�blico. XIX. Con base en esta Constituci�n, el Estado dispondr� las medidas para la expedita y honesta impartici�n de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jur�dica en la tenencia de le (sic DOF 03-02-1983) tierra ejidal, comunal y de la peque�a propiedad, y apoyar� la asesor�a legal de los campesinos. Son de jurisdicci�n federal todas las cuestiones que por l�mites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de �stos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o m�s n�cleos de poblaci�n; as� como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administraci�n de justicia agraria, la ley instituir� tribunales dotados de autonom�a y plena jurisdicci�n, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la C�mara de Senadores o, en los recesos de �sta, por la Comisi�n Permanente. P�rrafo adicionado DOF 06-01-1992 La ley establecer� un �rgano para la procuraci�n de justicia agraria, y P�rrafo adicionado DOF 06-01-1992 Fracci�n adicionada DOF 03-02-1983 XX. El Estado promover� las condiciones para el desarrollo rural integral, con el prop�sito de generar empleo y garantizar a la poblaci�n campesina el bienestar y su participaci�n e incorporaci�n en el desarrollo nacional, y fomentar� la actividad agropecuaria y forestal para el �ptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, cr�ditos, servicios de capacitaci�n y asistencia t�cnica. Asimismo expedir� la legislaci�n reglamentaria para planear y organizar la producci�n agropecuaria, su industrializaci�n y comercializaci�n, consider�ndolas de inter�s p�blico. El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el p�rrafo anterior, tambi�n tendr� entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos b�sicos que la ley establezca. P�rrafo adicionado DOF 13-10-2011 Fracci�n adicionada DOF 03-02-1983 Art�culo reformado DOF 10-01-1934 Art�culo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic DOF 03-02-1983) pr�cticas monop�licas, los estancos y las exenciones de impuestos en los t�rminos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dar� a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a t�tulo de protecci�n a la industria. En consecuencia, la ley castigar� severamente, y las autoridades perseguir�n con eficacia, toda concentraci�n o acaparamiento en una o pocas manos de art�culos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinaci�n de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre s� o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del p�blico en general o de alguna clase social. P�rrafo reformado DOF 11-06-2013 Las leyes fijar�n bases para que se se�alen precios m�ximos a los art�culos, materias o productos que se consideren necesarios para la econom�a nacional o el consumo popular, as� como para imponer modalidades a la organizaci�n de la distribuci�n de esos art�culos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, as� como el alza de precios. La ley proteger� a los consumidores y propiciar� su organizaci�n para el mejor cuidado de sus intereses. No constituir�n monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes �reas estrat�gicas: correos, tel�grafos y radiotelegraf�a; minerales radiactivos y generaci�n de energ�a nuclear; la planeaci�n y el control del sistema el�ctrico nacional, as� como el servicio p�blico de transmisi�n y distribuci�n de energ�a el�ctrica, y la exploraci�n y extracci�n del petr�leo y de los dem�s hidrocarburos, en los t�rminos de los p�rrafos sexto y s�ptimo del art�culo 27 de esta Constituci�n, respectivamente; as� como las actividades que expresamente se�alen las leyes que expida el Congreso de la Uni�n. La comunicaci�n v�a sat�lite y los ferrocarriles son �reas prioritarias para el desarrollo nacional en los t�rminos del art�culo 25 de esta Constituci�n; el Estado al ejercer en ellas su rector�a, proteger� la seguridad y la soberan�a de la Naci�n, y al otorgar concesiones o permisos mantendr� o establecer� el dominio de las respectivas v�as de comunicaci�n de acuerdo con las leyes de la materia. P�rrafo reformado DOF 20-08-1993, 02-03-1995, 20-12-2013 El Estado contar� con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las �reas estrat�gicas a su cargo y en las actividades de car�cter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por s� o con los sectores social y privado. El Estado tendr� un banco central que ser� aut�nomo en el ejercicio de sus funciones y en su administraci�n. Su objetivo prioritario ser� procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rector�a del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podr� ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contar� con un fideicomiso p�blico denominado Fondo Mexicano del Petr�leo para la Estabilizaci�n y el Desarrollo, cuya Instituci�n Fiduciaria ser� el banco central y tendr� por objeto, en los t�rminos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el p�rrafo s�ptimo del art�culo 27 de esta Constituci�n, con excepci�n de los impuestos. P�rrafo adicionado DOF 20-08-1993. Reformado DOF 20-12-2013 No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a trav�s del banco central en las �reas estrat�gicas de acu�aci�n de moneda y emisi�n de billetes. El banco central, en los t�rminos que establezcan las leyes y con la intervenci�n que corresponda a las autoridades competentes, regular� los cambios, as� como la intermediaci�n y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulaci�n y proveer a su observancia. La conducci�n del banco estar� a cargo de personas cuya designaci�n ser� hecha por el Presidente de la Rep�blica con la aprobaci�n de la C�mara de Senadores o de la Comisi�n Permanente, en su caso; desempe�ar�n su encargo por per�odos cuya duraci�n y escalonamiento provean al ejercicio aut�nomo de sus funciones; s�lo podr�n ser removidas por causa grave y no podr�n tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aqu�llos que act�en en representaci�n del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales o de beneficiencia (sic DOF 20-08-1993). Las personas encargadas de la conducci�n del banco central, podr�n ser sujetos de juicio pol�tico conforme a lo dispuesto por el art�culo 110 de esta Constituci�n. P�rrafo adicionado DOF 20-08-1993. Fe de erratas DOF 23-08-1993 El Poder Ejecutivo contar� con los �rganos reguladores coordinados en materia energ�tica, denominados Comisi�n Nacional de Hidrocarburos y Comisi�n Reguladora de Energ�a, en los t�rminos que determine la ley. P�rrafo adicionado DOF 20-12-2013 No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del inter�s general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la regi�n en que se produzcan o que no sean art�culos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones est�n bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorizaci�n que al efecto se obtenga de las Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por s� o a propuesta del Ejecutivo podr�n derogar, cuando as� lo exijan las necesidades p�blicas, las autorizaciones concedidas para la formaci�n de las asociaciones de que se trata. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producci�n de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. El Estado, sujet�ndose a las leyes, podr� en casos de inter�s general, concesionar la prestaci�n de servicios p�blicos o la explotaci�n, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federaci�n, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijar�n las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestaci�n de los servicios y la utilizaci�n social de los bienes, y evitar�n fen�menos de concentraci�n que contrar�en el inter�s p�blico. La sujeci�n a reg�menes de servicio p�blico se apegar� a lo dispuesto por la Constituci�n y s�lo podr� llevarse a cabo mediante ley. Se podr�n otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de car�cter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la Naci�n. El Estado vigilar� su aplicaci�n y evaluar� los resultados de �sta. El Estado contar� con una Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica, que ser� un �rgano aut�nomo, con personalidad jur�dica y patrimonio propio, que tendr� por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, as� como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las pr�cticas monop�licas, las concentraciones y dem�s restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los t�rminos que establecen esta Constituci�n y las leyes. La Comisi�n contar� con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporaci�n de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes econ�micos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un �rgano aut�nomo, con personalidad jur�dica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusi�n y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constituci�n y en los t�rminos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendr� a su cargo la regulaci�n, promoci�n y supervisi�n del uso, aprovechamiento y explotaci�n del espectro radioel�ctrico, las redes y la prestaci�n de los servicios de radiodifusi�n y telecomunicaciones, as� como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los art�culos 6o. y 7o. de esta Constituci�n. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 El Instituto Federal de Telecomunicaciones ser� tambi�n la autoridad en materia de competencia econ�mica de los sectores de radiodifusi�n y telecomunicaciones, por lo que en �stos ejercer� en forma exclusiva las facultades que este art�culo y las leyes establecen para la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica y regular� de forma asim�trica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondr� l�mites a la concentraci�n nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicaci�n que sean concesionarios de radiodifusi�n y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geogr�fica, y ordenar� la desincorporaci�n de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos l�mites, garantizando lo dispuesto en los art�culos 6o. y 7o. de esta Constituci�n. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocaci�n, as� como la autorizaci�n de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operaci�n de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusi�n y telecomunicaciones. El Instituto notificar� al Secretario del ramo previo a su determinaci�n, quien podr� emitir una opini�n t�cnica. Las concesiones podr�n ser para uso comercial, p�blico, privado y social que incluyen las comunitarias y las ind�genas, las que se sujetar�n, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los art�culos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constituci�n. El Instituto fijar� el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, as� como por la autorizaci�n de servicios vinculados a �stas, previa opini�n de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este p�rrafo no ser�n vinculantes y deber�n emitirse en un plazo no mayor de treinta d�as; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuar� los tr�mites correspondientes. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Las concesiones del espectro radioel�ctrico ser�n otorgadas mediante licitaci�n p�blica, a fin de asegurar la m�xima concurrencia, previniendo fen�menos de concentraci�n que contrar�en el inter�s p�blico y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ning�n caso el factor determinante para definir al ganador de la licitaci�n ser� meramente econ�mico. Las concesiones para uso p�blico y social ser�n sin fines de lucro y se otorgar�n bajo el mecanismo de asignaci�n directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevar� un registro p�blico de concesiones. La ley establecer� un esquema efectivo de sanciones que se�ale como causal de revocaci�n del t�tulo de concesi�n, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con pr�cticas monop�licas. En la revocaci�n de las concesiones, el Instituto dar� aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que �ste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestaci�n del servicio. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizar� que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 La Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ser�n independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempe�o e imparciales en sus actuaciones, y se regir�n conforme a lo siguiente: I. Dictar�n sus resoluciones con plena independencia; II. Ejercer�n su presupuesto de forma aut�noma. La C�mara de Diputados garantizar� la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; III. Emitir�n su propio estatuto org�nico, mediante un sistema de votaci�n por mayor�a calificada; IV. Podr�n emitir disposiciones administrativas de car�cter general exclusivamente para el cumplimiento de su funci�n regulatoria en el sector de su competencia; V. Las leyes garantizar�n, dentro de cada organismo, la separaci�n entre la autoridad que conoce de la etapa de investigaci�n y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio; VI. Los �rganos de gobierno deber�n cumplir con los principios de transparencia y acceso a la informaci�n. Deliberar�n en forma colegiada y decidir�n los asuntos por mayor�a de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones ser�n de car�cter p�blico con las excepciones que determine la ley; VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podr�n ser impugnados �nicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no ser�n objeto de suspensi�n. Solamente en los casos en que la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica imponga multas o la desincorporaci�n de activos, derechos, partes sociales o acciones, �stas se ejecutar�n hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio s�lo podr� impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resoluci�n o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento s�lo podr�n reclamarse en el amparo promovido contra la resoluci�n referida. Los juicios de amparo ser�n sustanciados por jueces y tribunales especializados en los t�rminos del art�culo 94 de esta Constituci�n. En ning�n caso se admitir�n recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; VIII. Los titulares de los �rganos presentar�n anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Uni�n; comparecer�n ante la C�mara de Senadores anualmente y ante las C�maras del Congreso en t�rminos del art�culo 93 de esta Constituci�n. El Ejecutivo Federal podr� solicitar a cualquiera de las C�maras la comparecencia de los titulares ante �stas; IX. Las leyes promover�n para estos �rganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos; X. La retribuci�n que perciban los Comisionados deber� ajustarse a lo previsto en el art�culo 127 de esta Constituci�n; XI. Los comisionados de los �rganos podr�n ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la Rep�blica, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los t�rminos que disponga la ley, y XII. Cada �rgano contar� con un �rgano interno de control, cuyo titular ser� designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Diputados, en los t�rminos que disponga la ley. Fracci�n reformada DOF 27-05-2015 P�rrafo con fracciones adicionado DOF 11-06-2013 Los �rganos de gobierno, tanto de la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrar�n por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificaci�n del Senado. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 El Presidente de cada uno de los �rganos ser� nombrado por la C�mara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro a�os, renovable por una sola ocasi�n. Cuando la designaci�n recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempe�ar� la presidencia s�lo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Los comisionados deber�n cumplir los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y pol�ticos; II. Ser mayor de treinta y cinco a�os; III. Gozar de buena reputaci�n y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisi�n por m�s de un a�o; IV. Poseer t�tulo profesional; V. Haberse desempe�ado, cuando menos tres a�os, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio p�blico o acad�micas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia econ�mica, radiodifusi�n o telecomunicaciones, seg�n corresponda; VI. Acreditar, en los t�rminos de este precepto, los conocimientos t�cnicos necesarios para el ejercicio del cargo; VII. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la Rep�blica, senador, diputado federal o local, Gobernador de alg�n Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de M�xico, durante el a�o previo a su nombramiento, y Fracci�n reformada DOF 10-02-2014, 29-01-2016 VIII. En la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica, no haber ocupado, en los �ltimos tres a�os, ning�n empleo, cargo o funci�n directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado �rgano. En el Instituto Federal de Telecomunicaciones no haber ocupado, en los �ltimos tres a�os, ning�n empleo, cargo o funci�n directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos relacionadas, sujetas a la regulaci�n del Instituto. P�rrafo con fracciones adicionado DOF 11-06-2013 Los Comisionados se abstendr�n de desempe�ar cualquier otro empleo, trabajo o comisi�n p�blicos o privados, con excepci�n de los cargos docentes; estar�n impedidos para conocer asuntos en que tengan inter�s directo o indirecto, en los t�rminos que la ley determine, y ser�n sujetos del r�gimen de responsabilidades del T�tulo Cuarto de esta Constituci�n y de juicio pol�tico. La ley regular� las modalidades conforme a las cuales los Comisionados podr�n establecer contacto para tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes econ�micos regulados. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Los Comisionados durar�n en su encargo nueve a�os y por ning�n motivo podr�n desempe�ar nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de alg�n comisionado, se proceder� a la designaci�n correspondiente, a trav�s del procedimiento previsto en este art�culo y a fin de que el sustituto concluya el periodo respectivo. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditar�n el cumplimiento de los requisitos se�alados en los numerales anteriores, ante un Comit� de Evaluaci�n integrado por los titulares del Banco de M�xico, el Instituto Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n y el Instituto Nacional de Estad�stica y Geograf�a. Para tales efectos, el Comit� de Evaluaci�n instalar� sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de comisionado, decidir� por mayor�a de votos y ser� presidido por el titular de la entidad con mayor antig�edad en el cargo, quien tendr� voto de calidad. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 El Comit� emitir� una convocatoria p�blica para cubrir la vacante. Verificar� el cumplimiento, por parte de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente art�culo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicar� un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deber� observar los principios de transparencia, publicidad y m�xima concurrencia. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Para la formulaci�n del examen de conocimientos, el Comit� de Evaluaci�n deber� considerar la opini�n de cuando menos dos instituciones de educaci�n superior y seguir� las mejores pr�cticas en la materia. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 El Comit� de Evaluaci�n, por cada vacante, enviar� al Ejecutivo una lista con un m�nimo de tres y un m�ximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias m�s altas. En el caso de no completarse el n�mero m�nimo de aspirantes se emitir� una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionar� de entre esos aspirantes, al candidato que propondr� para su ratificaci�n al Senado. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 La ratificaci�n se har� por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo improrrogable de treinta d�as naturales a partir de la presentaci�n de la propuesta; en los recesos, la Comisi�n Permanente convocar� desde luego al Senado. En caso de que la C�mara de Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la Rep�blica someter� una nueva propuesta, en los t�rminos del p�rrafo anterior. Este procedimiento se repetir� las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que s�lo quede un aspirante aprobado por el Comit� de Evaluaci�n, quien ser� designado comisionado directamente por el Ejecutivo. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Todos los actos del proceso de selecci�n y designaci�n de los Comisionados son inatacables. P�rrafo adicionado DOF 11-06-2013 Art�culo reformado DOF 17-11-1982, 03-02-1983 Reforma DOF 27-06-1990: Derog� del art�culo el entonces p�rrafo quinto Art�culo 29. En los casos de invasi�n, perturbaci�n grave de la paz p�blica, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobaci�n del Congreso de la Uni�n o de la Comisi�n Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podr� restringir o suspender en todo el pa�s o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garant�as que fuesen obst�culo para hacer frente, r�pida y f�cilmente a la situaci�n; pero deber� hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricci�n o suspensi�n se contraiga a determinada persona. Si la restricci�n o suspensi�n tuviese lugar hall�ndose el Congreso reunido, �ste conceder� las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situaci�n; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocar� de inmediato al Congreso para que las acuerde. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 En los decretos que se expidan, no podr� restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminaci�n, al reconocimiento de la personalidad jur�dica, a la vida, a la integridad personal, a la protecci�n a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la ni�ez; los derechos pol�ticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibici�n de la pena de muerte; la prohibici�n de la esclavitud y la servidumbre; la prohibici�n de la desaparici�n forzada y la tortura; ni las garant�as judiciales indispensables para la protecci�n de tales derechos. La restricci�n o suspensi�n del ejercicio de los derechos y garant�as debe estar fundada y motivada en los t�rminos establecidos por esta Constituci�n y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamaci�n, publicidad y no discriminaci�n. Cuando se ponga fin a la restricci�n o suspensi�n del ejercicio de los derechos y garant�as, bien sea por cumplirse el plazo o porque as� lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedar�n sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podr� hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricci�n o suspensi�n. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricci�n o suspensi�n, ser�n revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, la que deber� pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. Art�culo reformado DOF 21-04-1981, 02-08-2007, 10-06-2011 Cap�tulo II De los Mexicanos Art�culo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalizaci�n. A) Son mexicanos por nacimiento: I. Los que nazcan en territorio de la Rep�blica, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional; Fracci�n reformada DOF 26-12-1969, 20-03-1997 III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalizaci�n, de padre mexicano por naturalizaci�n, o de madre mexicana por naturalizaci�n, y Fracci�n adicionada DOF 20-03-1997 IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Fracci�n recorrida DOF 20-03-1997 B) Son mexicanos por naturalizaci�n: I. Los extranjeros que obtengan de la Secretar�a de Relaciones carta de naturalizaci�n. II. La mujer o el var�n extranjeros que contraigan matrimonio con var�n o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los dem�s requisitos que al efecto se�ale la ley. Fracci�n reformada DOF 31-12-1974, 20-03-1997 Art�culo reformado DOF 18-01-1934 Art�culo 31. Son obligaciones de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas p�blicas o privadas, para obtener la educaci�n preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los t�rminos que establezca la ley. Fracci�n reformada DOF 05-03-1993, 12-11-2002, 09-02-2012 II. Asistir en los d�as y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucci�n c�vica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar. III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley org�nica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, as� como la tranquilidad y el orden interior; y IV. Contribuir para los gastos p�blicos, as� de la Federaci�n, como de los Estados, de la Ciudad de M�xico y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Fracci�n reformada DOF 25-10-1993, 29-01-2016 Art�culo 32. La Ley regular� el ejercicio de los derechos que la legislaci�n mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecer� normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposici�n de la presente Constituci�n, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva tambi�n ser� aplicable a los casos que as� lo se�alen otras leyes del Congreso de la Uni�n. En tiempo de paz, ning�n extranjero podr� servir en el Ej�rcito, ni en las fuerzas de polic�a o seguridad p�blica. Para pertenecer al activo del Ej�rcito en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza A�rea en todo momento, o desempe�ar cualquier cargo o comisi�n en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad ser� indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mec�nicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcaci�n o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Ser� tambi�n necesaria para desempe�ar los cargos de capit�n de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aer�dromo. Los mexicanos ser�n preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Art�culo reformado DOF 15-12-1934, 10-02-1944, 20-03-1997 Cap�tulo III De los Extranjeros Art�culo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el art�culo 30 constitucional y gozar�n de los derechos humanos y garant�as que reconoce esta Constituci�n. P�rrafo reformado DOF 10-06-2011 El Ejecutivo de la Uni�n, previa audiencia, podr� expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regular� el procedimiento administrativo, as� como el lugar y tiempo que dure la detenci�n. P�rrafo adicionado DOF 10-06-2011 Los extranjeros no podr�n de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos pol�ticos del pa�s. Cap�tulo IV De los Ciudadanos Mexicanos Art�culo 34. Son ciudadanos de la Rep�blica los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, re�nan, adem�s, los siguientes requisitos: I. Haber cumplido 18 a�os, y II. Tener un modo honesto de vivir. Art�culo reformado DOF 17-10-1953, 22-12-1969 Art�culo 35. Son derechos del ciudadano: P�rrafo reformado DOF 09-08-2012 I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elecci�n popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos pol�ticos as� como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y t�rminos que determine la legislaci�n; Fracci�n reformada DOF 09-08-2012 III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pac�fica en los asuntos pol�ticos del pa�s; Fracci�n reformada DOF 06-04-1990, 22-08-1996 IV. Tomar las armas en el Ej�rcito o Guardia Nacional, para la defensa de la Rep�blica y de sus instituciones, en los t�rminos que prescriben las leyes; Fracci�n reformada DOF 09-08-2012 V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petici�n. VI. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisi�n del servicio p�blico, teniendo las calidades que establezca la ley; Fracci�n adicionada DOF 09-08-2012 VII. Iniciar leyes, en los t�rminos y con los requisitos que se�alen esta Constituci�n y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendr� las facultades que en esta materia le otorgue la ley, y Fracci�n adicionada DOF 09-08-2012. Reformada DOF 10-02-2014 VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetar�n a lo siguiente: 1o. Ser�n convocadas por el Congreso de la Uni�n a petici�n de: a) El Presidente de la Rep�blica; b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las C�maras del Congreso de la Uni�n; o c) Los ciudadanos, en un n�mero equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los t�rminos que determine la ley. Con excepci�n de la hip�tesis prevista en el inciso c) anterior, la petici�n deber� ser aprobada por la mayor�a de cada C�mara del Congreso de la Uni�n, 2o. Cuando la participaci�n total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado ser� vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 3o. No podr�n ser objeto de consulta popular la restricci�n de los derechos humanos reconocidos por esta Constituci�n; los principios consagrados en el art�culo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organizaci�n, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n resolver�, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Uni�n, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 4o. El Instituto Nacional Electoral tendr� a su cargo, en forma directa, la verificaci�n del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracci�n, as� como la organizaci�n, desarrollo, c�mputo y declaraci�n de resultados; Apartado reformado DOF 10-02-2014 5o. La consulta popular se realizar� el mismo d�a de la jornada electoral federal; 6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podr�n ser impugnadas en los t�rminos de lo dispuesto en la fracci�n VI del art�culo 41, as� como de la fracci�n III del art�culo 99 de esta Constituci�n; y Apartado reformado DOF 10-02-2014 7o. Las leyes establecer�n lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracci�n. Fracci�n adicionada DOF 09-08-2012 Art�culo 36. Son obligaciones del ciudadano de la Rep�blica: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesi�n o trabajo de que subsista; as� como tambi�n inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los t�rminos que determinen las leyes. La organizaci�n y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedici�n del documento que acredite la ciudadan�a mexicana son servicios de inter�s p�blico, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los t�rminos que establezca la ley, Fracci�n reformada DOF 06-04-1990 II. Alistarse en la Guardia Nacional; III. Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los t�rminos que se�ale la ley; Fracci�n reformada DOF 22-08-1996, 09-08-2012 IV. Desempe�ar los cargos de elecci�n popular de la Federaci�n o de las entidades federativas, que en ning�n caso ser�n gratuitos; y Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 V. Desempe�ar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Art�culo 37. A) Ning�n mexicano por nacimiento podr� ser privado de su nacionalidad. B) La nacionalidad mexicana por naturalizaci�n se perder� en los siguientes casos: I. Por adquisici�n voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento p�blico como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar t�tulos nobiliarios que impliquen sumisi�n a un Estado extranjero, y II. Por residir durante cinco a�os continuos en el extranjero. C) La ciudadan�a mexicana se pierde: I. Por aceptar o usar t�tulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; II. Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin permiso del Ejecutivo Federal; Fracci�n reformada DOF 30-09-2013 III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. El Presidente de la Rep�blica, los senadores y diputados al Congreso de la Uni�n y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr�n libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras; Fracci�n reformada DOF 30-09-2013 IV. Por admitir del gobierno de otro pa�s t�tulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo Federal, exceptuando los t�tulos literarios, cient�ficos o humanitarios que pueden aceptarse libremente; Fracci�n reformada DOF 30-09-2013 V. Por ayudar, en contra de la Naci�n, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamaci�n diplom�tica o ante un tribunal internacional, y VI. En los dem�s casos que fijan las leyes. Reforma DOF 30-09-2013: Derog� de este Apartado C el entonces �ltimo p�rrafo Fe de erratas al art�culo DOF 06-02-1917. Art�culo reformado DOF 18-01-1934, 20-03-1997 Art�culo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el art�culo 36. Esta suspensi�n durar� un a�o y se impondr� adem�s de las otras penas que por el mismo hecho se�alare la ley; II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisi�n; III. Durante la extinci�n de una pena corporal; IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los t�rminos que prevengan las leyes; V. Por estar pr�fugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensi�n hasta que prescriba la acci�n penal; y VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensi�n. La ley fijar� los casos en que se pierden, y los dem�s en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitaci�n. Art�culo original DOF 05-02-1917 T�tulo Segundo Cap�tulo I De la Soberan�a Nacional y de la Forma de Gobierno Art�culo 39. La soberan�a nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de �ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Rep�blica representativa, democr�tica, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su r�gimen interior, y por la Ciudad de M�xico, unidos en una federaci�n establecida seg�n los principios de esta ley fundamental. Art�culo reformado DOF 30-11-2012, 29-01-2016 Art�culo 41. El pueblo ejerce su soberan�a por medio de los Poderes de la Uni�n, en los casos de la competencia de �stos, y por los de los Estados y la Ciudad de M�xico, en lo que toca a sus reg�menes interiores, en los t�rminos respectivamente establecidos por la presente Constituci�n Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de M�xico, las que en ning�n caso podr�n contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 La renovaci�n de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizar� mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas, conforme a las siguientes bases: I. Los partidos pol�ticos son entidades de inter�s p�blico; la ley determinar� las normas y requisitos para su registro legal, las formas espec�ficas de su intervenci�n en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Los partidos pol�ticos tienen como fin promover la participaci�n del pueblo en la vida democr�tica, contribuir a la integraci�n de los �rganos de representaci�n pol�tica y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de �stos al ejercicio del poder p�blico, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, as� como las reglas para garantizar la paridad entre los g�neros, en candidaturas a legisladores federales y locales. S�lo los ciudadanos podr�n formar partidos pol�ticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervenci�n de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creaci�n de partidos y cualquier forma de afiliaci�n corporativa. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Las autoridades electorales solamente podr�n intervenir en los asuntos internos de los partidos pol�ticos en los t�rminos que se�alen esta Constituci�n y la ley. Los partidos pol�ticos nacionales tendr�n derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido pol�tico nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votaci�n v�lida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovaci�n del Poder Ejecutivo o de las C�maras del Congreso de la Uni�n, le ser� cancelado el registro. P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 II. La ley garantizar� que los partidos pol�ticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y se�alar� las reglas a que se sujetar� el financiamiento de los propios partidos y sus campa�as electorales, debiendo garantizar que los recursos p�blicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento p�blico para los partidos pol�ticos que mantengan su registro despu�s de cada elecci�n, se compondr� de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtenci�n del voto durante los procesos electorales y las de car�cter espec�fico. Se otorgar� conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: a) El financiamiento p�blico para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijar� anualmente, multiplicando el n�mero total de ciudadanos inscritos en el padr�n electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci�n. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo se�alado anteriormente, se distribuir� entre los partidos pol�ticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecci�n de diputados inmediata anterior. Inciso reformado DOF 27-01-2016, 29-01-2016 b) El financiamiento p�blico para las actividades tendientes a la obtenci�n del voto durante el a�o en que se elijan Presidente de la Rep�blica, senadores y diputados federales, equivaldr� al cincuenta por ciento del financiamiento p�blico que le corresponda a cada partido pol�tico por actividades ordinarias en ese mismo a�o; cuando s�lo se elijan diputados federales, equivaldr� al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. c) El financiamiento p�blico por actividades espec�ficas, relativas a la educaci�n, capacitaci�n, investigaci�n socioecon�mica y pol�tica, as� como a las tareas editoriales, equivaldr� al tres por ciento del monto total del financiamiento p�blico que corresponda en cada a�o por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo se�alado anteriormente, se distribuir� entre los partidos pol�ticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecci�n de diputados inmediata anterior. La ley fijar� los l�mites a las erogaciones en los procesos internos de selecci�n de candidatos y en las campa�as electorales. La propia ley establecer� el monto m�ximo que tendr�n las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenar� los procedimientos para el control, fiscalizaci�n oportuna y vigilancia, durante la campa�a, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondr� las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 De igual manera, la ley establecer� el procedimiento para la liquidaci�n de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes ser�n adjudicados a la Federaci�n. III. Los partidos pol�ticos nacionales tendr�n derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicaci�n social. Los candidatos independientes tendr�n derecho de acceso a prerrogativas para las campa�as electorales en los t�rminos que establezca la ley. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Apartado A. El Instituto Nacional Electoral ser� autoridad �nica para la administraci�n del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisi�n destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos pol�ticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 a) A partir del inicio de las precampa�as y hasta el d�a de la jornada electoral quedar�n a disposici�n del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que ser�n distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisi�n en cada estaci�n de radio y canal de televisi�n, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el per�odo comprendido entre el fin de las precampa�as y el inicio de las campa�as, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisi�n se destinar� a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusi�n de mensajes gen�ricos de los partidos pol�ticos, conforme a lo que establezca la ley; Inciso reformado DOF 10-02-2014 b) Durante sus precampa�as, los partidos pol�ticos dispondr�n en conjunto de un minuto por cada hora de transmisi�n en cada estaci�n de radio y canal de televisi�n; el tiempo restante se utilizar� conforme a lo que determine la ley; c) Durante las campa�as electorales deber� destinarse para cubrir el derecho de los partidos pol�ticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; Inciso reformado DOF 10-02-2014 d) Las transmisiones en cada estaci�n de radio y canal de televisi�n se distribuir�n dentro del horario de programaci�n comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; e) El tiempo establecido como derecho de los partidos pol�ticos y, en su caso, de los candidatos independientes, se distribuir� entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento ser� distribuido entre los partidos pol�ticos de acuerdo a los resultados de la elecci�n para diputados federales inmediata anterior y el treinta por ciento restante ser� dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podr� ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; Inciso reformado DOF 10-02-2014 f) A cada partido pol�tico nacional sin representaci�n en el Congreso de la Uni�n se le asignar� para radio y televisi�n solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior, y g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los per�odos de precampa�as y campa�as electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le ser� asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisi�n, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total asignado, el Instituto distribuir� entre los partidos pol�ticos nacionales en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizar� para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido pol�tico nacional utilizar� el tiempo que por este concepto le corresponda en los formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se har�n en el horario que determine el Instituto conforme a lo se�alado en el inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podr� disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido pol�tico, cuando as� se justifique. Inciso reformado DOF 10-02-2014 Los partidos pol�ticos y los candidatos en ning�n momento podr�n contratar o adquirir, por s� o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisi�n. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Ninguna otra persona f�sica o moral, sea a t�tulo propio o por cuenta de terceros, podr� contratar propaganda en radio y televisi�n dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos pol�ticos o de candidatos a cargos de elecci�n popular. Queda prohibida la transmisi�n en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Las disposiciones contenidas en los dos p�rrafos anteriores deber�n ser cumplidas en el �mbito de las entidades federativas conforme a la legislaci�n aplicable. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral administrar� los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisi�n en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley: P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estar� comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base; b) Para los dem�s procesos electorales, la asignaci�n se har� en los t�rminos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y c) La distribuci�n de los tiempos entre los partidos pol�ticos, incluyendo a los de registro local, y los candidatos independientes se realizar� de acuerdo con los criterios se�alados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislaci�n aplicable. Inciso reformado DOF 10-02-2014 Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisi�n a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinar� lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Apartado C. En la propaganda pol�tica o electoral que difundan los partidos y candidatos deber�n abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Durante el tiempo que comprendan las campa�as electorales federales y locales y hasta la conclusi�n de la respectiva jornada comicial, deber� suspenderse la difusi�n en los medios de comunicaci�n social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas, as� como de los Municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico y cualquier otro ente p�blico. Las �nicas excepciones a lo anterior ser�n las campa�as de informaci�n de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protecci�n civil en casos de emergencia. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los t�rminos de la ley, investigar� las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrar� el expediente para someterlo al conocimiento y resoluci�n del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n. En el procedimiento, el Instituto podr� imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisi�n, de conformidad con lo que disponga la ley. Apartado reformado DOF 10-02-2014 IV. La ley establecer� los requisitos y las formas de realizaci�n de los procesos de selecci�n y postulaci�n de candidatos a cargos de elecci�n popular, as� como las reglas para las precampa�as y las campa�as electorales. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 La duraci�n de las campa�as en el a�o de elecciones para Presidente de la Rep�blica, senadores y diputados federales ser� de noventa d�as; en el a�o en que s�lo se elijan diputados federales, las campa�as durar�n sesenta d�as. En ning�n caso las precampa�as exceder�n las dos terceras partes del tiempo previsto para las campa�as electorales. La violaci�n a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona f�sica o moral ser� sancionada conforme a la ley. V. La organizaci�n de las elecciones es una funci�n estatal que se realiza a trav�s del Instituto Nacional Electoral y de los organismos p�blicos locales, en los t�rminos que establece esta Constituci�n. Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo p�blico aut�nomo dotado de personalidad jur�dica y patrimonio propios, en cuya integraci�n participan el Poder Legislativo de la Uni�n, los partidos pol�ticos nacionales y los ciudadanos, en los t�rminos que ordene la ley. En el ejercicio de esta funci�n estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, m�xima publicidad y objetividad ser�n principios rectores. El Instituto Nacional Electoral ser� autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempe�o; contar� en su estructura con �rganos de direcci�n, ejecutivos, t�cnicos y de vigilancia. El Consejo General ser� su �rgano superior de direcci�n y se integrar� por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y concurrir�n, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos pol�ticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinar� las reglas para la organizaci�n y funcionamiento de los �rganos, las relaciones de mando entre �stos, as� como la relaci�n con los organismos p�blicos locales. Los �rganos ejecutivos y t�cnicos dispondr�n del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un �rgano interno de control tendr� a su cargo, con autonom�a t�cnica y de gesti�n, la fiscalizaci�n de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regir�n las relaciones de trabajo con los servidores del organismo p�blico. Los �rganos de vigilancia del padr�n electoral se integrar�n mayoritariamente por representantes de los partidos pol�ticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estar�n integradas por ciudadanos. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 Las sesiones de todos los �rganos colegiados de direcci�n ser�n p�blicas en los t�rminos que se�ale la ley. El Instituto contar� con una oficial�a electoral investida de f� p�blica para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento ser�n reguladas por la ley. El consejero Presidente y los consejeros electorales durar�n en su cargo nueve a�os y no podr�n ser reelectos. Ser�n electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: a) La C�mara de Diputados emitir� el acuerdo para la elecci�n del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendr� la convocatoria p�blica, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas l�mites y plazos improrrogables, as� como el proceso para la designaci�n de un comit� t�cnico de evaluaci�n, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres ser�n nombradas por el �rgano de direcci�n pol�tica de la C�mara de Diputados, dos por la Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el art�culo 6o. de esta Constituci�n; b) El comit� recibir� la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria p�blica, evaluar� el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, as� como su idoneidad para desempe�ar el cargo; seleccionar� a los mejor evaluados en una proporci�n de cinco personas por cada cargo vacante, y remitir� la relaci�n correspondiente al �rgano de direcci�n pol�tica de la C�mara de Diputados; c) El �rgano de direcci�n pol�tica impulsar� la construcci�n de los acuerdos para la elecci�n del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez realizada la votaci�n por este �rgano en los t�rminos de la ley, se remita al Pleno de la C�mara la propuesta con las designaciones correspondientes; d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el inciso a), sin que el �rgano de direcci�n pol�tica de la C�mara haya realizado la votaci�n o remisi�n previstas en el inciso anterior, o habi�ndolo hecho, no se alcance la votaci�n requerida en el Pleno, se deber� convocar a �ste a una sesi�n en la que se realizar� la elecci�n mediante insaculaci�n de la lista conformada por el comit� de evaluaci�n; e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere concretado la elecci�n en los t�rminos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n realizar�, en sesi�n p�blica, la designaci�n mediante insaculaci�n de la lista conformada por el comit� de evaluaci�n. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales durante los primeros seis a�os de su encargo, se elegir� un sustituto para concluir el per�odo de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los �ltimos tres a�os, se elegir� a un consejero para un nuevo periodo. El consejero Presidente y los consejeros electorales no podr�n tener otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos en que act�en en representaci�n del Consejo General y los no remunerados que desempe�en en asociaciones docentes, cient�ficas, culturales, de investigaci�n o de beneficencia. El titular del �rgano interno de control del Instituto ser� designado por la C�mara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones p�blicas de educaci�n superior, en la forma y t�rminos que determine la ley. Durar� seis a�os en el cargo y podr� ser reelecto por una sola vez. Estar� adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendr� la coordinaci�n t�cnica necesaria con la Auditor�a Superior de la Federaci�n. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 El Secretario Ejecutivo ser� nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su Presidente. La ley establecer� los requisitos que deber�n reunir para su designaci�n el consejero Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del �rgano interno de control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podr�n desempe�ar cargos en los poderes p�blicos en cuya elecci�n hayan participado, de dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elecci�n popular, durante los dos a�os siguientes a la fecha de conclusi�n de su encargo. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 Los consejeros del Poder Legislativo ser�n propuestos por los grupos parlamentarios con afiliaci�n de partido en alguna de las C�maras. S�lo habr� un consejero por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas C�maras del Congreso de la Uni�n. Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los t�rminos que establecen esta Constituci�n y las leyes: a) Para los procesos electorales federales y locales: 1. La capacitaci�n electoral; 2. La geograf�a electoral, as� como el dise�o y determinaci�n de los distritos electorales y divisi�n del territorio en secciones electorales; 3. El padr�n y la lista de electores; 4. La ubicaci�n de las casillas y la designaci�n de los funcionarios de sus mesas directivas; 5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opini�n; observaci�n electoral; conteos r�pidos; impresi�n de documentos y producci�n de materiales electorales; 6. La fiscalizaci�n de los ingresos y egresos de los partidos pol�ticos y candidatos, y 7. Las dem�s que determine la ley. b) Para los procesos electorales federales: 1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos pol�ticos; 2. La preparaci�n de la jornada electoral; 3. La impresi�n de documentos y la producci�n de materiales electorales; 4. Los escrutinios y c�mputos en los t�rminos que se�ale la ley; 5. La declaraci�n de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores; 6. El c�mputo de la elecci�n de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, y 7. Las dem�s que determine la ley. El Instituto Nacional Electoral asumir� mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que as� lo soliciten, la organizaci�n de procesos electorales locales, en los t�rminos que disponga la legislaci�n aplicable. A petici�n de los partidos pol�ticos y con cargo a sus prerrogativas, en los t�rminos que establezca la ley, podr� organizar las elecciones de sus dirigentes. La fiscalizaci�n de las finanzas de los partidos pol�ticos y de las campa�as de los candidatos estar� a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollar� las atribuciones del Consejo para la realizaci�n de dicha funci�n, as� como la definici�n de los �rganos t�cnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicaci�n de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estar� limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contar� con el apoyo de las autoridades federales y locales. En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la funci�n de fiscalizaci�n, su �rgano t�cnico ser� el conducto para superar la limitaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior. Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estar�n a cargo de organismos p�blicos locales en los t�rminos de esta Constituci�n, que ejercer�n funciones en las siguientes materias: 1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos pol�ticos; 2. Educaci�n c�vica; 3. Preparaci�n de la jornada electoral; 4. Impresi�n de documentos y la producci�n de materiales electorales; 5. Escrutinios y c�mputos en los t�rminos que se�ale la ley; 6. Declaraci�n de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 7. C�mputo de la elecci�n del titular del poder ejecutivo; 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opini�n; observaci�n electoral, y conteos r�pidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 9. Organizaci�n, desarrollo, c�mputo y declaraci�n de resultados en los mecanismos de participaci�n ciudadana que prevea la legislaci�n local; 10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 11. Las que determine la ley. En los supuestos que establezca la ley y con la aprobaci�n de una mayor�a de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podr�: a) Asumir directamente la realizaci�n de las actividades propias de la funci�n electoral que corresponden a los �rganos electorales locales; b) Delegar en dichos �rganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los �rganos electorales locales, cuando su trascendencia as� lo amerite o para sentar un criterio de interpretaci�n. Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del �rgano superior de direcci�n de los organismos p�blicos locales, en los t�rminos de esta Constituci�n. Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selecci�n, ingreso, capacitaci�n, profesionalizaci�n, promoci�n, evaluaci�n, rotaci�n, permanencia y disciplina, de los servidores p�blicos de los �rganos ejecutivos y t�cnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos p�blicos locales de las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regular� la organizaci�n y funcionamiento de este Servicio. Fracci�n reformada DOF 10-02-2014 VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecer� un sistema de medios de impugnaci�n en los t�rminos que se�alen esta Constituci�n y la ley. Dicho sistema dar� definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar� la protecci�n de los derechos pol�ticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociaci�n, en los t�rminos del art�culo 99 de esta Constituci�n. En materia electoral la interposici�n de los medios de impugnaci�n, constitucionales o legales, no producir� efectos suspensivos sobre la resoluci�n o el acto impugnado. La ley establecer� el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campa�a en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisi�n, fuera de los supuestos previstos en la ley; Inciso reformado DOF 07-07-2014 c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia il�cita o recursos p�blicos en las campa�as. P�rrafo con incisos adicionado DOF 10-02-2014 Dichas violaciones deber�n acreditarse de manera objetiva y material. Se presumir� que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votaci�n obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 En caso de nulidad de la elecci�n, se convocar� a una elecci�n extraordinaria, en la que no podr� participar la persona sancionada. P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 Art�culo reformado DOF 06-12-1977, 06-04-1990, 03-09-1993, 19-04-1994, 22-08-1996, 13-11-2007 Cap�tulo II De las Partes Integrantes de la Federaci�n y del Territorio Nacional Art�culo 42. El territorio nacional comprende: I. El de las partes integrantes de la Federaci�n; II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Oc�ano Pac�fico; IV. La plataforma continental y los z�calos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; V. Las aguas de los mares territoriales en la extensi�n y t�rminos que fija el Derecho Internacional y las mar�timas interiores; VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensi�n y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional. Art�culo reformado DOF 18-01-1934, 20-01-1960 Art�culo 43. Las partes integrantes de la Federaci�n son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, M�xico, Michoac�n, Morelos, Nayarit, Nuevo Le�n, Oaxaca, Puebla, Quer�taro, Quintana Roo, San Luis Potos�, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucat�n y Zacatecas; as� como la Ciudad de M�xico. Art�culo reformado DOF 07-02-1931, 19-12-1931, 16-01-1935, 16-01-1952, 08-10-1974, 13-04-2011, 29-01-2016 Art�culo 44. La Ciudad de M�xico es la entidad federativa sede de los Poderes de la Uni�n y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondr� del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigir� en un Estado de la Uni�n con la denominaci�n de Ciudad de M�xico. Art�culo reformado DOF 25-10-1993, 29-01-2016 Art�culo 45. Los Estados de la Federaci�n conservan la extensi�n y l�mites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a �stos. Art�culo reformado DOF 07-02-1931, 19-12-1931, 22-03-1934, 16-01-1935, 16-01-1952, 08-10-1974 Art�culo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre s� y en cualquier momento, por convenios amistosos, sus respectivos l�mites; pero no se llevar�n a efecto esos arreglos sin la aprobaci�n de la C�mara de Senadores. De no existir el convenio a que se refiere el p�rrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, sustanciar� y resolver� con car�cter de inatacable, las controversias sobre l�mites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en los t�rminos de la fracci�n I del art�culo 105 de esta Constituci�n. Art�culo reformado DOF 17-03-1987, 08-12-2005, 15-10-2012 Art�culo 47. El Estado del (sic DOF 05-02-1917) Nayarit tendr� la extensi�n territorial y l�mites que comprende actualmente el Territorio de Tepic. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los z�calos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas mar�timas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, depender�n directamente del Gobierno de la Federaci�n, con excepci�n de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicci�n los Estados. Art�culo reformado DOF 20-01-1960 T�tulo Tercero Cap�tulo I De la Divisi�n de Poderes Art�culo 49. El Supremo Poder de la Federaci�n se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podr�n reunirse dos o m�s de estos Poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni�n, conforme a lo dispuesto en el art�culo 29. En ning�n otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo p�rrafo del art�culo 131, se otorgar�n facultades extraordinarias para legislar. Art�culo reformado DOF 12-08-1938, 28-03-1951 Cap�tulo II Del Poder Legislativo Art�culo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividir� en dos C�maras, una de diputados y otra de senadores. Art�culo original DOF 05-02-1917 Secci�n I De la Elecci�n e Instalaci�n del Congreso Art�culo 51. La C�mara de Diputados se compondr� de representantes de la Naci�n, electos en su totalidad cada tres a�os. Por cada diputado propietario, se elegir� un suplente. Art�culo reformado DOF 29-04-1933, 06-12-1977 Art�culo 52. La C�mara de Diputados estar� integrada por 300 diputados electos seg�n el principio de votaci�n mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que ser�n electos seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) plurinominales. Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 30-12-1942, 11-06-1951, 20-12-1960, 14-02-1972, 08-10-1974, 06-12-1977, 15-12-1986 Art�culo 53. La demarcaci�n territorial de los 300 distritos electorales uninominales ser� la que resulte de dividir la poblaci�n total del pa�s entre los distritos se�alados. La distribuci�n de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se har� teniendo en cuenta el �ltimo censo general de poblaci�n, sin que en ning�n caso la representaci�n de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayor�a. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Para la elecci�n de los 200 diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituir�n cinco circunscripciones electorales plurinominales en el pa�s. La Ley determinar� la forma de establecer la demarcaci�n territorial de estas circunscripciones. P�rrafo reformado DOF 15-12-1986 Art�culo reformado DOF 06-12-1977 Art�culo 54. La elecci�n de los 200 diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional y el sistema de asignaci�n por listas regionales, se sujetar� a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: P�rrafo reformado DOF 03-09-1993 I. Un partido pol�tico, para obtener el registro de sus listas regionales, deber� acreditar que participa con candidatos a diputados por mayor�a relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales; II. Todo partido pol�tico que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votaci�n v�lida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendr� derecho a que le sean atribuidos diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional; Fracci�n reformada DOF 22-08-1996, 10-02-2014 III. Al partido pol�tico que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le ser�n asignados por el principio de representaci�n proporcional, de acuerdo con su votaci�n nacional emitida, el n�mero de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripci�n plurinominal. En la asignaci�n se seguir� el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. Fracci�n reformada DOF 03-09-1993. Reformada DOF 22-08-1996 IV. Ning�n partido pol�tico podr� contar con m�s de 300 diputados por ambos principios. Fracci�n reformada DOF 03-09-1993. Reformada DOF 22-08-1996 V. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la C�mara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votaci�n nacional emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la C�mara, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n nacional emitida m�s el ocho por ciento; y Fracci�n adicionada DOF 03-09-1993. Reformada DOF 22-08-1996 VI. En los t�rminos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representaci�n proporcional que resten despu�s de asignar las que correspondan al partido pol�tico que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicar�n a los dem�s partidos pol�ticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporci�n directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos �ltimos. La ley desarrollar� las reglas y f�rmulas para estos efectos. Fracci�n adicionada DOF 03-09-1993. Reformada DOF 22-08-1996 Art�culo reformado DOF 22-06-1963, 14-02-1972, 06-12-1977, 15-12-1986, 06-04-1990 Reforma DOF 22-08-1996: Elimin� del art�culo la entonces fracci�n VII (antes adicionada por DOF 03-09-1993) Art�culo 55. Para ser diputado se requiere: P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. II. Tener veinti�n a�os cumplidos el d�a de la elecci�n; Fracci�n reformada DOF 14-02-1972 III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elecci�n o vecino de esta con residencia efectiva de m�s de seis meses anteriores a la fecha de ella. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripci�n en la que se realice la elecci�n, o vecino de ella con residencia efectiva de m�s de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempe�o de cargos p�blicos de elecci�n popular. Fracci�n reformada DOF 08-10-1974, 06-12-1977 IV. No estar en servicio activo en el Ej�rcito Federal ni tener mando en la polic�a o gendarmer�a rural en el Distrito donde se haga la elecci�n, cuando menos noventa d�as antes de ella. V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constituci�n otorga autonom�a, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administraci�n p�blica federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 d�as antes del d�a de la elecci�n. No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres a�os antes del d�a de la elecci�n. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de M�xico no podr�n ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y locales, as� como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de M�xico, no podr�n ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa d�as antes del d�a de la elecci�n; P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Fracci�n reformada DOF 29-04-1933, 31-12-1994, 19-06-2007 VI. No ser Ministro de alg�n culto religioso, y Fracci�n reformada DOF 29-04-1933 VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que se�ala el art�culo 59. Fracci�n adicionada DOF 29-04-1933 Art�culo 56. La C�mara de Senadores se integrar� por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de M�xico, dos ser�n elegidos seg�n el principio de votaci�n mayoritaria relativa y uno ser� asignado a la primera minor�a. Para estos efectos, los partidos pol�ticos deber�n registrar una lista con dos f�rmulas de candidatos. La senadur�a de primera minor�a le ser� asignada a la f�rmula de candidatos que encabece la lista del partido pol�tico que, por s� mismo, haya ocupado el segundo lugar en n�mero de votos en la entidad de que se trate. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Los treinta y dos senadores restantes ser�n elegidos seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripci�n plurinominal nacional. La ley establecer� las reglas y f�rmulas para estos efectos. La C�mara de Senadores se renovar� en su totalidad cada seis a�os. Art�culo reformado DOF 29-04-1933, 15-12-1986, 03-09-1993, 22-08-1996 Art�culo 57. Por cada senador propietario se elegir� un suplente. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que ser� la de 25 a�os cumplidos el d�a de la elecci�n. Art�culo reformado DOF 29-04-1933, 14-02-1972, 29-07-1999 Art�culo 59. Los Senadores podr�n ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Uni�n hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulaci�n s�lo podr� ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalici�n que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Art�culo reformado DOF 29-04-1933, 10-02-2014 Art�culo 60. El organismo p�blico previsto en el art�culo 41 de esta Constituci�n, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarar� la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgar� las constancias respectivas a las f�rmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayor�a de votos y har� la asignaci�n de senadores de primera minor�a de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 56 de esta Constituci�n y en la ley. Asimismo, har� la declaraci�n de validez y la asignaci�n de diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional de conformidad con el art�culo 54 de esta Constituci�n y la ley. Las determinaciones sobre la declaraci�n de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignaci�n de diputados o senadores podr�n ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, en los t�rminos que se�ale la ley. P�rrafo reformado DOF 22-08-1996 Las resoluciones de las salas a que se refiere el p�rrafo anterior, podr�n ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a trav�s del medio de impugnaci�n que los partidos pol�ticos podr�n interponer �nicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elecci�n. Los fallos de la Sala ser�n definitivos e inatacables. La ley establecer� los presupuestos, requisitos de procedencia y el tr�mite para este medio de impugnaci�n. P�rrafo reformado DOF 22-08-1996 Art�culo reformado DOF 06-12-1977, 22-04-1981, 15-12-1986, 06-04-1990, 03-09-1993 Art�culo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempe�o de sus cargos, y jam�s podr�n ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada C�mara velar� por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se re�nan a sesionar. P�rrafo adicionado DOF 06-12-1977 Art�culo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el per�odo de su encargo, no podr�n desempe�ar ninguna otra comisi�n o empleo de la Federaci�n o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la C�mara respectiva; pero entonces cesar�n en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupaci�n. La misma regla se observar� con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracci�n de esta disposici�n ser� castigada con la p�rdida del car�cter de diputado o senador. Art�culo reformado DOF 29-01-2016 Art�culo 63. Las C�maras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de m�s de la mitad del n�mero total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deber�n reunirse el d�a se�alado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta d�as siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entender� por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llam�ndose luego a los suplentes, los que deber�n presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarar� vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Uni�n que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrir�n: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Uni�n por el principio de mayor�a relativa, la C�mara respectiva convocar� a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracci�n IV del art�culo 77 de esta Constituci�n; la vacante de miembros de la C�mara de Diputados electos por el principio de representaci�n proporcional, ser� cubierta por la f�rmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, despu�s de hab�rsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la C�mara de Senadores electos por el principio de representaci�n proporcional, ser� cubierta por aquella f�rmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, despu�s de hab�rsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la C�mara de Senadores electos por el principio de primera minor�a, ser� cubierta por la f�rmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. P�rrafo reformado DOF 03-09-1993, 29-10-2003 Se entiende tambi�n que los diputados o senadores que falten diez d�as consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva C�mara, con la cual se dar� conocimiento a �sta, renuncian a concurrir hasta el per�odo inmediato, llam�ndose desde luego a los suplentes. Si no hubiese qu�rum para instalar cualquiera de las C�maras o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocar� inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempe�ar su cargo, entre tanto transcurren los treinta d�as de que antes se habla. Incurrir�n en responsabilidad, y se har�n acreedores a las sanciones que la ley se�ale, quienes habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la C�mara respectiva, a desempe�ar el cargo dentro del plazo se�alado en el primer p�rrafo de este art�culo. Tambi�n incurrir�n en responsabilidad, que la misma ley sancionar�, los Partidos Pol�ticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en una elecci�n para diputados o senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempe�ar sus funciones. P�rrafo adicionado DOF 22-06-1963 Art�culo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesi�n, sin causa justificada o sin permiso de la C�mara respectiva, no tendr�n derecho a la dieta correspondiente al d�a en que falten. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 65. El Congreso se reunir� a partir del 1o. de septiembre de cada a�o para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la Rep�blica inicie su encargo en la fecha prevista en el art�culo 83 de esta Constituci�n, en cuyo caso se reunir� a partir del 1o. de agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. P�rrafo reformado DOF 03-09-1993, 02-08-2004, 10-02-2014 En ambos Per�odos de Sesiones el Congreso se ocupar� del estudio, discusi�n y votaci�n de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resoluci�n de los dem�s asuntos que le correspondan conforme a esta Constituci�n. En cada Per�odo de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupar� de manera preferente de los asuntos que se�ale su Ley Org�nica. Art�culo reformado DOF 06-12-1977, 07-04-1986 Art�culo 66. Cada per�odo de sesiones ordinarias durar� el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el art�culo anterior. El primer per�odo no podr� prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo a�o, excepto cuando el Presidente de la Rep�blica inicie su encargo en la fecha prevista por el art�culo 83, en cuyo caso las sesiones podr�n extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo a�o. El segundo per�odo no podr� prolongarse m�s all� del 30 de abril del mismo a�o. P�rrafo reformado DOF 03-09-1993 Si las dos C�maras no estuvieren de acuerdo para poner t�rmino a las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolver� el Presidente de la Rep�blica. Art�culo reformado DOF 07-04-1986 Art�culo 67. El Congreso o una sola de las C�maras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunir�n en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisi�n Permanente; pero en ambos casos s�lo se ocupar�n del asunto o asuntos que la propia Comisi�n sometiese a su conocimiento, los cuales se expresar�n en la convocatoria respectiva. Art�culo reformado DOF 24-11-1923 Art�culo 68. Las dos C�maras residir�n en un mismo lugar y no podr�n trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslaci�n y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reuni�n de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslaci�n, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo terminar� la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuesti�n. Ninguna C�mara podr� suspender sus sesiones por m�s de tres d�as, sin consentimiento de la otra. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada a�o de ejercicio del Congreso, el Presidente de la Rep�blica presentar� un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administraci�n p�blica del pa�s. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Uni�n, o de una sola de sus c�maras, el Presidente de la Comisi�n Permanente informar� acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. Cada una de las C�maras realizar� el an�lisis del informe y podr� solicitar al Presidente de la Rep�blica ampliar la informaci�n mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecer�n y rendir�n informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regular�n el ejercicio de esta facultad. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 En el primer a�o de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la Rep�blica presentar� ante la C�mara de Senadores, para su aprobaci�n, la Estrategia Nacional de Seguridad P�blica e informar� anualmente sobre el estado que guarde. P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 Art�culo reformado DOF 24-11-1923, 07-04-1986, 15-08-2008 Art�culo 70. Toda resoluci�n del Congreso tendr� el car�cter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicar�n al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas C�maras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgar�n en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)". El Congreso expedir� la Ley que regular� su estructura y funcionamiento internos. P�rrafo adicionado DOF 06-12-1977 La ley determinar�, las formas y procedimientos para la agrupaci�n de los diputados, seg�n su afiliaci�n de partido, a efecto de garantizar la libre expresi�n de las corrientes ideol�gicas representadas en la C�mara de Diputados. P�rrafo adicionado DOF 06-12-1977 Esta ley no podr� ser vetada ni necesitar� de promulgaci�n del Ejecutivo Federal para tener vigencia. P�rrafo adicionado DOF 06-12-1977 Secci�n II De la Iniciativa y Formaci�n de las Leyes Art�culo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al Presidente de la Rep�blica; II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Uni�n; Fracci�n reformada DOF 09-08-2012 III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de M�xico; y Fracci�n reformada DOF 09-08-2012, 29-01-2016 IV. A los ciudadanos en un n�mero equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los t�rminos que se�alen las leyes. Fracci�n adicionada DOF 09-08-2012 La Ley del Congreso determinar� el tr�mite que deba darse a las iniciativas. P�rrafo reformado DOF 17-08-2011, 09-08-2012 El d�a de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la Rep�blica podr� presentar hasta dos iniciativas para tr�mite preferente, o se�alar con tal car�cter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando est�n pendientes de dictamen. Cada iniciativa deber� ser discutida y votada por el Pleno de la C�mara de su origen en un plazo m�ximo de treinta d�as naturales. Si no fuere as�, la iniciativa, en sus t�rminos y sin mayor tr�mite, ser� el primer asunto que deber� ser discutido y votado en la siguiente sesi�n del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la C�mara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasar� de inmediato a la C�mara revisora, la cual deber� discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes se�aladas. P�rrafo adicionado DOF 09-08-2012 No podr�n tener car�cter preferente las iniciativas de adici�n o reforma a esta Constituci�n. P�rrafo adicionado DOF 09-08-2012 Art�culo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resoluci�n no sea exclusiva de alguna de las C�maras, se discutir� sucesivamente en ambas, observ�ndose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: P�rrafo reformado DOF 17-08-2011 A. Aprobado un proyecto en la C�mara de su origen, pasar� para su discusi�n a la otra. Si �sta lo aprobare, se remitir� al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicar� inmediatamente. B. Se reputar� aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la C�mara de su origen dentro de los treinta d�as naturales siguientes a su recepci�n; vencido este plazo el Ejecutivo dispondr� de diez d�as naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto ser� considerado promulgado y el Presidente de la C�mara de origen ordenar� dentro de los diez d�as naturales siguientes su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracci�n no se interrumpir�n si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devoluci�n deber� hacerse a la Comisi�n Permanente. Inciso reformado DOF 17-08-2011 C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, ser� devuelto, con sus observaciones, a la C�mara de su origen. Deber� ser discutido de nuevo por �sta,, (sic DOF 05-02-1917) y si fuese confirmado por las dos terceras partes del n�mero total de votos, pasar� otra vez a la C�mara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayor�a, el proyecto ser� ley o decreto y volver� al Ejecutivo para su promulgaci�n. Las votaciones de ley o decreto, ser�n nominales. D. Si alg�n proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la C�mara de revisi�n, volver� a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayor�a absoluta de los miembros presentes, volver� a la C�mara que lo desech�, la cual lo tomar� otra vez en consideraci�n, y si lo aprobare por la misma mayor�a, pasar� al Ejecutivo para los efectos de la fracci�n A; pero si lo reprobase, no podr� volver a presentarse en el mismo per�odo de sesiones. E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la C�mara revisora, la nueva discusi�n de la C�mara de su origen versar� �nicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los art�culos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara revisora fuesen aprobadas por la mayor�a absoluta de los votos presentes en la C�mara de su origen, se pasar� todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracci�n A. Si las adiciones o reformas hechas por la C�mara revisora fueren reprobadas por la mayor�a de votos en la C�mara de su origen, volver�n a aquella para que tome en consideraci�n las razones de �sta, y si por mayor�a absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisi�n dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas C�maras, se pasar� al Ejecutivo para los efectos de la fracci�n A. Si la C�mara revisora insistiere, por la mayor�a absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volver� a presentarse sino hasta el siguiente per�odo de sesiones, a no ser que ambas C�maras acuerden, por la mayor�a absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto s�lo con los art�culos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votaci�n en las sesiones siguientes. F. En la interpretaci�n, reforma o derogaci�n de las leyes o decretos, se observar�n los mismos tr�mites establecidos para su formaci�n. G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la C�mara de su origen, no podr� volver a presentarse en las sesiones del a�o. H. La formaci�n de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos C�maras, con excepci�n de los proyectos que versaren sobre empr�stitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deber�n discutirse primero en la C�mara de Diputados. I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutir�n preferentemente en la C�mara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisi�n dictaminadora sin que �sta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra C�mara. I (sic DOF 24-11-1923). El Ejecutivo de la Uni�n no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las C�maras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la C�mara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federaci�n por delitos oficiales. Tampoco podr� hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisi�n Permanente. Inciso reformado DOF 24-11-1923 Secci�n III De las Facultades del Congreso Art�culo 73. El Congreso tiene facultad: P�rrafo reformado DOF 24-10-1942, 10-02-1944 I. Para admitir nuevos Estados a la Uni�n Federal; Fracci�n reformada DOF 08-10-1974 II. Derogada. Fracci�n derogada DOF 08-10-1974 III. Para formar nuevos Estados dentro de los l�mites de los existentes, siendo necesario al efecto: 1o. Que la fracci�n o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una poblaci�n de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia pol�tica. 3o. Que sean o�das las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erecci�n del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el d�a en que se les remita la comunicaci�n respectiva. Numeral reformado DOF 29-01-2016 4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federaci�n, el cual enviar� su informe dentro de siete d�as contados desde la fecha en que le sea pedido. 5o. Que sea votada la erecci�n del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas C�maras. 6o. Que la resoluci�n del Congreso sea ratificada por la mayor�a de las Legislaturas de las entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate. Numeral reformado DOF 29-01-2016 7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificaci�n de que habla la fracci�n anterior, deber� ser hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las dem�s entidades federativas. Numeral reformado DOF 29-01-2016 IV. Derogada. Fe de erratas a la fracci�n DOF 06-02-1917. Derogada DOF 08-12-2005 V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federaci�n. VI. Derogada; Fracci�n reformada DOF 20-08-1928 (2 reformas), 15-12-1934, 14-12-1940, 21-09-1944, 19-02-1951. Fe de erratas DOF 14-03-1951. Reformada DOF 08-10-1974, 06-12-1977, 28-12-1982, 10-08-1987, 06-04-1990, 25-10-1993. Derogada DOF 22-08-1996 VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. VIII. En materia de deuda p�blica, para: 1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empr�stitos y otorgar garant�as sobre el cr�dito de la Naci�n, para aprobar esos mismos empr�stitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ning�n empr�stito podr� celebrarse sino para la ejecuci�n de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos p�blicos o, en t�rminos de la ley de la materia, los que se realicen con prop�sitos de regulaci�n monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deber�n realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; as� como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la Rep�blica en los t�rminos del art�culo 29. 2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deber�n incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector p�blico, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informar� anualmente al Congreso de la Uni�n sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le har� llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno informar� igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta p�blica. 3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los l�mites y modalidades bajo los cuales dichos �rdenes de gobierno podr�n afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empr�stitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligaci�n de dichos �rdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empr�stitos y obligaciones de pago en un registro p�blico �nico, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; as� como las sanciones aplicables a los servidores p�blicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deber�n discutirse primero en la C�mara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracci�n H del art�culo 72 de esta Constituci�n. 4o. El Congreso de la Uni�n, a trav�s de la comisi�n legislativa bicameral competente, analizar� la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas p�blicas de los Estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para obtener garant�as y, en su caso, emitir� las observaciones que estime pertinentes en un plazo m�ximo de quince d�as h�biles, inclusive durante los per�odos de receso del Congreso de la Uni�n. Lo anterior aplicar� en el caso de los Estados que tengan niveles elevados de deuda en los t�rminos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripci�n del convenio correspondiente, ser� informado de la estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, as� como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un nivel elevado de deuda; Fracci�n reformada DOF 30-12-1946, 25-10-1993, 26-05-2015 IX. Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. Fracci�n reformada DOF 24-10-1942, 29-01-2016 X. Para legislar en toda la Rep�blica sobre hidrocarburos, miner�a, sustancias qu�micas, explosivos, pirotecnia, industria cinematogr�fica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediaci�n y servicios financieros, energ�a el�ctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del art�culo 123; Fracci�n reformada DOF 06-09-1929, 27-04-1933, 18-01-1934, 18-01-1935, 14-12-1940, 24-10-1942, 18-11-1942, 29-12-1947, 06-02-1975, 17-11-1982, 20-08-1993, 20-07-2007 XI. Para crear y suprimir empleos p�blicos de la Federaci�n y se�alar, aumentar o disminuir sus dotaciones. XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. XIII. Para dictar leyes seg�n las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho mar�timo de paz y guerra. Fracci�n reformada DOF 21-10-1966. Fe de erratas DOF 22-10-1966 XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Uni�n, a saber: Ej�rcito, Marina de Guerra y Fuerza A�rea Nacionales, y para reglamentar su organizaci�n y servicio. Fracci�n reformada DOF 10-02-1944 XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reserv�ndose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condici�n jur�dica de los extranjeros, ciudadan�a, naturalizaci�n, colonizaci�n, emigraci�n e inmigraci�n y salubridad general de la Rep�blica. P�rrafo reformado DOF 18-01-1934 1a. El Consejo de Salubridad General depender� directamente del Presidente de la Rep�blica, sin intervenci�n de ninguna Secretar�a de Estado, y sus disposiciones generales ser�n obligatorias en el pa�s. 2a. En caso de epidemias de car�cter grave o peligro de invasi�n de enfermedades ex�ticas en el pa�s, la Secretar�a de Salud tendr� obligaci�n de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser despu�s sancionadas por el Presidente de la Rep�blica. Base reformada DOF 02-08-2007 3a. La autoridad sanitaria ser� ejecutiva y sus disposiciones ser�n obedecidas por las autoridades administrativas del Pa�s. 4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campa�a contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, as� como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminaci�n ambiental, ser�n despu�s revisadas por el Congreso de la Uni�n en los casos que le competan. Base reformada DOF 06-07-1971 XVII. Para dictar leyes sobre v�as generales de comunicaci�n, tecnolog�as de la informaci�n y la comunicaci�n, radiodifusi�n, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicci�n federal. Fracci�n reformada DOF 11-06-2013 XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que �sta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas; Fracci�n reformada DOF 17-11-1982 XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupaci�n y enajenaci�n de terrenos bald�os y el precio de estos. XX. Para expedir las leyes de organizaci�n del Cuerpo Diplom�tico y del Cuerpo Consular mexicano. XXI. Para expedir: a) Las leyes generales que establezcan como m�nimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparici�n forzada de personas, otras formas de privaci�n de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, as� como electoral. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014, 10-07-2015 Las leyes generales contemplar�n tambi�n la distribuci�n de competencias y las formas de coordinaci�n entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios; P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 b) La legislaci�n que establezca los delitos y las faltas contra la Federaci�n y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; as� como legislar en materia de delincuencia organizada; c) La legislaci�n �nica en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de soluci�n de controversias en materia penal, de ejecuci�n de penas y de justicia penal para adolescentes, que regir� en la Rep�blica en el orden federal y en el fuero com�n. Inciso reformado DOF 02-07-2015, 05-02-2017 Las autoridades federales podr�n conocer de los delitos del fuero com�n, cuando �stos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la informaci�n o las libertades de expresi�n o imprenta. En las materias concurrentes previstas en esta Constituci�n, las leyes federales establecer�n los supuestos en que las autoridades del fuero com�n podr�n conocer y resolver sobre delitos federales; Fracci�n reformada DOF 03-07-1996, 28-11-2005, 18-06-2008, 04-05-2009, 14-07-2011, 25-06-2012, 08-10-2013 XXII. Para conceder amnist�as por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federaci�n. XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinaci�n entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, as� como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad p�blica en materia federal, de conformidad con lo establecido en el art�culo 21 de esta Constituci�n. Fracci�n derogada DOF 06-12-1977. Adicionada DOF 31-12-1994. Reformada DOF 18-06-2008, 29-01-2016 XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organizaci�n y facultades de la Auditor�a Superior de la Federaci�n y las dem�s que normen la gesti�n, control y evaluaci�n de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales; as� como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinaci�n del Sistema Nacional Anticorrupci�n a que se refiere el art�culo 113 de esta Constituci�n; Fracci�n reformada DOF 30-07-1999, 27-05-2015 XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en t�rminos del art�culo 3o. de esta Constituci�n; establecer, organizar y sostener en toda la Rep�blica escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigaci�n cient�fica, de bellas artes y de ense�anza t�cnica, escuelas pr�cticas de agricultura y de miner�a, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y dem�s institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la naci�n y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos f�siles y sobre monumentos arqueol�gicos, art�sticos e hist�ricos, cuya conservaci�n sea de inter�s nacional; as� como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la funci�n educativa y las aportaciones econ�micas correspondientes a ese servicio p�blico, buscando unificar y coordinar la educaci�n en toda la Rep�blica, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educaci�n y su mejora continua en un marco de inclusi�n y diversidad. Los T�tulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtir�n sus efectos en toda la Rep�blica. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; Fracci�n reformada DOF 08-07-1921. Recorrida (antes fracci�n XXVII) por derogaci�n de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928. Reformada DOF 13-12-1934, 13-01-1966, 21-09-2000, 30-04-2009, 26-02-2013, 29-01-2016 XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la Rep�blica y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la Rep�blica, ya sea con el car�cter de interino o substituto, en los t�rminos de los art�culos 84 y 85 de esta Constituci�n; Fracci�n recorrida (antes fracci�n XXVIII) por derogaci�n de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928. Reformada DOF 29-04-1933, 09-08-2012 XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la Rep�blica. Fracci�n recorrida (antes fracci�n XXIX) por derogaci�n de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928 XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regir�n la contabilidad p�blica y la presentaci�n homog�nea de informaci�n financiera, de ingresos y egresos, as� como patrimonial, para la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, a fin de garantizar su armonizaci�n a nivel nacional; Fracci�n recorrida (antes fracci�n XXX) por derogaci�n de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928. Derogada DOF 06-12-1977. Adicionada DOF 07-05-2008. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX. Para establecer contribuciones: 1o. Sobre el comercio exterior; 2o. Sobre el aprovechamiento y explotaci�n de los recursos naturales comprendidos en los p�rrafos 4� y 5� del art�culo 27; 3o. Sobre instituciones de cr�dito y sociedades de seguros; 4o. Sobre servicios p�blicos concesionados o explotados directamente por la Federaci�n; y 5o. Especiales sobre: a) Energ�a el�ctrica; b) Producci�n y consumo de tabacos labrados; c) Gasolina y otros productos derivados del petr�leo; d) Cerillos y f�sforos; e) Aguamiel y productos de su fermentaci�n; y f) Explotaci�n forestal. g) Producci�n y consumo de cerveza. Inciso adicionado DOF 10-02-1949 Las entidades federativas participar�n en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporci�n que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijar�n el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energ�a el�ctrica. Fracci�n recorrida (antes fracci�n XXXI) por derogaci�n de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928. Fracci�n reformada DOF 24-10-1942 XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de soluci�n de controversias, con excepci�n de la materia penal; Fracci�n adicionada DOF 05-02-2017 XXIX-B. Para legislar sobre las caracter�sticas y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales. Fracci�n adicionada DOF 24-10-1967 XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n; Fracci�n adicionada DOF 06-02-1976. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeaci�n nacional del desarrollo econ�mico y social, as� como en materia de informaci�n estad�stica y geogr�fica de inter�s nacional; Fracci�n adicionada DOF 03-02-1983. Reformada DOF 07-04-2006 XXIX-E. Para expedir leyes para la programaci�n, promoci�n, concertaci�n y ejecuci�n de acciones de orden econ�mico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producci�n suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. Fracci�n adicionada DOF 03-02-1983 XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoci�n de la inversi�n mexicana, la regulaci�n de la inversi�n extranjera, la transferencia de tecnolog�a y la generaci�n, difusi�n y aplicaci�n de los conocimientos cient�ficos y tecnol�gicos que requiere el desarrollo nacional. Fracci�n adicionada DOF 03-02-1983 XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de protecci�n al ambiente y de preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico. Fracci�n adicionada DOF 10-08-1987. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonom�a para dictar sus fallos, y que establezca su organizaci�n, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. El Tribunal tendr� a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administraci�n p�blica federal y los particulares. Asimismo, ser� el �rgano competente para imponer las sanciones a los servidores p�blicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, as� como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los da�os y perjuicios que afecten a la Hacienda P�blica Federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales. El Tribunal funcionar� en Pleno o en Salas Regionales. La Sala Superior del Tribunal se compondr� de diecis�is Magistrados y actuar� en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponder� la resoluci�n de los procedimientos a que se refiere el p�rrafo tercero de la presente fracci�n. Los Magistrados de la Sala Superior ser�n designados por el Presidente de la Rep�blica y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la Rep�blica o, en sus recesos, por la Comisi�n Permanente. Durar�n en su encargo quince a�os improrrogables. Los Magistrados de Sala Regional ser�n designados por el Presidente de la Rep�blica y ratificados por mayor�a de los miembros presentes del Senado de la Rep�blica o, en sus recesos, por la Comisi�n Permanente. Durar�n en su encargo diez a�os pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos. Los Magistrados s�lo podr�n ser removidos de sus cargos por las causas graves que se�ale la ley. Fracci�n adicionada DOF 10-08-1987. Reformada DOF 25-10-1993, 28-06-1999, 04-12-2006, 27-05-2015 XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias, coordinar�n sus acciones en materia de protecci�n civil; Fracci�n adicionada DOF 28-06-1999. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX-J. Para legislar en materia de cultura f�sica y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el art�culo 4o. de esta Constituci�n, estableciendo la concurrencia entre la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias; as� como la participaci�n de los sectores social y privado; Fracci�n adicionada DOF 28-06-1999. Reformada DOF 12-10-2011, 29-01-2016 XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinaci�n de las facultades concurrentes entre la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias, as� como la participaci�n de los sectores social y privado; Fracci�n adicionada DOF 29-09-2003. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, as� como la participaci�n de los sectores social y privado, y Fracci�n adicionada DOF 27-09-2004 XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y l�mites a las investigaciones correspondientes. Fracci�n adicionada DOF 05-04-2004 XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constituci�n, organizaci�n, funcionamiento y extinci�n de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecer�n las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federaci�n, entidades federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias; Fracci�n adicionada DOF 15-08-2007. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX-�. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias, coordinar�n sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracci�n XXV de este art�culo. Asimismo, establecer�n los mecanismos de participaci�n de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el p�rrafo d�cimo segundo del art�culo 4o. de esta Constituci�n. Fracci�n adicionada DOF 30-04-2009. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX-O. Para legislar en materia de protecci�n de datos personales en posesi�n de particulares. Fracci�n adicionada DOF 30-04-2009 XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de ni�as, ni�os y adolescentes, velando en todo momento por el inter�s superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que M�xico sea parte; Fracci�n adicionada DOF 12-10-2011. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX-Q. Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. Fracci�n adicionada DOF 09-08-2012 XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organizaci�n y el funcionamiento de los registros civiles, los registros p�blicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales; Fracci�n adicionada DOF 27-12-2013. Reformada DOF 05-02-2017 XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la informaci�n y protecci�n de datos personales en posesi�n de las autoridades, entidades, �rganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno. Fracci�n adicionada DOF 07-02-2014 XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organizaci�n y administraci�n homog�nea de los archivos de la Federaci�n, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, y determine las bases de organizaci�n y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Fracci�n adicionada DOF 07-02-2014. Reformada DOF 29-01-2016 XXIX-U. Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federaci�n y las entidades federativas en materias de partidos pol�ticos; organismos electorales, y procesos electorales, conforme a las bases previstas en esta Constituci�n. Fracci�n adicionada DOF 10-02-2014 XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los �rdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que �stos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, as� como los procedimientos para su aplicaci�n. Fracci�n adicionada DOF 27-05-2015 XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas p�blicas en la Federaci�n, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el p�rrafo segundo del art�culo 25; Fracci�n adicionada DOF 26-05-2015 XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federaci�n, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las v�ctimas. Fracci�n adicionada DOF 25-07-2016 XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deber�n sujetarse los �rdenes de gobierno, en el �mbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria; Fracci�n adicionada DOF 05-02-2017 XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deber�n sujetarse los �rdenes de gobierno, en el �mbito de su respectiva competencia, en materia de justicia c�vica e itinerante, y Fracci�n adicionada DOF 05-02-2017 XXX. Para expedir la legislaci�n �nica en materia procesal civil y familiar; Fracci�n adicionada DOF 15-09-2017 XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constituci�n a los Poderes de la Uni�n. Fracci�n adicionada DOF 24-10-1942. Recorrida DOF 15-09-2017 Reforma DOF 20-08-1928: Elimin� del art�culo las entonces fracciones XXV y XXVI Art�culo 74. Son facultades exclusivas de la C�mara de Diputados: I. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Rep�blica la declaraci�n de Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n; Fracci�n reformada DOF 06-07-1971, 08-10-1974, 03-09-1993, 22-08-1996 II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonom�a t�cnica y de gesti�n, el desempe�o de las funciones de la Auditor�a Superior de la Federaci�n, en los t�rminos que disponga la ley; Fracci�n reformada DOF 30-07-1999, 27-05-2015 III. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la Rep�blica haga del Secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalici�n, en cuyo caso se estar� a lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 76 de esta Constituci�n; as� como de los dem�s empleados superiores de Hacienda; Fracci�n derogada DOF 30-07-1999. Adicionada DOF 10-02-2014 IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, previo examen, discusi�n y, en su caso, modificaci�n del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podr� autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversi�n en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deber�n incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. P�rrafo reformado DOF 25-10-1993, 30-07-2004, 07-05-2008 El Ejecutivo Federal har� llegar a la C�mara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n a m�s tardar el d�a 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La C�mara de Diputados deber� aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n a m�s tardar el d�a 15 del mes de noviembre. P�rrafo reformado DOF 17-11-1982, 25-10-1993, 30-07-2004 Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el art�culo 83, el Ejecutivo Federal har� llegar a la C�mara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n a m�s tardar el d�a 15 del mes de noviembre. P�rrafo adicionado DOF 30-07-2004. Reformado DOF 10-02-2014 No podr� haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese car�cter, en el mismo presupuesto; las que emplear�n los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la Rep�blica. S�lo se podr� ampliar el plazo de presentaci�n de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la C�mara o de la Comisi�n Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; P�rrafo reformado DOF 25-10-1993, 07-05-2008 Fracci�n reformada DOF 06-12-1977 Reforma DOF 07-05-2008: Derog� de esta fracci�n los entonces p�rrafos quinto, sexto (antes reformado por DOF 30-07-1999) y s�ptimo (antes reformado por DOF 17-03-1987) V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores p�blicos que hubieren incurrido en delito en los t�rminos del art�culo 111 de esta Constituci�n. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores p�blicos a que se refiere el art�culo 110 de esta Constituci�n y fungir como �rgano de acusaci�n en los juicios pol�ticos que contra �stos se instauren. Fracci�n reformada DOF 28-12-1982 VI. Revisar la Cuenta P�blica del a�o anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gesti�n financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios se�alados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La revisi�n de la Cuenta P�blica la realizar� la C�mara de Diputados a trav�s de la Auditor�a Superior de la Federaci�n. Si del examen que �sta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relaci�n a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificaci�n en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinar�n las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisi�n sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad s�lo podr� emitir las recomendaciones para la mejora en el desempe�o de los mismos, en los t�rminos de la Ley. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 La Cuenta P�blica del ejercicio fiscal correspondiente deber� ser presentada a la C�mara de Diputados a m�s tardar el 30 de abril del a�o siguiente. S�lo se podr� ampliar el plazo de presentaci�n en los t�rminos de la fracci�n IV, �ltimo p�rrafo, de este art�culo; la pr�rroga no deber� exceder de 30 d�as naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federaci�n contar� con el mismo tiempo adicional para la presentaci�n del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalizaci�n Superior de la Cuenta P�blica. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 La C�mara concluir� la revisi�n de la Cuenta P�blica a m�s tardar el 31 de octubre del a�o siguiente al de su presentaci�n, con base en el an�lisis de su contenido y en las conclusiones t�cnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalizaci�n Superior, a que se refiere el art�culo 79 de esta Constituci�n, sin menoscabo de que el tr�mite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditor�a Superior de la Federaci�n, seguir� su curso en t�rminos de lo dispuesto en dicho art�culo. P�rrafo reformado DOF 09-08-2012, 27-05-2015 La C�mara de Diputados evaluar� el desempe�o de la Auditor�a Superior de la Federaci�n y al efecto le podr� requerir que le informe sobre la evoluci�n de sus trabajos de fiscalizaci�n; P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 Fracci�n reformada DOF 20-08-1928, 08-10-1974. Derogada DOF 10-08-1987. Adicionada DOF 07-05-2008 VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la C�mara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entender� aprobado; Fracci�n adicionada DOF 20-08-1928. Derogada DOF 28-12-1982. Adicionada DOF 10-02-2014 VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los �rganos internos de control de los organismos con autonom�a reconocida en esta Constituci�n que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, y Fracci�n adicionada DOF 27-05-2015 IX. Las dem�s que le confiere expresamente esta Constituci�n. Fracci�n adicionada DOF 20-08-1928. Recorrida DOF 27-05-2015 Art�culo 75. La C�mara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podr� dejar de se�alar la retribuci�n que corresponda a un empleo que est� establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneraci�n, se entender� por se�alada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableci� el empleo. En todo caso, dicho se�alamiento deber� respetar las bases previstas en el art�culo 127 de esta Constituci�n y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. P�rrafo adicionado DOF 24-08-2009 Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, as� como los organismos con autonom�a reconocida en esta Constituci�n que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, deber�n incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores p�blicos. Estas propuestas deber�n observar el procedimiento que para la aprobaci�n del presupuesto de egresos, prev� el art�culo 74 fracci�n IV de esta Constituci�n y dem�s disposiciones legales aplicables. P�rrafo adicionado DOF 24-08-2009 Art�culo 76. Son facultades exclusivas del Senado: I. Analizar la pol�tica exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la Rep�blica y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. Adem�s, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplom�ticas que el Ejecutivo Federal suscriba, as� como su decisi�n de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; Fracci�n reformada DOF 06-12-1977, 12-02-2007 II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que �ste opte por un gobierno de coalici�n, con excepci�n de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y c�nsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los �rganos colegiados encargados de la regulaci�n en materia de telecomunicaciones, energ�a, competencia econ�mica, y coroneles y dem�s jefes superiores del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales, en los t�rminos que la ley disponga; Fracci�n reformada DOF 10-02-1944, 31-12-1994, 09-08-2012, 10-02-2014, 27-05-2015 III. Autorizarlo tambi�n para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los l�mites del Pa�s, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estaci�n de escuadras de otra potencia, por m�s de un mes, en aguas mexicanas. IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la Rep�blica pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria. Fracci�n reformada DOF 08-10-1974, 29-01-2016 V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien convocar� a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El nombramiento del titular del poder ejecutivo local se har� por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la Rep�blica con aprobaci�n de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisi�n Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario as� nombrado, no podr� ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que �l expidiere. Esta disposici�n regir� siempre que las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 VI. Resolver las cuestiones pol�ticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado dictar� su resoluci�n, sujet�ndose a la Constituci�n General de la Rep�blica y a la de la entidad federativa. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 La ley reglamentar� el ejercicio de esta facultad y el de la anterior. Fracci�n reubicada por aplicaci�n de la reforma DOF 20-08-1928 VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio pol�tico de las faltas u omisiones que cometan los servidores p�blicos y que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales y de su buen despacho, en los t�rminos del art�culo 110 de esta Constituci�n. Fracci�n reformada DOF 28-12-1982 VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de entre la terna que someta a su consideraci�n el Presidente de la Rep�blica, as� como otorgar o negar su aprobaci�n a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario; Fracci�n reformada DOF 20-08-1928, 31-12-1994 IX. Se deroga. Fracci�n adicionada DOF 20-08-1928. Derogada DOF 28-12-1982. Adicionada DOF 25-10-1993. Derogada DOF 29-01-2016 X. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos l�mites celebren las entidades federativas; Fracci�n adicionada DOF 08-12-2005 XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad P�blica en el plazo que disponga la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, �sta se entender� aprobada; Fracci�n adicionada DOF 08-12-2005. Derogada DOF 15-10-2012. Adicionada DOF 10-02-2014 XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n, en los t�rminos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y Fracci�n adicionada DOF 07-02-2014 XIII. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la Rep�blica; nombrar a dicho servidor p�blico, y formular objeci�n a la remoci�n que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el art�culo 102, Apartado A, de esta Constituci�n, y Fracci�n adicionada DOF 10-02-2014 XIV. Las dem�s que la misma Constituci�n le atribuya. Fracci�n adicionada DOF 20-08-1928. Reformada y recorrida DOF 08-12-2005. Recorrida DOF 07-02-2014, 10-02-2014 Art�culo 77. Cada una de las C�maras puede, sin intervenci�n de la otra: I. Dictar resoluciones econ�micas relativas a su r�gimen interior. II. Comunicarse en la C�mara colegisladora y con el Ejecutivo de la Uni�n, por medio de comisiones de su seno. III. Nombrar los empleados de su secretar�a y hacer el reglamento interior de la misma. IV. Expedir convocatoria, dentro del t�rmino de 30 d�as a partir de que ocurra la vacante, para elecciones extraordinarias que deber�n celebrarse dentro de los 90 d�as siguientes, con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el art�culo 63 de esta Constituci�n, en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Uni�n por el principio de mayor�a relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del a�o final del ejercicio del legislador correspondiente. Fracci�n reformada DOF 15-12-1986, 29-10-2003 Secci�n IV De la Comisi�n Permanente Art�culo 78. Durante los recesos del Congreso de la Uni�n habr� una Comisi�n Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 ser�n Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas C�maras la v�spera de la clausura de los per�odos ordinarios de sesiones. Para cada titular las C�maras nombrar�n, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. La Comisi�n Permanente, adem�s de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constituci�n, tendr� las siguientes: I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el art�culo 76 fracci�n IV; II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la Rep�blica; III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Uni�n las iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que env�e el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las C�maras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la C�mara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; Fracci�n reformada DOF 17-08-2011 IV. Acordar por s� o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola C�mara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria se�alar� el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio Electoral y designe presidente interino o substituto, la aprobaci�n de la convocatoria se har� por mayor�a; Fracci�n reformada DOF 09-08-2012 V. Se deroga. Fracci�n derogada DOF 10-02-2014 VI. Conceder licencia hasta por sesenta d�as naturales al Presidente de la Rep�blica; Fracci�n reformada DOF 09-08-2012 VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, c�nsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del �rgano colegiado encargado de la regulaci�n en materia de energ�a, coroneles y dem�s jefes superiores del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales, en los t�rminos que la ley disponga, y Fracci�n reformada DOF 09-08-2012, 11-06-2013 VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores. P�rrafo con fracciones adicionado DOF 30-07-1999 Art�culo reformado DOF 29-12-1980, 10-08-1987 Secci�n V De la Fiscalizaci�n Superior de la Federaci�n Secci�n adicionada DOF 30-07-1999 Art�culo 79. La Auditor�a Superior de la Federaci�n de la C�mara de Diputados, tendr� autonom�a t�cnica y de gesti�n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, en los t�rminos que disponga la ley. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 La funci�n de fiscalizaci�n ser� ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. P�rrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 27-05-2015 La Auditor�a Superior de la Federaci�n podr� iniciar el proceso de fiscalizaci�n a partir del primer d�a h�bil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deber�n referirse a la informaci�n definitiva presentada en la Cuenta P�blica. P�rrafo adicionado DOF 27-05-2015 Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeaci�n de las auditor�as, la Auditor�a Superior de la Federaci�n podr� solicitar informaci�n del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. P�rrafo adicionado DOF 27-05-2015 La Auditor�a Superior de la Federaci�n tendr� a su cargo: P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garant�as que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empr�stitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicaci�n de fondos y recursos de los Poderes de la Uni�n y de los entes p�blicos federales, as� como realizar auditor�as sobre el desempe�o en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a trav�s de los informes que se rendir�n en los t�rminos que disponga la Ley. P�rrafo reformado DOF 26-05-2015 Tambi�n fiscalizar� directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico. En los t�rminos que establezca la ley fiscalizar�, en coordinaci�n con las entidades locales de fiscalizaci�n o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empr�stitos cuenten con la garant�a de la Federaci�n, fiscalizar� el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizar� los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona f�sica o moral, p�blica o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, p�blicos o privados, o cualquier otra figura jur�dica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. P�rrafo reformado DOF 26-05-2015, 27-05-2015, 29-01-2016 Las entidades fiscalizadas a que se refiere el p�rrafo anterior deber�n llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federaci�n que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. La Auditor�a Superior de la Federaci�n podr� solicitar y revisar, de manera casu�stica y concreta, informaci�n de ejercicios anteriores al de la Cuenta P�blica en revisi�n, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta P�blica del ejercicio al que pertenece la informaci�n solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogaci�n, contenidos en el presupuesto en revisi�n abarque para su ejecuci�n y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditor�a Superior de la Federaci�n emita, s�lo podr�n referirse al ejercicio de los recursos p�blicos de la Cuenta P�blica en revisi�n. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 Sin perjuicio de lo previsto en el p�rrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditor�a Superior de la Federaci�n, previa autorizaci�n de su Titular, podr� revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, as� como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionar�n la informaci�n que se solicite para la revisi�n, en los plazos y t�rminos se�alados por la Ley y, en caso de incumplimiento, ser�n aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditor�a Superior de la Federaci�n rendir� un informe espec�fico a la C�mara de Diputados y, en su caso, promover� las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n o las autoridades competentes; P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 Fracci�n reformada DOF 07-05-2008 II. Entregar a la C�mara de Diputados, el �ltimo d�a h�bil de los meses de junio y octubre, as� como el 20 de febrero del a�o siguiente al de la presentaci�n de la Cuenta P�blica, los informes individuales de auditor�a que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta �ltima fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalizaci�n Superior de la Cuenta P�blica, el cual se someter� a la consideraci�n del Pleno de dicha C�mara. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales ser�n de car�cter p�blico y tendr�n el contenido que determine la ley; estos �ltimos incluir�n como m�nimo el dictamen de su revisi�n, un apartado espec�fico con las observaciones de la Auditor�a Superior de la Federaci�n, as� como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. Para tal efecto, de manera previa a la presentaci�n del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditor�a, se dar�n a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisi�n, a efecto de que �stas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deber�n ser valoradas por la Auditor�a Superior de la Federaci�n para la elaboraci�n de los informes individuales de auditor�a. El titular de la Auditor�a Superior de la Federaci�n enviar� a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditor�a que les corresponda, a m�s tardar a los 10 d�as h�biles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditor�a respectivo a la C�mara de Diputados, mismos que contendr�n las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 d�as h�biles, presenten la informaci�n y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se har�n acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicar� a las promociones de responsabilidades ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales se sujetar�n a los procedimientos y t�rminos que establezca la Ley. La Auditor�a Superior de la Federaci�n deber� pronunciarse en un plazo de 120 d�as h�biles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendr�n por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deber�n precisar ante la Auditor�a Superior de la Federaci�n las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. La Auditor�a Superior de la Federaci�n deber� entregar a la C�mara de Diputados, los d�as 1 de los meses de mayo y noviembre de cada a�o, un informe sobre la situaci�n que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditor�a que haya presentado en los t�rminos de esta fracci�n. En dicho informe, el cual tendr� car�cter p�blico, la Auditor�a incluir� los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda P�blica Federal o al patrimonio de los entes p�blicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalizaci�n, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Auditor�a Superior de la Federaci�n deber� guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditor�a y el Informe General Ejecutivo a la C�mara de Diputados a que se refiere esta fracci�n; la Ley establecer� las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposici�n; Fracci�n reformada DOF 07-05-2008, 27-05-2015 III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta il�cita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci�n de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, �nicamente para exigir la exhibici�n de libros, papeles o archivos indispensables para la realizaci�n de sus investigaciones, sujet�ndose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, y IV. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n, para la imposici�n de las sanciones que correspondan a los servidores p�blicos federales y, en el caso del p�rrafo segundo de la fracci�n I de este art�culo, a los servidores p�blicos de los estados, municipios, del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los particulares. Fracci�n reformada DOF 07-05-2008, 27-05-2015 La C�mara de Diputados designar� al titular de la Auditor�a Superior de la Federaci�n por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinar� el procedimiento para su designaci�n. Dicho titular durar� en su encargo ocho a�os y podr� ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podr� ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley se�ale, con la misma votaci�n requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el T�tulo Cuarto de esta Constituci�n. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 Para ser titular de la Auditor�a Superior de la Federaci�n se requiere cumplir, adem�s de los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del art�culo 95 de esta Constituci�n, los que se�ale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podr� formar parte de ning�n partido pol�tico, ni desempe�ar otro empleo, cargo o comisi�n, salvo los no remunerados en asociaciones cient�ficas, docentes, art�sticas o de beneficencia. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 Los Poderes de la Uni�n, las entidades federativas y las dem�s entidades fiscalizadas facilitar�n los auxilios que requiera la Auditor�a Superior de la Federaci�n para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se har�n acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores p�blicos federales y locales, as� como cualquier entidad, persona f�sica o moral, p�blica o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jur�dica, que reciban o ejerzan recursos p�blicos federales, deber�n proporcionar la informaci�n y documentaci�n que solicite la Auditor�a Superior de la Federaci�n, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la informaci�n, los responsables ser�n sancionados en los t�rminos que establezca la Ley. P�rrafo reformado DOF 07-05-2008, 27-05-2015 El Poder Ejecutivo Federal aplicar� el procedimiento administrativo de ejecuci�n para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracci�n IV del presente art�culo. Art�culo reformado DOF 24-11-1923, 20-08-1928, 29-04-1933, 21-10-1966, 06-07-1971, 08-10-1974, 08-02-1985, 10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-1994, 30-07-1999 Cap�tulo III Del Poder Ejecutivo Art�culo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Uni�n en un solo individuo, que se denominar� "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 81. La elecci�n del Presidente ser� directa y en los t�rminos que disponga la ley electoral. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 82. Para ser Presidente se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el pa�s al menos durante veinte a�os. Fracci�n reformada DOF 01-07-1994 II. Tener 35 a�os cumplidos al tiempo de la elecci�n; III. Haber residido en el pa�s durante todo el a�o anterior al d�a de la elecci�n. La ausencia del pa�s hasta por treinta d�as, no interrumpe la residencia. Fracci�n reformada DOF 20-08-1993 IV. No pertenecer al estado eclesi�stico ni ser ministro de alg�n culto. V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ej�rcito, seis meses antes del d�a de la elecci�n. Fracci�n reformada DOF 08-01-1943 VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la Rep�blica, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del d�a de la elecci�n; y Fracci�n reformada DOF 08-01-1943, 08-10-1974, 19-06-2007, 10-02-2014, 29-01-2016 VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el art�culo 83. Art�culo reformado DOF 22-01-1927 Art�culo 83. El Presidente entrar� a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durar� en �l seis a�os. El ciudadano que haya desempe�ado el cargo de Presidente de la Rep�blica, electo popularmente, o con el car�cter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ning�n caso y por ning�n motivo podr� volver a desempe�ar ese puesto. Art�culo reformado DOF 22-01-1927, 24-01-1928, 29-04-1933, 09-08-2012, 10-02-2014 Art�culo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la Rep�blica, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deber� ocurrir en un t�rmino no mayor a sesenta d�as, el Secretario de Gobernaci�n asumir� provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no ser� aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del art�culo 82 de esta Constituci�n. Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podr� remover o designar a los Secretarios de Estado sin autorizaci�n previa de la C�mara de Senadores. Asimismo, entregar� al Congreso de la Uni�n un informe de labores en un plazo no mayor a diez d�as, contados a partir del momento en que termine su encargo. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros a�os del per�odo respectivo, si el Congreso de la Uni�n se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del n�mero total de los miembros de cada C�mara, se constituir� inmediatamente en Colegio Electoral y nombrar� en escrutinio secreto y por mayor�a absoluta de votos, un presidente interino, en los t�rminos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedir�, dentro de los diez d�as siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elecci�n del Presidente que deba concluir el per�odo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se se�ale para la realizaci�n de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El as� electo iniciar� su encargo y rendir� protesta ante el Congreso siete d�as despu�s de concluido el proceso electoral. Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisi�n Permanente lo convocar� inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los t�rminos del p�rrafo anterior. Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro �ltimos a�os del per�odo respectivo, si el Congreso de la Uni�n se encontrase en sesiones, designar� al presidente substituto que deber� concluir el per�odo, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisi�n Permanente lo convocar� inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. Art�culo reformado DOF 24-11-1923, 29-04-1933, 09-08-2012 Art�culo 85. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elecci�n no estuviese hecha o declarada v�lida, cesar� el Presidente cuyo periodo haya concluido y ser� presidente interino el que haya designado el Congreso, en los t�rminos del art�culo anterior. P�rrafo reformado DOF 13-11-2007, 09-08-2012 Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la Rep�blica, asumir� provisionalmente el cargo el Presidente de la C�mara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, conforme al art�culo anterior. P�rrafo reformado DOF 09-08-2012 Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta d�as naturales, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernaci�n asumir� provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. P�rrafo reformado DOF 09-08-2012 Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se proceder� como dispone el art�culo anterior. Fe de erratas al art�culo DOF 06-02-1917. Art�culo reformado DOF 29-04-1933 Art�culo 86. El cargo de Presidente de la Rep�blica s�lo es renunciable por causa grave, que calificar� el Congreso de la Uni�n, ante el que se presentar� la renuncia. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 87. El Presidente, al tomar posesi�n de su cargo, prestar� ante el Congreso de la Uni�n o ante la Comisi�n Permanente, en los recesos de aqu�l, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempe�ar leal y patri�ticamente el cargo de Presidente de la Rep�blica que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Uni�n; y si as� no lo hiciere que la Naci�n me lo demande." Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los t�rminos del p�rrafo anterior, lo har� de inmediato ante las Mesas Directivas de las C�maras del Congreso de la Uni�n. P�rrafo adicionado DOF 09-08-2012 En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Uni�n, ante la Comisi�n Permanente o ante las Mesas Directivas de las C�maras del Congreso de la Uni�n lo har� de inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. P�rrafo adicionado DOF 09-08-2012 Art�culo 88. El Presidente de la Rep�blica podr� ausentarse del territorio nacional hasta por siete d�as, informando previamente de los motivos de la ausencia a la C�mara de Senadores o a la Comisi�n Permanente en su caso, as� como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a siete d�as, se requerir� permiso de la C�mara de Senadores o de la Comisi�n Permanente. Art�culo reformado DOF 21-10-1966, 29-08-2008 Art�culo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: P�rrafo reformado DOF 10-08-1987, 25-10-1993, 12-02-2007 I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Uni�n, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, c�nsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los dem�s empleados de la Uni�n, cuyo nombramiento o remoci�n no est� determinado de otro modo en la Constituci�n o en las leyes; Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrar�n en funciones el d�a de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los t�rminos de esta Constituci�n, dejar�n de ejercer su encargo. P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 En los supuestos de la ratificaci�n de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalici�n, si la C�mara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupar� el cargo la persona que designe el Presidente de la Rep�blica; P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 Fracci�n reformada DOF 08-10-1974, 10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-1994, 09-08-2012 III. Nombrar, con aprobaci�n del Senado, a los embajadores, c�nsules generales, empleados superiores de Hacienda y a los integrantes de los �rganos colegiados encargados de la regulaci�n en materia de telecomunicaciones, energ�a y competencia econ�mica; Fracci�n reformada DOF 09-08-2012 IV. Nombrar, con aprobaci�n del Senado, los Coroneles y dem�s oficiales superiores del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales; Fracci�n reformada DOF 10-02-1944, 09-08-2012 V. Nombrar a los dem�s oficiales del Ej�rcito, Armada y Fuerza A�rea Nacionales, con arreglo a las leyes. Fracci�n reformada DOF 10-02-1944 VI. Preservar la seguridad nacional, en los t�rminos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ej�rcito, de la Armada y de la Fuerza A�rea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federaci�n. Fracci�n reformada DOF 10-02-1944, 05-04-2004 VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los t�rminos que previene la fracci�n IV del art�culo 76. VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Uni�n. IX. Intervenir en la designaci�n del Fiscal General de la Rep�blica y removerlo, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 102, Apartado A, de esta Constituci�n; Fracci�n derogada DOF 21-10-1966. Adicionada DOF 31-12-1994. Reformada DOF 10-02-2014 X. Dirigir la pol�tica exterior y celebrar tratados internacionales, as� como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, someti�ndolos a la aprobaci�n del Senado. En la conducci�n de tal pol�tica, el titular del Poder Ejecutivo observar� los siguientes principios normativos: la autodeterminaci�n de los pueblos; la no intervenci�n; la soluci�n pac�fica de controversias; la proscripci�n de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jur�dica de los Estados; la cooperaci�n internacional para el desarrollo; el respeto, la protecci�n y promoci�n de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; Fracci�n reformada DOF 11-05-1988, 12-02-2007, 10-06-2011 XI. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisi�n Permanente. Fracci�n reformada DOF 24-11-1923 XII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas mar�timas y fronterizas, y designar su ubicaci�n. XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales; Fracci�n reformada DOF 08-10-1974, 29-01-2016 XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de alg�n ramo de la industria. XVI. Cuando la C�mara de Senadores no est� en sesiones, el Presidente de la Rep�blica podr� hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobaci�n de la Comisi�n Permanente; Fracci�n reformada DOF 21-10-1966, 31-12-1994 XVII. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalici�n con uno o varios de los partidos pol�ticos representados en el Congreso de la Uni�n. El gobierno de coalici�n se regular� por el convenio y el programa respectivos, los cuales deber�n ser aprobados por mayor�a de los miembros presentes de la C�mara de Senadores. El convenio establecer� las causas de la disoluci�n del gobierno de coalici�n. Fracci�n reformada DOF 20-08-1928, 08-10-1974, 10-08-1987. Derogada DOF 25-10-1993. Adicionada DOF 10-02-2014 XVIII. Presentar a consideraci�n del Senado, la terna para la designaci�n de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobaci�n del propio Senado; Fracci�n adicionada DOF 20-08-1928. Reformada DOF 31-12-1994 XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n hechos por el Senado de la Rep�blica, en los t�rminos establecidos en esta Constituci�n y en la ley; Fracci�n adicionada DOF 20-08-1928. Derogada DOF 28-12-1982. Adicionada DOF 07-02-2014 XX. Las dem�s que le confiere expresamente esta Constituci�n. Fracci�n adicionada DOF 20-08-1928 Art�culo 90. La Administraci�n P�blica Federal ser� centralizada y paraestatal conforme a la Ley Org�nica que expida el Congreso, que distribuir� los negocios del orden administrativo de la Federaci�n que estar�n a cargo de las Secretar�as de Estado y definir� las bases generales de creaci�n de las entidades paraestatales y la intervenci�n del Ejecutivo Federal en su operaci�n. La (sic DOF 02-08-2007) leyes determinar�n las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre �stas y las Secretar�as de Estado. La funci�n de Consejero Jur�dico del Gobierno estar� a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley. P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 El Ejecutivo Federal representar� a la Federaci�n en los asuntos en que �sta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la funci�n de Consejero Jur�dico del Gobierno o de las Secretar�as de Estado, en los t�rminos que establezca la ley. P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 Art�culo reformado DOF 21-04-1981, 02-08-2007 Art�culo 91. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta a�os cumplidos. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y �rdenes del Presidente deber�n estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no ser�n obedecidos. Art�culo reformado DOF 21-04-1981, 02-08-2007 Art�culo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que est� abierto el periodo de sesiones ordinarias, dar�n cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. P�rrafo reformado DOF 02-08-2007 Cualquiera de las C�maras podr� convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, as� como a los titulares de los �rganos aut�nomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 02-08-2007, 15-08-2008, 10-02-2014 Las C�maras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, trat�ndose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participaci�n estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se har�n del conocimiento del Ejecutivo Federal. P�rrafo adicionado DOF 06-12-1977 Las C�maras podr�n requerir informaci�n o documentaci�n a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deber� ser respondida en un t�rmino no mayor a 15 d�as naturales a partir de su recepci�n. P�rrafo adicionado DOF 15-08-2008 El ejercicio de estas atribuciones se realizar� de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos. P�rrafo adicionado DOF 15-08-2008 Art�culo reformado DOF 31-01-1974 Cap�tulo IV Del Poder Judicial Art�culo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federaci�n en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 22-08-1996, 11-06-1999 La administraci�n, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federaci�n, con excepci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, estar�n a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los t�rminos que, conforme a las bases que se�ala esta Constituci�n, establezcan las leyes. P�rrafo adicionado DOF 11-06-1999 La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n se compondr� de once Ministros y funcionar� en Pleno o en Salas. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994 En los t�rminos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas ser�n p�blicas, y por excepci�n secretas en los casos en que as� lo exijan la moral o el inter�s p�blico. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, as� como las responsabilidades en que incurran los servidores p�blicos del Poder Judicial de la Federaci�n, se regir�n por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constituci�n establece. P�rrafo reformado DOF 22-08-1996 El Consejo de la Judicatura Federal determinar� el n�mero, divisi�n en circuitos, competencia territorial y especializaci�n por materias, entre las que se incluir� la de radiodifusi�n, telecomunicaciones y competencia econ�mica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 11-06-2013 Asimismo, mediante acuerdos generales establecer� Plenos de Circuito, atendiendo al n�mero y especializaci�n de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinar�n su integraci�n y funcionamiento. P�rrafo adicionado DOF 06-06-2011 El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estar� facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribuci�n entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, as� como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aqu�llos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartici�n de justicia. Dichos acuerdos surtir�n efectos despu�s de publicados. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 11-06-1999, 06-06-2011 Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciar�n y resolver�n de manera prioritaria cuando alguna de las C�maras del Congreso, a trav�s de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jur�dico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al inter�s social o al orden p�blico, en los t�rminos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. P�rrafo adicionado DOF 06-06-2011 La ley fijar� los t�rminos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n y los Plenos de Circuito sobre la interpretaci�n de la Constituci�n y normas generales, as� como los requisitos para su interrupci�n y sustituci�n. P�rrafo reformado DOF 06-06-2011 La remuneraci�n que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, as� como los Magistrados Electorales, no podr� ser disminuida durante su encargo. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 22-08-1996 Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durar�n en su encargo quince a�os, s�lo podr�n ser removidos del mismo en los t�rminos del T�tulo Cuarto de esta Constituci�n y, al vencimiento de su periodo, tendr�n derecho a un haber por retiro. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 06-06-2011 Ninguna persona que haya sido ministro podr� ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiera ejercido el cargo con el car�cter de provisional o interino. P�rrafo adicionado DOF 31-12-1994. Reformado DOF 06-06-2011 Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 15-12-1934, 21-09-1944, 19-02-1951. Fe de erratas DOF 14-03-1951. Reformado DOF 25-10-1967, 28-12-1982, 10-08-1987 Art�culo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, se necesita: P�rrafo reformado DOF 02-08-2007 I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos y civiles. II. Tener cuando menos treinta y cinco a�os cumplidos el d�a de la designaci�n; Fracci�n reformada DOF 15-12-1934, 31-12-1994 III. Poseer el d�a de la designaci�n, con antig�edad m�nima de diez a�os, t�tulo profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o instituci�n legalmente facultada para ello; Fracci�n reformada DOF 15-12-1934, 31-12-1994 IV. Gozar de buena reputaci�n y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de m�s de un a�o de prisi�n; pero si se tratare de robo, fraude, falsificaci�n, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto p�blico, inhabilitar� para el cargo, cualquiera que haya sido la pena. V. Haber residido en el pa�s durante los dos a�os anteriores al d�a de la designaci�n; y Fracci�n reformada DOF 31-12-1994 VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la Rep�blica, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el a�o previo al d�a de su nombramiento. Fracci�n adicionada DOF 31-12-1994. Reformada DOF 02-08-2007, 10-02-2014, 29-01-2016 Los nombramientos de los Ministros deber�n recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartici�n de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jur�dica. P�rrafo adicionado DOF 31-12-1994 Art�culo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la Rep�blica someter� una terna a consideraci�n del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designar� al Ministro que deba cubrir la vacante. La designaci�n se har� por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta d�as. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupar� el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la Rep�blica. En caso de que la C�mara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la Rep�blica someter� una nueva, en los t�rminos del p�rrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupar� el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la Rep�blica. Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 31-12-1994 Art�culo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito ser�n nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durar�n seis a�os en el ejercicio de su encargo, al t�rmino de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n podr� solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averig�e la conducta de alg�n juez o magistrado federal. P�rrafo reformado DOF 10-06-2011 La Suprema Corte de Justicia nombrar� y remover� a su secretario y dem�s funcionarios y empleados. Los Magistrados y jueces nombrar�n y remover�n a los respectivos funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. Cada cuatro a�os, el Pleno elegir� de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, el cual no podr� ser reelecto para el per�odo inmediato posterior. Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestar� ante el Senado, en la siguiente forma: Presidente: ��Protest�is desempe�ar leal y patri�ticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Uni�n?� Ministro: �S� protesto� Presidente: �Si no lo hiciereis as�, la Naci�n os lo demande�. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestar�n ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. P�rrafo reformado DOF 11-06-1999 Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 11-09-1940, 19-02-1951, 06-12-1977, 28-12-1982, 10-08-1987, 31-12-1994 Reforma DOF 13-11-2007: Derog� del art�culo el entonces p�rrafo tercero Art�culo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la Rep�blica someter� el nombramiento de un Ministro interino a la aprobaci�n del Senado, observ�ndose lo dispuesto en el art�culo 96 de esta Constituci�n. Si faltare un Ministro por defunci�n o por cualquier causa de separaci�n definitiva, el Presidente someter� un nuevo nombramiento a la aprobaci�n del Senado, en los t�rminos del art�culo 96 de esta Constituci�n. Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente proceder�n por causas graves; ser�n sometidas al Ejecutivo y, si �ste las acepta, las enviar� para su aprobaci�n al Senado. P�rrafo adicionado DOF 22-08-1996 Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podr�n ser concedidas por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; las que excedan de este tiempo, podr�n concederse por el Presidente de la Rep�blica con la aprobaci�n del Senado. Ninguna licencia podr� exceder del t�rmino de dos a�os. P�rrafo adicionado DOF 22-08-1996 Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 19-02-1951. Fe de erratas al art�culo DOF 14-03-1951. Reformado DOF 25-10-1967, 31-12-1994 Art�culo 99. El Tribunal Electoral ser�, con excepci�n de lo dispuesto en la fracci�n II del art�culo 105 de esta Constituci�n, la m�xima autoridad jurisdiccional en la materia y �rgano especializado del Poder Judicial de la Federaci�n. Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionar� en forma permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resoluci�n ser�n p�blicas, en los t�rminos que determine la ley. Contar� con el personal jur�dico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La Sala Superior se integrar� por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal ser� elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro a�os. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los t�rminos de esta Constituci�n y seg�n lo disponga la ley, sobre: I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elecci�n de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que ser�n resueltas en �nica instancia por la Sala Superior. Las salas Superior y regionales del Tribunal s�lo podr�n declarar la nulidad de una elecci�n por las causales que expresamente se establezcan en las leyes. La Sala Superior realizar� el c�mputo final de la elecci�n de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaraci�n de validez de la elecci�n y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor n�mero de votos. III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las se�aladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta v�a proceder� solamente cuando la reparaci�n solicitada sea material y jur�dicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalaci�n de los �rganos o la toma de posesi�n de los funcionarios elegidos; V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos pol�tico electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliaci�n libre y pac�fica para tomar parte en los asuntos pol�ticos del pa�s, en los t�rminos que se�alen esta Constituci�n y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicci�n del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido pol�tico al que se encuentre afiliado, deber� haber agotado previamente las instancias de soluci�n de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecer� las reglas y plazos aplicables; VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; Fracci�n reformada DOF 10-02-2014 VIII. La determinaci�n e imposici�n de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o agrupaciones pol�ticas o personas f�sicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constituci�n y las leyes; Fracci�n reformada DOF 10-02-2014 IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del art�culo 41 y p�rrafo octavo del art�culo 134 de esta Constituci�n; a las normas sobre propaganda pol�tica y electoral, as� como por la realizaci�n de actos anticipados de precampa�a o de campa�a, e imponer las sanciones que correspondan, y Fracci�n adicionada DOF 10-02-2014 X. Las dem�s que se�ale la ley. Fracci�n recorrida DOF 10-02-2014 Las salas del Tribunal Electoral har�n uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los t�rminos que fije la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el art�culo 105 de esta Constituci�n, las salas del Tribunal Electoral podr�n resolver la no aplicaci�n de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constituci�n. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitar�n al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informar� a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de alg�n acto o resoluci�n o sobre la interpretaci�n de un precepto de esta Constituci�n, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, podr�n denunciar la contradicci�n en los t�rminos que se�ale la ley, para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n decida en definitiva cu�l tesis debe prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectar�n los asuntos ya resueltos. La organizaci�n del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resoluci�n de los asuntos de su competencia, as� como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, ser�n los que determinen esta Constituci�n y las leyes. La Sala Superior podr�, de oficio, a petici�n de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios de que conozcan �stas; asimismo, podr� enviar los asuntos de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resoluci�n. La ley se�alar� las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades. La administraci�n, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponder�n, en los t�rminos que se�ale la ley, a una Comisi�n del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrar� por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidir�; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por insaculaci�n; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondr� su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para su inclusi�n en el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Federaci�n. Asimismo, el Tribunal expedir� su Reglamento Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales ser�n elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. La elecci�n de quienes las integren ser� escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que se�ale la ley. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deber�n satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podr�n ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, y durar�n en su encargo nueve a�os improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior ser�n tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, seg�n corresponda, en los t�rminos del art�culo 98 de esta Constituci�n. Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deber�n satisfacer los requisitos que se�ale la ley, que no podr�n ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durar�n en su encargo nueve a�os improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores. En caso de vacante definitiva se nombrar� a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. El personal del Tribunal regir� sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federaci�n y a las reglas especiales y excepciones que se�ale la ley. Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 31-12-1994, 22-08-1996, 27-09-2007, 13-11-2007 Art�culo 100. El Consejo de la Judicatura Federal ser� un �rgano del Poder Judicial de la Federaci�n con independencia t�cnica, de gesti�n y para emitir sus resoluciones. P�rrafo reformado DOF 11-06-1999 El Consejo se integrar� por siete miembros de los cuales, uno ser� el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien tambi�n lo ser� del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayor�a de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la Rep�blica. P�rrafo reformado DOF 11-06-1999 Todos los Consejeros deber�n reunir los requisitos se�alados en el art�culo 95 de esta Constituci�n y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deber�n gozar, adem�s con reconocimiento en el �mbito judicial. P�rrafo adicionado DOF 11-06-1999 El Consejo funcionar� en Pleno o en comisiones. El Pleno resolver� sobre la designaci�n, adscripci�n, ratificaci�n y remoci�n de magistrados y jueces, as� como de los dem�s asuntos que la ley determine. P�rrafo reformado DOF 11-06-1999 Salvo el Presidente del Consejo, los dem�s Consejeros durar�n cinco a�os en su cargo, ser�n substituidos de manera escalonada, y no podr�n ser nombrados para un nuevo per�odo. Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercer�n su funci�n con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, s�lo podr�n ser removidos en los t�rminos del T�tulo Cuarto de esta Constituci�n. P�rrafo reformado DOF 11-06-1999 La ley establecer� las bases para la formaci�n y actualizaci�n de funcionarios, as� como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regir� por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estar� facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podr� solicitar al Consejo la expedici�n de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la funci�n jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte tambi�n podr� revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayor�a de cuando menos ocho votos. La ley establecer� los t�rminos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. P�rrafo reformado DOF 11-06-1999 Las decisiones del Consejo ser�n definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designaci�n, adscripci�n, ratificaci�n y remoci�n de magistrados y jueces, las cuales podr�n ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, �nicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley org�nica respectiva. P�rrafo reformado DOF 11-06-1999 La Suprema Corte de Justicia elaborar� su propio presupuesto y el Consejo lo har� para el resto del Poder Judicial de la Federaci�n, sin perjuicio de lo dispuesto en el p�rrafo s�ptimo del art�culo 99 de esta Constituci�n. Los presupuestos as� elaborados ser�n remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusi�n en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n. La administraci�n de la Suprema Corte de Justicia corresponder� a su Presidente. P�rrafo reformado DOF 11-06-1999 Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 25-10-1967, 03-09-1993, 31-12-1994 Art�culo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, as� como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podr�n, en ning�n caso, aceptar ni desempe�ar empleo o encargo de la Federaci�n, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones cient�ficas, docentes, literarias o de beneficencia. P�rrafo reformado DOF 22-08-1996, 29-01-2016 Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, as� como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podr�n, dentro de los dos a�os siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los �rganos del Poder Judicial de la Federaci�n. P�rrafo reformado DOF 22-08-1996 Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempe�ado como Ministros, salvo que lo hubieran hecho con el car�cter de provisional o interino, no podr�n ocupar los cargos se�alados en la fracci�n VI del art�culo 95 de esta Constituci�n. Los impedimentos de este art�culo ser�n aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. La infracci�n a lo previsto en los p�rrafos anteriores, ser� sancionada con la p�rdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federaci�n, as� como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las dem�s sanciones que las leyes prevean. Art�culo reformado DOF 10-08-1987, 31-12-1994 Art�culo 102. A. El Ministerio P�blico de la Federaci�n se organizar� en una Fiscal�a General de la Rep�blica como �rgano p�blico aut�nomo, dotado de personalidad jur�dica y patrimonio propio. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Para ser Fiscal General de la Rep�blica se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco a�os cumplidos el d�a de la designaci�n; contar, con antig�edad m�nima de diez a�os, con t�tulo profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputaci�n, y no haber sido condenado por delito doloso. El Fiscal General durar� en su encargo nueve a�os, y ser� designado y removido conforme a lo siguiente: I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la Rep�blica contar� con veinte d�as para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviar� al Ejecutivo Federal. Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes se�alado, enviar� libremente al Senado una terna y designar� provisionalmente al Fiscal General, quien ejercer� sus funciones hasta en tanto se realice la designaci�n definitiva conforme a lo establecido en este art�culo. En este caso, el Fiscal General designado podr� formar parte de la terna. II. Recibida la lista a que se refiere la fracci�n anterior, dentro de los diez d�as siguientes el Ejecutivo formular� una terna y la enviar� a la consideraci�n del Senado. III. El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designar� al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez d�as. En caso de que el Ejecutivo no env�e la terna a que se refiere la fracci�n anterior, el Senado tendr� diez d�as para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que se�ala la fracci�n I. Si el Senado no hace la designaci�n en los plazos que establecen los p�rrafos anteriores, el Ejecutivo designar� al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. IV. El Fiscal General podr� ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoci�n podr� ser objetada por el voto de la mayor�a de los miembros presentes de la C�mara de Senadores dentro de un plazo de diez d�as h�biles, en cuyo caso el Fiscal General ser� restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entender� que no existe objeci�n. V. En los recesos del Senado, la Comisi�n Permanente lo convocar� de inmediato a sesiones extraordinarias para la designaci�n o formulaci�n de objeci�n a la remoci�n del Fiscal General. VI. Las ausencias del Fiscal General ser�n suplidas en los t�rminos que determine la ley. Corresponde al Ministerio P�blico de la Federaci�n la persecuci�n, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitar� las medidas cautelares contra los imputados; buscar� y presentar� las pruebas que acrediten la participaci�n de �stos en hechos que las leyes se�alen como delito; procurar� que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartici�n de justicia sea pronta y expedita; pedir� la aplicaci�n de las penas, e intervendr� en todos los asuntos que la ley determine. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 La Fiscal�a General contar�, al menos, con las fiscal�as especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupci�n, cuyos titulares ser�n nombrados y removidos por el Fiscal General de la Rep�blica. El nombramiento y remoci�n de los fiscales especializados antes referidos podr�n ser objetados por el Senado de la Rep�blica por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este plazo, se entender� que no tiene objeci�n. La ley establecer� las bases para la formaci�n y actualizaci�n de los servidores p�blicos de la Fiscal�a, as� como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regir� por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. El Fiscal General presentar� anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Uni�n un informe de actividades. Comparecer� ante cualquiera de las C�maras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gesti�n. El Fiscal General de la Rep�blica y sus agentes, ser�n responsables de toda falta, omisi�n o violaci�n a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. Apartado reformado DOF 28-01-1992, 31-12-1994, 10-02-2014 B. El Congreso de la Uni�n y las legislaturas de las entidades federativas, en el �mbito de sus respectivas competencias, establecer�n organismos de protecci�n de los derechos humanos que ampara el orden jur�dico mexicano, los que conocer�n de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor p�blico, con excepci�n de los del Poder Judicial de la Federaci�n, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el p�rrafo anterior, formular�n recomendaciones p�blicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor p�blico est� obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores p�blicos, �stos deber�n fundar, motivar y hacer p�blica su negativa; adem�s, la C�mara de Senadores o en sus recesos la Comisi�n Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, seg�n corresponda, podr�n llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores p�blicos responsables para que comparezcan ante dichos �rganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. P�rrafo reformado DOF 10-06-2011 Estos organismos no ser�n competentes trat�ndose de asuntos electorales y jurisdiccionales. P�rrafo reformado DOF 10-06-2011 El organismo que establezca el Congreso de la Uni�n se denominar� Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos; contar� con autonom�a de gesti�n y presupuestaria, personalidad jur�dica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecer�n y garantizar�n la autonom�a de los organismos de protecci�n de los derechos humanos. P�rrafo adicionado DOF 10-06-2011. Reformado DOF 29-01-2016 La Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos tendr� un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que ser�n elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n, con la misma votaci�n calificada. La ley determinar� los procedimientos a seguir para la presentaci�n de las propuestas por la propia C�mara. Anualmente ser�n substituidos los dos consejeros de mayor antig�edad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo per�odo. El Presidente de la Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos, quien lo ser� tambi�n del Consejo Consultivo, ser� elegido en los mismos t�rminos del p�rrafo anterior. Durar� en su encargo cinco a�os, podr� ser reelecto por una sola vez y s�lo podr� ser removido de sus funciones en los t�rminos del T�tulo Cuarto de esta Constituci�n. La elecci�n del titular de la presidencia de la Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos, as� como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protecci�n de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustar�n a un procedimiento de consulta p�blica, que deber� ser transparente, en los t�rminos y condiciones que determine la ley. P�rrafo adicionado DOF 10-06-2011 El Presidente de la Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos presentar� anualmente a los Poderes de la Uni�n un informe de actividades. Al efecto comparecer� ante las C�maras del Congreso en los t�rminos que disponga la ley. La Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos conocer� de las inconformidades que se presenten en relaci�n con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. La Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos podr� investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando as� lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las C�maras del Congreso de la Uni�n, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de �stas. P�rrafo adicionado DOF 10-06-2011. Reformado DOF 29-01-2016 Apartado B adicionado DOF 28-01-1992. Reformado 13-09-1999 Art�culo reformado DOF 11-09-1940, 25-10-1967 Art�culo 103. Los Tribunales de la Federaci�n resolver�n toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garant�as otorgadas para su protecci�n por esta Constituci�n, as� como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberan�a de los Estados o la autonom�a de la Ciudad de M�xico, y Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 Art�culo reformado DOF 31-12-1994, 06-06-2011 Art�culo 104. Los Tribunales de la Federaci�n conocer�n: I. De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; II. De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicaci�n de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elecci�n del actor y cuando s�lo se afecten intereses particulares, podr�n conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden com�n. Las sentencias de primera instancia podr�n ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; III. De los recursos de revisi�n que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracci�n XXIX-H del art�culo 73 de esta Constituci�n, s�lo en los casos que se�alen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocer�n los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetar�n a los tr�mites que la ley reglamentaria de los art�culos 103 y 107 de esta Constituci�n fije para la revisi�n en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no proceder� juicio o recurso alguno; Fracci�n reformada DOF 27-05-2015, 29-01-2016 IV. De todas las controversias que versen sobre derecho mar�timo; V. De aquellas en que la Federaci�n fuese parte; VI. De las controversias y de las acciones a que se refiere el art�culo 105, mismas que ser�n del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n; VII. De las que surjan entre una entidad federativa y uno o m�s vecinos de otra, y Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 VIII. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplom�tico y Consular. Art�culo reformado DOF 18-01-1934, 30-12-1946, 25-10-1967, 08-10-1974, 10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-1994, 06-06-2011 Art�culo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n conocer�, en los t�rminos que se�ale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepci�n de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: P�rrafo reformado DOF 08-12-2005, 15-10-2012 a) La Federaci�n y una entidad federativa; Inciso reformado DOF 29-01-2016 b) La Federaci�n y un municipio; c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Uni�n; aqu�l y cualquiera de las C�maras de �ste o, en su caso, la Comisi�n Permanente; Inciso reformado DOF 29-01-2016 d) Una entidad federativa y otra; Inciso reformado DOF 29-01-2016 e) Se deroga. Inciso derogado DOF 29-01-2016 f) Se deroga. Inciso derogado DOF 29-01-2016 g) Dos municipios de diversos Estados; h) Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; Inciso reformado DOF 29-01-2016 i) Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; j) Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcaci�n territorial de la Ciudad de M�xico, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y Inciso reformado DOF 11-06-2013, 29-01-2016 k) Se deroga. Inciso reformado DOF 11-06-2013. Derogado DOF 29-01-2016 l) Dos �rganos constitucionales aut�nomos, y entre uno de �stos y el Poder Ejecutivo de la Uni�n o el Congreso de la Uni�n sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso ser� aplicable al organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n. Inciso adicionado DOF 11-06-2013. Reformado DOF 07-02-2014 Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico impugnadas por la Federaci�n; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) anteriores, y la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n las declare inv�lidas, dicha resoluci�n tendr� efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayor�a de por lo menos ocho votos. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 En los dem�s casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendr�n efectos �nicamente respecto de las partes en la controversia. II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general y esta Constituci�n. P�rrafo reformado DOF 22-08-1996 Las acciones de inconstitucionalidad podr�n ejercitarse, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n de la norma, por: a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, en contra de leyes federales; Inciso reformado DOF 29-01-2016 b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; Inciso reformado DOF 29-01-2016 c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jur�dico del Gobierno, en contra de normas generales de car�cter federal y de las entidades federativas; Inciso reformado DOF 10-02-2014 d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio �rgano; Inciso reformado DOF 22-08-1996, 29-01-2016 e) Se deroga. Inciso reformado DOF 22-08-1996. Derogado DOF 29-01-2016 f) Los partidos pol�ticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos pol�ticos con registro en una entidad federativa, a trav�s de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorg� el registro; Inciso adicionado DOF 22-08-1996. Reformado DOF 10-02-2014, 29-01-2016 g) La Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de car�cter federal o de las entidades federativas, as� como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Rep�blica, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constituci�n y en los tratados internacionales de los que M�xico sea parte. Asimismo, los organismos de protecci�n de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; Inciso adicionado DOF 14-09-2006. Reformado DOF 10-06-2011, 29-01-2016 h) El organismo garante que establece el art�culo 6� de esta Constituci�n en contra de leyes de car�cter federal y local, as� como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la Rep�blica, que vulneren el derecho al acceso a la informaci�n p�blica y la protecci�n de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; e Inciso adicionado DOF 07-02-2014. Reformado DOF 29-01-2016 i) El Fiscal General de la Rep�blica respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, as� como las relacionadas con el �mbito de sus funciones; Inciso adicionado DOF 10-02-2014 La �nica v�a para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constituci�n es la prevista en este art�culo. P�rrafo adicionado DOF 22-08-1996 Las leyes electorales federal y locales deber�n promulgarse y publicarse por lo menos noventa d�as antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podr� haber modificaciones legales fundamentales. P�rrafo adicionado DOF 22-08-1996 Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia s�lo podr�n declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayor�a de cuando menos ocho votos. III. De oficio o a petici�n fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jur�dico del Gobierno, as� como del Fiscal General de la Rep�blica en los asuntos en que intervenga el Ministerio P�blico, podr� conocer de los recursos de apelaci�n en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federaci�n sea parte y que por su inter�s y trascendencia as� lo ameriten. Fracci�n reformada DOF 10-02-2014 La declaraci�n de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo no tendr� efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regir�n los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este art�culo se aplicar�n, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros p�rrafos de la fracci�n XVI del art�culo 107 de esta Constituci�n. Art�culo reformado DOF 25-10-1967, 25-10-1993, 31-12-1994 Art�culo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federaci�n, en los t�rminos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por raz�n de competencia, se susciten entre los Tribunales de la Federaci�n, entre �stos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. Art�culo reformado DOF 07-04-1986, 31-12-1994, 29-01-2016 Art�culo 107. Las controversias de que habla el art�culo 103 de esta Constituci�n, con excepci�n de aquellas en materia electoral, se sujetar�n a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: P�rrafo reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011 I. El juicio de amparo se seguir� siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal car�cter quien aduce ser titular de un derecho o de un inter�s leg�timo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constituci�n y con ello se afecte su esfera jur�dica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situaci�n frente al orden jur�dico. Trat�ndose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deber� aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; Fracci�n reformada DOF 06-06-2011 II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo s�lo se ocupar�n de los quejosos que lo hubieren solicitado, limit�ndose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisi�n se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasi�n consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n lo informar� a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los �rganos del Poder Judicial de la Federaci�n establezcan jurisprudencia por reiteraci�n en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n lo notificar� a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 d�as naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n emitir�, siempre que fuere aprobada por una mayor�a de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijar�n sus alcances y condiciones en los t�rminos de la ley reglamentaria. Lo dispuesto en los dos p�rrafos anteriores no ser� aplicable a normas generales en materia tributaria. En el juicio de amparo deber� suplirse la deficiencia de los conceptos de violaci�n o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesi�n y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los n�cleos de poblaci�n que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deber�n recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, as� como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el p�rrafo anterior no proceder�n, en perjuicio de los n�cleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra s� podr�n decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del n�cleo tampoco proceder�n desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de �sta; Fracci�n reformada DOF 02-11-1962, 25-10-1967, 20-03-1974, 07-04-1986, 06-06-2011 III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo s�lo proceder� en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violaci�n se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relaci�n con el amparo al que se refiere este inciso y la fracci�n V de este art�culo, el Tribunal Colegiado de Circuito deber� decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aqu�llas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijar� los t�rminos precisos en que deber� pronunciarse la nueva resoluci�n. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podr�n ser materia de concepto de violaci�n, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga inter�s jur�dico en que subsista el acto reclamado, podr� presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinar� la forma y t�rminos en que deber� promoverse. Para la procedencia del juicio deber�n agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resoluci�n que ponga fin al juicio, deber�n hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitaci�n del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, se�ale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no ser� exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Inciso reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 b) Contra actos en juicio cuya ejecuci�n sea de imposible reparaci�n, fuera de juicio o despu�s de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extra�as al juicio; Fracci�n reformada DOF 25-10-1967 IV. En materia administrativa el amparo procede, adem�s, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante alg�n medio de defensa legal. Ser� necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposici�n del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prev� la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensi�n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensi�n provisional, independientemente de que el acto en s� mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligaci�n de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentaci�n o cuando s�lo se aleguen violaciones directas a esta Constituci�n; Fe de erratas a la fracci�n DOF 14-03-1951. Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011 V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promover� ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: P�rrafo reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean �stos federales, del orden com�n o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por alg�n recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; Inciso reformado DOF 10-08-1987 c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden com�n. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podr�n ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federaci�n, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus hom�logos en las entidades federativas; Inciso reformado DOF 24-02-2017 La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petici�n fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la Rep�blica, en los asuntos en que el Ministerio P�blico de la Federaci�n sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jur�dico del Gobierno, podr� conocer de los amparos directos que por su inter�s y trascendencia as� lo ameriten. P�rrafo adicionado DOF 10-08-1987. Reformado DOF 31-12-1994, 10-02-2014 Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 06-08-1979 VI. En los casos a que se refiere la fracci�n anterior, la ley reglamentaria se�alar� el procedimiento y los t�rminos a que deber�n someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n para dictar sus resoluciones; Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 06-08-1979, 10-08-1987, 06-06-2011 VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o despu�s de concluido, o que afecten a personas extra�as al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondr� ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicci�n se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitaci�n se limitar� al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citar� en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibir�n las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oir�n los alegatos, pronunci�ndose en la misma audiencia la sentencia; Fe de erratas a la fracci�n DOF 14-03-1951. Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011 VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisi�n. De ella conocer� la Suprema Corte de Justicia: P�rrafo reformado DOF 31-12-1994 a) Cuando habi�ndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constituci�n, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. Inciso reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011 b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del art�culo 103 de esta Constituci�n. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petici�n fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la Rep�blica, en los asuntos en que el Ministerio P�blico de la Federaci�n sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jur�dico del Gobierno, podr� conocer de los amparos en revisi�n, que por su inter�s y trascendencia as� lo ameriten. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 10-02-2014 En los casos no previstos en los p�rrafos anteriores, conocer�n de la revisi�n los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitir�n recurso alguno; Fe de erratas a la fracci�n DOF 14-03-1951. Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 08-10-1974, 10-08-1987 IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisi�n en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretaci�n directa de un precepto de esta Constituci�n u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, seg�n lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitar� a la decisi�n de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 10-08-1987, 11-06-1999, 06-06-2011 X. Los actos reclamados podr�n ser objeto de suspensi�n en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el �rgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deber� realizar un an�lisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del inter�s social. Dicha suspensi�n deber� otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoci�n del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garant�a que d� el quejoso para responder de los da�os y perjuicios que tal suspensi�n pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensi�n quedar� sin efecto si �ste �ltimo da contragarant�a para asegurar la reposici�n de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los da�os y perjuicios consiguientes; Fe de erratas a la fracci�n DOF 14-03-1951. Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011 XI. La demanda de amparo directo se presentar� ante la autoridad responsable, la cual decidir� sobre la suspensi�n. En los dem�s casos la demanda se presentar� ante los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolver�n sobre la suspensi�n, o ante los tribunales de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice; Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 10-08-1987, 31-12-1994, 06-06-2011, 29-01-2016 XII. La violaci�n de las garant�as de los art�culos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamar� ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudi�ndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los t�rminos prescritos por la fracci�n VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinar� el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podr� suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y t�rminos que la misma ley establezca; Fe de erratas a la fracci�n DOF 14-03-1951. Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 31-12-1994 XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la Rep�blica, en asuntos en materia penal y procesal penal, as� como los relacionados con el �mbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jur�dico del Gobierno, podr�n denunciar la contradicci�n ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con diferente especializaci�n sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, seg�n corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los mismos Plenos de Circuito, as� como los �rganos a que se refiere el p�rrafo anterior, podr�n denunciar la contradicci�n ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deber� prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de la Rep�blica, en asuntos en materia penal y procesal penal, as� como los relacionados con el �mbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jur�dico del Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podr�n denunciar la contradicci�n ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que �ste resuelva la contradicci�n. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia as� como los Plenos de Circuito conforme a los p�rrafos anteriores, s�lo tendr�n el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectar�n las situaciones jur�dicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicci�n; Fe de erratas a la fracci�n DOF 14-03-1951. Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011 XIV. Se deroga; Fracci�n reformada DOF 25-10-1967, 17-02-1975. Derogada DOF 06-06-2011 XV. El Fiscal General de la Rep�blica o el Agente del Ministerio P�blico de la Federaci�n que al efecto designe, ser� parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aqu�llos que determine la ley; Fracci�n reformada DOF 10-02-2014 XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedi� el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgar� un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podr� ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, proceder� a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomar�n respecto del superior jer�rquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, as� como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, proceder� a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dar� vista al Ministerio P�blico Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resoluci�n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n. El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podr� ser solicitado por el quejoso al �rgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, cuando la ejecuci�n de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporci�n a los beneficios que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir la situaci�n que imperaba antes de la violaci�n. El incidente tendr� por efecto que la ejecutoria se d� por cumplida mediante el pago de da�os y perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podr�n acordar el cumplimiento sustituto mediante convenio sancionado ante el propio �rgano jurisdiccional. No podr� archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedi� la protecci�n constitucional; Fracci�n reformada DOF 31-12-1994, 06-06-2011 XVII. La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensi�n o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, ser� sancionada penalmente; Fracci�n reformada DOF 06-06-2011 XVIII. Se deroga. Fracci�n derogada DOF 03-09-1993 Art�culo reformado DOF 19-02-1951 T�tulo Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores P�blicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupci�n, y Patrimonial del Estado. Denominaci�n del T�tulo reformada DOF 28-12-1982, 14-06-2002, 27-05-2015 Art�culo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este T�tulo se reputar�n como servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federaci�n, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempe�e un empleo, cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en el Congreso de la Uni�n o en la Administraci�n P�blica Federal, as� como a los servidores p�blicos de los organismos a los que esta Constituci�n otorgue autonom�a, quienes ser�n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempe�o de sus respectivas funciones. P�rrafo reformado DOF 22-08-1996, 13-11-2007, 29-01-2016 El Presidente de la Rep�blica, durante el tiempo de su encargo, s�lo podr� ser acusado por traici�n a la patria y delitos graves del orden com�n. Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcald�as, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonom�a, as� como los dem�s servidores p�blicos locales, ser�n responsables por violaciones a esta Constituci�n y a las leyes federales, as� como por el manejo y aplicaci�n indebidos de fondos y recursos federales. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994. Fe de erratas DOF 03-01-1995. Reformado DOF 07-02-2014, 17-06-2014, 29-01-2016 Las Constituciones de las entidades federativas precisar�n, en los mismos t�rminos del primer p�rrafo de este art�culo y para los efectos de sus responsabilidades, el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en empleo, cargo o comisi�n en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico. Dichos servidores p�blicos ser�n responsables por el manejo indebido de recursos p�blicos y la deuda p�blica. P�rrafo reformado DOF 26-05-2015, 29-01-2016 Los servidores p�blicos a que se refiere el presente art�culo estar�n obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaraci�n patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los t�rminos que determine la ley. P�rrafo adicionado DOF 27-05-2015 Art�culo reformado DOF 28-12-1982 Art�culo 109. Los servidores p�blicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, ser�n sancionados conforme a lo siguiente: I. Se impondr�n, mediante juicio pol�tico, las sanciones indicadas en el art�culo 110 a los servidores p�blicos se�alados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio pol�tico por la mera expresi�n de ideas. II. La comisi�n de delitos por parte de cualquier servidor p�blico o particulares que incurran en hechos de corrupci�n, ser� sancionada en los t�rminos de la legislaci�n penal aplicable. Las leyes determinar�n los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento il�cito a los servidores p�blicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por s� o por interp�sita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como due�os sobre ellos, cuya procedencia l�cita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionar�n con el decomiso y con la privaci�n de la propiedad de dichos bienes, adem�s de las otras penas que correspondan; III. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempe�o de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistir�n en amonestaci�n, suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas, y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecer� los procedimientos para la investigaci�n y sanci�n de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves ser�n investigadas y substanciadas por la Auditor�a Superior de la Federaci�n y los �rganos internos de control, o por sus hom�logos en las entidades federativas, seg�n corresponda, y ser�n resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las dem�s faltas y sanciones administrativas, ser�n conocidas y resueltas por los �rganos internos de control. Para la investigaci�n, substanciaci�n y sanci�n de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federaci�n, se observar� lo previsto en el art�culo 94 de esta Constituci�n, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditor�a Superior de la Federaci�n en materia de fiscalizaci�n sobre el manejo, la custodia y aplicaci�n de recursos p�blicos. La ley establecer� los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificaci�n de las faltas administrativas como no graves, que realicen los �rganos internos de control. Los entes p�blicos federales tendr�n �rganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aqu�llas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci�n de recursos p�blicos federales y participaciones federales; as� como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n a que se refiere esta Constituci�n. Los entes p�blicos estatales y municipales, as� como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contar�n con �rganos internos de control, que tendr�n, en su �mbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el p�rrafo anterior, y IV. Los tribunales de justicia administrativa impondr�n a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones econ�micas; inhabilitaci�n para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras p�blicas; as� como el resarcimiento de los da�os y perjuicios ocasionados a la Hacienda P�blica o a los entes p�blicos federales, locales o municipales. Las personas morales ser�n sancionadas en los t�rminos de esta fracci�n cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas f�sicas que act�en a nombre o representaci�n de la persona moral y en beneficio de ella. Tambi�n podr� ordenarse la suspensi�n de actividades, disoluci�n o intervenci�n de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda P�blica o a los entes p�blicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio econ�mico y se acredite participaci�n de sus �rganos de administraci�n, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistem�tica para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanci�n se ejecutar� hasta que la resoluci�n sea definitiva. Las leyes establecer�n los procedimientos para la investigaci�n e imposici�n de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. Los procedimientos para la aplicaci�n de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se desarrollar�n aut�nomamente. No podr�n imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Cualquier ciudadano, bajo su m�s estricta responsabilidad y mediante la presentaci�n de elementos de prueba, podr� formular denuncia ante la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n respecto de las conductas a las que se refiere el presente art�culo. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los �rganos responsables de la investigaci�n y sanci�n de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci�n no les ser�n oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrec�a de la informaci�n en materia fiscal o la relacionada con operaciones de dep�sito, administraci�n, ahorro e inversi�n de recursos monetarios. La ley establecer� los procedimientos para que les sea entregada dicha informaci�n. La Auditor�a Superior de la Federaci�n y la Secretar�a del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podr�n recurrir las determinaciones de la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los art�culos 20, Apartado C, fracci�n VII, y 104, fracci�n III de esta Constituci�n, respectivamente. La responsabilidad del Estado por los da�os que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, ser� objetiva y directa. Los particulares tendr�n derecho a una indemnizaci�n conforme a las bases, l�mites y procedimientos que establezcan las leyes. Art�culo reformado DOF 28-12-1982, 27-05-2015 Art�culo 110. Podr�n ser sujetos de juicio pol�tico los senadores y diputados al Congreso de la Uni�n, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la Rep�blica, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los �rganos constitucionales aut�nomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participaci�n estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a �stas y fideicomisos p�blicos. P�rrafo reformado DOF 10-08-1987, 31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-2007, 07-02-2014, 10-02-2014, 29-01-2016 Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, as� como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonom�a, s�lo podr�n ser sujetos de juicio pol�tico en los t�rminos de este T�tulo por violaciones graves a esta Constituci�n y a las leyes federales que de ella emanen, as� como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resoluci�n ser� �nicamente declarativa y se comunicar� a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 07-02-2014, 29-01-2016 Las sanciones consistir�n en la destituci�n del servidor p�blico y en su inhabilitaci�n para desempe�ar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio p�blico. Para la aplicaci�n de las sanciones a que se refiere este precepto, la C�mara de Diputados proceder� a la acusaci�n respectiva ante la C�mara de Senadores, previa declaraci�n de la mayor�a absoluta del n�mero de los miembros presentes en sesi�n de aquella C�mara, despu�s de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. Conociendo de la acusaci�n la C�mara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicar� la sanci�n correspondiente mediante resoluci�n de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesi�n, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las C�maras de Diputados y Senadores son inatacables. Art�culo reformado DOF 28-12-1982 Art�culo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Uni�n, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General de la Rep�blica, as� como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisi�n de delitos durante el tiempo de su encargo, la C�mara de Diputados declarar� por mayor�a absoluta de sus miembros presentes en sesi�n, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. P�rrafo reformado DOF 10-08-1987, 31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-2007, 07-02-2014, 10-02-2014, 29-01-2016 Si la resoluci�n de la C�mara fuese negativa se suspender� todo procedimiento ulterior, pero ello no ser� obst�culo para que la imputaci�n por la comisi�n del delito contin�e su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputaci�n. Si la C�mara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedar� a disposici�n de las autoridades competentes para que act�en con arreglo a la ley. Por lo que toca al Presidente de la Rep�blica, s�lo habr� lugar a acusarlo ante la C�mara de Senadores en los t�rminos del art�culo 110. En este supuesto, la C�mara de Senadores resolver� con base en la legislaci�n penal aplicable. Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonom�a se seguir� el mismo procedimiento establecido en este art�culo, pero en este supuesto, la declaraci�n de procedencia ser� para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994, 07-02-2014, 29-01-2016 Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) C�maras de Diputados (sic DOF 28-12-1982) Senadores son inatacables. El efecto de la declaraci�n de que ha lugar a proceder contra el inculpado ser� separarlo de su encargo en tanto est� sujeto a proceso penal. Si �ste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podr� reasumir su funci�n. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se conceder� al reo la gracia del indulto. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor p�blico no se requerir� declaraci�n de procedencia. Las sanciones penales se aplicar�n de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci�n penal, y trat�ndose de delitos por cuya comisi�n el autor obtenga un beneficio econ�mico o cause da�os o perjuicios patrimoniales, deber�n graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los da�os y perjuicios causados por su conducta il�cita. Las sanciones econ�micas no podr�n exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los da�os o perjuicios causados. Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 21-09-1944, 08-10-1974, 28-12-1982 Art�culo 112. No se requerir� declaraci�n de procedencia de la C�mara de Diputados cuando alguno de los servidores p�blicos a que hace referencia el p�rrafo primero del art�culo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. Si el servidor p�blico ha vuelto a desempe�ar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempe�ar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el art�culo 111, se proceder� de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. Art�culo reformado DOF 28-12-1982 Art�culo 113. El Sistema Nacional Anticorrupci�n es la instancia de coordinaci�n entre las autoridades de todos los �rdenes de gobierno competentes en la prevenci�n, detecci�n y sanci�n de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci�n, as� como en la fiscalizaci�n y control de recursos p�blicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetar� a las siguientes bases m�nimas: I. El Sistema contar� con un Comit� Coordinador que estar� integrado por los titulares de la Auditor�a Superior de la Federaci�n; de la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n; de la secretar�a del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n; as� como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comit� de Participaci�n Ciudadana; II. El Comit� de Participaci�n Ciudadana del Sistema deber� integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribuci�n a la transparencia, la rendici�n de cuentas o el combate a la corrupci�n y ser�n designados en los t�rminos que establezca la ley, y III. Corresponder� al Comit� Coordinador del Sistema, en los t�rminos que determine la Ley: a) El establecimiento de mecanismos de coordinaci�n con los sistemas locales; b) El dise�o y promoci�n de pol�ticas integrales en materia de fiscalizaci�n y control de recursos p�blicos, de prevenci�n, control y disuasi�n de faltas administrativas y hechos de corrupci�n, en especial sobre las causas que los generan; c) La determinaci�n de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematizaci�n y actualizaci�n de la informaci�n que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los �rdenes de gobierno; d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinaci�n de las autoridades de los �rdenes de gobierno en materia de fiscalizaci�n y control de los recursos p�blicos; e) La elaboraci�n de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicaci�n de pol�ticas y programas en la materia. Derivado de este informe, podr� emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevenci�n de faltas administrativas y hechos de corrupci�n, as� como al mejoramiento de su desempe�o y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informar�n al Comit� sobre la atenci�n que brinden a las mismas. Las entidades federativas establecer�n sistemas locales anticorrupci�n con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevenci�n, detecci�n y sanci�n de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci�n. Art�culo reformado DOF 28-12-1982, 14-06-2002, 27-05-2015 Art�culo 114. El Procedimiento de juicio pol�tico s�lo podr� iniciarse durante el per�odo en el que el servidor p�blico desempe�e su cargo y dentro de un a�o despu�s. Las sanciones correspondientes se aplicar�n en un per�odo no mayor de un a�o a partir de iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor p�blico, ser� exigible de acuerdo con los plazos de prescripci�n consignados en la Ley penal, que nunca ser�n inferiores a tres a�os. Los plazos de prescripci�n se interrumpen en tanto el servidor p�blico desempe�a alguno de los encargos a que hace referencia el art�culo 111. La ley se�alar� los casos de prescripci�n de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracci�n III del art�culo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripci�n no ser�n inferiores a siete a�os. P�rrafo reformado DOF 27-05-2015 Art�culo reformado DOF 28-12-1982 T�tulo Quinto De los Estados de la Federaci�n y de la Ciudad de M�xico Denominaci�n del T�tulo reformada DOF 25-10-1993, 29-01-2016 Art�culo 115. Los estados adoptar�n, para su r�gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democr�tico, laico y popular, teniendo como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 I. Cada Municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el n�mero de regidores y s�ndicos que la ley determine. La competencia que esta Constituci�n otorga al gobierno municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia alguna entre �ste y el gobierno del Estado. P�rrafo reformado DOF 23-12-1999 Las Constituciones de los estados deber�n establecer la elecci�n consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y s�ndicos, por un per�odo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres a�os. La postulaci�n s�lo podr� ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalici�n que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr�n suspender ayuntamientos, declarar que �stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempe�ar su cargo, ser� sustituido por su suplente, o se proceder� seg�n lo disponga la ley. P�rrafo reformado DOF 23-12-1999 En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayor�a de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designar�n de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluir�n los per�odos respectivos; estos Concejos estar�n integrados por el n�mero de miembros que determine la ley, quienes deber�n cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; P�rrafo reformado DOF 23-12-1999 II. Los municipios estar�n investidos de personalidad jur�dica y manejar�n su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deber�n expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de polic�a y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administraci�n p�blica municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia y aseguren la participaci�n ciudadana y vecinal. P�rrafo reformado DOF 23-12-1999 El objeto de las leyes a que se refiere el p�rrafo anterior ser� establecer: a) Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este art�culo, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116 de esta Constituci�n; d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una funci�n o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. P�rrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999 Las legislaturas estatales emitir�n las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aqu�llos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; P�rrafo adicionado DOF 23-12-1999 III. Los Municipios tendr�n a su cargo las funciones y servicios p�blicos siguientes: P�rrafo reformado DOF 23-12-1999 a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales; Inciso reformado DOF 23-12-1999 b) Alumbrado p�blico. c) Limpia, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de residuos; Inciso reformado DOF 23-12-1999 d) Mercados y centrales de abasto. e) Panteones. f) Rastro. g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; Inciso reformado DOF 23-12-1999 h) Seguridad p�blica, en los t�rminos del art�culo 21 de esta Constituci�n, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; e Inciso reformado DOF 23-12-1999 i) Los dem�s que las Legislaturas locales determinen seg�n las condiciones territoriales y socio-econ�micas de los Municipios, as� como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempe�o de las funciones o la prestaci�n de los servicios a su cargo, los municipios observar�n lo dispuesto por las leyes federales y estatales. P�rrafo reformado DOF 23-12-1999 Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y trat�ndose de la asociaci�n de municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las legislaturas de los Estados respectivas. As� mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste, de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; P�rrafo adicionado DOF 23-12-1999 Las comunidades ind�genas, dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la ley. P�rrafo adicionado DOF 14-08-2001 IV. Los municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibir�n las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podr�n celebrar convenios con el Estado para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que ser�n cubiertas por la Federaci�n a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. c) Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo. Las leyes federales no limitar�n la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico. P�rrafo reformado DOF 23-12-1999, 29-01-2016 Los ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. P�rrafo reformado DOF 23-12-1999 Las legislaturas de los Estados aprobar�n las leyes de ingresos de los municipios, revisar�n y fiscalizar�n sus cuentas p�blicas. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deber�n incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores p�blicos municipales, sujet�ndose a lo dispuesto en el art�culo 127 de esta Constituci�n. P�rrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009 Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; P�rrafo adicionado DOF 23-12-1999 V. Los Municipios, en los t�rminos de las leyes federales y Estatales relativas, estar�n facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulaci�n de planes de desarrollo regional, los cuales deber�n estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federaci�n o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deber�n asegurar la participaci�n de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo, en el �mbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reservas ecol�gicas y en la elaboraci�n y aplicaci�n de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando aquellos afecten su �mbito territorial; e i) Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de las zonas federales. En lo conducente y de conformidad a los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de esta Constituci�n, expedir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federaci�n ubicados en los Municipios estar�n exclusivamente bajo la jurisdicci�n de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en t�rminos del inciso i) de esta fracci�n; P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Fracci�n reformada DOF 23-12-1999 VI. Cuando dos o m�s centros urbanos situados en territorios municipales de dos o m�s entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demogr�fica, la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el �mbito de sus competencias, planear�n y regular�n de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. VII. La polic�a preventiva estar� al mando del presidente municipal en los t�rminos de la Ley de Seguridad P�blica del Estado. Aqu�lla acatar� las �rdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que �ste juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico. P�rrafo reformado DOF 18-06-2008 El Ejecutivo Federal tendr� el mando de la fuerza p�blica en los lugares donde resida habitual o transitoriamente; Fracci�n reformada DOF 23-12-1999 VIII. Las leyes de los estados introducir�n el principio de la representaci�n proporcional en la elecci�n de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Art�culo 123 de esta Constituci�n, y sus disposiciones reglamentarias. Fracci�n reformada DOF 17-03-1987 IX. Derogada. Fracci�n derogada DOF 17-03-1987 X. Derogada. Fracci�n derogada DOF 17-03-1987 Art�culo reformado DOF 20-08-1928, 29-04-1933, 08-01-1943, 12-02-1947, 17-10-1953, 06-02-1976, 06-12-1977, 03-02-1983 Art�culo 116. El poder p�blico de los estados se dividir�, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizar�n conforme a la Constituci�n de cada uno de ellos, con sujeci�n a las siguientes normas: I. Los gobernadores de los Estados no podr�n durar en su encargo m�s de seis a�os. La elecci�n de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales ser� directa y en los t�rminos que dispongan las leyes electorales respectivas. Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elecci�n popular, ordinaria o extraordinaria, en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n volver a ocupar ese cargo, ni aun con el car�cter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. Nunca podr�n ser electos para el per�odo inmediato: a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el per�odo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominaci�n; b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominaci�n, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempe�e el cargo los dos �ltimos a�os del periodo. Inciso reformado DOF 26-09-2008 S�lo podr� ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de �l, o con residencia efectiva no menor de cinco a�os inmediatamente anteriores al d�a de los comicios, y tener 30 a�os cumplidos el d�a de la elecci�n, o menos, si as� lo establece la Constituci�n Pol�tica de la Entidad Federativa. P�rrafo reformado DOF 26-09-2008 II. El n�mero de representantes en las legislaturas de los Estados ser� proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podr� ser menor de siete diputados en los Estados cuya poblaci�n no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya poblaci�n exceda de este n�mero y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya poblaci�n sea superior a esta �ltima cifra. Las Constituciones estatales deber�n establecer la elecci�n consecutiva de los diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulaci�n s�lo podr� ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalici�n que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Las legislaturas de los Estados se integrar�n con diputados electos, seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en los t�rminos que se�alen sus leyes. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votaci�n emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n emitida m�s el ocho por ciento. Asimismo, en la integraci�n de la legislatura, el porcentaje de representaci�n de un partido pol�tico no podr� ser menor al porcentaje de votaci�n que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. P�rrafo reformado DOF 22-08-1996, 10-02-2014 Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobaci�n anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al se�alar las remuneraciones de servidores p�blicos deber�n sujetarse a las bases previstas en el art�culo 127 de esta Constituci�n. P�rrafo adicionado DOF 24-08-2009 Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, as� como los organismos con autonom�a reconocida en sus constituciones locales, deber�n incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores p�blicos. Estas propuestas deber�n observar el procedimiento que para la aprobaci�n de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables. P�rrafo adicionado DOF 24-08-2009 Las legislaturas de los estados contar�n con entidades estatales de fiscalizaci�n, las cuales ser�n �rganos con autonom�a t�cnica y de gesti�n en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, en los t�rminos que dispongan sus leyes. La funci�n de fiscalizaci�n se desarrollar� conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deber�n fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda p�blica. Los informes de auditor�a de las entidades estatales de fiscalizaci�n tendr�n car�cter p�blico. P�rrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 26-05-2015, 27-05-2015 El titular de la entidad de fiscalizaci�n de las entidades federativas ser� electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete a�os y deber� contar con experiencia de cinco a�os en materia de control, auditor�a financiera y de responsabilidades. P�rrafo adicionado DOF 07-05-2008 La cuenta p�blica del a�o anterior deber� ser enviada a la Legislatura del Estado, a m�s tardar el 30 de abril. S�lo se podr� ampliar el plazo de presentaci�n cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. P�rrafo adicionado DOF 27-05-2015 Las Legislaturas de los Estados regular�n los t�rminos para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. P�rrafo adicionado DOF 09-08-2012 III. El Poder Judicial de los Estados se ejercer� por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deber� estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Org�nicas de los Estados, las cuales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deber�n reunir los requisitos se�alados por las fracciones I a V del art�culo 95 de esta Constituci�n. No podr�n ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994 Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica. Los magistrados durar�n en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que se�alen las Constituciones Locales, podr�n ser reelectos, y si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores P�blicos de los Estados. Los magistrados y los jueces percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo. Reforma DOF 31-12-1994: Derog� de esta fracci�n el entonces p�rrafo quinto IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constituci�n y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizar�n que: P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del a�o que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el a�o de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estar�n obligados por esta �ltima disposici�n; Inciso reformado DOF 10-02-2014 b) En el ejercicio de la funci�n electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, m�xima publicidad y objetividad; Inciso reformado DOF 10-02-2014 c) Las autoridades que tengan a su cargo la organizaci�n de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonom�a en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes: 1o. Los organismos p�blicos locales electorales contar�n con un �rgano de direcci�n superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos pol�ticos concurrir�n a las sesiones s�lo con derecho a voz; cada partido pol�tico contar� con un representante en dicho �rgano. 2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales ser�n designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en los t�rminos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deber�n ser originarios de la entidad federativa correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco a�os anteriores a su designaci�n, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral har� la designaci�n correspondiente en t�rminos de este art�culo y la ley. Si la vacante se verifica durante los primeros cuatro a�os de su encargo, se elegir� un sustituto para concluir el per�odo. Si la falta ocurriese dentro de los �ltimos tres a�os, se elegir� a un consejero para un nuevo periodo. 3o. Los consejeros electorales estatales tendr�n un per�odo de desempe�o de siete a�os y no podr�n ser reelectos; percibir�n una remuneraci�n acorde con sus funciones y podr�n ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 4o. Los consejeros electorales estatales y dem�s servidores p�blicos que establezca la ley, no podr�n tener otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de los no remunerados en actividades docentes, cient�ficas, culturales, de investigaci�n o de beneficencia. Tampoco podr�n asumir un cargo p�blico en los �rganos emanados de las elecciones en cuya organizaci�n y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elecci�n popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos a�os posteriores al t�rmino de su encargo. 5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrar�n por un n�mero impar de magistrados, quienes ser�n electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara de Senadores, previa convocatoria p�blica, en los t�rminos que determine la ley. 6o. Los organismos p�blicos locales electorales contar�n con servidores p�blicos investidos de f� p�blica para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento ser�n reguladas por la ley. 7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del art�culo 41 de esta Constituci�n, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, ser�n resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, conforme lo determine la ley. Inciso reformado DOF 10-02-2014 d) Las autoridades electorales competentes de car�cter administrativo puedan convenir con el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organizaci�n de los procesos electorales locales; Inciso reformado DOF 10-02-2014 e) Los partidos pol�ticos s�lo se constituyan por ciudadanos sin intervenci�n de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliaci�n corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elecci�n popular, con excepci�n de lo dispuesto en el art�culo 2�., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constituci�n. Inciso reformado DOF 27-12-2013 f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los t�rminos que expresamente se�alen; El partido pol�tico local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votaci�n v�lida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovaci�n del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le ser� cancelado el registro. Esta disposici�n no ser� aplicable para los partidos pol�ticos nacionales que participen en las elecciones locales; P�rrafo adicionado DOF 10-02-2014 g) Los partidos pol�ticos reciban, en forma equitativa, financiamiento p�blico para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtenci�n del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidaci�n de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes; h) Se fijen los criterios para establecer los l�mites a las erogaciones de los partidos pol�ticos en sus precampa�as y campa�as electorales, as� como los montos m�ximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; Inciso reformado DOF 10-02-2014 i) Los partidos pol�ticos accedan a la radio y la televisi�n, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del art�culo 41 de esta Constituci�n; j) Se fijen las reglas para las precampa�as y las campa�as electorales de los partidos pol�ticos, as� como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duraci�n de las campa�as ser� de sesenta a noventa d�as para la elecci�n de gobernador y de treinta a sesenta d�as cuando s�lo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampa�as no podr�n durar m�s de las dos terceras partes de las respectivas campa�as electorales; Inciso reformado DOF 10-02-2014 k) Se regule el r�gimen aplicable a la postulaci�n, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento p�blico y al acceso a la radio y la televisi�n en los t�rminos establecidos en esta Constituci�n y en las leyes correspondientes; Inciso reformado DOF 10-02-2014 l) Se establezca un sistema de medios de impugnaci�n para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se se�alen los supuestos y las reglas para la realizaci�n, en los �mbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votaci�n; m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, as� como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y n) Se verifique, al menos, una elecci�n local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales; Inciso adicionado DOF 10-02-2014 o) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, as� como las sanciones que por ellos deban imponerse. Inciso recorrido DOF 10-02-2014 p) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elecci�n popular, en los t�rminos del art�culo 35 de esta Constituci�n. Inciso adicionado DOF 27-12-2013. Recorrido DOF 10-02-2014 Fracci�n adicionada DOF 22-08-1996. Reformada DOF 13-11-2007 V. Las Constituciones y leyes de los Estados deber�n instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonom�a para dictar sus fallos y establecer su organizaci�n, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendr�n a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administraci�n p�blica local y municipal y los particulares; imponer, en los t�rminos que disponga la ley, las sanciones a los servidores p�blicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; as� como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los da�os y perjuicios que afecten a la Hacienda P�blica Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes p�blicos locales o municipales. Para la investigaci�n, substanciaci�n y sanci�n de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se observar� lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalizaci�n sobre el manejo, la custodia y aplicaci�n de recursos p�blicos; Fracci�n recorrida y reformada DOF 22-08-1996. Reformada DOF 27-05-2015 VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regir�n por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y Fracci�n recorrida y reformada DOF 22-08-1996 VII. La Federaci�n y los Estados, en los t�rminos de ley, podr�n convenir la asunci�n por parte de �stos del ejercicio de sus funciones, la ejecuci�n y operaci�n de obras y la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario. Los Estados estar�n facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que �stos asuman la prestaci�n de los servicios o la atenci�n de las funciones a las que se refiere el p�rrafo anterior. Fracci�n recorrida DOF 22-08-1996 VIII. Las Constituciones de los Estados establecer�n organismos aut�nomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la informaci�n y de protecci�n de datos personales en posesi�n de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el art�culo 6o. de esta Constituci�n y la ley general que emita el Congreso de la Uni�n para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. Fracci�n adicionada DOF 07-02-2014 IX. Las Constituciones de los Estados garantizar�n que las funciones de procuraci�n de justicia se realicen con base en los principios de autonom�a, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. Fracci�n adicionada DOF 10-02-2014 Art�culo reformado DOF 17-03-1987 Art�culo 117. Los Estados no pueden, en ning�n caso: I. Celebrar alianza, tratado o coalici�n con otro Estado ni con las Potencias extranjeras. II. Derogada. Fracci�n derogada DOF 21-10-1966 III. Acu�ar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. IV. Gravar el tr�nsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de �l, a ninguna mercanc�a nacional o extranjera. VI. Gravar la circulaci�n ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exenci�n se efect�e por aduanas locales, requiera inspecci�n o registro de bultos o exija documentaci�n que acompa�e la mercanc�a. VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues (sic DOF 05-02-1917) o requisitos por raz�n de la procedencia de mercanc�as nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producci�n similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia. VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Los Estados y los Municipios no podr�n contraer obligaciones o empr�stitos sino cuando se destinen a inversiones p�blicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deber�n realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas p�blicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garant�as respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constituci�n, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los ejecutivos informar�n de su ejercicio al rendir la cuenta p�blica. En ning�n caso podr�n destinar empr�stitos para cubrir gasto corriente. P�rrafo reformado DOF 26-05-2015 Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deber�n autorizar los montos m�ximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empr�stitos y obligaciones, previo an�lisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garant�a o el establecimiento de la fuente de pago. P�rrafo adicionado DOF 26-05-2015 Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podr�n contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los l�mites m�ximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Uni�n. Las obligaciones a corto plazo, deber�n liquidarse a m�s tardar tres meses antes del t�rmino del periodo de gobierno correspondiente y no podr�n contratarse nuevas obligaciones durante esos �ltimos tres meses. P�rrafo adicionado DOF 26-05-2015 Fracci�n reformada DOF 24-10-1942, 30-12-1946, 21-04-1981 IX. Gravar la producci�n, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Uni�n autorice. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de las entidades federativas dictar�n, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Fracci�n adicionada DOF 24-10-1942 Art�culo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Uni�n: I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. II. Tener, en ning�n tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. III. Hacer la guerra por s� a alguna potencia extranjera, exceptu�ndose los casos de invasi�n y de peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos dar�n cuenta inmediata al Presidente de la Rep�blica. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 119. Los Poderes de la Uni�n tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasi�n o violencia exterior. En cada caso de sublevaci�n o transtorno interior, les prestar�n igual protecci�n, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aqu�lla no estuviere reunida. P�rrafo adicionado DOF 25-10-1993. Reformado DOF 29-01-2016 Las entidades federativas est�n obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, as� como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicar�n, con intervenci�n de los respectivos �rganos de procuraci�n de justicia, en los t�rminos de los convenios de colaboraci�n que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales podr�n celebrar convenios de colaboraci�n con la Fiscal�a General de la Rep�blica. P�rrafo reformado DOF 10-02-2014 Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero ser�n tramitadas por el Ejecutivo Federal, con la intervenci�n de la autoridad judicial en los t�rminos de esta Constituci�n, los Tratados Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria ser� bastante para motivar la detenci�n hasta por sesenta d�as naturales. Art�culo reformado DOF 03-09-1993 Art�culo 120. Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas est�n obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales. Art�culo reformado DOF 29-01-2016 Art�culo 121. En cada entidad federativa se dar� entera fe y cr�dito de los actos p�blicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Uni�n, por medio de leyes generales, prescribir� la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujet�ndose a las bases siguientes: P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 I. Las leyes de una entidad federativa s�lo tendr�n efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podr�n ser obligatorias fuera de �l. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 II. Los bienes muebles e inmuebles se regir�n por la ley del lugar de su ubicaci�n. III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, s�lo tendr�n fuerza ejecutoria en �sta, cuando as� lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales s�lo ser�n ejecutadas en otra entidad federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por raz�n de domicilio, a la justicia que las pronunci�, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendr�n validez en las otras. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 V. Los t�tulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeci�n a sus leyes, ser�n respetados en las otras. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 Art�culo 122. La Ciudad de M�xico es una entidad federativa que goza de autonom�a en todo lo concerniente a su r�gimen interior y a su organizaci�n pol�tica y administrativa. A. El gobierno de la Ciudad de M�xico est� a cargo de sus poderes locales, en los t�rminos establecidos en la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, la cual se ajustar� a lo dispuesto en la presente Constituci�n y a las bases siguientes: I. La Ciudad de M�xico adoptar� para su r�gimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democr�tico y laico. El poder p�blico de la Ciudad de M�xico se dividir� para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una sola persona o corporaci�n ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. La Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico establecer� las normas y las garant�as para el goce y la protecci�n de los derechos humanos en los �mbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el art�culo 1o. de esta Constituci�n. II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de M�xico, la cual se integrar� en los t�rminos que establezca la Constituci�n Pol�tica de la entidad. Sus integrantes deber�n cumplir los requisitos que la misma establezca y ser�n electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, por un periodo de tres a�os. En ning�n caso, un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votaci�n emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n emitida m�s el ocho por ciento. Asimismo, en la integraci�n de la Legislatura, el porcentaje de representaci�n de un partido pol�tico no podr� ser menor al porcentaje de votaci�n que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. En la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico se establecer� que los diputados a la Legislatura podr�n ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulaci�n deber� ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalici�n que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. La Constituci�n Pol�tica de la entidad establecer� las normas para garantizar el acceso de todos los grupos parlamentarios a los �rganos de gobierno del Congreso local y, a los de mayor representaci�n, a la Presidencia de los mismos. Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes. Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de M�xico revisar la cuenta p�blica del a�o anterior, por conducto de su entidad de fiscalizaci�n, la cual ser� un �rgano con autonom�a t�cnica y de gesti�n en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, en los t�rminos que disponga su ley. La funci�n de fiscalizaci�n se desarrollar� conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. La cuenta p�blica del a�o anterior deber� ser enviada a la Legislatura a m�s tardar el 30 de abril del a�o siguiente. Este plazo solamente podr� ser ampliado cuando se formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de M�xico suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. Los informes de auditor�a de la entidad de fiscalizaci�n de la Ciudad de M�xico tendr�n car�cter p�blico. El titular de la entidad de fiscalizaci�n de la Ciudad de M�xico ser� electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete a�os y deber� contar con experiencia de cinco a�os en materia de control, auditor�a financiera y de responsabilidades. III. El titular del Poder Ejecutivo se denominar� Jefe de Gobierno de la Ciudad de M�xico y tendr� a su cargo la administraci�n p�blica de la entidad; ser� electo por votaci�n universal, libre, secreta y directa, y no podr� durar en su encargo m�s de seis a�os. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ning�n caso y por ning�n motivo podr� volver a ocupar ese cargo, ni con el car�cter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. La Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico establecer� las facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos que deber� reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, la que garantizar� la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecer�n las condiciones para el ingreso, formaci�n, permanencia y especializaci�n de quienes integren el poder Judicial. Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de M�xico deber�n reunir como m�nimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del art�culo 95 de esta Constituci�n. No podr�n ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de M�xico el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el a�o previo al d�a de la designaci�n. Los magistrados durar�n en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico; podr�n ser reelectos y, si lo fueren, s�lo podr�n ser privados de sus puestos en los t�rminos que establecen esta Constituci�n, as� como la Constituci�n y las leyes de la Ciudad de M�xico. Los magistrados y los jueces percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable, la cual no podr� ser disminuida durante su encargo. V. La Administraci�n P�blica de la Ciudad de M�xico ser� centralizada y paraestatal. La hacienda p�blica de la Ciudad y su administraci�n ser�n unitarias, incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores p�blicos. El r�gimen patrimonial de la Administraci�n P�blica Centralizada tambi�n tendr� car�cter unitario. La hacienda p�blica de la Ciudad de M�xico se organizar� conforme a criterios de unidad presupuestaria y financiera. Corresponde a la Legislatura la aprobaci�n anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al se�alar las remuneraciones de servidores p�blicos deber�n sujetarse a las bases previstas en el art�culo 127 de esta Constituci�n. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, as� como los organismos con autonom�a constitucional, deber�n incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores p�blicos. Estas propuestas deber�n observar el procedimiento que para la aprobaci�n del presupuesto de egresos establezcan la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico y las leyes locales. Las leyes federales no limitar�n la facultad de la Ciudad de M�xico para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, traslaci�n y mejora, as� como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo, ni conceder�n exenciones en relaci�n con las mismas. Las leyes de la Ciudad de M�xico no establecer�n exenciones o subsidios en favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes del dominio p�blico de la Federaci�n, de las entidades federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico. Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de M�xico proponer al Poder Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. VI. La divisi�n territorial de la Ciudad de M�xico para efectos de su organizaci�n pol�tico administrativa, as� como el n�mero, la denominaci�n y los l�mites de sus demarcaciones territoriales, ser�n definidos con lo dispuesto en la Constituci�n Pol�tica local. El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico estar� a cargo de las Alcald�as. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda p�blica de la Ciudad de M�xico, la Legislatura aprobar� el presupuesto de las Alcald�as, las cuales lo ejercer�n de manera aut�noma en los supuestos y t�rminos que establezca la Constituci�n Pol�tica local. La integraci�n, organizaci�n administrativa y facultades de las Alcald�as se establecer�n en la Constituci�n Pol�tica y leyes locales, las que se sujetar�n a los principios siguientes: a) Las Alcald�as son �rganos pol�tico administrativos que se integran por un Alcalde y por un Concejo electos por votaci�n universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres a�os. Los integrantes de la Alcald�a se elegir�n por planillas de entre siete y diez candidatos, seg�n corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y despu�s los Concejales con sus respectivos suplentes, en el n�mero que para cada demarcaci�n territorial determine la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico. En ning�n caso el n�mero de Concejales podr� ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los Concejos ser�n electos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en la proporci�n de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ning�n partido pol�tico o coalici�n electoral podr� contar con m�s del sesenta por ciento de los concejales. b) La Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico deber� establecer la elecci�n consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulaci�n s�lo podr� ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalici�n que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. c) La administraci�n p�blica de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. La Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico establecer� la competencia de las Alcald�as, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda p�blica de la Ciudad de M�xico, corresponder� a los Concejos de las Alcald�as aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviar�n al Ejecutivo local para su integraci�n al proyecto de presupuesto de la Ciudad de M�xico para ser remitido a la Legislatura. Asimismo, estar�n facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto p�blico en la respectiva demarcaci�n territorial. Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcald�as deber�n garantizar el gasto de operaci�n de la demarcaci�n territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos m�ximos, as� como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores p�blicos que establezca previamente la Legislatura, sujet�ndose a lo establecido por el art�culo 127 de esta Constituci�n. d) La Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico establecer� las bases para que la ley correspondiente prevea los criterios o f�rmulas para la asignaci�n del presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondr�, al menos, de los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de M�xico e ingresos derivados de la prestaci�n de servicios a su cargo. e) Las demarcaciones territoriales no podr�n, en ning�n caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o empr�stitos. f) Los Alcaldes y Concejales deber�n reunir los requisitos que establezca la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico. VII. La Ciudad de M�xico contar� con los organismos constitucionales aut�nomos que esta Constituci�n prev� para las entidades federativas. VIII. La Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico establecer� las normas para la organizaci�n y funcionamiento, as� como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonom�a para dictar sus fallos y establecer su organizaci�n, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendr� a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administraci�n P�blica local y los particulares; imponer, en los t�rminos que disponga la ley, las sanciones a los servidores p�blicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; as� como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los da�os y perjuicios que afecten a la Hacienda P�blica de la Ciudad de M�xico o al patrimonio de sus entes p�blicos. La ley establecer� las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus magistrados. La investigaci�n, substanciaci�n y sanci�n de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponder� al Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalizaci�n sobre el manejo, la custodia y aplicaci�n de recursos p�blicos. IX. La Constituci�n y las leyes de la Ciudad de M�xico deber�n ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracci�n IV del art�culo 116 de esta Constituci�n y las leyes generales correspondientes. X. La Constituci�n Pol�tica local garantizar� que las funciones de procuraci�n de justicia en la Ciudad de M�xico se realicen con base en los principios de autonom�a, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de M�xico y sus trabajadores se regir�n por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el art�culo 123 de esta Constituci�n y sus leyes reglamentarias. B. Los poderes federales tendr�n respecto de la Ciudad de M�xico, exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constituci�n. El Gobierno de la Ciudad de M�xico, dado su car�cter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Uni�n, garantizar�, en todo tiempo y en los t�rminos de este art�culo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. El Congreso de la Uni�n expedir� las leyes que establezcan las bases para la coordinaci�n entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de M�xico en virtud de su car�cter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendr� las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constituci�n confiere a los Poderes de la Uni�n. La C�mara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, analizar� y determinar� los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de M�xico en su car�cter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio. Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de M�xico la direcci�n de las instituciones de seguridad p�blica de la entidad, en los t�rminos que establezca la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico y las leyes locales, as� como nombrar y remover libremente al servidor p�blico que ejerza el mando directo de la fuerza p�blica. En la Ciudad de M�xico ser� aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 115 de esta Constituci�n. El Ejecutivo Federal podr� remover al servidor p�blico que ejerza el mando directo de la fuerza p�blica a que se refiere el p�rrafo anterior, por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Uni�n en los t�rminos de esta Base. Los bienes inmuebles de la Federaci�n ubicados en la Ciudad de M�xico estar�n exclusivamente bajo la jurisdicci�n de los poderes federales. C. La Federaci�n, la Ciudad de M�xico, as� como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecer�n mecanismos de coordinaci�n administrativa en materia de planeaci�n del desarrollo y ejecuci�n de acciones regionales para la prestaci�n de servicios p�blicos, en t�rminos de la ley que emita el Congreso de la Uni�n. Para la eficaz coordinaci�n a que se refiere el p�rrafo anterior, dicha ley establecer� las bases para la organizaci�n y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponder� acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protecci�n al ambiente; preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico; transporte; tr�nsito; agua potable y drenaje; recolecci�n, tratamiento y disposici�n de desechos s�lidos, y seguridad p�blica. La ley que emita el Congreso de la Uni�n establecer� la forma en la que se tomar�n las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podr�n comprender: a) La delimitaci�n de los �mbitos territoriales y las acciones de coordinaci�n para la operaci�n y funcionamiento de obras y servicios p�blicos de alcance metropolitano; b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignaci�n de recursos a los proyectos metropolitanos; y c) La proyecci�n conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestaci�n de servicios p�blicos. D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constituci�n establece para los Estados aplicar�n a la Ciudad de M�xico. Art�culo reformado DOF 25-10-1993, 31-12-1994. Fe de erratas al art�culo DOF 03-01-1995. Art�culo reformado DOF 22-08-1996, 13-11-2007, 07-05-2008, 24-08-2009, 27-04-2010, 09-08-2012, 27-12-2013, 07-02-2014, 10-02-2014, 27-05-2015, 29-01-2016 T�tulo Sexto Del Trabajo y de la Previsi�n Social Art�culo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente �til; al efecto, se promover�n la creaci�n de empleos y la organizaci�n social de trabajo, conforme a la ley. P�rrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 El Congreso de la Uni�n, sin contravenir a las bases siguientes deber� expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regir�n: P�rrafo reformado DOF 06-09-1929, 05-12-1960. Reformado y reubicado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 A. Entre los obreros, jornaleros, empleados dom�sticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: P�rrafo adicionado (como encabezado de Apartado A) DOF 05-12-1960 I. La duraci�n de la jornada m�xima ser� de ocho horas. II. La jornada m�xima de trabajo nocturno ser� de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo despu�s de las diez de la noche, de los menores de diecis�is a�os; Fracci�n reformada DOF 21-11-1962, 31-12-1974 III. Queda prohibida la utilizaci�n del trabajo de los menores de quince a�os. Los mayores de esta edad y menores de diecis�is tendr�n como jornada m�xima la de seis horas. Fracci�n reformada DOF 21-11-1962, 17-06-2014 IV. Por cada seis d�as de trabajo deber� disfrutar el operario de un d�a de descanso, cuando menos. V. Las mujeres durante el embarazo no realizar�n trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relaci�n con la gestaci�n; gozar�n forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario �ntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relaci�n de trabajo. En el per�odo de lactancia tendr�n dos descansos extraordinarios por d�a, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; Fracci�n reformada DOF 31-12-1974 VI. Los salarios m�nimos que deber�n disfrutar los trabajadores ser�n generales o profesionales. Los primeros regir�n en las �reas geogr�ficas que se determinen; los segundos se aplicar�n en ramas determinadas de la actividad econ�mica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario m�nimo no podr� ser utilizado como �ndice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. P�rrafo reformado DOF 27-01-2016 Los salarios m�nimos generales deber�n ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educaci�n obligatoria de los hijos. Los salarios m�nimos profesionales se fijar�n considerando, adem�s, las condiciones de las distintas actividades econ�micas. Los salarios m�nimos se fijar�n por una comisi�n nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podr� auxiliarse de las comisiones especiales de car�cter consultivo que considere indispensables para el mejor desempe�o de sus funciones. Fracci�n reformada DOF 21-11-1962, 23-12-1986 VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. VIII. El salario m�nimo quedar� exceptuado de embargo, compensaci�n o descuento. IX. Los trabajadores tendr�n derecho a una participaci�n en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: a) Una Comisi�n Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijar� el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores; b) La Comisi�n Nacional practicar� las investigaciones y realizar� los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la econom�a nacional. Tomar� asimismo en consideraci�n la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del Pa�s, el inter�s razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversi�n de capitales; c) La misma Comisi�n podr� revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen. d) La Ley podr� exceptuar de la obligaci�n de repartir utilidades a las empresas de nueva creaci�n durante un n�mero determinado y limitado de a�os, a los trabajos de exploraci�n y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares; e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomar� como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podr�n formular ante la Oficina correspondiente de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico las objeciones que juzguen convenientes, ajust�ndose al procedimiento que determine la ley; f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la direcci�n o administraci�n de las empresas. Fracci�n reformada DOF 04-11-1933, 21-11-1962 X. El salario deber� pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercanc�as, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonar� como salario por el tiempo excedente un 100% m�s de lo fijado para las horas normales. En ning�n caso el trabajo extraordinario podr� exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de diecis�is a�os no ser�n admitidos en esta clase de trabajos. Fracci�n reformada DOF 31-12-1974 XII. Toda empresa agr�cola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estar� obligada, seg�n lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones c�modas e higi�nicas. Esta obligaci�n se cumplir� mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir dep�sitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a �stos cr�dito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedici�n de una ley para la creaci�n de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regular� las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podr�n adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a que se refiere el p�rrafo primero de esta fracci�n, situadas fuera de las poblaciones, est�n obligadas a establecer escuelas, enfermer�as y dem�s servicios necesarios a la comunidad. Adem�s, en esos mismos centros de trabajo, cuando su poblaci�n exceda de dosicentos (sic DOF 09-01-1978) habitantes, deber� reservarse un espacio de terreno, que no ser� menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados p�blicos, instalaci�n de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. P�rrafo adicionado DOF 09-01-1978 Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. P�rrafo adicionado DOF 09-01-1978 Fracci�n reformada DOF 14-02-1972 XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estar�n obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitaci�n o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinar� los sistemas, m�todos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deber�n cumplir con dicha obligaci�n. Fracci�n reformada DOF 09-01-1978 XIV. Los empresarios ser�n responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesi�n o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deber�n pagar la indemnizaci�n correspondiente, seg�n que haya tra�do como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistir� a�n en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. XV. El patr�n estar� obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociaci�n, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las m�quinas, instrumentos y materiales de trabajo, as� como a organizar de tal manera �ste, que resulte la mayor garant�a para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepci�n, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendr�n, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; Fracci�n reformada DOF 31-12-1974 XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendr�n derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. XVII. Las leyes reconocer�n como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros. XVIII. Las huelgas ser�n l�citas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producci�n, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios p�blicos ser� obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez d�as de anticipaci�n, a los tribunales laborales, de la fecha se�alada para la suspensi�n del trabajo. Las huelgas ser�n consideradas como il�citas �nicamente cuando la mayor�a de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aqu�llos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. Cuando se trate de obtener la celebraci�n de un contrato colectivo de trabajo se deber� acreditar que se cuenta con la representaci�n de los trabajadores. Fracci�n reformada DOF 31-12-1938, 24-02-2017 XIX. Los paros ser�n l�citos �nicamente cuando el exceso de producci�n haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un l�mite costeable, previa aprobaci�n de los tribunales laborales. Fracci�n reformada DOF 24-02-2017 XX. La resoluci�n de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estar� a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federaci�n o de las entidades federativas, cuyos integrantes ser�n designados atendiendo a lo dispuesto en los art�culos 94, 97, 116 fracci�n III, y 122 Apartado A, fracci�n IV de esta Constituci�n, seg�n corresponda, y deber�n contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deber�n observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonom�a e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deber�n asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la funci�n conciliatoria estar� a cargo de los Centros de Conciliaci�n, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendr�n personalidad jur�dica y patrimonio propios. Contar�n con plena autonom�a t�cnica, operativa, presupuestaria, de decisi�n y de gesti�n. Se regir�n por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integraci�n y funcionamiento se determinar� en las leyes locales. La ley determinar� el procedimiento que se deber� observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliaci�n consistir� en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliaci�n s�lo se realizar�n con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecer� las reglas para que los convenios laborales adquieran condici�n de cosa juzgada, as� como para su ejecuci�n. En el orden federal, la funci�n conciliatoria estar� a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponder� adem�s, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, as� como todos los procesos administrativos relacionados. El organismo descentralizado a que se refiere el p�rrafo anterior contar� con personalidad jur�dica y patrimonio propios, plena autonom�a t�cnica, operativa, presupuestaria, de decisi�n y de gesti�n. Se regir� por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integraci�n y funcionamiento se determinar� en la ley de la materia. Para la designaci�n del titular del organismo descentralizado a que se refiere el p�rrafo anterior, el Ejecutivo Federal someter� una terna a consideraci�n de la C�mara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, realizar� la designaci�n correspondiente. La designaci�n se har� por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la C�mara de Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta d�as. Si la C�mara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupar� el cargo aqu�l que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal. En caso de que la C�mara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someter� una nueva, en los t�rminos del p�rrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupar� el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. El nombramiento deber� recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado un cargo en alg�n partido pol�tico, ni haya sido candidato a ocupar un cargo p�blico de elecci�n popular en los tres a�os anteriores a la designaci�n; y que goce de buena reputaci�n y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deber� cumplir los requisitos que establezca la ley. Desempe�ar� su encargo por per�odos de seis a�os y podr� ser reelecto por una sola ocasi�n. En caso de falta absoluta, el sustituto ser� nombrado para concluir el periodo respectivo. S�lo podr� ser removido por causa grave en los t�rminos del T�tulo IV de esta Constituci�n y no podr� tener ning�n otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aqu�llos en que act�en en representaci�n del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, cient�ficas, culturales o de beneficencia. Fracci�n reformada DOF 24-02-2017 XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resoluci�n, se dar� por terminado el contrato de trabajo y quedar� obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, adem�s de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposici�n no ser� aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracci�n siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dar� por terminado el contrato de trabajo. Fracci�n reformada DOF 21-11-1962, 24-02-2017 XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociaci�n o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga l�cita, estar� obligado, a elecci�n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinar� los casos en que el patrono podr� ser eximido de la obligaci�n de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnizaci�n. Igualmente tendr� la obligaci�n de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de �l malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su c�nyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podr� eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimieto (sic DOF 21-11-1962) o tolerancia de �l. Fracci�n reformada DOF 21-11-1962 XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociaci�n colectiva y los leg�timos intereses de trabajadores y patrones, deber�n garantizar, entre otros, los siguientes principios: a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y b) Certeza en la firma, registro y dep�sito de los contratos colectivos de trabajo. Para la resoluci�n de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebraci�n de un contrato colectivo de trabajo y la elecci�n de dirigentes, el voto de los trabajadores ser� personal, libre y secreto. La ley garantizar� el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elecci�n de dirigentes, los estatutos sindicales podr�n, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. Fracci�n adicionada DOF 24-02-2017 XXIII. Los cr�ditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el �ltimo a�o, y por indemnizaciones, tendr�n preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra. XXIV. De las deudas contra�das por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, s�lo ser� responsable el mismo trabajador, y en ning�n caso y por ning�n motivo se podr� exigir a los miembros de su familia, ni ser�n exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. XXV. El servicio para la colocaci�n de los trabajadores ser� gratuito para �stos, ya se efect�e por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra instituci�n oficial o particular. En la prestaci�n de este servicio se tomar� en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendr�n prioridad quienes representen la �nica fuente de ingresos en su familia. Fracci�n reformada DOF 31-12-1974 XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deber� ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el C�nsul de la Naci�n a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que adem�s de las cl�usulas ordinarias, se especificar� claramente que los gastos de repatriaci�n quedan a cargo del empresario contratante. XXVII. Ser�n condiciones nulas y no obligar�n a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la �ndole del trabajo. b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales. Inciso reformado DOF 24-02-2017 c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepci�n del jornal. d) Las que se�alen un lugar de recreo, fonda, caf�, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. e) Las que entra�en obligaci�n directa o indirecta de adquirir los art�culos de consumo en tiendas o lugares determinados. f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o desped�rsele de la obra. h) Todas las dem�s estipulaciones que impliquen renuncia de alg�n derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protecci�n y auxilio a los trabajadores. XXVIII. Las leyes determinar�n los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que ser�n inalienables, no podr�n sujetarse a grav�menes reales ni embargos, y ser�n transmisibles a t�tulo de herencia con simplificaci�n de las formalidades de los juicios sucesorios. XXIX. Es de utilidad p�blica la Ley del Seguro Social, y ella comprender� seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesaci�n involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guarder�a y cualquier otro encaminado a la protecci�n y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Fracci�n reformada DOF 06-09-1929, 31-12-1974 XXX. Asimismo ser�n consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcci�n de casas baratas e higi�nicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados. XXXI. La aplicaci�n de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 a) Ramas industriales y servicios. Encabezado de inciso reformado DOF 27-06-1990 1. Textil; 2. El�ctrica; 3. Cinematogr�fica; 4. Hulera; 5. Azucarera; 6. Minera; 7. Metal�rgica y sider�rgica, abarcando la explotaci�n de los minerales b�sicos, el beneficio y la fundici�n de los mismos, as� como la obtenci�n de hierro met�lico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 8. De hidrocarburos; 9. Petroqu�mica; 10. Cementera; 11. Calera; 12. Automotriz, incluyendo autopartes mec�nicas o el�ctricas; 13. Qu�mica, incluyendo la qu�mica farmac�utica y medicamentos; 14. De celulosa y papel; 15. De aceites y grasas vegetales; 16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricaci�n de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 18. Ferrocarrilera; 19. Maderera b�sica, que comprende la producci�n de aserradero y la fabricaci�n de triplay o aglutinados de madera; Fe de erratas al numeral DOF 13-01-1978 20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricaci�n de vidrio plano, liso o labrado, o de envases de vidrio; y 21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricaci�n de productos de tabaco; 22. Servicios de banca y cr�dito. Numeral adicionado DOF 27-06-1990 b) Empresas: 1. Aqu�llas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; 2. Aqu�llas que act�en en virtud de un contrato o concesi�n federal y las industrias que les sean conexas; y 3. Aqu�llas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicci�n federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona econ�mica exclusiva de la Naci�n. c) Materias: 1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, as� como todos los procesos administrativos relacionados; 2. La aplicaci�n de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o m�s entidades federativas; 3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en m�s de una entidad federativa; 4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los t�rminos de ley, y 5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitaci�n y adiestramiento de sus trabajadores, as� como de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contar�n con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicci�n local, en los t�rminos de la ley correspondiente. Inciso adicionado DOF 24-02-2017 Reforma DOF 24-02-2017: Derog� de la fracci�n el entonces p�rrafo segundo Fracci�n adicionada DOF 18-11-1942. Reformada DOF 21-11-1962, 06-02-1975. Fe de erratas DOF 17-03-1975. Reformada DOF 09-01-1978 B. Entre los Poderes de la Uni�n y sus trabajadores: P�rrafo reformado DOF 08-10-1974, 29-01-2016 I. La jornada diaria m�xima de trabajo diurna y nocturna ser� de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan ser�n extraordinarias y se pagar�n con un ciento por ciento m�s de la remuneraci�n fijada para el servicio ordinario. En ning�n caso el trabajo extraordinario podr� exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas; II. Por cada seis d�as de trabajo, disfrutar� el trabajador de un d�a de descanso, cuando menos, con goce de salario �ntegro; III. Los trabajadores gozar�n de vacaciones que nunca ser�n menores de veinte d�as al a�o; IV. Los salarios ser�n fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuant�a pueda ser disminuida durante la vigencia de �stos, sujet�ndose a lo dispuesto en el art�culo 127 de esta Constituci�n y en la ley. P�rrafo reformado DOF 24-08-2009 En ning�n caso los salarios podr�n ser inferiores al m�nimo para los trabajadores en general en las entidades federativas. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Fracci�n reformada DOF 27-11-1961 V. A trabajo igual corresponder� salario igual, sin tener en cuenta el sexo; VI. S�lo podr�n hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes; VII. La designaci�n del personal se har� mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizar� escuelas de Administraci�n P�blica; VIII. Los trabajadores gozar�n de derechos de escalaf�n a fin de que los ascensos se otorguen en funci�n de los conocimientos, aptitudes y antig�edad. En igualdad de condiciones, tendr� prioridad quien represente la �nica fuente de ingreso en su familia; Fracci�n reformada DOF 31-12-1974 XI (sic 05-12-1960). Los trabajadores s�lo podr�n ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los t�rminos que fije la ley. En caso de separaci�n injustificada tendr� derecho a optar por la reinstalaci�n en su trabajo o por la indemnizaci�n correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresi�n de plazas, los trabajadores afectados tendr�n derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnizaci�n de ley; X. Los trabajadores tendr�n el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podr�n, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes P�blicos, cuando se violen de manera general y sistem�tica los derechos que este art�culo les consagra; XI. La seguridad social se organizar� conforme a las siguientes bases m�nimas: a) Cubrir� los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilaci�n, la invalidez, vejez y muerte. b) En caso de accidente o enfermedad, se conservar� el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. c) Las mujeres durante el embarazo no realizar�n trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relaci�n con la gestaci�n; gozar�n forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos despu�s del mismo, debiendo percibir su salario �ntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relaci�n de trabajo. En el per�odo de lactancia tendr�n dos descansos extraordinarios por d�a, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Adem�s, disfrutar�n de asistencia m�dica y obst�trica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarder�as infantiles. Inciso reformado DOF 31-12-1974 d) Los familiares de los trabajadores tendr�n derecho a asistencia m�dica y medicinas, en los casos y en la proporci�n que determine la ley. e) Se establecer�n centros para vacaciones y para recuperaci�n, as� como tiendas econ�micas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. f) Se proporcionar�n a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Adem�s, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecer� un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir dep�sitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a �stos cr�dito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones c�modas e higi�nicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo ser�n enteradas al organismo encargado de la seguridad social regul�ndose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrar� el citado fondo y se otorgar�n y adjudicar�n los cr�ditos respectivos. Inciso reformado DOF 10-11-1972 XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales ser�n sometidos a un Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje integrado seg�n lo prevenido en la ley reglamentaria. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federaci�n y sus servidores ser�n resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados ser�n resueltos por esta �ltima. P�rrafo reformado DOF 31-12-1994 XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio P�blico, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regir�n por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio P�blico, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federaci�n, las entidades federativas y los Municipios, podr�n ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto se�alen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempe�o de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separaci�n, remoci�n, baja, cese o cualquier otra forma de terminaci�n del servicio fue injustificada, el Estado s�lo estar� obligado a pagar la indemnizaci�n y dem�s prestaciones a que tenga derecho, sin que en ning�n caso proceda su reincorporaci�n al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio P�blico, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentar�n sistemas complementarios de seguridad social. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 El Estado proporcionar� a los miembros en el activo del Ej�rcito, Fuerza A�rea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracci�n XI de este apartado, en t�rminos similares y a trav�s del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones. Fracci�n reformada DOF 10-11-1972, 08-03-1999, 18-06-2008 XIII bis. El banco central y las entidades de la Administraci�n P�blica Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regir�n sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado. Fracci�n adicionada DOF 17-11-1982. Reformada DOF 27-06-1990, 20-08-1993 XIV. La ley determinar� los cargos que ser�n considerados de confianza. Las personas que los desempe�en disfrutar�n de las medidas de protecci�n al salario y gozar�n de los beneficios de la seguridad social. Apartado B con fracciones adicionado DOF 05-12-1960 T�tulo S�ptimo Prevenciones Generales Art�culo 124. Las facultades que no est�n expresamente concedidas por esta Constituci�n a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de M�xico, en los �mbitos de sus respectivas competencias. Art�culo reformado DOF 29-01-2016 Art�culo 125. Ning�n individuo podr� desempe�ar a la vez dos cargos federales de elecci�n popular ni uno de la Federaci�n y otro de una entidad federativa que sean tambi�n de elecci�n; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempe�ar. Art�culo reformado DOF 29-01-2016 Art�culo 126. No podr� hacerse pago alguno que no est� comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 127. Los servidores p�blicos de la Federaci�n, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, de sus entidades y dependencias, as� como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos p�blicos, instituciones y organismos aut�nomos, y cualquier otro ente p�blico, recibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable por el desempe�o de su funci�n, empleo, cargo o comisi�n, que deber� ser proporcional a sus responsabilidades. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Dicha remuneraci�n ser� determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: I. Se considera remuneraci�n o retribuci�n toda percepci�n en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, est�mulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepci�n de los apoyos y los gastos sujetos a comprobaci�n que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. II. Ning�n servidor p�blico podr� recibir remuneraci�n, en t�rminos de la fracci�n anterior, por el desempe�o de su funci�n, empleo, cargo o comisi�n, mayor a la establecida para el Presidente de la Rep�blica en el presupuesto correspondiente. III. Ning�n servidor p�blico podr� tener una remuneraci�n igual o mayor que su superior jer�rquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempe�o de varios empleos p�blicos, que su remuneraci�n sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo t�cnico calificado o por especializaci�n en su funci�n, la suma de dichas retribuciones no deber� exceder la mitad de la remuneraci�n establecida para el Presidente de la Rep�blica en el presupuesto correspondiente. IV. No se conceder�n ni cubrir�n jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco pr�stamos o cr�ditos, sin que �stas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formar�n parte de la remuneraci�n. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores p�blicos por raz�n del cargo desempe�ado. V. Las remuneraciones y sus tabuladores ser�n p�blicos, y deber�n especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. VI. El Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de las entidades federativas, en el �mbito de sus competencias, expedir�n las leyes para hacer efectivo el contenido del presente art�culo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusi�n por simulaci�n de lo establecido en este art�culo. Fracci�n reformada DOF 29-01-2016 Art�culo reformado DOF 28-12-1982, 10-08-1987, 24-08-2009 Art�culo 128. Todo funcionario p�blico, sin excepci�n alguna, antes de tomar posesi�n de su encargo, prestar� la protesta de guardar la Constituci�n y las leyes que de ella emanen. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer m�s funciones que las que tengan exacta conexi�n con la disciplina militar. Solamente habr� Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Uni�n; o en los campamentos, cuarteles o dep�sitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estaci�n de las tropas. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 130. El principio hist�rico de la separaci�n del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente art�culo. Las iglesias y dem�s agrupaciones religiosas se sujetar�n a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Uni�n legislar en materia de culto p�blico y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que ser� de orden p�blico, desarrollar� y concretar� las disposiciones siguientes: a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendr�n personalidad jur�dica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regular� dichas asociaciones y determinar� las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. b) Las autoridades no intervendr�n en la vida interna de las asociaciones religiosas; c) Los mexicanos podr�n ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos as� como los extranjeros deber�n, para ello, satisfacer los requisitos que se�ale la ley; d) En los t�rminos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podr�n desempe�ar cargos p�blicos. Como ciudadanos tendr�n derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipaci�n y en la forma que establezca la ley, podr�n ser votados. e) Los ministros no podr�n asociarse con fines pol�ticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociaci�n pol�tica alguna. Tampoco podr�n en reuni�n p�blica, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de car�cter religioso, oponerse a las leyes del pa�s o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los s�mbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formaci�n de toda clase de agrupaciones pol�ticas cuyo t�tulo tenga alguna palabra o indicaci�n cualquiera que la relacione con alguna confesi�n religiosa. No podr�n celebrarse en los templos reuniones de car�cter pol�tico. La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y c�nyuges, as� como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, ser�n incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado. Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los t�rminos que establezcan las leyes, y tendr�n la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, tendr�n en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley. P�rrafo reformado DOF 29-01-2016 Art�culo reformado DOF 28-01-1992 Art�culo 131. Es facultad privativa de la Federaci�n gravar las mercanc�as que se importen o exporten, o que pasen de tr�nsito por el territorio nacional, as� como reglamentar en todo tiempo y a�n prohibir, por motivos de seguridad o de polic�a, la circulaci�n en el interior de la Rep�blica de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. P�rrafo reformado DOF 08-10-1974, 29-01-2016 El Ejecutivo podr� ser facultado por el Congreso de la Uni�n para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportaci�n e importaci�n, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; as� como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tr�nsito de productos, art�culos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la econom�a del pa�s, la estabilidad de la producci�n nacional, o de realizar cualquiera otro prop�sito, en beneficio del pa�s. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada a�o, someter� a su aprobaci�n el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. P�rrafo adicionado DOF 28-03-1951 Art�culo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de dep�sito y dem�s bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Uni�n al servicio p�blico o al uso com�n, estar�n sujetos a la jurisdicci�n de los Poderes Federales en los t�rminos que establezca la ley que expedir� el Congreso de la Uni�n; mas para que lo est�n igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de alg�n Estado, ser� necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo 133. Esta Constituci�n, las leyes del Congreso de la Uni�n que emanen de ella y todos los tratados que est�n de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Rep�blica, con aprobaci�n del Senado, ser�n la Ley Suprema de toda la Uni�n. Los jueces de cada entidad federativa se arreglar�n a dicha Constituci�n, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. Art�culo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016 Art�culo 134. Los recursos econ�micos de que dispongan la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, se administrar�n con eficiencia, eficacia, econom�a, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que est�n destinados. P�rrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016 Los resultados del ejercicio de dichos recursos ser�n evaluados por las instancias t�cnicas que establezcan, respectivamente, la Federaci�n y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos econ�micos se asignen en los respectivos presupuestos en los t�rminos del p�rrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los art�culos 26, Apartado C, 74, fracci�n VI y 79 de esta Constituci�n. P�rrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 29-01-2016 Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaci�n de servicios de cualquier naturaleza y la contrataci�n de obra que realicen, se adjudicar�n o llevar�n a cabo a trav�s de licitaciones p�blicas mediante convocatoria p�blica para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que ser� abierto p�blicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dem�s circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el p�rrafo anterior no sean id�neas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecer�n las bases, procedimientos, reglas, requisitos y dem�s elementos para acreditar la econom�a, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos econ�micos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, se sujetar� a las bases de este art�culo y a las leyes reglamentarias. La evaluaci�n sobre el ejercicio de dichos recursos se realizar� por las instancias t�cnicas de las entidades federativas a que se refiere el p�rrafo segundo de este art�culo. P�rrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016 Los servidores p�blicos ser�n responsables del cumplimiento de estas bases en los t�rminos del T�tulo Cuarto de esta Constituci�n. Los servidores p�blicos de la Federaci�n, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de M�xico, tienen en todo tiempo la obligaci�n de aplicar con imparcialidad los recursos p�blicos que est�n bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos pol�ticos. P�rrafo adicionado DOF 13-11-2007. Reformado DOF 29-01-2016 La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicaci�n social, que difundan como tales, los poderes p�blicos, los �rganos aut�nomos, las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica y cualquier otro ente de los tres �rdenes de gobierno, deber� tener car�cter institucional y fines informativos, educativos o de orientaci�n social. En ning�n caso esta propaganda incluir� nombres, im�genes, voces o s�mbolos que impliquen promoci�n personalizada de cualquier servidor p�blico. P�rrafo adicionado DOF 13-11-2007 Las leyes, en sus respectivos �mbitos de aplicaci�n, garantizar�n el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos p�rrafos anteriores, incluyendo el r�gimen de sanciones a que haya lugar. P�rrafo adicionado DOF 13-11-2007 Art�culo reformado DOF 28-12-1982 T�tulo Octavo De las Reformas de la Constituci�n Art�culo 135. La presente Constituci�n puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Uni�n, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que �stas sean aprobadas por la mayor�a de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de M�xico. P�rrafo reformado (se suprime la �ltima oraci�n, la cual se reforma y adiciona para quedar como segundo p�rrafo) DOF 21-10-1966. Reformado DOF 29-01-2016 El Congreso de la Uni�n o la Comisi�n Permanente en su caso, har�n el c�mputo de los votos de las Legislaturas y la declaraci�n de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. P�rrafo adicionado DOF 21-10-1966 T�tulo Noveno De la Inviolabilidad de la Constituci�n Art�culo 136. Esta Constituci�n no perder� su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebeli�n se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno p�blico, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecer� su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, ser�n juzgados, as� los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebeli�n, como los que hubieren cooperado a �sta. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culos Transitorios Art�culo Primero. Esta Constituci�n se publicar� desde luego y con la mayor solemnidad se protestar� guardarla y hacerla guardar en toda la Rep�blica; pero con excepci�n de las disposiciones relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzar� a regir sino desde el d�a 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deber� instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las pr�ximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la Rep�blica. En las elecciones a que debe convocarse, conforme al art�culo siguiente, no regir� la fracci�n V del art�culo 82; ni ser� impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ej�rcito, siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estar�n impedidos para poder ser electos al pr�ximo Congreso de la Uni�n, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, siempre que �stos se separen definitivamente de sus puestos el d�a que se expida la convocatoria respectiva. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Segundo. El Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci�n, inmediatamente que se publique esta Constituci�n, convocar� a elecciones de Poderes Federales, procurando que �stas se efect�en de tal manera que el Congreso quede constitu�do en tiempo oportuno, a fin de que hecho el c�mputo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse qui�n es la persona designada como Presidente de la Rep�blica, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el art�culo anterior. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Tercero. El pr�ximo per�odo constitucional comenzar� a contarse, para los Diputados y Senadores, desde el primero de septiembre pr�ximo pasado, y para el Presidente de la Rep�blica, desde el 1o. de Diciembre de 1916. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Cuarto. Los Senadores que en las pr�ximas elecciones llevaren el n�mero par, s�lo durar�n dos a�os en el ejercicio de su encargo, para que la C�mara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad cada dos a�os. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Quinto. El Congreso de la Uni�n elegir� a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en el mes de mayo pr�ximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el primero de Junio. En estas elecciones no regir� el art�culo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las Legislaturas locales; pero los nombrados lo ser�n s�lo para el primer per�odo de dos a�os que establece el art�culo 94. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Sexto. El Congreso de la Uni�n tendr� un per�odo extraordinario de sesiones que comenzar� el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el c�mputo de votos y calificar las elecciones de Presidente de la Rep�blica, haciendo la declaratoria respectiva; y adem�s, para expedir la ley Org�nica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la ley Org�nica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n haga inmediatamente los nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Uni�n las elecciones de Magistrados, Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedir� tambi�n todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Naci�n. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, deber�n tomar posesi�n de su cargo antes del 1o. de Julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el actual Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci�n. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo S�ptimo. Por esta vez, el c�mputo de los votos para Senadores se har� por la Junta Computadora del Primer Distrito Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formar� para la computaci�n de los votos de diputados, expidi�ndose por dicha junta a los senadores electos, las credenciales correspondientes. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Octavo. La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, resolver� los amparos que estuvieren pendientes, sujet�ndose a las leyes actuales en vigor. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Noveno. El C. Primer Jefe del Ej�rcito Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Uni�n, queda facultado para expedir la ley electoral, conforme a la cual deber�n celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar los Poderes de la Uni�n. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo D�cimo. Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebeli�n, contra el leg�timo de la Rep�blica, o cooperado a aqu�lla, combatiendo despu�s con las armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, ser�n juzgados por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por �ste. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Decimoprimero. Entre tanto el Congreso de la Uni�n y los de los Estados legislan sobre los problemas agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constituci�n para dichas leyes, se pondr�n en vigor en toda la Rep�blica. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Decimosegundo. Los mexicanos que hayan militado en el Ej�rcito Constitucionalista, los hijos y viudas de �stos, y las dem�s personas que hayan prestado servicios a la causa de la Revoluci�n o a la Instrucci�n P�blica, tendr�n preferencia para la adquisici�n de fracciones a que se refiere el art�culo 27 y derecho a los descuentos que las leyes se�alar�n. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Decimotercero. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por raz�n de trabajo hayan contra�do los trabajadores, hasta la fecha de esta Constituci�n, con los patronos, sus familiares o intermediarios. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Decimocuarto. Queda suprimida la Secretar�a de Justicia. Art�culo reformado DOF 08-07-1921 Art�culo Decimoquinto. Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Uni�n para que expida la ley de responsabilidad civil aplicable a los autores, c�mplices y encubridores de los delitos cometidos contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Decimosexto. El Congreso Constitucional en el per�odo ordinario de sus sesiones, que comenzar� el 1o. de septiembre de este a�o, expedir� todas las leyes org�nicas de la Constituci�n que no hubieren sido ya expedidas en el per�odo extraordinario a que se refiere el art�culo 6o. transitorio, y dar� preferencia a las leyes relativas a Garant�as Individuales, y art�culos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte final del art�culo 111 de esta Constituci�n. Art�culo original DOF 05-02-1917 Art�culo Decimos�ptimo. Los Templos y dem�s bienes que, conforme a la fracci�n II del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son propiedad de la naci�n, mantendr�n su actual situaci�n jur�dica. Art�culo adicionado DOF 07-04-1986. Derogado DOF 06-04-1990. Adicionado DOF 28-01-1992 Art�culo Decimoctavo. Derogado. Art�culo adicionado DOF 07-04-1986. Reformado DOF 15-12-1986. Derogado DOF 06-04-1990 Art�culo Decimonoveno. Derogado. Art�culo adicionado DOF 10-08-1987. Derogado DOF 06-04-1990 Dada en el Sal�n de Sesiones del Congreso Constituyente en Quer�taro, a treinta y uno de enero de mil novecientos diecisiete.- Presidente: Luis Manuel Rojas, Diputado por el Estado de Jalisco.- Primer Vice-Presidente: Gral. de Divisi�n C�ndido Aguilar, Diputado por el Estado de Veracruz.- Segundo Vice-Presidente: Gral. Brigadier Salvador Gonz�lez Torres, Diputado por el Estado de Oaxaca.- Diputado por el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes.- Diputado por el Territorio de la Baja California: Ignacio Roel.- Diputados por el Estado de Coahuila: M. Aguirre Berlanga, Jos� Ma. Rodr�guez, Jorge E. Von Versen, Manuel Cepeda Medrano, Jos� Rodr�guez Gonz�lez (Suplente).- Diputado por el Edo. de Colima: Francisco Ram�rez Villarreal.- Diputados por el Edo. de Chiapas: Enrique Su�rez, Lisandro L�pez, Daniel A. Cepeda, Crist�bal Ll. y Castillo, J. Amilcar Vidal.- Diputado por el Edo. de Chihuahua: Manuel M. Prieto.- Diputados por el Distrito Federal: Gral. Ignacio L. Pesqueira, Lauro L�pez Guerra, Gerzayn Ugarte, Amador Lozano, F�lix F. Palavicini, Carlos Dupl�n, Rafael L. de los R�os, Arnulfo Silva, Antonio Norzagaray, Ciro B. Ceballos, Alfonso Herrera, Rom�n Rosas y Reyes (Suplente), Lic. Francisco Espinosa (Suplente).- Diputados por el Edo. de Durango: Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espeleta, Antonio Guti�rrez, Dr. Fernando G�mez Palacio, Alberto Terrones B., Jes�s de la Torre.- Diputados por el Edo. de Guanajuato: Gral. Lic. Ram�n Frausto, Ing. Vicente M. Valtierra, Jos� N. Mac�as, David Pe�aflor, Jos� Villase�or, Santiago Manrique, Lic. Hilario Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio L�pez, Dr. Francisco D�az Barriga, Nicol�s Cano, Tte. Crnl. Gilberto N. Navarro, Luis Fern�ndez Mart�nez, Luis M. Alcocer (Suplente), Ing. Carlos Ram�rez Llaca.- Diputados por el Edo. de Guerrero: Fidel Jim�nez, Fidel Guill�n, Francisco Figueroa.- Diputados por el Edo. de Hidalgo: Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz, Lic. Alberto M. Gonz�lez, Rafael Vega S�nchez, Alfonso Cravioto, Mat�as Rodr�guez, Ismael Pintado S�nchez, Lic. Refugio M. Mercado, Alfonso Mayorga.- Diputados por el Edo. de Jalisco: Marcelino D�valos, Federico E. Ibarra, Manuel D�valos Ornelas, Francisco Mart�n del Campo, Bruno Moreno, Gaspar Bola�os B., Juan de Dios Robledo, Ram�n Casta�eda y Casta�eda, Jorge Villase�or, Gral. Amado Aguirre, Jos� I. Sol�rzano, Francisco Labastida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, Jos� Manzano, Joaqu�n Aguirre Berlanga, Gral. Brigadier Esteban B. Calder�n, Paulino Machorro y Narv�ez, Crnl. Sebasti�n Allende, Jr.- Diputados por el Edo. de M�xico: Aldegundo Villase�or, Fernando Moreno, Enrique O'F�rril, Guillermo Ordorica, Jos� J. Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, Manuel A. Hern�ndez, Enrique A. Enr�quez, Donato Bravo Izquierdo, Rub�n Mart�.- Diputados por el Edo. de Michoac�n: Jos� P. Ru�z, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avil�s, Gabriel R. Cervera, On�simo L�pez Couto, Salvador Alcaraz Romero, Manuel Mart�nez Sol�rzano, Mart�n Castrej�n, Lic. Alberto Alvarado, Jos� Alvarez, Rafael M�rquez, Jos� Silva Herrera, Amadeo Betancourt, Francisco J. M�gica, Jes�s Romero Flores.- Diputados por el Edo. de Morelos: Antonio Garza Zambrano, Alvaro L. Alc�zar, Jos� L. G�mez.- Diputados por el Edo. de Nuevo Le�n: Manuel Amaya, Nic�foro Zambrano, Luis Ilizaliturri, Crnl. Ram�n G�mez, Reynaldo Garza, Plutarco Gonz�lez, Lorenzo Sep�lveda (Suplente).- Diputados por el Edo. de Oaxaca: Juan S�nchez, Leopoldo Pay�n, Lic. Manuel Herrera, Lic. Porfirio Sosa, Lic. Celestino P�rez Jr., Cris�foro Rivera Cabrera, Crnl. Jos� F. G�mez, Mayor Luis Espinosa.- Diputados por el Edo. de Puebla: Dr. Salvador R. Guzm�n, Lic. Rafael P. Ca�ete, Miguel Rosales, Gabriel Rojana, Lic. David Pastrana Jaimes, Froyl�n C. Manjarrez, Tte. Crnl. Antonio de la Barrera, Mayor Jos� Rivera, Crnl. Epigmenio A. Mart�nez, Pastor Rouaix, Crnl. de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crnl. Federico Dinor�n, Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl. Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso Cabrera, Jos� Ver�stegui.- Diputados por el Edo. de Quer�taro: Juan N. Fr�as, Ernesto Perrusqu�a.- Diputados por el Edo. de San Luis Potos�: Samuel M. Santos, Dr. Arturo M�ndez, Rafael Mart�nez Mendoza, Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme D�vila (Suplente).- Diputados por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andr�s Magall�n, Carlos M. Ezquerro, C�ndido Avil�s, Emiliano C. Garc�a.- Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monz�n, Ram�n Ross.- Diputados por el Edo. de Tabasco: Lic. Rafael Mart�nez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen S�nchez Magallanes,- Diputados por el Edo. de Tamaulipas: Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de la H�jar, Emiliano Pr�spero Nafarrete.- Diputados por el Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Crist�bal Lim�n, Mayor Marcelino Sedano, Juan Espinosa B�vara.- Diputados por el Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo, Ascensi�n T�pal, Modesto Gonz�lez y Galindo.- Diputados por el Edo. de Veracruz: Sa�l Rodiles, Enrique Meza, Benito Ram�rez G., Eliseo L. C�spedes, Adolfo G. Garc�a, Josafat F. M�rquez, Alfredo Solares, Alberto Rom�n, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. G�ngora, Carlos L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. Pereyra.- Diputados por el Edo. de Yucat�n: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, H�ctor Victoria A.- Diputados por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villase�or, Juli�n Adame, Jairo R. Dyer, Samuel Casta��n, Andr�s L. Arteaga, Antonio Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar.- Secretario: Fernando Lizardi, Diputado por el Edo. de Guanajuato.- Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. de Coahuila.- Secretario: Jos� M. Truchuelo, Diputado por el Edo. de Quer�taro.- Secretario: Antonio Ancona Albertos, Diputado por el Edo. de Yucat�n.- Prosecretario: Dr. Jes�s L�pez Lira, Diputado por el Edo. de Guanajuato.- Prosecretario: Fernando Casta�os, Diputado por el Edo. de Durango.- Prosecretario: Juan de Dios Boj�rquez, Diputado por el Edo. de Sonora.- Prosecretario: Flavio A. B�rquez, Diputado por el Edo. de Sonora. Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y preg�n en toda la Rep�blica para su debido cumplimiento. Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Quer�taro, el 5 de febrero de 1917.- V. CARRANZA.- R�brica. Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernaci�n.- M�xico. Lo que h�nrome en comunicar a usted para su publicaci�n y dem�s efectos. Constituci�n y Reformas.- M�xico, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete.- AGUIRRE BERLANGA. Al Ciudadano �� ART�CULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA A partir del 3 de septiembre de 1993 DECRETO por el que se reforman los art�culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 3 de septiembre de 1993 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor el d�a de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- Permanecer�n en sus cargos los actuales Magistrados del Tribunal Federal Electoral electos por la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n, seg�n Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 3 de octubre de 1990. Art�culo Tercero.- En la elecci�n federal de 1994 se elegir�n, para cada Estado y el Distrito Federal, dos senadores de mayor�a relativa y uno de primera minor�a a las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de la Uni�n, quienes durar�n en funciones del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha del t�rmino del ejercicio de la �ltima legislatura citada. Para esta elecci�n, los partidos pol�ticos deber�n registrar una lista con dos f�rmulas de candidatos en cada entidad federativa. Art�culo Cuarto.- Los diputados federales a la LVI Legislatura durar�n en su encargo del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha en que concluya la citada legislatura. Art�culo Quinto.- La elecci�n federal para integrar la LVI Legislatura de la C�mara de Diputados del H. Congreso de la Uni�n, se realizar� con base en la distribuci�n de los distritos uninominales y las cinco circunscripciones plurinominales en que se dividi� el pa�s para el proceso electoral federal de 1991. Para la elecci�n federal de 1997, por la que se integrar� la LVII Legislatura, se har� la nueva distribuci�n de distritos uninominales con base en los resultados definitivos del censo general de poblaci�n de 1990. Art�culo Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el presente Decreto. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 2 de septiembre de 1993.- Sen. Emilio M. Gonz�lez, Presidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Dip. Juan Campos Vega, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los dos d�as del mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Patrocinio Gonz�lez Blanco Garrido.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los art�culos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, as� como la denominaci�n del t�tulo quinto, adici�n de una fracci�n IX al art�culo 76 y un primer p�rrafo al 119 y se deroga la fracci�n XVII del art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 25 de octubre de 1993 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor treinta d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios. Art�culo Segundo.- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal electa para el per�odo noviembre de 1991 a noviembre de 1994, continuar� teniendo las facultades establecidas en la fracci�n VI del art�culo 73 de esta Constituci�n vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto. Art�culo Tercero.- La III Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tendr� las facultades que le otorga el presente Decreto, y ser� la que se integre para el per�odo que comenzar� el 15 de noviembre de 1994 y concluir� el 16 de septiembre de 1997. Art�culo Cuarto.- A partir del 15 de marzo de 1995, los per�odos de sesiones ordinarias de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se celebrar�n de acuerdo con las fechas establecidas por el presente decreto. Art�culo Quinto.- El primer nombramiento para el cargo de Jefe del Distrito Federal, en los t�rminos de este Decreto se verificar� en el mes de diciembre de 1997 y el per�odo constitucional respectivo concluir� el 2 de diciembre del a�o 2000. En tanto dicho Jefe asume su encargo, el gobierno del Distrito Federal seguir� a cargo del Presidente de la Rep�blica de acuerdo con la base 1a de la fracci�n VI del art�culo 73 de esta Constituci�n vigente al momento de entrar en vigor el presente Decreto. El Ejecutivo Federal mantendr� la facultad de nombrar y remover libremente al titular del �rgano u �rganos de gobierno del Distrito Federal y continuar� ejerciendo para el Distrito Federal, en lo conducente, las facultades establecidas en la fracci�n I del art�culo 89 de esta Constituci�n. Art�culo Sexto.- Los consejos de ciudadanos por demarcaci�n territorial se elegir�n e instalar�n en 1995, conforme a las disposiciones del Estatuto de Gobierno y las leyes respectivas. Art�culo S�ptimo.- Los servidores p�blicos que se readscriban a la administraci�n p�blica del Distrito Federal y sus dependencias conservar�n todos sus derechos laborales. Art�culo Octavo.- Las iniciativas de leyes de ingresos y de decretos de presupuesto de egresos del Distrito Federal para los ejercicios 1995, 1996 y 1997, as� como las cuentas p�blicas de 1995 y 1996 ser�n enviados a la Asamblea de Representantes por el Presidente de la Rep�blica. La cuenta p�blica correspondiente a 1994 ser� revisada por la C�mara de Diputados del Congreso de la Uni�n. Art�culo Noveno.- En tanto se reforman y expidan las disposiciones que coordinen el sistema fiscal entre la Federaci�n y el Distrito Federal, continuar�n aplic�ndose las normas que sobre la materia rijan al entrar en vigor el presente Decreto. Art�culo D�cimo.- En tanto se expidan las nuevas normas aplicables al Distrito Federal continuar�n rigiendo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Art�culo D�cimo Primero.- El Congreso de la Uni�n conservar� la facultad de legislar, en el �mbito local, en las materias de orden com�n, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos de car�cter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponder� a la Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los t�rminos del presente Decreto. DECRETO mediante el cual se declaran reformados diversos art�culos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de agosto de 1996 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, con excepci�n de lo previsto en los art�culos siguientes. Art�culo Segundo.- Las adiciones contenidas en la fracci�n ll del art�culo 105 del presente Decreto, �nicamente por lo que se refiere a las legislaciones electorales de los Estados, que por los calendarios vigentes de sus procesos la jornada electoral deba celebrarse antes del primero de abril de 1997, entrar�n en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. Para las legislaciones electorales federal y locales que se expidan antes del 1o. de abril de 1997 con motivo de las reformas contenidas en el presente Decreto, por �nica ocasi�n, no se aplicar� el plazo se�alado en el p�rrafo cuarto de la fracci�n II del art�culo 105. Las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicci�n entre una norma de car�cter general electoral y la Constituci�n, que se ejerciten en los t�rminos previstos por el Art�culo 105 fracci�n II de la misma y este Decreto, antes del 1o. de abril de 1997, se sujetar�n a las siguientes disposiciones especiales: a) El plazo a que se refiere el segundo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo mencionado, para el ejercicio de la acci�n, ser� de quince d�as naturales; y b) La Suprema Corte de Justicia de la Naci�n deber� resolver la acci�n ejercida en un plazo no mayor a quince d�as h�biles, contados a partir de la presentaci�n del escrito inicial. Las reformas al art�culo 116 contenidas en el presente Decreto no se aplicar�n a las disposiciones constitucionales y legales de los Estados que deban celebrar procesos electorales cuyo inicio haya ocurrido u ocurra antes del 1o. de enero de 1997. En estos casos, dispondr�n de un plazo de un a�o contado a partir de la conclusi�n de los procesos electorales respectivos, para adecuar su marco constitucional y legal al precepto citado. Todos los dem�s Estados, que no se encuentren comprendidos en la excepci�n del p�rrafo anterior, deber�n adecuar su marco constitucional y legal a lo dispuesto por el art�culo 116 modificado por el presente Decreto, en un plazo que no exceder� de seis meses contado a partir de su entrada en vigor. Art�culo Tercero.- A m�s tardar el 31 de octubre de 1996 deber�n estar nombrados el consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, as� como los ocho nuevos consejeros electorales y sus suplentes, que sustituir�n a los actuales Consejeros Ciudadanos, quienes no podr�n ser reelectos. En tanto se hacen los nombramientos o se reforma la ley de la materia, el Consejo General del Instituto Federal Electoral seguir� ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le se�ala el C�digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Art�culo Cuarto.- En la elecci�n federal de 1997 se elegir�n, a la Quincuag�sima S�ptima Legislatura, treinta y dos senadores seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripci�n plurinominal nacional, y durar�n en funciones del 1o. de noviembre de 1997 a la fecha en que concluya la se�alada Legislatura. La asignaci�n se har� mediante una f�rmula que tome en cuenta el cociente natural y el resto mayor; y se har� en orden decreciente de las listas respectivas. Se deroga el segundo p�rrafo del Art�culo Tercero de los Art�culos Transitorios del Decreto de fecha 2 de septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 3 del mismo mes y a�o, por el que se reformaron los Art�culos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de esta Constituci�n. Art�culo Quinto.- Los nuevos Magistrados Electorales deber�n designarse a m�s tardar el 31 de octubre de 1996 y, por esta ocasi�n, requerir�n para su elecci�n del voto de las tres cuartas partes de los miembros presentes de la C�mara de Senadores. Art�culo Sexto.- En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, el Tribunal Federal Electoral seguir� ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le se�ala el C�digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Art�culo S�ptimo.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal se elegir� en el a�o de 1997 y ejercer� su mandato, por esta �nica vez, hasta el d�a 4 de diciembre del a�o 2000. Art�culo Octavo.- La norma que determina la facultad para expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal se�alada en el inciso f) de la fracci�n V del apartado C del art�culo 122 de este Decreto, entrar� en vigor el 1o. de enero de 1998. Para la elecci�n en 1997 del Jefe de Gobierno y los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, se aplicar� el C�digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Art�culo Noveno.- El requisito a que se refiere el p�rrafo segundo de la fracci�n I de la BASE SEGUNDA, del apartado C del art�culo 122, que proh�be acceder a Jefe de Gobierno si se hubiese desempe�ado tal cargo con cualquier car�cter, debe entenderse aplicable a todo ciudadano que haya sido titular de dicho �rgano, aunque lo haya desempe�ado bajo distinta denominaci�n. Art�culo D�cimo.- Lo dispuesto en la fracci�n II de la BASE TERCERA, del apartado C del art�culo 122, que se refiere a la elecci�n de los titulares de los �rganos pol�tico-administrativos en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, entrar� en vigor el 1o. de enero del a�o 2000; en 1997, se elegir�n en forma indirecta, en los t�rminos que se�ale la ley Art�culo D�cimo Primero.- La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materias civil y penal para el Distrito Federal entrar� en vigor el 1o. de enero de 1999. Art�culo D�cimo Segundo.- Continuar�n bajo jurisdicci�n federal los inmuebles sitos en el Distrito Federal, que est�n destinados al servicio que prestan los Poderes Federales, as� como cualquier otro bien afecto al uso de dichos poderes. Art�culo D�cimo Tercero.- Todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los �rganos locales en el Distrito Federal seguir�n vigentes en tanto no se expidan por los �rganos competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones y las bases se�aladas en este Decreto. SAL�N DE SESIONES DE LA COMISI�N PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNI�N.- M�xico, D.F., a 21 de agosto de 1996.- Sen. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Martina Montenegro Espinoza, Secretaria.- Sen. Francisco Xavier Salazar S�enz, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veinti�n d�as del mes de agosto de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Emilio Chuayffet Chemor.- R�brica. DECRETO por el que se declaran reformados los art�culos 30, 32 y 37 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 20 de marzo de 1997 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al a�o siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podr�n beneficiarse de lo dispuesto en el art�culo 37, apartado A), constitucional, previa solicitud que hagan a la Secretar�a de Relaciones Exteriores, en cualquier tiempo. Art�culo reformado DOF 22-07-2004 Art�culo Tercero.- Las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, seguir�n aplic�ndose a los nacidos o concebidos durante su vigencia, �nicamente en todo aquello que les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma contenida en el presente decreto Art�culo reformado DOF 26-02-1999 Art�culo Cuarto.- En tanto el Congreso de la Uni�n emita las disposiciones correspondientes en materia de nacionalidad, seguir� aplic�ndose la Ley de Nacionalidad vigente, en lo que no se oponga al presente Decreto. Art�culo Quinto.- El �ltimo p�rrafo del apartado C) del art�culo 37, entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SAL�N DE SESIONES DE LA COMISI�N PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNI�N.- M�xico, D.F., a 5 de marzo de 1997.- Dip. Juan Jos� Osorio Palacios, Presidente.- Sen. Melquiades Morales Flores, Secretario.- Dip. Armando Ballinas Mayes, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los siete d�as del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Emilio Chuayffet Chemor.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformado el art�culo 3o. transitorio, del Decreto por el que se reformaron los art�culos 30, 32 y 37 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 20 de marzo de 1997. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 26 de febrero de 1999 ART�CULO TRANSITORIO �nico.- Esta reforma entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 3 de febrero de 1999.- Dip. Porfirio Mu�oz Ledo, Presidente.- Sen. Guadalupe G�mez Maganda, Secretaria.- Dip. Carlos Jim�nez Mac�as, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veintid�s d�as del mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Labastida Ochoa.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los art�culos 94, 97, 100 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 11 de junio de 1999 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- Los actuales Consejeros de la Judicatura Federal, con excepci�n del Presidente del Consejo, concluir�n sus funciones a la entrada en vigor del presente decreto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Senado y el Ejecutivo Federal deber�n designar a los Consejeros de la Judicatura Federal, de conformidad con el art�culo 100 constitucional reformado, a m�s tardar dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Por �nica vez, el per�odo de los Consejeros designados por la Suprema Corte de Justicia vencer� el �ltimo d�a de noviembre de 2002, de 2004 y de 2006; el de los designados por el senado el �ltimo d�a de noviembre de 2003 y 2007; y el designado por el Ejecutivo Federal, el �ltimo d�a de noviembre de 2005. Al designar Consejeros, se deber� se�alar cual de los per�odos corresponder� a cada uno. Art�culo Tercero.- En tanto queda instalado el Consejo de la Judicatura Federal, en t�rminos del transitorio que antecede, funcionar� una comisi�n temporal compuesta por el Presidente del Consejo y por los funcionarios que dependan directamente del propio Consejo. Dicha comisi�n proveer� los tr�mites y resolver� los asuntos administrativos de notoria urgencia que se presenten, salvo los relacionados con nombramientos, adscripci�n, ratificaci�n y remoci�n de jueces y magistrados. Una vez instalado el Consejo, dar� cuenta al pleno de las medidas tomadas, a fin de que �ste acuerde lo que proceda. Art�culo Cuarto.- Los procesos a que aluden los art�culos que se reforman, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuar�n tramit�ndose conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que fueron iniciados. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 9 de junio de 1999.- Sen. Mar�a de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Sen. Francisco Xavier Salazar S�enz, Secretario.- Dip. A. M�nica Garc�a Vel�zquez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los diez d�as del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se declara la adici�n de una fracci�n XXIX-J al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 28 de junio de 1999 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- La presente adici�n entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- Se fija como plazo m�ximo para la expedici�n de la ley reglamentaria de las atribuciones de la Federaci�n en materia de deporte, el de un a�o. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 9 de junio de 1999.- Sen. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Sen. Francisco Xavier Salazar S�enz, Secretario.- Dip. A. M�nica Garc�a Vel�zquez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veintitr�s d�as del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformado el art�culo 58 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 29 de julio de 1999 TRANSITORIO Art�culo �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 14 de julio de 1999.- Sen. Mar�a de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- Sen. Francisco Xavier Salazar S�enz, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veintisiete d�as del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se declaran reformados los art�culos 73, 74, 78 y 79 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 30 de julio de 1999 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios. Art�culo Segundo.- La entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n iniciar� sus funciones el 1 de enero del a�o 2000. La revisi�n de la Cuenta P�blica y las funciones de fiscalizaci�n a que se refieren las fracciones I a IV del art�culo 79 reformado por este Decreto, se llevar�n a cabo, en los t�rminos del propio Decreto, a partir de la revisi�n de la Cuenta P�blica correspondiente al a�o 2001. La entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n revisar� la Cuenta P�blica de los a�os 1998, 1999 y 2000 conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto. Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a la Contadur�a Mayor de Hacienda de la C�mara de Diputados, se entender�n hechas a la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n. Art�culo Tercero.- En tanto la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n no empiece a ejercer las atribuciones a que se refiere este Decreto, la Contadur�a Mayor de Hacienda continuar� ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene conforme al art�culo 74, fracci�n IV, de la Constituci�n, su Ley Org�nica y dem�s disposiciones jur�dicas aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto. Los servidores p�blicos de la Contadur�a Mayor de Hacienda no ser�n afectados en forma alguna en sus derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de este Decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan. Una vez creada la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n, todos los recursos humanos, materiales y patrimoniales en general de la Contadur�a Mayor de Hacienda, pasar�n a formar parte de dicha entidad. Art�culo Cuarto.- El Contador Mayor de Hacienda ser� titular de la entidad de fiscalizaci�n superior de la Federaci�n hasta el 31 de diciembre de 2001; podr� ser ratificado para continuar en dicho encargo hasta completar el per�odo de ocho a�os a que se refiere el art�culo 79 de esta Constituci�n." SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 14 de julio de 1999.- Sen. Mar�a de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- Sen. Francisco Xavier Salazar S�enz, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veintisiete d�as del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se reforma y adiciona el art�culo 102 apartado B de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 13 de septiembre de 1999 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- Este Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- Los actuales integrantes del Consejo Consultivo de la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos, continuar�n en su encargo hasta concluir el per�odo para el que fueron designados, pudiendo, en su caso, ser propuestos y elegidos para un segundo per�odo en los t�rminos de lo dispuesto por el quinto p�rrafo del apartado B del Art�culo 102 que se reforma por este Decreto. Art�culo Tercero.- En un plazo m�ximo de sesenta d�as, la C�mara de Senadores o, en su caso, la Comisi�n Permanente del Congreso de la Uni�n, deber� elegir al Presidente de la Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos, conforme al procedimiento dispuesto por el apartado B del Art�culo 102 que se reforma por este Decreto. Para tal efecto, se observar�n las siguientes reglas: A.- La Comisi�n correspondiente de la C�mara de Senadores proceder� a realizar una amplia auscultaci�n entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, as� como entre los organismos p�blicos y privados promotores o defensores de los Derechos Humanos. B.- Con base en la auscultaci�n antes se�alada, la Comisi�n podr� proponer la ratificaci�n de la actual Titular de la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos o, en su caso, integrar una terna de candidatos. Art�culo Cuarto.- En tanto el Congreso de la Uni�n expide las reformas a la Ley de la Comisi�n Nacional de Derechos Humanos, �sta ejercer� sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedici�n. Art�culo Quinto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 18 de agosto de 1999.- Sen. Mar�a de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Dip. A. M�nica Garc�a Vel�zquez, Secretaria.- Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los siete d�as del mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 23 de diciembre de 1999 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente decreto entrar� en vigor noventa d�as despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, salvo lo previsto en los art�culos siguientes. Art�culo Segundo.- Los Estados deber�n adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la Uni�n deber� realizar las adecuaciones a las leyes federales a m�s tardar el 30 de abril del a�o 2001. En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el p�rrafo anterior, se continuar�n aplicando las disposiciones vigentes. Art�culo Tercero.- Trat�ndose de funciones y servicios que conforme al presente Decreto sean competencia de los municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el art�culo transitorio anterior sean prestados por los gobiernos estatales, o de manera coordinada con los municipios, �stos podr�n asumirlos, previa aprobaci�n del ayuntamiento. Los gobiernos de los estados dispondr�n de lo necesario para que la funci�n o servicio p�blico de que se trate se transfiera al municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno del estado, en un plazo m�ximo de 90 d�as contados a partir de la recepci�n de la correspondiente solicitud. En el caso del inciso a) de la fracci�n III del art�culo 115, dentro del plazo se�alado en el p�rrafo anterior, los gobiernos estatales podr�n solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su �mbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de estado a municipio afecte, en perjuicio de la poblaci�n, su prestaci�n. La legislatura estatal resolver� lo conducente. En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer p�rrafo, las funciones y servicios p�blicos seguir�n ejerci�ndose o prest�ndose en los t�rminos y condiciones vigentes. Art�culo Cuarto.- Los estados y municipios realizar�n los actos conducentes a efecto de que los convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este decreto y a las constituciones y leyes estatales. Art�culo Quinto.- Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinaci�n con los municipios respectivos, adoptar�n las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y proceder�n, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. Art�culo Sexto.- En la realizaci�n de las acciones conducentes al cumplimiento del presente decreto, se respetar�n los derechos y obligaciones contra�dos previamente con terceros, as� como los derechos de los trabajadores estatales y municipales. M�xico, D.F., a 28 de octubre de 1999.- Sen. Crist�bal Arias Sol�s, Presidente.- Dip. Francisco Jos� Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Alejandro Garc�a Acevedo, Secretario.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veintid�s d�as del mes de diciembre del a�o de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de abril de 2000 TRANSITORIO Art�culo �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 8 de marzo de 2000.- Dip. Francisco Jos� Paoli Bolio, Presidente.- Dip. Sergio Vald�s Arias, Secretario.- Dip. Miguel A. Quiroz P�rez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los seis d�as del mes de abril de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones del art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 21 de septiembre de 2000 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor a los seis meses de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- Las disposiciones legales vigentes continuar�n aplic�ndose en lo que no se opongan al presente Decreto, en tanto se expiden las normas reglamentarias correspondientes. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 23 de agosto de 2000.- Sen. Mar�a de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Sen. Jos� de Jes�s Padilla Padilla, Secretario.- Dip. Angelina Mu�oz Fern�ndez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los diecinueve d�as del mes de septiembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformada la fracci�n XXV del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 21 de septiembre de 2000 TRANSITORIO Art�culo �nico.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 23 de agosto de 2000.- Sen. Mar�a de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Sen. Jos� de Jes�s Padilla Padilla, Secretario.- Dip. Angelina Mu�oz Fern�ndez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los diecinueve d�as del mes de septiembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de Le�n.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Di�doro Carrasco Altamirano.- R�brica. DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer p�rrafos al art�culo 1o., se reforma el art�culo 2o., se deroga el p�rrafo primero del art�culo 4o.; y se adicionan un sexto p�rrafo al art�culo 18, y un �ltimo p�rrafo a la fracci�n tercera del art�culo 115 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 14 de agosto de 2001 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de las entidades federativas deber�n realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo aqu� estipulado. Art�culo Tercero.- Para establecer la demarcaci�n territorial de los distritos electorales uninominales deber� tomarse en consideraci�n, cuando sea factible, la ubicaci�n de los pueblos y comunidades ind�genas, a fin de propiciar su participaci�n pol�tica. Art�culo Cuarto.- El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondr� que el texto �ntegro de la exposici�n de motivos y del cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos ind�genas del pa�s y ordenar� su difusi�n en sus comunidades. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 18 de julio de 2001.- Sen. Fidel Herrera Beltr�n, Vicepresidente en funciones de Presidente.- Sen. Susana Sthepenson P�rez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los tres d�as del mes de agosto de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Santiago Creel Miranda.- R�brica. DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominaci�n del T�tulo Cuarto y se adiciona un segundo p�rrafo al art�culo 113 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 14 de junio de 2002 TRANSITORIO Art�culo �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor el 1o. de enero del segundo a�o siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. La Federaci�n, las entidades federativas y los municipios contar�n con el periodo comprendido entre la publicaci�n del presente Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las modificaciones necesarias, seg�n sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, as� como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. La aprobaci�n de la reforma constitucional implicar� necesariamente la adecuaci�n a las disposiciones jur�dicas secundarias, tanto en el �mbito federal como en el local, conforme a los criterios siguientes: a) El pago de la indemnizaci�n se efectuar�a despu�s de seguir los procedimientos para determinar que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnizaci�n, y b) El pago de la indemnizaci�n estar� sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. Para la expedici�n de las leyes o la realizaci�n de las modificaciones necesarias para proveer al debido cumplimiento del decreto, se contar�a con el periodo comprendido entre la publicaci�n del decreto y su entrada en vigor. Seg�n la fecha de aprobaci�n del Decreto y su consiguiente publicaci�n, el citado periodo no ser�a menor a un a�o ni mayor a dos. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 15 de mayo de 2002.- Sen. Diego Fern�ndez de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Manuel A�orve Ba�os, Secretario.- R�bricas". En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los trece d�as del mes de junio de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Santiago Creel Miranda.- R�brica. DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el art�culo 3o., en su p�rrafo primero, fracciones III, V y VI, y el art�culo 31 en su fracci�n I, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 12 de noviembre de 2002 TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- La autoridad educativa federal deber�, a la entrada en vigor del presente Decreto, instalar comisiones t�cnicas y de consulta con las dem�s autoridades educativas del pa�s que resulten pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la unificaci�n estructural, curricular y laboral de los tres niveles constitucionales obligatorios, en un solo nivel de educaci�n b�sica integrada. Art�culo Tercero.- La autoridad educativa federal deber�, a la entrada en vigor del presente Decreto, instalar comisiones t�cnicas y de consulta con las dem�s autoridades educativas del pa�s que resulten pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la revisi�n de los planes, programas y materiales de estudio, para establecer, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, los nuevos programas de estudio de la educaci�n preescolar obligatoria para todo el pa�s, as� como preparar al personal docente y directivo de este nivel, de acuerdo a la nueva realidad educativa que surge de este Decreto. Art�culo Cuarto.- Con el objetivo de impulsar la equidad en la calidad de los servicios de educaci�n preescolar en el pa�s, la autoridad educativa deber� prever lo necesario para dar cumplimiento a lo que dispone el art�culo 2o. de la Ley Reglamentaria del art�culo 5o. constitucional en materia de profesiones, en el sentido de que la impartici�n de la educaci�n preescolar es una profesi�n que necesita t�tulo para su ejercicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes a la fecha imparten este nivel educativo. Art�culo Quinto.- La educaci�n preescolar ser� obligatoria para todos en los siguientes plazos: en el tercer a�o de preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el segundo a�o de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el primer a�o de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. En los plazos se�alados, el Estado mexicano habr� de universalizar en todo el pa�s, con calidad, la oferta de este servicio educativo. Art�culo Sexto.- Los presupuestos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales incluir�n los recursos necesarios para: la construcci�n, ampliaci�n y equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educaci�n preescolar; con sus correspondientes programas de formaci�n profesional del personal docente as� como de dotaci�n de materiales de estudio gratuito para maestros y alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos y las zonas donde no haya sido posible establecer infraestructura para la prestaci�n del servicio de educaci�n preescolar, las autoridades educativas federales en coordinaci�n con las locales, establecer�n los programas especiales que se requieran y tomar�n las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los educandos a los servicios de educaci�n primaria. Art�culo S�ptimo.- Los gobiernos estatales y del Distrito Federal celebrar�n con el gobierno federal convenios de colaboraci�n que les permitan cumplir con la obligatoriedad de la educaci�n preescolar en los t�rminos establecidos en los art�culos anteriores. Art�culo Octavo.- Al entrar en vigor el presente Decreto, deber�n impulsarse las reformas y adiciones a la Ley General de Educaci�n y dem�s disposiciones legales aplicables en la materia. SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION.- M�xico, D.F., a 15 de mayo de 2002.- Sen. Diego Fern�ndez de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Manuel A�orve Ba�os, Secretario.- R�bricas". En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los ocho d�as del mes de noviembre de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Santiago Creel Miranda.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona la fracci�n XXIX-M al art�culo 73 y se reforma la fracci�n VI del art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 5 de abril de 2004 TRANSITORIO Art�culo �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 18 de marzo de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cort�s, Secretario.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los cinco d�as del mes de abril de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Santiago Creel Miranda.- R�brica. DECRETO por el que se aprueba el diverso que reforma el art�culo segundo transitorio a los art�culos 30, 32 y 37 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el veinte de marzo de 1997. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de julio de 2004 TRANSITORIO �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 2 de junio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Jorge Uscanga Escobar, Secretario.- R�bricas.� En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veinte d�as del mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Santiago Creel Miranda.- R�brica. DECRETO por el que se aprueba el diverso mediante el cual se reforma la fracci�n IV del art�culo 74 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 30 de julio de 2004 TRANSITORIO �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 7 de julio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Cruz L�pez Aguilar, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veintiocho d�as del mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Santiago Creel Miranda.- R�brica. DECRETO por el que se aprueba el Decreto que reforma el primer p�rrafo del art�culo 65 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 2 de agosto de 2004 TRANSITORIOS Primero.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- Al entrar en vigor el presente decreto, deber�n impulsarse las reformas y adiciones a la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y dem�s disposiciones legales aplicables en la materia. M�xico, D.F., a 30 de junio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Jorge Uscanga Escobar, Secretario.- R�bricas". En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veintiocho d�as del mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Santiago Creel Miranda.- R�brica. DECRETO por el que se aprueba el diverso que adiciona una fracci�n XXIX-L al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de septiembre de 2004 Art�culo Unico. Se adiciona la fracci�n XXIX-L al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: .......... TRANSITORIO �nico.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 28 de julio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Cruz L�pez Aguilar, Secretario.- R�bricas.� En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veintid�s d�as del mes de septiembre de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Santiago Creel Miranda.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona el art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 20 de junio de 2005 ART�CULO �NICO.- Se adiciona un p�rrafo quinto al art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, recorri�ndose en su orden los actuales quinto y sexto, que pasan a ser sexto y s�ptimo, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIO �NICO.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 4 de mayo de 2005.- Sen. Diego Fern�ndez de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Mar�a Guadalupe Su�rez Ponce, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los diecisiete d�as del mes de junio de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se declara adicionado un p�rrafo tercero a la fracci�n XXI, del Art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 28 de noviembre de 2005 ART�CULO �NICO. Se adiciona un p�rrafo tercero a la fracci�n XXI, del Art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIO �NICO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro D�az Esc�rraga, Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Patricia Gardu�o Morales, Secretaria.- Sen. Yolanda E. Gonz�lez Hern�ndez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veinti�n d�as del mes de noviembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el �nico p�rrafo y se adicionan un segundo y tercer p�rrafos al art�culo 46; se deroga la fracci�n IV del art�culo 73; se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracci�n X a ser fracci�n XII del art�culo 76, y se reforma la fracci�n I del art�culo 105, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 8 de diciembre de 2005 Art�culo Primero.- Se reforma el �nico p�rrafo y se adicionan un segundo y tercer p�rrafos al art�culo 46 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... Art�culo Segundo.- Se deroga la fracci�n IV del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... Art�culo Tercero.- Se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracci�n X a ser fracci�n XII del art�culo 76 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... Art�culo Cuarto.- Se reforma la fracci�n I del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica Mexicana, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIOS PRIMERO.- La reforma entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO.- La C�mara de Senadores establecer� dentro del periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisi�n de L�mites de las Entidades Federativas, la cual se integrar� y funcionar� en los t�rminos de la ley reglamentaria que al efecto se expida, as� como por las disposiciones que para el caso dispongan la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior. TERCERO.- Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en tr�mite ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n con motivo de conflictos lim�trofes entre entidades federativas, ser�n remitidas de inmediato, con todos sus antecedentes, a la C�mara de Senadores, a fin de que �sta en t�rminos de sus atribuciones constitucionales proceda a establecerlos de manera definitiva mediante decreto legislativo. M�xico, D.F., a 3 de noviembre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Heliodoro D�az Esc�rraga, Presidente.- Sen. Yolanda E. Gonz�lez Hern�ndez, Secretaria.- Dip. Patricia Gardu�o Morales, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los primer d�a del mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformados los art�culos 14, segundo p�rrafo y 22 primer p�rrafo, y derogado el cuarto p�rrafo del art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 9 de diciembre de 2005 Art�culo �nico. Se reforman los Art�culos 14, segundo p�rrafo y 22 primer p�rrafo, y se deroga el cuarto p�rrafo del Art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... ART�CULO TRANSITORIO �NICO.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro D�az Esc�rraga, Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Yolanda E. Gonz�lez Hern�ndez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los primer d�a del mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformado el p�rrafo cuarto y adicionados los p�rrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los �ltimos dos p�rrafos del Art�culo 18 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 12 de diciembre de 2005 Art�culo �nico.- Se reforma el p�rrafo cuarto y se adicionan los p�rrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los �ltimos dos p�rrafos del Art�culo 18 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor a los tres meses siguientes de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. Los Estados de la Federaci�n y el Distrito Federal contar�n con seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto, para crear las leyes, instituciones y �rganos que se requieran para la aplicaci�n del presente Decreto. La Federaci�n contar� con un a�o a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir las leyes y establecer las instituciones y los �rganos que se requieran en el orden federal para la implementaci�n del sistema de justicia integral para adolescentes. P�rrafo adicionado DOF 14-08-2009 TERCERO. Los asuntos en tr�mite hasta el momento en que entren en vigor las leyes y se implementen las instituciones y los �rganos a que se refiere el transitorio anterior se concluir�n conforme a la legislaci�n con que se iniciaron. Los asuntos que se encuentren pendientes de resoluci�n en el momento en que inicie la operaci�n del nuevo sistema se remitir�n a la autoridad que resulte competente para que contin�e en el conocimiento de �stos hasta su conclusi�n. Art�culo adicionado DOF 14-08-2009 M�xico, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro D�az Esc�rraga, Presidente.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Yolanda E. Gonz�lez Hern�ndez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los primer d�a del mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se declaran reformados los art�culos 26 y 73 fracci�n XXIX-D de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de abril de 2006 Art�culo Primero.- Se reforma el Art�culo 26, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... Art�culo Segundo.- Se reforma la fracci�n XXIX-D del Art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIOS Primero.- El Presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- En tanto se expide la Ley general a que se refiere el apartado B del Art�culo 26 de esta Constituci�n, continuar� en vigor la Ley de Informaci�n Estad�stica y Geogr�fica, y dem�s disposiciones legales y administrativas aplicables. Asimismo, subsistir�n los nombramientos, poderes, mandatos, comisiones y, en general, las delegaciones y facultades concedidas, a los servidores p�blicos del Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica. Tercero.- A la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el apartado B del Art�culo 26 de esta Constituci�n, los recursos financieros y materiales, as� como los trabajadores adscritos al Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica, �rgano desconcentrado de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, se transferir�n al organismo creado en los t�rminos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguir�n rigiendo por el apartado B del Art�culo 123 de esta Constituci�n y de ninguna forma resultar�n afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. Cuarto.- Conforme a las disposiciones aplicables, el r�gimen presupuestario del organismo creado en los t�rminos del presente Decreto, deber� garantizar la libre administraci�n, la no-transferencia y la suficiencia de recursos p�blicos. Lo anterior, a efecto de que el organismo est� en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que formule en observancia de la Ley a que se refiere el apartado B del Art�culo 26 de esta Constituci�n. Quinto.- Los asuntos que se encuentren en tr�mite o pendientes de resoluci�n a la entrada en vigor de este Decreto, se seguir�n substanciando ante el Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica, y posteriormente ante el organismo creado en los t�rminos del presente Decreto. Sexto.- Dentro de los 180 d�as naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n deber� emitir la Ley a la que se refiere el apartado B del Art�culo 26 de esta Constituci�n. S�ptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. M�xico, D.F., a 16 de marzo de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Marcela Gonz�lez Salas P., Presidenta.- Sen. Sa�l L�pez Sollano, Secretario.- Dip. Patricia Gardu�o Morales, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los cinco d�as del mes de abril del a�o dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona el inciso g) a la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 14 de septiembre de 2006 ART�CULO �NICO. Se adiciona el inciso g) a la fracci�n II del art�culo 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIO �NICO.- El presente Decreto iniciar� su vigencia al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 23 de agosto de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ram�rez, Presidente.- Dip. Diva Hadamira Gastelum Bajo, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los once d�as del mes de septiembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el art�culo 73, fracci�n XXIX-H de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 4 de diciembre de 2006 ART�CULO �NICO.- Se reforma el art�culo 73, fracci�n XXIX-H de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIOS Art�culo Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo.- En tanto no se modifique la legislaci�n que regula la materia de responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos federales, �sta continuar� rigi�ndose por las disposiciones legales vigentes al momento de su aplicaci�n. M�xico, D.F., a 21 de noviembre de 2006.- Dip. Jorge Zerme�o Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Lilia Gpe. Merodio Reza, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- R�bricas.� En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los treinta d�as del mes de noviembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el Art�culo 1o., P�rrafo Tercero de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 4 de diciembre de 2006 ART�CULO �NICO.- Se reforma el Art�culo 1o., P�rrafo Tercero de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... ART�CULO TRANSITORIO �NICO.- La presente reforma entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 21 de noviembre de 2006.- Dip. Jorge Zerme�o Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Ma. Mercedez Maciel Ortiz, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- R�bricas.� En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los treinta d�as del mes de noviembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Carlos Mar�a Abascal Carranza.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el art�culo 76 fracci�n I, y el art�culo 89 fracci�n X, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 12 de febrero de 2007 Art�culo �nico.- Se reforma el art�culo 76 fracci�n I; y el art�culo 89 fracci�n X de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIO �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 17 de enero de 2007.- Dip. Jorge Zerme�o Infante, Presidente.- Dip. Miguel Angel Pe�a Sanchez, Secretario.- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodriguez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los ocho d�as del mes de febrero de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO por el que se reforma la fracci�n VI, del art�culo 82 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 19 de junio de 2007 ART�CULO �NICO.- Se reforma la fracci�n VI, del Art�culo 82 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIO �NICO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos Ernesto Navarro L�pez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los doce d�as del mes de junio de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO por el que se reforma la fracci�n V del art�culo 55 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 19 de junio de 2007 ART�CULO �NICO.- Se reforma la fracci�n V del art�culo 55 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIO �NICO.- El presente Decreto entrar� en vigor a partir del d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos Ernesto Navarro L�pez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los doce d�as del mes de junio de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO por el que se reforma la fracci�n X del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 20 de julio de 2007 ART�CULO �NICO.- Se reforma la fracci�n X del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. Lo anterior ser� sin perjuicio de las disposiciones normativas que para tal efecto expidan las entidades federativas como complemento para la prevenci�n de accidentes, la seguridad p�blica y la protecci�n civil, siempre y cuando se sujeten a lo que establezca la ley de la materia. M�xico, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos Ernesto Navarro L�pez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los diecis�is d�as del mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona un segundo p�rrafo con siete fracciones al Art�culo 6o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 20 de julio de 2007 Art�culo �nico.- Se adiciona un segundo p�rrafo con siete fracciones al Art�culo 6o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIOS Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- La Federaci�n, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos �mbitos de competencia, deber�n expedir las leyes en materia de acceso a la informaci�n p�blica y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a m�s tardar un a�o despu�s de la entrada en vigor de este Decreto. Tercero.- La Federaci�n, los Estados y el Distrito Federal deber�n contar con sistemas electr�nicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la informaci�n y de los procedimientos de revisi�n a los que se refiere este Decreto, a m�s tardar en dos a�os a partir de la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecer�n lo necesario para que los municipios con poblaci�n superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con los sistemas electr�nicos respectivos. M�xico, D.F., a 13 de junio de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Javier Orozco G�mez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los dieciocho d�as del mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los art�culos 29, 73, 90, 92, 93, 95, 110 y 111 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 2 de agosto de 2007 ART�CULO PRIMERO.- Se reforma el art�culo 29 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ........... ART�CULO SEGUNDO.- Se reforma la numeral 2 de la fracci�n XVI del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ........... ART�CULO TERCERO.- Se reforman los dos p�rrafos del art�culo 90 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ........... ART�CULO CUARTO.- Se reforma el art�culo 92 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ........... ART�CULO QUINTO.- Se reforman los dos primeros p�rrafos del art�culo 93 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ........... ART�CULO SEXTO.- Se reforma la fracci�n VI del art�culo 95 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ........... ART�CULO S�PTIMO.- Se reforma el primer p�rrafo del art�culo 110 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ........... ART�CULO OCTAVO.- Se reforma el primer p�rrafo del art�culo 111 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ........... TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Decreto iniciar� su vigencia el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO.- El Congreso de la Uni�n al inicio de la vigencia del presente Decreto har� las adecuaciones correspondientes a la legislaci�n federal, conforme a lo estipulado en este Decreto. Los estados y el Distrito Federal deber�n adecuar sus leyes conforme a las disposiciones del presente Decreto a m�s tardar seis meses despu�s de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos Ernesto Navarro L�pez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los treinta d�as del mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona una fracci�n XXIX-N al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 15 de agosto de 2007 ART�CULO �NICO.- Se adiciona una fracci�n XXIX-N al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente Decreto. M�xico, D.F., a 13 de junio de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Javier Orozco G�mez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los diez d�as del mes de agosto de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO por el que se reforma la fracci�n IV del art�culo 99, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de septiembre de 2007 ART�CULO �NICO.- Se reforma la fracci�n IV del art�culo 99 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIO �nico. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos Ernesto Navarro L�pez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los veinticuatro d�as del mes de agosto de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO que reforma los art�culos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el art�culo 134 y deroga un p�rrafo al art�culo 97 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 13 de noviembre de 2007 �NICO. Se reforma el primer p�rrafo del art�culo 6o.; se reforman y adicionan los art�culos 41 y 99; se reforma el p�rrafo primero del art�culo 85; se reforma el p�rrafo primero del art�culo 108; se reforma y adiciona la fracci�n IV del art�culo 116; se reforma el inciso f) de la fracci�n V de la Base Primera el art�culo 122; se adicionan tres p�rrafos finales al art�culo 134; y se deroga el p�rrafo tercero del art�culo 97, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... TRANSITORIOS Art�culo Primero. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Art�culo Segundo. Por �nica vez el Instituto Federal Electoral deber� establecer, conforme a las bases legales que se expidan, tope de gastos para campa�a presidencial en el a�o 2008, s�lo para efecto de determinar el monto total del financiamiento privado que podr� obtener anualmente cada partido pol�tico. Art�culo Tercero. El Congreso de la Uni�n deber� realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo m�ximo de treinta d�as naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto. Art�culo Cuarto. Para los efectos de lo establecido en el tercer p�rrafo de la base V del art�culo 41 de esta Constituci�n, en un plazo no mayor a 30 d�as naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la C�mara de Diputados proceder� a integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme a las siguientes bases: a) Elegir� a un nuevo consejero Presidente, cuyo mandato concluir� el 30 de octubre de 2013; llegado el caso, el as� nombrado podr� ser reelecto por una sola vez, en los t�rminos de lo establecido en el citado p�rrafo tercero del art�culo 41 de esta Constituci�n; b) Elegir�, dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluir� el 30 de octubre de 2016. c) Elegir�, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este Decreto, a tres que concluir�n su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que continuar�n en su encargo hasta el 30 de octubre de 2010; d) A m�s tardar el 15 de agosto de 2008, elegir� a tres nuevos consejeros electorales que concluir�n su mandato el 30 de octubre de 2013. Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuar�n en sus cargos hasta en tanto la C�mara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente art�culo. Queda sin efectos el nombramiento de consejeros electorales suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n de fecha 31 de octubre de 2003. Art�culo Quinto. Para los efectos de la renovaci�n escalonada de los Magistrados Electorales de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n a que se refiere el art�culo 99 de esta Constituci�n, se estar� a lo que determine la Ley Org�nica del Poder Judicial de la Federaci�n. Art�culo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deber�n adecuar su legislaci�n aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a m�s tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor; en su caso, se observar� lo dispuesto en el art�culo 105, fracci�n II, p�rrafo cuarto, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos electorales o est�n por iniciarlos, realizar�n sus comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y legales vigentes, pero una vez terminado el proceso electoral deber�n realizar las adecuaciones a que se refiere el p�rrafo anterior en el mismo plazo se�alado, contado a partir del d�a siguiente de la conclusi�n del proceso comicial respectivo. Art�culo S�ptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. M�xico, D.F., a 6 de noviembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Antonio Xavier L�pez Adame, Secretario.- Sen. Adrian Rivera P�rez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a los doce d�as del mes de noviembre de dos mil siete.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Francisco Javier Ram�rez Acu�a.- R�brica. DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de mayo de 2008 Art�culo �nico.- Se REFORMAN los art�culos 74 fracci�n IV, actuales primer y octavo p�rrafos; 79 fracciones I y II, y actual quinto p�rrafo; 122 Apartado C, Base Primera, fracci�n V, incisos c) primer p�rrafo y e) y 134 actuales primer y cuarto p�rrafos; se ADICIONAN los art�culos 73 fracci�n XXVIII; 74 fracci�n VI; 79 segundo p�rrafo, pasando los actuales segundo a sexto p�rrafos a ser tercer a s�ptimo p�rrafos, respectivamente, y fracci�n IV, segundo p�rrafo; 116 fracci�n II, p�rrafos cuarto y quinto; 122, Apartado C, Base Primera, fracci�n V inciso c) tercer p�rrafo y 134 segundo p�rrafo, pasando los actuales segundo a octavo p�rrafos a ser tercero a noveno p�rrafos, respectivamente, y se DEROGA el art�culo 74 fracci�n IV, quinto, sexto y s�ptimo p�rrafos, pasando el actual octavo p�rrafo a ser quinto p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, salvo lo previsto en el transitorio tercero siguiente. SEGUNDO. El Congreso de la Uni�n, as� como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, deber�n aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a m�s tardar en un plazo de un a�o, contado a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el art�culo 74, fracci�n IV constitucional. TERCERO. Las fechas aplicables para la presentaci�n de la Cuenta P�blica y el informe del resultado sobre su revisi�n, entrar�n en vigor a partir de la Cuenta P�blica correspondiente al ejercicio fiscal 2008. CUARTO. Las Cuentas P�blicas anteriores a la correspondiente al ejercicio fiscal 2008 se sujetar�n a lo siguiente: I. La C�mara de Diputados, dentro de los 180 d�as naturales posteriores a la entrada en vigor de este Decreto, deber� concluir la revisi�n de las Cuentas P�blicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005. II. Las Cuentas P�blicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2006 y 2007 ser�n revisadas en los t�rminos de las disposiciones aplicables en la materia antes de la entrada en vigor de este Decreto. III. La C�mara de Diputados deber� concluir la revisi�n de la Cuenta P�blica del ejercicio fiscal de 2006 durante el a�o 2008. IV. La Cuenta P�blica correspondiente al ejercicio fiscal 2007 ser� presentada a m�s tardar el 15 de mayo de 2008, el informe del resultado el 15 de marzo de 2009 y su revisi�n deber� concluir en 2009. M�xico, D.F., a 19 de febrero de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a seis de mayo de dos mil ocho.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Juan Camilo Mouri�o Terrazo.- R�brica. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 18 de junio de 2008 �nico. Se reforman los art�culos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del art�culo 73; la fracci�n VII del art�culo 115 y la fracci�n XIII del apartado B del art�culo 123, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... Transitorios Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, con excepci�n de lo dispuesto en los art�culos transitorios siguientes. Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los art�culos 16, p�rrafos segundo y decimotercero; 17, p�rrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, p�rrafo s�ptimo, de la Constituci�n, entrar� en vigor cuando lo establezca la legislaci�n secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho a�os, contado a partir del d�a siguiente de la publicaci�n de este Decreto. En consecuencia, la Federaci�n, los Estados y el Distrito Federal, en el �mbito de sus respectivas competencias, deber�n expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federaci�n, los Estados y el Distrito Federal adoptar�n el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el p�rrafo anterior, los poderes u �rgano legislativos competentes deber�n emitir, asimismo, una declaratoria que se publicar� en los �rganos de difusi�n oficiales, en la que se�ale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garant�as que consagra esta Constituci�n empezar�n a regular la forma y t�rminos en que se substanciar�n los procedimientos penales. Tercero. No obstante lo previsto en el art�culo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los art�culos 16, p�rrafos segundo y decimotercero; 17, p�rrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, p�rrafo s�ptimo, de la Constituci�n, entrar� en vigor al d�a siguiente de la publicaci�n del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federaci�n, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente v�lidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que �stos entraron en vigor. Para tal efecto, deber�n hacer la declaratoria prevista en el art�culo transitorio Segundo. Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los art�culos 16, p�rrafos segundo y decimotercero; 17, p�rrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, p�rrafo s�ptimo, de la Constituci�n, ser�n concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Quinto. El nuevo sistema de reinserci�n previsto en el p�rrafo segundo del art�culo 18, as� como el r�gimen de modificaci�n y duraci�n de penas establecido en el p�rrafo tercero del art�culo 21, entrar�n en vigor cuando lo establezca la legislaci�n secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres a�os, contados a partir del d�a siguiente de la publicaci�n de este Decreto. Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas, continuar�n en vigor hasta en tanto el Congreso de la Uni�n ejerza la facultad conferida en el art�culo 73, fracci�n XXI, de esta Constituci�n. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, as� como las sentencias emitidas con base en las mismas, no ser�n afectados por la entrada en vigor de la legislaci�n federal. Por lo tanto, deber�n concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta �ltima. S�ptimo. El Congreso de la Uni�n, a m�s tardar dentro de seis meses a partir de la publicaci�n de este Decreto, expedir� la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad P�blica. Las entidades federativas expedir�n a m�s tardar en un a�o, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes en esta materia. Octavo. El Congreso de la Uni�n, las Legislaturas de los estados y el �rgano legislativo del Distrito Federal, deber�n destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deber�n se�alarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deber� destinarse al dise�o de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcci�n y operaci�n de la infraestructura, y la capacitaci�n necesarias para jueces, agentes del Ministerio P�blico, polic�as, defensores, peritos y abogados. Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se crear� una instancia de coordinaci�n integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, adem�s del sector acad�mico y la sociedad civil, as� como de las Conferencias de Seguridad P�blica, Procuraci�n de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contar� con una secretar�a t�cnica, que coadyuvar� y apoyar� a las autoridades locales y federales, cuando as� se lo soliciten. D�cimo. La Federaci�n crear� un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la secretar�a t�cnica a que se refiere el art�culo transitorio octavo. Los fondos se otorgar�n en funci�n del cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley. D�cimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio P�blico que determine la ley podr�n solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado trat�ndose de delitos graves y hasta por un m�ximo de cuarenta d�as. Esta medida ser� procedente siempre que sea necesaria para el �xito de la investigaci�n, la protecci�n de personas o bienes jur�dicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acci�n de la justicia. M�xico, D.F., a 28 de mayo de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Susana Monreal �vila, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil ocho.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Juan Camilo Mouri�o Terrazo.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los art�culos 69 y 93 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 15 de agosto de 2008 Art�culo �nico. Se reforma el primer p�rrafo, y se adiciona un p�rrafo segundo al art�culo 69; se reforma el p�rrafo segundo y se adicionan los p�rrafos cuarto y quinto al art�culo 93, ambos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: .......... Art�culos Transitorios Primero. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. M�xico, D.F., a 30 de julio de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Susana Monreal �vila, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a ocho de agosto de dos mil ocho.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Juan Camilo Mouri�o Terrazo.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el art�culo 88 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 29 de agosto de 2008 ART�CULO �NICO.- Se reforma el art�culo 88 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� ART�CULO TRANSITORIO �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 13 de agosto de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Mar�a Oralia Vega Ortiz, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintis�is de agosto de dos mil ocho.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Juan Camilo Mouri�o Terrazo.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el p�rrafo quinto de la fracci�n I del art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 26 de septiembre de 2008 ART�CULO �NICO.- Se reforma el art�culo 116, fracci�n I, p�rrafo quinto de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS Primero.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. Las Legislaturas de los Estados deber�n realizar las adecuaciones que correspondan a sus Constituciones Locales, as� como a su legislaci�n secundaria en un plazo m�ximo de treinta d�as naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto. M�xico, D.F., a 13 de agosto de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Mar�a Oralia Vega Ortiz, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintid�s de septiembre de dos mil ocho.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Juan Camilo Mouri�o Terrazo.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona un p�rrafo noveno al art�culo 4o.; se reforma la fracci�n XXV y se adiciona una fracci�n XXIX-� al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 30 de abril de 2009 Art�culo �nico. Se adiciona un p�rrafo noveno al art�culo 4o.; se reforma la fracci�n XXV y se adiciona una fracci�n XXIX-� al art�culo 73, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. Todos los actos jur�dicos emitidos y fundamentados en las leyes anteriores y en la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, tales como registros de obras y contratos, reservas de derechos otorgadas, resoluciones a procedimientos entre otros, as� como los celebrados entre particulares, contratos, convenios, sucesiones testamentarias, conservar�n su validez. M�xico, D.F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Mu�oz, Presidente.- Dip. C�sar Horacio Duarte J�quez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil nueve.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Lic. Fernando Francisco G�mez Mont Urueta.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona la fracci�n XXIX-O al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 30 de abril de 2009 Art�culo �nico.- Se adiciona la fracci�n XXIX-O al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- El Congreso de la Uni�n deber� expedir la ley en la materia en un plazo no mayor de 12 meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Tercero.- En tanto el Congreso de la Uni�n expide la ley respectiva a la facultad que se otorga en este Decreto, continuar�n vigentes las disposiciones que sobre la materia hayan dictado las legislaturas de las entidades federativas, en trat�ndose de datos personales en posesi�n de particulares. M�xico, D. F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Mu�oz, Presidente.- Dip. C�sar Horacio Duarte J�quez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Mar�a Eugenia Jim�nez Valenzuela, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veinticuatro de abril de dos mil nueve.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Lic. Fernando Francisco G�mez Mont Urueta.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el p�rrafo primero de la fracci�n XXI del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 4 de mayo de 2009 Art�culo �nico. Se reforma el p�rrafo primero de la fracci�n XXI del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. Las legislaciones en materia de secuestro de las entidades federativas, continuar�n en vigor hasta en tanto el Congreso de la Uni�n ejerza la facultad conferida en el art�culo 73, fracci�n XXI, de esta Constituci�n. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, as� como las sentencias emitidas con base en las mismas, no ser�n afectados por la entrada en vigor de la legislaci�n general. Por lo tanto, deber�n concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta �ltima. M�xico, D.F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Mu�oz, Presidente.- Dip. C�sar Horacio Duarte J�quez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Margarita Arenas Guzman, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintisiete de abril de dos mil nueve.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Lic. Fernando Francisco G�mez Mont Urueta.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona un segundo p�rrafo, recorri�ndose los subsecuentes en su orden, al art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 1 de junio de 2009 Art�culo �nico.- Se adiciona un segundo p�rrafo, recorri�ndose los subsecuentes en su orden, al art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. ART�CULO TRANSITORIO Art�culo �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 21 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Mu�oz, Presidente.- Dip. Margarita Arenas Guzman, Secretaria.- Sen. Gabino Cu� Monteagudo, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintiocho de mayo de dos mil nueve.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Lic. Fernando Francisco G�mez Mont Urueta.- R�brica. FE de errata al Decreto por el que se adiciona un segundo p�rrafo, recorri�ndose los subsecuentes en su orden, al art�culo 16 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de junio de 2009. Publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 25 de junio de 2009 En la Primera Secci�n, p�gina 4, en el �ltimo p�rrafo transcrito, dice: No podr� librarse orden de aprehensi�n sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi� o particip� en su comisi�n. Debe decir: No podr� librarse orden de aprehensi�n sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi� o particip� en su comisi�n. DECRETO por el que se adiciona un segundo p�rrafo al art�culo segundo transitorio y un art�culo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el p�rrafo cuarto y adicionados los p�rrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los �ltimos dos p�rrafos del art�culo 18 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 12 de diciembre de 2005. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 14 de agosto de 2009 Art�culo �nico. Se adicionan un segundo p�rrafo al art�culo segundo transitorio y un art�culo tercero transitorio al Decreto por el que se declara reformado el p�rrafo cuarto y adicionados los p�rrafos quinto y sexto, y se recorre en su orden los �ltimos dos p�rrafos del art�culo 18 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 12 de diciembre de 2005, para quedar como sigue: ���. Art�culo Transitorio �nico. El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 15 de julio de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Mu�oz, Presidente.- Dip. Esmeralda C�rdenas S�nchez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil nueve.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Lic. Fernando Francisco G�mez Mont Urueta.- R�brica. DECRETO por el que se reforman y adicionan los art�culos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 24 de agosto de 2009 Art�culo �nico. Se reforman el p�rrafo cuarto del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 115; el primer p�rrafo del inciso b) de la fracci�n V de la BASE PRIMERA del art�culo 122; el primer p�rrafo de la fracci�n IV del apartado B del art�culo 123; el art�culo 127, y se adicionan los p�rrafos segundo y tercero al art�culo 75; los p�rrafos cuarto y quinto a la fracci�n II del art�culo 116, recorri�ndose en su orden los actuales cuarto y quinto; un p�rrafo segundo, recorri�ndose en su orden los actuales segundo a quinto, al inciso b) de la fracci�n V de la BASE PRIMERA al art�culo 122 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedar�n sin efecto. Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la m�xima establecida en el presente Decreto, deber�n ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del a�o siguiente a aqu�l en que haya entrado en vigor el presente Decreto. Tercero. A partir del ejercicio fiscal del a�o siguiente a aqu�l en que haya entrado en vigor el presente Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente est�n en funciones, se sujetar�n a lo siguiente: a) Las retribuciones nominales se�aladas en los presupuestos vigentes superiores al monto m�ximo previsto en la base II del art�culo 127 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendr�n durante el tiempo que dure su encargo. b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, est�mulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneraci�n en dinero o especie, s�lo se podr�n mantener en la medida en que la remuneraci�n total no exceda el m�ximo establecido en la base II del art�culo 127 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales s�lo podr�n realizarse si la remuneraci�n total no excede el monto m�ximo antes referido. Cuarto. El Congreso de la Uni�n, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el �mbito de su competencia, deber�n expedir o adecuar la legislaci�n, de conformidad con los t�rminos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 d�as naturales siguientes a su entrada en vigor. Quinto. El Congreso de la Uni�n, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el �mbito de su competencia, deber�n tipificar y sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores p�blicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de un plazo de 180 d�as naturales siguientes a su entrada en vigor. M�xico, D.F., a 22 de julio de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Mu�oz, Presidente.- Dip. Esmeralda C�rdenas S�nchez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintiuno de agosto de dos mil nueve.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Lic. Fernando Francisco G�mez Mont Urueta.- R�brica. DECRETO por el que se reforma la fracci�n II, de la Base Cuarta del Apartado C del art�culo 122 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de abril de 2010 Art�culo �nico. Se reforma la fracci�n II, de la Base Cuarta del Apartado C del art�culo 122 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. Transitorio �nico. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D. F., a 2 de marzo de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francisco Javier Ram�rez Acu�a, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Jaime Arturo V�zquez Aguilar, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil diez.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Lic. Fernando Francisco G�mez Mont Urueta.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona un p�rrafo tercero y se recorre el orden de los p�rrafos subsecuentes del art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 29 de julio de 2010 �NICO.- Se adiciona un p�rrafo tercero y se recorre el orden de los p�rrafos subsecuentes del art�culo 17 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. El Congreso de la Uni�n deber� realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en un plazo m�ximo de un a�o contado a partir del inicio de la vigencia de este Decreto. M�xico, D.F., a 9 de junio de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. �scar Sa�l Castillo Andrade, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a trece de julio de dos mil diez.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Lic. Fernando Francisco G�mez Mont Urueta.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el art�culo 43 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 13 de abril de 2011 ART�CULO �NICO.- Se reforma el art�culo 43 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIO �NICO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 22 de febrero de 2011.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos Samuel Moreno Teran, Secretario.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- R�bricas.� En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil once.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Francisco. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los art�culos 94, 103, 104 y 107 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 6 de junio de 2011 Art�culo �nico.- Se reforma el art�culo 94, para modificar el p�rrafo ubicado actualmente en octavo lugar; se incorpora un nuevo p�rrafo para quedar en s�ptimo lugar y se incorpora otro nuevo p�rrafo para quedar en noveno lugar. Se reforma el art�culo 103. Se reforma el art�culo 104. Se reforma el art�culo 107 de la siguiente manera: el p�rrafo inicial; las fracciones I y II; el inciso a) de la fracci�n III; las fracciones IV, V, VI y VII; el inciso a) de la fracci�n VIII; las fracciones IX, X, XI, XIII, XVI y XVII y se deroga la fracci�n XIV, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. Art�culos Transitorios Primero. El presente Decreto entrar� en vigor a los 120 d�as de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. El Congreso de la Uni�n expedir� las reformas legales correspondientes dentro de los 120 d�as posteriores a la publicaci�n del presente Decreto. Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, continuar�n tramit�ndose hasta su resoluci�n final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, as� como el cumplimiento y ejecuci�n de las sentencias de amparo. Cuarto. Para la integraci�n de jurisprudencia por reiteraci�n no se tomar�n en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. M�xico, D.F., a 4 de mayo de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Juan Carlos L�pez Fern�ndez, Secretario.- R�bricas.� En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil once.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Francisco Blake Mora.- R�brica. DECRETO por el que se modifica la denominaci�n del Cap�tulo I del T�tulo Primero y reforma diversos art�culos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 10 de junio de 2011 ART�CULO �NICO.- Se modifica la denominaci�n del Cap�tulo Primero del T�tulo Primero; el primero y quinto p�rrafos del art�culo 1o.; el segundo p�rrafo del art�culo 3o.; el primer p�rrafo del art�culo 11; el art�culo 15; el segundo p�rrafo del art�culo 18; el primer p�rrafo del art�culo 29; el primer p�rrafo del art�culo 33; la fracci�n d�cima del art�culo 89; el segundo p�rrafo del art�culo 97; el segundo y tercer p�rrafos del apartado B del art�culo 102; y el inciso g) de la fracci�n segunda del art�culo 105; la adici�n de dos nuevos p�rrafos, segundo y tercero, al art�culo 1o. y recorri�ndose los actuales en su orden; un nuevo p�rrafo segundo al art�culo 11, los p�rrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al art�culo 29; un nuevo p�rrafo segundo al art�culo 33, recorri�ndose el actual en su orden y los nuevos p�rrafos quinto, octavo y d�cimo primero, recorri�ndose los actuales en su orden, al art�culo 102 del Apartado B; todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. La ley a que se refiere el tercer p�rrafo del art�culo 1o. constitucional sobre reparaci�n deber� ser expedida en un plazo m�ximo de un a�o contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Tercero. La ley a que se refiere el art�culo 11 constitucional sobre el asilo, deber� ser expedida en un plazo m�ximo de un a�o, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. Cuarto. El Congreso de la Uni�n expedir� la Ley Reglamentaria del art�culo 29 constitucional en materia de suspensi�n del ejercicio de los derechos y las garant�as, en un plazo m�ximo de un a�o, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. Quinto. El Congreso de la Uni�n expedir� la Ley Reglamentaria del art�culo 33 constitucional, en materia de expulsi�n de extranjeros en un plazo m�ximo de un a�o contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este art�culo se seguir� aplicando en los t�rminos del texto vigente. Sexto. Los casos previstos en el segundo p�rrafo del art�culo 97 constitucional, que est�n pendientes de resoluci�n al momento de entrar en vigor la reforma, los continuar� desahogando la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n hasta su conclusi�n. S�ptimo. En lo que se refiere al Apartado B del art�culo 102 constitucional y a la autonom�a de los organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deber�n realizar las adecuaciones que correspondan en un plazo m�ximo de un a�o contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto. Octavo. El Congreso de la Uni�n adecuar� la Ley de la Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos en un plazo m�ximo de un a�o, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. Noveno. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. M�xico, D.F., a 1 de junio de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Julio Castellanos Ram�rez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a nueve de junio de dos mil once.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Francisco Blake Mora.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los art�culos 19, 20 y 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 14 de julio de 2011 �NICO.- Se reforman los art�culos 19, segundo p�rrafo; 20, apartado C, fracci�n V, y 73, fracci�n XXI, primer p�rrafo de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. El Congreso de la Uni�n deber� expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en un plazo no mayor a los 180 d�as siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. M�xico, D.F., a 29 de junio de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Arturo Zamora Jim�nez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a trece de julio de dos mil once.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Francisco Blake Mora.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los art�culos 71, 72 y 78 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 17 de agosto de 2011 ART�CULO PRIMERO.- Se reforma el �ltimo p�rrafo del art�culo 71 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. ART�CULO SEGUNDO.- Se reforma el primer p�rrafo y de la fracci�n B del art�culo 72 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. ART�CULO TERCERO.- Se reforma la fracci�n III del art�culo 78 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIO �NICO.- Este Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 25 de mayo de 2011.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Dip. Arturo Zamora Jim�nez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil once.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Francisco Blake Mora.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona un p�rrafo d�cimo al art�culo 4o. y se reforma la fracci�n XXIX-J del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 12 de octubre de 2011 ART�CULO �NICO. Se adiciona un p�rrafo d�cimo al art�culo 4o. y se reforma la fracci�n XXIX-J del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. En el plazo de un a�o, a partir de la publicaci�n del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n expedir� la legislaci�n general reglamentaria del art�culo cuarto constitucional en materia de cultura f�sica y deporte M�xico, D.F., a 10 de agosto de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Arturo Zamora Jim�nez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil once.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Francisco Blake Mora.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los p�rrafos sexto y s�ptimo del art�culo 4o. y se adiciona la fracci�n XXIX-P al art�culo 73, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 12 de octubre de 2011 Art�culo �nico. Se reforman los p�rrafos sexto y s�ptimo del art�culo 4o. y se adiciona la fracci�n XXIX-P al art�culo 73, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIO �NICO.- El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 24 de agosto de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil once.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Francisco Blake Mora.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona un p�rrafo tercero al art�culo 4o. recorri�ndose en el orden los subsecuentes y un segundo p�rrafo a la fracci�n XX del art�culo 27 ambos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 13 de octubre de 2011 ART�CULO �NICO.- Se adiciona un p�rrafo tercero al art�culo 4o., recorri�ndose en el orden los subsecuentes, y un segundo p�rrafo a la fracci�n XX del art�culo 27 ambos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIO �NICO.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 17 de agosto de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Juan Carlos L�pez Fern�ndez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diez de octubre de dos mil once.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Jos� Francisco Blake Mora.- R�brica. DECRETO por el que se Declara reformado el p�rrafo quinto y se adiciona un p�rrafo sexto recorri�ndose en su orden los subsecuentes, al art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 8 de febrero de 2012 Art�culo �nico.- Se reforma el p�rrafo quinto y se adiciona un p�rrafo sexto recorri�ndose en su orden los subsecuentes, al art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- El Congreso de la Uni�n, contar� con un plazo de 180 d�as para incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el da�o y deterioro ambiental. Tercero.- El Congreso de la Uni�n, contar� con un plazo de 360 d�as para emitir una Ley General de Aguas. M�xico, D.F., a 18 de enero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Dip. Rigoberto Salgado V�zquez, Secretario.- Sen Ren�n Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a tres de febrero de dos mil doce.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Alejandro Alfonso Poir� Romero.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformado el p�rrafo primero; el inciso c) de la fracci�n II y la fracci�n V del art�culo 3o., y la fracci�n I del art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 9 de febrero de 2012 Art�culo Primero. Se reforman el p�rrafo primero; el inciso c) de la fracci�n II y la fracci�n V del art�culo 3o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. Art�culo Segundo. Se reforma la fracci�n I del art�culo 31 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. ART�CULOS TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educaci�n media superior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad t�pica hubiera concluido la educaci�n b�sica, se realizar� de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el pa�s a m�s tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federaci�n y de las entidades federativas, y en los t�rminos establecidos en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeaci�n Democr�tica del Desarrollo. Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se incluir�n los recursos necesarios; asimismo, se establecer�n los mecanismos para impulsar la implementaci�n de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos econ�micos crecientes para infraestructura de la educaci�n media superior. Cuarto. Dentro de los 180 d�as siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n y las legislaturas de los estados, deber�n adecuar en el �mbito de sus respectivas competencias, la Ley General de Educaci�n y dem�s disposiciones legales aplicables en la materia. M�xico, D.F., a 11 de enero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Dip. Francisco Alejandro Moreno Merino, Secretario.- Sen. Luis Alberto Villarreal Garc�a, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a ocho de febrero de dos mil doce.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Alejandro Alfonso Poir� Romero.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona el p�rrafo segundo de la fracci�n XXI del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 25 de junio de 2012 ART�CULO �NICO. Se adiciona el p�rrafo segundo de la fracci�n XXI del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� Transitorios Primero. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. El Congreso de la Uni�n deber� realizar las reformas a las leyes secundarias que correspondan en un plazo m�ximo de hasta seis meses, contados a partir del d�a siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto. Tercero. Las autoridades federales podr�n ejercer la facultad de atracci�n a que se refiere el presente Decreto, despu�s de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el Honorable Congreso de la Uni�n. M�xico, D.F., a 6 de junio de 2012.- Sen. Jos� Gonz�lez Morf�n, Presidente.- Dip. Gloria Romero Le�n, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintid�s de junio de dos mil doce.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Alejandro Alfonso Poir� Romero.- R�brica. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia pol�tica. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 9 de agosto de 2012 ART�CULO �NICO.- SE REFORMAN: el p�rrafo primero y la fracci�n II del art�culo 35; la fracci�n III del art�culo 36; el p�rrafo segundo del art�culo 71; la fracci�n XXVI del art�culo 73; el p�rrafo cuarto de la fracci�n VI del art�culo 74; la fracci�n II del art�culo 76; las fracciones IV, VI y VII del art�culo 78; el art�culo 83; los p�rrafos primero, segundo y tercero (que pasan a ser cuarto y quinto) del art�culo 84; los p�rrafos primero, segundo y tercero del art�culo 85; las fracciones II, III y IV del art�culo 89; y la fracci�n III de la Base Primera del Apartado C del art�culo 122; SE ADICIONAN: las fracciones VI, VII y VIII al art�culo 35; una fracci�n IV y un tercer y cuarto p�rrafos al art�culo 71; una fracci�n XXIX-Q al art�culo 73; los p�rrafos segundo y tercero, recorri�ndose en su orden los subsecuentes y un �ltimo p�rrafo al art�culo 84; un segundo y tercer p�rrafos al art�culo 87; un octavo p�rrafo a la fracci�n II del art�culo 116; un inciso o), recorri�ndose en su orden el subsecuente a la fracci�n V de la Base Primera del Apartado C del art�culo 122, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Pol�tica, para quedar como sigue: ���. ART�CULOS TRANSITORIOS ART�CULO PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Uni�n deber� expedir la legislaci�n para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a m�s tardar en un a�o contando a partir de la entrada en vigor del mismo. ART�CULO TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deber�n realizar las adecuaciones necesarias a su legislaci�n secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un a�o, contado a partir de su entrada en vigor. ART�CULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. M�xico, D.F., a 18 de julio de 2012.- Sen. Jos� Gonz�lez Morf�n, Presidente.- Dip. Mar�a de Jes�s Aguirre Maldonado, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a ocho de agosto de dos mil doce.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Alejandro Alfonso Poir� Romero.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los art�culos 46, 76 y 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 15 de octubre de 2012 �NICO.- Se reforma el primer p�rrafo, se adiciona un segundo p�rrafo, y se suprimen los dos �ltimos p�rrafos del art�culo 46; se deroga la fracci�n XI del art�culo 76, y se reforma la fracci�n I del art�culo 105, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIO �NICO. La presente reforma entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, y quedar�n derogadas todas las disposiciones normativas que contravengan a este decreto. M�xico, D.F., a 22 de agosto de 2012.- Sen. Jos� Gonz�lez Morf�n, Presidente.- Dip. Jos� Luis Jaime Correa, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a trece de octubre de dos mil doce.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Alejandro Alfonso Poir� Romero.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el Art�culo 40 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 30 de noviembre de 2012 Transitorio �nico.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 8 de noviembre de 2012.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Jes�s Murillo Karam, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Diaz Lizama, Secretaria.- Dip. Angel Cedillo Hern�ndez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintinueve de noviembre de dos mil doce.- Felipe de Jes�s Calder�n Hinojosa.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Alejandro Alfonso Poir� Romero.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los art�culos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracci�n XXV, y se adiciona un p�rrafo tercero, un inciso d) al p�rrafo segundo de la fracci�n II y una fracci�n IX al art�culo 3o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 26 de febrero de 2013 ART�CULO �NICO.- Se reforman los art�culos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracci�n XXV; y se adiciona un p�rrafo tercero, un inciso d) al p�rrafo segundo de la fracci�n II y una fracci�n IX, al art�culo 3o., de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. El Ejecutivo Federal someter� a la C�mara de Senadores las ternas para la designaci�n de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n, en un plazo m�ximo de sesenta d�as naturales a partir de la publicaci�n del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federaci�n, que deber� recaer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto. Para asegurar la renovaci�n escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizar�n por los periodos siguientes: I. Dos nombramientos por un periodo de cinco a�os; II. Dos nombramientos por un periodo de seis a�os, y III. Un nombramiento por un periodo de siete. El Ejecutivo Federal deber� determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al someter su designaci�n a la aprobaci�n de la C�mara de Senadores. Para la conformaci�n de la Primera Junta de Gobierno del Instituto, el Ejecutivo Federal someter� a la aprobaci�n de la C�mara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco integrantes que la constituir�n. La presentaci�n de ternas en el futuro corresponder� a la renovaci�n escalonada que precisa el p�rrafo segundo de este art�culo. El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durar� en su encargo cuatro a�os. Tercero. El Congreso de la Uni�n deber� expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n, as� como las reformas a la Ley General de Educaci�n correspondientes, a m�s tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicaci�n del presente Decreto. En tanto el Congreso de la Uni�n expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n, el Instituto Nacional creado por este Decreto ejercer� sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho ordenamiento para el �rgano de Gobierno y la Junta T�cnica ser�n ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente de la Junta de Gobierno. Cuarto. Los recursos materiales y financieros, as� como los trabajadores adscritos al organismo descentralizado Instituto Nacional para la Evaluaci�n de la Educaci�n, pasan a formar parte del Instituto que se crea en los t�rminos del presente Decreto. Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los art�culos 3o. y 73, fracci�n XXV, de esta Constituci�n, el Congreso de la Uni�n y las autoridades competentes deber�n prever al menos lo siguiente: I. La creaci�n de un Sistema de Informaci�n y Gesti�n Educativa. Al efecto, durante el a�o 2013 el Instituto Nacional de Estad�stica y Geograf�a realizar� un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operaci�n del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicaci�n directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas; II. El uso de la evaluaci�n del desempe�o docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formaci�n, actualizaci�n, capacitaci�n y superaci�n profesional para maestros, en el marco de la creaci�n de un servicio profesional docente. La evaluaci�n de los maestros debe tener, como primer prop�sito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexi�n y el di�logo conducentes a una mejor pr�ctica profesional. El sistema educativo deber� otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, y III. Las adecuaciones al marco jur�dico para: a) Fortalecer la autonom�a de gesti�n de las escuelas ante los �rdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operaci�n b�sicos y propiciar condiciones de participaci�n para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resoluci�n de los retos que cada escuela enfrenta. b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo acad�mico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los �ndices de pobreza, marginaci�n y condici�n alimentaria se impulsar�n esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Al efecto, el Poder Legislativo har� las adecuaciones normativas conducentes y prever� en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal la instrumentar� en un plazo de 180 d�as naturales, contados a partir del d�a siguiente al de la entrada en vigor de las normas que al efecto expida el Congreso de la Uni�n. Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. M�xico, D.F., a 7 de febrero de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Javier Orozco G�mez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los p�rrafos primero y �ltimo del art�culo 25, as� como el p�rrafo primero y tercero del apartado A del art�culo 26 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 5 de junio de 2013 ART�CULO �NICO.- Se reforman los p�rrafos primero y �ltimo del art�culo 25, as� como el p�rrafo primero y tercero del apartado A del art�culo 26, ambos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. El Ejecutivo Federal tendr� un plazo de 16 meses para iniciar las leyes reglamentarias pertinentes a la presente reforma. M�xico, D.F., a 15 de mayo de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina Gonz�lez Cruz, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a treinta y uno de mayo de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los art�culos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 11 de junio de 2013 ART�CULO �NICO. Se REFORMAN el p�rrafo primero del art�culo 6o.; el art�culo 7o.; el p�rrafo sexto del art�culo 27; el p�rrafo segundo del art�culo 28; la fracci�n XVII del art�culo 73; la fracci�n VII del art�culo 78 y el p�rrafo sexto del art�culo 94; y se ADICIONAN los p�rrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual p�rrafo segundo a ser apartado A del p�rrafo cuarto, y un apartado B al art�culo 6o.; los p�rrafos decimotercero al trig�simo del art�culo 28, y un inciso l) a la fracci�n I del art�culo 105, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. Las medidas de fomento a la competencia en televisi�n, radio, telefon�a y servicios de datos, deber�n aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusi�n y telecomunicaciones. TERCERO. El Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones necesarias al marco jur�dico conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a su entrada en vigor, y deber�: I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente pr�cticas monop�licas y fen�menos de concentraci�n; II. Regular el organismo p�blico a que se refiere el art�culo 6o. que se adiciona en virtud del presente Decreto. Pasar�n a este organismo p�blico los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales; III. Establecer los mecanismos para homologar el r�gimen de permisos y concesiones de radiodifusi�n, a efecto de que �nicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, p�blico, privado y social que incluyen las comunitarias e ind�genas; IV. Regular el derecho de r�plica; V. Establecer la prohibici�n de difundir publicidad enga�osa o subrepticia; VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoci�n de la producci�n nacional independiente; VII. Establecer prohibiciones espec�ficas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusi�n o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por s� o a trav�s de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de inter�s econ�mico. Cada concesionario deber� fijar tarifas m�nimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisi�n de anuncios, las cuales ser�n presentadas ante la autoridad para su registro p�blico; VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgar� las autorizaciones para el acceso a la multiprogramaci�n, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la informaci�n y atendiendo de manera particular la concentraci�n nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas; IX. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como �rgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los art�culos 6o. y 7o. constitucionales, y X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente Decreto. CUARTO. En el mismo plazo referido en el art�culo anterior, el Congreso de la Uni�n deber� expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotaci�n del espectro radioel�ctrico, las redes de telecomunicaciones, as� como la prestaci�n de servicios de radiodifusi�n y telecomunicaciones. La ley establecer� que las concesiones ser�n �nicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a trav�s de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y contraprestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en su caso, las contraprestaciones correspondientes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya determinado los concesionarios que tienen el car�cter de agente econ�mico preponderante en t�rminos de la fracci�n III del art�culo Octavo Transitorio de este Decreto, establecer�, dentro de los sesenta d�as naturales siguientes, mediante lineamientos de car�cter general, los requisitos, t�rminos y condiciones que los actuales concesionarios de radiodifusi�n, telecomunicaciones y telefon�a deber�n cumplir para que se les autorice la prestaci�n de servicios adicionales a los que son objeto de su concesi�n o para transitar al modelo de concesi�n �nica, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus t�tulos de concesi�n. La autorizaci�n a que se refiere este p�rrafo podr� otorgarse a los agentes econ�micos preponderantes s�lo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto conforme a lo previsto en las fracciones III y IV del art�culo Octavo Transitorio de este Decreto. El Instituto deber� resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este p�rrafo dentro de los sesenta d�as naturales siguientes a la presentaci�n de las solicitudes respectivas y, en el primer caso, determinar� las contraprestaciones correspondientes. QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto se permitir� la inversi�n extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicaci�n v�a sat�lite. Se permitir� la inversi�n extranjera directa hasta un m�ximo del cuarenta y nueve por ciento en radiodifusi�n. Dentro de este m�ximo de inversi�n extranjera se estar� a la reciprocidad que exista en el pa�s en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente econ�mico que controle en �ltima instancia a �ste, directa o indirectamente. La transici�n digital terrestre culminar� el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Uni�n estar�n obligados a promover, en el �mbito de sus competencias, la implementaci�n de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopci�n de esta pol�tica de gobierno garantizando, a su vez, los recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios est�n obligados a devolver, en cuanto culmine el proceso de transici�n a la televisi�n digital terrestre, las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro radioel�ctrico, la competencia y el uso �ptimo de la banda de 700 MHz. SEXTO. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los Comisionados de la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros Comisionados nombrados en cada uno de esos �rganos concluir�n su encargo el �ltimo d�a de febrero de los a�os 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificaci�n del Senado de la Rep�blica, se�alar� los periodos respectivos. Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, deber� observarse lo siguiente: I. El Comit� de Evaluaci�n a que se refiere el art�culo 28 de la Constituci�n deber� enviar al Ejecutivo Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto; II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deber� remitir sus propuestas al Senado de la Rep�blica dentro de los diez d�as naturales siguientes; III. El Senado de la Rep�blica, una vez reunido, contar� con un plazo de diez d�as naturales para resolver sobre la propuesta, y IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la Rep�blica no apruebe en dos ocasiones la designaci�n del Ejecutivo Federal, corresponder� a �ste la designaci�n directa del comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comit� de Evaluaci�n a que se refiere el art�culo 28 de la Constituci�n. S�PTIMO. En tanto se integran los �rganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el art�culo Sexto Transitorio, continuar�n en sus funciones, conforme al marco jur�dico vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, los �rganos desconcentrados Comisi�n Federal de Competencia y Comisi�n Federal de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los �rganos desconcentrados referidos pasar�n a los �rganos constitucionales que se crean por virtud de este Decreto. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integraci�n de la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuar�n su tr�mite ante estos �rganos en t�rminos de la legislaci�n aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos procedimientos, s�lo podr�n ser impugnadas en t�rminos de lo dispuesto por el presente Decreto mediante juicio de amparo indirecto. Asimismo, los juicios y recursos en tr�mite, continuar�n hasta su conclusi�n conforme a la legislaci�n vigente a la entrada en vigor del presente Decreto. Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jur�dico previstas en el art�culo Tercero Transitorio a la fecha de la integraci�n de la Comisi�n Federal de Competencia Econ�mica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, �stos ejercer�n sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y, en lo que no se oponga a �ste, en las leyes vigentes en materia de competencia econ�mica, radiodifusi�n y telecomunicaciones. OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en el art�culo Sexto Transitorio, deber� observarse lo siguiente: I. Los concesionarios que presten servicios de televisi�n radiodifundida est�n obligados a permitir a los concesionarios de televisi�n restringida la retransmisi�n de su se�al, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geogr�fica, en forma �ntegra, simult�nea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la se�al que se radiodifunde. Los concesionarios que presten servicios de televisi�n restringida est�n obligados a retransmitir la se�al de televisi�n radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geogr�fica, en forma �ntegra, simult�nea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la se�al que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televisi�n restringida v�a sat�lite, s�lo deber�n retransmitir obligatoriamente las se�ales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o m�s del territorio nacional. Todos los concesionarios de televisi�n restringida deber�n retransmitir las se�ales radiodifundidas por instituciones p�blicas federales. Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisi�n radiodifundida que hayan sido declarados con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusi�n o como agentes econ�micos preponderantes en los t�rminos de este Decreto, no tendr�n derecho a la regla de gratuidad de los contenidos de radiodifusi�n o de la retransmisi�n gratuita; lo que en ning�n caso se reflejar� como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Estos concesionarios deber�n acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la retransmisi�n. En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinar� la tarifa bajo los principios de libre competencia y concurrencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionar� con la revocaci�n de la concesi�n a los agentes econ�micos preponderantes o con poder sustancial que se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a trav�s de otros concesionarios, sin perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. Tambi�n se revocar� la concesi�n a estos �ltimos. Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perder�n su vigencia simult�neamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de radiodifusi�n y telecomunicaciones. Esta declaraci�n ser� realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los t�rminos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estar�n en libertad de acordar los precios y condiciones de la retransmisi�n de contenidos radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinar� la tarifa que deber� estar orientada a costos. II. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitaci�n y Adjudicaci�n de Frecuencias de Televisi�n Radiodifundida Digital, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicar�, en un plazo no mayor a ciento ochenta d�as naturales a partir de su integraci�n, las bases y convocatorias para licitar nuevas concesiones de frecuencias de televisi�n radiodifundida que deber�n ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisi�n con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, m�xima cobertura nacional de servicios, derecho a la informaci�n y funci�n social de los medios de comunicaci�n, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las caracter�sticas existentes en el mercado de televisi�n abierta. No podr�n participar en las licitaciones aquellos concesionarios o grupos relacionados con v�nculos de tipo comercial, organizativo, econ�mico o jur�dico, que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusi�n de 12 MHz de espectro radioel�ctrico o m�s en cualquier zona de cobertura geogr�fica. III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deber� determinar la existencia de agentes econ�micos preponderantes en los sectores de radiodifusi�n y de telecomunicaciones, e impondr� las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Dichas medidas se emitir�n en un plazo no mayor a ciento ochenta d�as naturales contados a partir de su integraci�n, e incluir�n en lo aplicable, las relacionadas con informaci�n, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulaci�n asim�trica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregaci�n de sus elementos esenciales y, en su caso, la separaci�n contable, funcional o estructural de dichos agentes. Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerar� como agente econ�mico preponderante, en raz�n de su participaci�n nacional en la prestaci�n de los servicios de radiodifusi�n o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participaci�n nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el n�mero de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tr�fico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las obligaciones impuestas al agente econ�mico preponderante se extinguir�n en sus efectos por declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate. IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento ochenta d�as naturales contados a partir de su integraci�n, establecer� las medidas que permitan la desagregaci�n efectiva de la red local del agente preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios f�sicos, t�cnicos y l�gicos de conexi�n entre cualquier punto terminal de la red p�blica de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local pertenecientes a dicho agente. Estas medidas tambi�n ser�n aplicables al agente econ�mico con poder sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final. Las medidas a que se refiere el p�rrafo anterior deber�n considerar como insumo esencial todos los elementos necesarios para la desagregaci�n efectiva de la red local. En particular, los concesionarios podr�n elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso a la misma. Las citadas medidas podr�n incluir la regulaci�n de precios y tarifas, condiciones t�cnicas y de calidad, as� como su calendario de implantaci�n con el objeto de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetraci�n de los servicios de telecomunicaciones. V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisar�, dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a su integraci�n, los t�tulos de concesi�n vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus t�rminos, condiciones y modalidades. VI. En un plazo de ciento ochenta d�as naturales siguientes a su integraci�n, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recabar� la informaci�n necesaria a fin de constituir el Registro P�blico de Concesiones a que se refiere el art�culo 28 de la Constituci�n. NOVENO. En relaci�n con las resoluciones a que se refieren las fracciones III y IV del art�culo anterior, se estar� a lo siguiente: I. Se pronunciar�n de conformidad con el procedimiento que establezca la legislaci�n vigente en la fecha de su emisi�n y a falta de disposici�n expresa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; II. �nicamente podr�n ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no ser�n objeto de suspensi�n, tal y como lo establece el art�culo 28 de la Constituci�n, reformado en virtud del presente Decreto. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento y los actos intraprocesales s�lo podr�n reclamarse en el amparo promovido contra la resoluci�n referida, y III. No admitir�n recurso administrativo alguno y solamente podr�n ser impugnadas a trav�s del juicio de amparo indirecto en los t�rminos de la fracci�n anterior. El incumplimiento de las medidas contempladas en las citadas resoluciones ser� sancionado en t�rminos de las disposiciones aplicables. El incumplimiento a la separaci�n contable, funcional o estructural dar� lugar a la revocaci�n de los t�tulos de concesi�n. D�CIMO. Los medios p�blicos que presten el servicio de radiodifusi�n deber�n contar con independencia editorial; autonom�a de gesti�n financiera; garant�as de participaci�n ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendici�n de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnolog�as, y reglas para la expresi�n de diversidades ideol�gicas, �tnicas y culturales. D�CIMO PRIMERO. Para que la publicidad en radio y televisi�n sea equilibrada, la ley dotar� al Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos m�ximos que la misma se�ale para la transmisi�n de mensajes comerciales. La ley deber� asegurar que la programaci�n dirigida a la poblaci�n infantil respete los valores y principios a que se refiere el art�culo 3o. de la Constituci�n, as� como las normas en materia de salud y establecer� lineamientos espec�ficos que regulen la publicidad pautada en la programaci�n destinada al p�blico infantil. El Instituto contar� con facultades para supervisar su cumplimiento. Asimismo, corresponder� al Instituto resolver cualquier desacuerdo en materia de retransmisi�n de contenidos, con excepci�n de la materia electoral. D�CIMO SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deber� establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia econ�mica, radiodifusi�n y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta d�as naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitir� acuerdos de car�cter general en los que se prever�n la forma de asignaci�n de los asuntos y la rotaci�n de jueces y magistrados especializados que conocer�n de los mismos, as� como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el p�rrafo anterior. D�CIMO TERCERO. La C�mara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, aprobar� las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestaria a los �rganos reguladores a que se refiere este Decreto para el desempe�o de sus funciones, as� como las previsiones presupuestarias para el buen funcionamiento del organismo a que se refiere el art�culo 6o., Apartado B, fracci�n V, de la Constituci�n. D�CIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendr� a su cargo la pol�tica de inclusi�n digital universal, en la que se incluir�n los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnolog�as de la informaci�n y comunicaci�n, y habilidades digitales, as� como los programas de gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversi�n p�blica y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y Expediente Cl�nico Electr�nico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. Dicha pol�tica tendr�, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, peque�as y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de informaci�n de conformidad con el promedio registrado en los pa�ses miembros de la Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarrollo Econ�micos. Esta caracter�stica deber� ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deber� realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la pol�tica de inclusi�n digital universal. Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborar� las pol�ticas de radiodifusi�n y telecomunicaciones del Gobierno Federal y realizar� las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administraci�n P�blica Federal. Las entidades federativas har�n lo propio en el �mbito de su competencia. D�CIMO QUINTO. La Comisi�n Federal de Electricidad ceder� totalmente a Telecomunicaciones de M�xico su concesi�n para instalar, operar y explotar una red p�blica de telecomunicaciones y le transferir� todos los recursos y equipos necesarios para la operaci�n y explotaci�n de dicha concesi�n, con excepci�n de la fibra �ptica, derechos de v�a, torres, poster�a, edificios e instalaciones que quedar�n a cargo de la Comisi�n Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de M�xico el acceso efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de M�xico tendr� atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, dise�ar y ejecutar la construcci�n y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, as� como la comunicaci�n v�a sat�lite y la prestaci�n del servicio de tel�grafos. Lo anterior, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. D�CIMO SEXTO. El Estado, a trav�s del Ejecutivo Federal, en coordinaci�n con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, garantizar� la instalaci�n de una red p�blica compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la poblaci�n a la comunicaci�n de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el art�culo 6o., Apartado B, fracci�n II del presente Decreto y las caracter�sticas siguientes: I. Iniciar� la instalaci�n antes de que concluya el a�o 2014, y estar� en operaci�n antes de que concluya el a�o 2018; II. Contemplar� el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transici�n a la Televisi�n Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra �ptica de la Comisi�n Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalaci�n y la operaci�n de la red compartida; III. Podr� contemplar inversi�n p�blica o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en su caso, las previsiones que deba aprobar la C�mara de Diputados; IV. Asegurar� que ning�n prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la operaci�n de la red; V. Asegurar� el acceso a los activos requeridos para la instalaci�n y operaci�n de la red, as� como el cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestaci�n no discriminatoria de servicios; VI. Operar� bajo principios de compartici�n de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos sus servicios y capacidades, y prestar� exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminaci�n y a precios competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartici�n y venta desagregada se obligar�n a ofrecer a los dem�s operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red compartida, y VII. Promover� que la pol�tica tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure la reinversi�n de utilidades para la actualizaci�n, el crecimiento y la cobertura universal. El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeaci�n Democr�tica, incluir� en los instrumentos program�ticos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red a que se refiere este art�culo. D�CIMO S�PTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeaci�n Democr�tica, el Ejecutivo Federal incluir� en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones: I. El crecimiento de la red troncal prevista en el art�culo D�cimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya sea mediante inversi�n p�blica, privada o mixta, para asegurar la m�xima cobertura de servicios a la poblaci�n; II. Un programa de banda ancha en sitios p�blicos que identifique el n�mero de sitios a conectar cada a�o, hasta alcanzar la cobertura universal; III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor n�mero posible de sitios p�blicos federales, ductos, poster�a y derechos de v�a que deber�n ser puestos a disposici�n de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusi�n para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deber� incluir la contraprestaci�n que los concesionarios deber�n pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se refiere el art�culo 6o., p�rrafo tercero, de la Constituci�n, siempre y cuando el concesionario ofrezca las mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura; IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la pol�tica para la transici�n a la Televisi�n Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y V. Un Programa Nacional de Espectro Radioel�ctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, incluir� lo siguiente: a) Un programa de trabajo para garantizar el uso �ptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioel�ctrico a estaciones de radio y televisi�n. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deber� realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y dem�s instrumentos program�ticos, relacionados con los sectores de radiodifusi�n y telecomunicaciones. D�CIMO OCTAVO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente Decreto se respetar�n en todo momento de conformidad con la ley. M�xico, D.F., a 22 de mayo de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina Gonz�lez Cruz, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el art�culo 24 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 19 de julio de 2013 Art�culo �nico. Se reforma el primer p�rrafo del art�culo 24 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. Transitorio �nico. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 19 de junio de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina Gonz�lez Cruz, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diez de julio de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el art�culo 37 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 30 de septiembre de 2013 Art�culo �nico. Se reforman las fracciones II, III y IV, y se suprime el �ltimo p�rrafo del apartado C) del art�culo 37 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. Quedar� sin efecto toda disposici�n que contravenga el presente Decreto. M�xico, D.F., a 24 de julio de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina Gonz�lez Cruz, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintis�is de septiembre de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma la fracci�n XXI del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 8 de octubre de 2013 ART�CULO �NICO. Se reforma la fracci�n XXI del art�culo 73, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n de conformidad con las disposiciones previstas en los art�culos siguientes. SEGUNDO. La legislaci�n �nica en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de soluci�n de controversias y de ejecuci�n de penas que expida el Congreso de la Uni�n conforme al presente Decreto, entrar� en vigor en toda la Rep�blica a m�s tardar el d�a dieciocho de junio de dos mil diecis�is. La legislaci�n vigente en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de soluci�n de controversias y de ejecuci�n de penas expedida por el Congreso de la Uni�n, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuar� en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislaci�n que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Uni�n conforme al presente Decreto. TERCERO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislaci�n procedimental penal que establece el presente Decreto, ser�n concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos. M�xico, D.F., a 5 de septiembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortes, Presidente.- Sen. Ra�l Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a tres de octubre de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energ�a. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 20 de diciembre de 2013 Art�culo �nico.- Se reforman los p�rrafos cuarto, sexto y octavo del art�culo 25; el p�rrafo sexto del art�culo 27; los p�rrafos cuarto y sexto del art�culo 28; y se adicionan un p�rrafo s�ptimo, recorri�ndose los subsecuentes en su orden, al art�culo 27; un p�rrafo octavo, recorri�ndose los subsecuentes en su orden, al art�culo 28 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. Transitorios Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administraci�n P�blica Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente Decreto se respetar�n en todo momento de conformidad con la ley. Tercero. La ley establecer� la forma y plazos, los cuales no podr�n exceder dos a�os a partir de la publicaci�n de este Decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petr�leos Mexicanos y Comisi�n Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esta transici�n, Petr�leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el p�rrafo s�ptimo del art�culo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisi�n Federal de Electricidad podr� suscribir los contratos a que se refiere el p�rrafo sexto del art�culo 27 que se reforma por virtud de este Decreto. Cuarto. Dentro de los ciento veinte d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones que resulten necesarias al marco jur�dico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas, regular las modalidades de contrataci�n, que deber�n ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producci�n compartida, o de licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Naci�n, las actividades de exploraci�n y extracci�n del petr�leo y de los hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares, en t�rminos de lo dispuesto por el art�culo 27 de esta Constituci�n. En cada caso, el Estado definir� el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Naci�n. La ley establecer� las modalidades de las contraprestaciones que pagar� el Estado a sus empresas productivas o a los particulares por virtud de las actividades de exploraci�n y extracci�n del petr�leo y de los dem�s hidrocarburos que hagan por cuenta de la Naci�n. Entre otras modalidades de contraprestaciones, deber�n regularse las siguientes: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la producci�n obtenida, para los contratos de producci�n compartida; IV) con la transmisi�n onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extra�dos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) cualquier combinaci�n de las anteriores. La Naci�n escoger� la modalidad de contraprestaci�n atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo plazo. Asimismo, la ley establecer� las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas productivas del Estado o los particulares y regular� los casos en que se les impondr� el pago a favor de la Naci�n por los productos extra�dos que se les transfieran. Quinto. Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignaci�n o suscriban un contrato para realizar actividades de exploraci�n y extracci�n de petr�leo y dem�s hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos, as� como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de sus empresas productivas del Estado, para el mismo fin, conforme a lo establecido en el presente Decreto, podr�n reportar para efectos contables y financieros la asignaci�n o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petr�leo y todos los hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la Naci�n. Lo dispuesto en el p�rrafo anterior ser� aplicable a Petr�leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios durante el periodo de transici�n a que se refiere el transitorio tercero del presente Decreto. Sexto. La Secretar�a del ramo en materia de Energ�a, con la asistencia t�cnica de la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos, ser� la encargada de adjudicar a Petr�leos Mexicanos las asignaciones a que se refiere el p�rrafo s�ptimo del art�culo 27 de esta Constituci�n. El organismo deber� someter a consideraci�n de la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a la adjudicaci�n de las �reas en exploraci�n y los campos que est�n en producci�n, que est� en capacidad de operar, a trav�s de asignaciones. Para lo anterior, deber� acreditar que cuenta con las capacidades t�cnicas, financieras y de ejecuci�n necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. La solicitud se deber� presentar dentro de los noventa d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. La Secretar�a del ramo en materia de Energ�a revisar� la solicitud, con la asistencia t�cnica de la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos, y emitir� la resoluci�n correspondiente dentro del plazo de ciento ochenta d�as naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petr�leos Mexicanos, estableciendo en la misma la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: a) Para asignaciones de exploraci�n de hidrocarburos: en las �reas en las que, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, Petr�leos Mexicanos haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploraci�n, ser� posible que, con base en su capacidad de inversi�n y sujeto a un plan claramente establecido de exploraci�n de cada �rea asignada, contin�e con los trabajos en un plazo de tres a�os, prorrogables por un per�odo m�ximo de dos a�os en funci�n de las caracter�sticas t�cnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploraci�n, y en caso de �xito, que contin�e con las actividades de extracci�n. De no cumplirse con el plan de exploraci�n, el �rea en cuesti�n deber� revertirse al Estado. b) Para asignaciones de extracci�n de hidrocarburos: Petr�leos Mexicanos mantendr� sus derechos en cada uno de los campos que se encuentren en producci�n a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. Deber� presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento y una producci�n eficiente y competitiva. Para la determinaci�n de las caracter�sticas establecidas en cada asignaci�n de extracci�n de hidrocarburos se considerar� la coexistencia de distintos campos en un �rea determinada. Con base en lo anterior, se podr� establecer la profundidad espec�fica para cada asignaci�n, de forma que las actividades extractivas puedan ser realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una misma �rea pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos en beneficio de la Naci�n. En caso de que, como resultado del proceso de adjudicaci�n de asignaciones para llevar a cabo las actividades de exploraci�n y extracci�n del petr�leo y de los hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos a que hace menci�n este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petr�leos Mexicanos, �stas ser�n reconocidas en su justo valor econ�mico en los t�rminos que para tal efecto disponga la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a. El Estado podr� determinar una contraprestaci�n al realizar una asignaci�n. Las asignaciones no podr�n ser transferidas sin aprobaci�n de la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a. Petr�leos Mexicanos podr� proponer a la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a, para su autorizaci�n, la migraci�n de las asignaciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el art�culo 27, p�rrafo s�ptimo, de esta Constituci�n. Para ello, la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a contar� con la asistencia t�cnica de la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos. En la migraci�n de las asignaciones a contratos, cuando Petr�leos Mexicanos elija contratar con particulares, a fin de determinar al particular contratista, la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos llevar� a cabo la licitaci�n en los t�rminos que disponga la ley. La ley prever�, al menos, que la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a establezca los lineamientos t�cnicos y contractuales, y que la Secretar�a del ramo en materia de Hacienda ser� la encargada de establecer las condiciones fiscales. En estos casos, la administraci�n del contrato estar� sujeta a las mismas autoridades y mecanismos de control que aplicar�n a los contratos suscritos por el Estado. S�ptimo. Para promover la participaci�n de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecer�, dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto, las bases y los porcentajes m�nimos del contenido nacional en la proveedur�a para la ejecuci�n de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente Decreto. La ley deber� establecer mecanismos para fomentar la industria nacional en las materias de este Decreto. Las disposiciones legales sobre contenido nacional deber�n ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por M�xico. Octavo. Derivado de su car�cter estrat�gico, las actividades de exploraci�n y extracci�n del petr�leo y de los dem�s hidrocarburos, as� como el servicio p�blico de transmisi�n y distribuci�n de energ�a el�ctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de inter�s social y orden p�blico, por lo que tendr�n preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aqu�llas. La ley prever� los t�rminos y las condiciones generales de la contraprestaci�n que se deber� cubrir por la ocupaci�n o afectaci�n superficial o, en su caso, la indemnizaci�n respectiva. Los t�tulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto y aquellos que se otorguen con posterioridad, no conferir�n derechos para la exploraci�n y extracci�n del petr�leo y los dem�s hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos, sin perjuicio de los derechos previstos en sus propias concesiones. Los concesionarios deber�n permitir la realizaci�n de estas actividades. La ley prever�, cuando ello fuere t�cnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de las actividades mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el Estado o los particulares. Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones al marco jur�dico, a fin de establecer que los contratos y las asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar a cabo, por cuenta de la Naci�n, las actividades de exploraci�n y extracci�n del petr�leo y de los hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos, ser�n otorgados a trav�s de mecanismos que garanticen la m�xima transparencia, por lo que se prever� que las bases y reglas de los procedimientos que se instauren al efecto, ser�n debidamente difundidas y p�blicamente consultables. Asimismo, la ley prever� y regular�: a) Que los contratos cuenten con cl�usulas de transparencia, que posibiliten que cualquier interesado los pueda consultar; b) Un sistema de auditor�as externas para supervisar la efectiva recuperaci�n, en su caso, de los costos incurridos y dem�s contabilidad involucrada en la operaci�n de los contratos, y c) La divulgaci�n de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos. D�cimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones que resulten necesarias al marco jur�dico a fin de establecer, entre otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y �rganos de la Administraci�n P�blica Federal: a) A la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a: establecer, conducir y coordinar la pol�tica energ�tica, la adjudicaci�n de asignaciones y la selecci�n de �reas que podr�n ser objeto de los contratos a que se refiere el p�rrafo s�ptimo del art�culo 27 de esta Constituci�n, con la asistencia t�cnica de la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos; el dise�o t�cnico de dichos contratos y los lineamientos t�cnicos que deber�n observarse en el proceso de licitaci�n; as� como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinaci�n del petr�leo, y procesamiento de gas natural. En materia de electricidad, establecer� los t�rminos de estricta separaci�n legal que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operaci�n eficiente del sector el�ctrico y vigilar� su cumplimiento. b) A la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos: la prestaci�n de asesor�a t�cnica a la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a; la recopilaci�n de informaci�n geol�gica y operativa; la autorizaci�n de servicios de reconocimiento y exploraci�n superficial; la realizaci�n de las licitaciones, asignaci�n de ganadores y suscripci�n de los contratos para las actividades de exploraci�n y extracci�n de hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos; la administraci�n en materia t�cnica de asignaciones y contratos; la supervisi�n de los planes de extracci�n que maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulaci�n en materia de exploraci�n y extracci�n de hidrocarburos. c) A la Comisi�n Reguladora de Energ�a: en materia de hidrocarburos, la regulaci�n y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribuci�n por ductos de petr�leo, gas, petrol�feros y petroqu�micos; la regulaci�n de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulaci�n de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulaci�n y el otorgamiento de permisos para la generaci�n, as� como las tarifas de porteo para transmisi�n y distribuci�n. d) A la Secretar�a del ramo en materia de Hacienda, entre otras, el establecimiento de las condiciones econ�micas de las licitaciones y de los contratos a que se refiere el presente Decreto relativas a los t�rminos fiscales que permitan a la Naci�n obtener en el tiempo ingresos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. La ley establecer� los actos u omisiones que den lugar a la imposici�n de sanciones, el procedimiento para ello, as� como las atribuciones de cada dependencia u �rgano para imponerlas y ejecutarlas. Lo anterior, sin perjuicio de las dem�s facultades que a dichas autoridades les otorguen las leyes, en estas materias. La ley definir� los mecanismos para garantizar la coordinaci�n entre los �rganos reguladores en materia de energ�a y la Administraci�n P�blica Federal, para que, en el �mbito de sus respectivas competencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las pol�ticas p�blicas del Ejecutivo Federal. D�cimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones al marco jur�dico a fin de regular las modalidades de contrataci�n para que los particulares, por cuenta de la Naci�n, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, instalaci�n, mantenimiento, gesti�n, operaci�n y ampliaci�n de la infraestructura necesaria para prestar el servicio p�blico de transmisi�n y distribuci�n de energ�a el�ctrica, en t�rminos de lo dispuesto en este Decreto. D�cimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones al marco jur�dico para que la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos y la Comisi�n Reguladora de Energ�a, se conviertan en �rganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jur�dica propia, autonom�a t�cnica y de gesti�n; asimismo, podr�n disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisi�n y administraci�n de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, as� como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Informaci�n de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes prever�n, al menos: a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la comisi�n respectiva instruir� su transferencia a un fideicomiso constituido para cada una de �stas por la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a, donde una instituci�n de la banca de desarrollo operar� como fiduciario. b) Que las comisiones respectivas instruir�n al fiduciario la aplicaci�n de los recursos de estos fideicomisos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el art�culo 134 de esta Constituci�n y estando sujetos a la evaluaci�n y el control de los entes fiscalizadores del Estado. c) En el caso de la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos, se dar� prioridad al desarrollo y mantenimiento del Centro Nacional de Informaci�n de Hidrocarburos, mismo que contendr� al menos la informaci�n de los estudios s�smicos, as� como los n�cleos de roca, obtenidos de los trabajos de exploraci�n y extracci�n de hidrocarburos del pa�s. Los fideicomisos no podr�n acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Comisi�n de que se trate, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el �ltimo ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, �stos ser�n transferidos a la Tesorer�a de la Federaci�n. Los fideicomisos a que hace referencia este transitorio estar�n sujetos a las obligaciones en materia de transparencia conforme a la ley de la materia. Asimismo, cada Comisi�n deber� publicar en su sitio electr�nico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso respectivo, as� como el uso y destino de dichos recursos y dem�s informaci�n que sea de inter�s p�blico. La C�mara de Diputados realizar� las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a las comisiones, con el fin de que �stas puedan llevar a cabo su cometido. El Presupuesto aprobado deber� cubrir los cap�tulos de servicios personales, materiales y suministros, as� como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones. D�cimo Tercero. En el plazo de ciento veinte d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones al marco jur�dico, a fin de establecer que los comisionados de la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos y de la Comisi�n Reguladora de Energ�a s�lo podr�n ser removidos de su encargo por las causas graves que se establezcan al efecto; que podr�n ser designados, nuevamente, por �nica ocasi�n para cubrir un segundo per�odo, y que su renovaci�n se llevar� a cabo de forma escalonada, a fin de asegurar el debido ejercicio de sus atribuciones. Los actuales comisionados concluir�n los periodos para los que fueron nombrados, sujet�ndose a lo dispuesto en el p�rrafo anterior. Para nombrar a los comisionados de la Comisi�n Nacional de Hidrocarburos y de la Comisi�n Reguladora de Energ�a, el Presidente de la Rep�blica someter� una terna a consideraci�n del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designar� al comisionado que deber� cubrir la vacante. La designaci�n se har� por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta d�as. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupar� el cargo de comisionado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la Rep�blica. En caso de que la C�mara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la Rep�blica, someter� una nueva, en los t�rminos del p�rrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupar� el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la Rep�blica. Se nombrar�n dos nuevos comisionados por cada Comisi�n, de manera escalonada, en los t�rminos de los dos p�rrafos anteriores. D�cimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petr�leo para la Estabilizaci�n y el Desarrollo ser� un fideicomiso p�blico en el que el Banco de M�xico fungir� como fiduciario. La Secretar�a del ramo en materia de Hacienda realizar� las acciones para la constituci�n y funcionamiento del fideicomiso p�blico referido, una vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio cuarto del presente Decreto. El Fondo Mexicano del Petr�leo para la Estabilizaci�n y el Desarrollo ser� el encargado de recibir todos los ingresos, con excepci�n de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el p�rrafo s�ptimo del art�culo 27 de esta Constituci�n. Los ingresos se administrar�n y distribuir�n conforme a la siguiente prelaci�n y conforme se establezca en la ley para: 1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos. 2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilizaci�n de los Ingresos Petroleros y de Estabilizaci�n de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilizaci�n de los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su l�mite m�ximo, los recursos asignados al Fondo se destinar�n al ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. Dentro de los ciento veinte d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones que resulten necesarias al marco jur�dico en materia del l�mite m�ximo del Fondo de Estabilizaci�n de los Ingresos Petroleros y del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilizaci�n. 3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracci�n de Hidrocarburos; a los fondos de investigaci�n en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energ�tica, y en materia de fiscalizaci�n petrolera. 4. Transferir a la Tesorer�a de la Federaci�n los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n de cada a�o, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde a la raz�n equivalente a la observada para los ingresos petroleros del a�o 2013. Para lo anterior, se consideran los rubros siguientes: Derecho ordinario sobre hidrocarburos, Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilizaci�n, Derecho extraordinario sobre exportaci�n de petr�leo crudo, Derecho para la investigaci�n cient�fica y tecnol�gica en materia de energ�a, Derecho para la fiscalizaci�n petrolera, Derecho sobre extracci�n de hidrocarburos, Derecho para regular y supervisar la exploraci�n y explotaci�n de hidrocarburos, Derecho especial sobre hidrocarburos y Derecho adicional sobre hidrocarburos. Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este numeral, se considerar�n incluidos los recursos transferidos acorde a los numerales 2 y 3. 5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversi�n en activos financieros. �nicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro p�blico de largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto Interno Bruto del a�o previo al que se trate, el Comit� T�cnico del Fondo podr� destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente: a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el a�o anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para el sistema de pensi�n universal conforme a lo que se�ale su ley; b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el a�o anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversi�n en ciencia, tecnolog�a e innovaci�n, y en energ�as renovables; c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento observado el a�o anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un veh�culo de inversi�n especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional, y d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el a�o anterior en el saldo del ahorro de largo plazo; en becas para la formaci�n de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; as� como para el desarrollo regional de la industria. Con excepci�n del programa de becas, no podr�n emplearse recursos para gasto corriente. La asignaci�n de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) y d) anteriores no deber�n tener como consecuencia que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del a�o anterior. Sujeto a lo anterior y con la aprobaci�n de las dos terceras partes de los miembros presentes, la C�mara de Diputados podr� modificar los l�mites y los posibles destinos mencionados en los incisos a), b), c) y d) de este numeral. Una vez que el saldo acumulado del ahorro p�blico de largo plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del a�o previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petr�leo para la Estabilizaci�n y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo ser�n transferidos a la Tesorer�a de la Federaci�n. Los recursos transferidos a estos destinos ser�n adicionales a las transferencias que se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio. En caso de una reducci�n significativa en los ingresos p�blicos, asociada a una ca�da en el Producto Interno Bruto, a una disminuci�n pronunciada en el precio del petr�leo o a una ca�da en la plataforma de producci�n de petr�leo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilizaci�n de los Ingresos Petroleros o su equivalente, la C�mara de Diputados podr� aprobar, mediante votaci�n de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la integraci�n de recursos de ahorro p�blico de largo plazo al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n, a�n cuando el saldo de ahorro de largo plazo se redujera por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del a�o anterior. La integraci�n de estos recursos al Presupuesto de Egresos de la Federaci�n se considerar�n incluidos en la transferencia acorde con el numeral 4 del presente transitorio. El Fondo Mexicano del Petr�leo para la Estabilizaci�n y el Desarrollo estar� sujeto a las obligaciones en materia de transparencia de conformidad con la ley. Asimismo, deber� publicar por medios electr�nicos y por lo menos de manera trimestral, la informaci�n que permita dar seguimiento a los resultados financieros de las asignaciones y los contratos a que se refiere el p�rrafo s�ptimo del art�culo 27 de esta Constituci�n, as� como el destino de los ingresos del Estado Mexicano conforme a los p�rrafos anteriores. El Fondo Mexicano del Petr�leo para la Estabilizaci�n y el Desarrollo se constituir� durante 2014 y comenzar� sus operaciones en el 2015. D�cimo Quinto. El Fondo Mexicano del Petr�leo para la Estabilizaci�n y el Desarrollo contar� con un Comit� T�cnico integrado por tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros independientes. Los miembros representantes del Estado ser�n los titulares de las Secretar�as de los ramos en materia de Hacienda y de Energ�a, as� como el Gobernador del Banco de M�xico. Los miembros independientes ser�n nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, con aprobaci�n de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la Rep�blica. El titular de la Secretar�a del ramo en materia de Hacienda fungir� como Presidente del Comit� T�cnico. El Comit� T�cnico del Fondo Mexicano del Petr�leo para la Estabilizaci�n y el Desarrollo tendr�, entre otras, las siguientes atribuciones: a) Determinar la pol�tica de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del transitorio anterior. b) Instruir a la instituci�n fiduciaria para que realice las transferencias a la Tesorer�a de la Federaci�n de conformidad con lo establecido en el transitorio anterior. c) Recomendar a la C�mara de Diputados, a m�s tardar el veintiocho de febrero de cada a�o, la asignaci�n de los montos correspondientes a los rubros generales establecidos en los incisos a), b), c) y d) del transitorio anterior. La C�mara de Diputados aprobar�, con las modificaciones que estime convenientes, la asignaci�n antes mencionada. En este proceso, la C�mara de Diputados no podr� asignar recursos a proyectos o programas espec�ficos. En caso de que la C�mara de Diputados no se pronuncie acerca de la recomendaci�n del Comit� T�cnico a m�s tardar el treinta de abril del mismo a�o, se considerar� aprobada. Con base en la asignaci�n aprobada por la C�mara de Diputados, el Ejecutivo Federal determinar� los proyectos y programas espec�ficos a los que se asignar�n los recursos en cada rubro, para su inclusi�n en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federaci�n del a�o de que se trate. En el proceso de aprobaci�n de dicho Proyecto, la C�mara de Diputados podr� reasignar los recursos destinados a los proyectos espec�ficos dentro de cada rubro, respetando la distribuci�n de recursos en rubros generales que ya se hayan aprobado. Lo anterior sin perjuicio de otros recursos que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federaci�n para proyectos y programas de inversi�n. D�cimo Sexto. Dentro de los plazos que se se�alan a continuaci�n, el Poder Ejecutivo Federal deber� proveer los siguientes decretos: a) A m�s tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria del art�culo 27 Constitucional en el Ramo del Petr�leo, emitir� el Decreto de creaci�n del organismo p�blico descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, encargado de la operaci�n del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. En dicho Decreto se establecer� la organizaci�n, funcionamiento y facultades del citado Centro. El Decreto proveer� lo necesario para que Petr�leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes. El Decreto tambi�n prever� que Petr�leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, transfieran de forma inmediata al Centro Nacional de Control del Gas Natural los contratos que tengan suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los administre. El Centro Nacional de Control del Gas Natural dar� a Petr�leos Mexicanos el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores a su creaci�n, para que contin�e operando la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que le brinde servicio en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. b) A m�s tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de la industria el�ctrica, emitir� el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energ�a como organismo p�blico descentralizado, encargado del control operativo del sistema el�ctrico nacional; de operar el mercado el�ctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisi�n y las redes generales de distribuci�n, y las dem�s facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creaci�n. En dicho Decreto se establecer� la organizaci�n, funcionamiento y facultades del citado Centro. El Decreto proveer� lo conducente para que la Comisi�n Federal de Electricidad transfiera los recursos que el Centro Nacional de Control de Energ�a requiera para el cumplimiento de sus facultades. El Centro Nacional de Control de Energ�a dar� a la Comisi�n Federal de Electricidad el apoyo necesario, hasta por doce meses posteriores a su creaci�n, para que contin�e operando sus redes del servicio p�blico de transmisi�n y distribuci�n en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. D�cimo S�ptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones al marco jur�dico, para establecer las bases en las que el Estado procurar� la protecci�n y cuidado del medio ambiente, en todos los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporaci�n de criterios y mejores pr�cticas en los temas de eficiencia en el uso de energ�a, disminuci�n en la generaci�n de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generaci�n de residuos y emisiones, as� como la menor huella de carbono en todos sus procesos. En materia de electricidad, la ley establecer� a los participantes de la industria el�ctrica obligaciones de energ�as limpias y reducci�n de emisiones contaminantes. D�cimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretar�a del ramo en materia de Energ�a y en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco d�as naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deber� incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energ�a, una estrategia de transici�n para promover el uso de tecnolog�as y combustibles m�s limpios. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n emitir� una ley que tenga por objeto regular el reconocimiento, la exploraci�n y la explotaci�n de recursos geot�rmicos para el aprovechamiento de la energ�a del subsuelo dentro de los l�mites del territorio nacional, con el fin de generar energ�a el�ctrica o destinarla a usos diversos. D�cimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones al marco jur�dico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci�n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como �rgano administrativo desconcentrado de la Secretar�a del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonom�a t�cnica y de gesti�n, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. La Agencia tendr� dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protecci�n al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, as� como el control integral de residuos. En la organizaci�n, funcionamiento y facultades de la Agencia, se deber� prever al menos: a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la Agencia instruir� su transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretar�a del ramo en materia de Medio Ambiente, donde una instituci�n de la banca de desarrollo operar� como fiduciario. b) Que la Agencia instruir� al fiduciario la aplicaci�n de los recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el art�culo 134 de esta Constituci�n y estando sujeta a la evaluaci�n y el control de los entes fiscalizadores del Estado. El fideicomiso no podr� acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el �ltimo ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, �stos ser�n transferidos a la Tesorer�a de la Federaci�n. El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estar� sujeto a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la Agencia deber� publicar en su sitio electr�nico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, as� como el uso y destino de dichos recursos. La C�mara de Diputados realizar� las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la Agencia, con el fin de que �sta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deber� cubrir los cap�tulos de servicios personales, materiales y suministros, as� como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones. Vig�simo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones al marco jur�dico para regular a las empresas productivas del Estado, y establecer� al menos que: I. Su objeto sea la creaci�n de valor econ�mico e incrementar los ingresos de la Naci�n, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. II. Cuenten con autonom�a presupuestal y est�n sujetas s�lo al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretar�a del ramo en materia de Hacienda, apruebe el Congreso de la Uni�n. Su r�gimen de remuneraciones ser� distinto del previsto en el art�culo 127 de esta Constituci�n. III. Su organizaci�n, administraci�n y estructura corporativa sean acordes con las mejores pr�cticas a nivel internacional, asegurando su autonom�a t�cnica y de gesti�n, as� como un r�gimen especial de contrataci�n para la obtenci�n de los mejores resultados de sus actividades, de forma que sus �rganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional. IV. Sus �rganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley y sus directores sean nombrados y removidos libremente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su caso, removidos por el Consejo de Administraci�n. Para el caso de empresas productivas del Estado que realicen las actividades de exploraci�n y extracci�n de petr�leo y dem�s hidrocarburos s�lidos, l�quidos o gaseosos en t�rminos de lo previsto por el p�rrafo s�ptimo del art�culo 27 de esta Constituci�n, la ley deber� establecer, entre otras disposiciones, que su Consejo de Administraci�n se conforme de la siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario del Ramo en materia de Energ�a quien lo presidir� y tendr� voto de calidad, y cinco consejeros independientes. V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a trav�s de la dependencia competente, con objeto de que sus operaciones de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de financiamiento del resto del sector p�blico o bien, contribuyan a reducir las fuentes de financiamiento del mismo. VI. Cuenten, en t�rminos de lo establecido en las leyes correspondientes, con un r�gimen especial en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras p�blicas, presupuestaria, deuda p�blica, responsabilidades administrativas y dem�s que se requieran para la eficaz realizaci�n de su objeto, de forma que les permita competir con eficacia en la industria o actividad de que se trate. Una vez que los organismos descentralizados denominados Petr�leos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, y Comisi�n Federal de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado de conformidad con las leyes que se expidan para tal efecto en t�rminos del transitorio tercero de este Decreto, no les ser�n aplicables las disposiciones relativas a la autonom�a contenidas en las fracciones anteriores, sino hasta que conforme a las nuevas disposiciones legales se encuentren en funciones sus consejos de administraci�n y est�n en operaci�n los mecanismos de fiscalizaci�n, transparencia y rendici�n de cuentas. Los consejeros profesionales de Petr�leos Mexicanos en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto permanecer�n en sus cargos hasta la conclusi�n de los periodos por los cuales fueron nombrados, o bien hasta que dicho organismo se convierta en empresa productiva del Estado y sea nombrado el nuevo Consejo de Administraci�n. Los citados consejeros podr�n ser considerados para formar parte del nuevo Consejo de Administraci�n de la empresa productiva del Estado, conforme al procedimiento que establezca la ley. Vig�simo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n realizar� las adecuaciones al marco jur�dico, a fin de establecer los mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, contratistas, permisionarios, servidores p�blicos, as� como a toda persona f�sica o moral, p�blica o privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energ�tico, cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley, entre otros, los que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la toma de decisi�n de un servidor p�blico, del personal o de los consejeros de las empresas productivas del Estado para obtener un beneficio econ�mico personal directo o indirecto. SAL�N DE SESIONES DE LA COMISI�N PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNI�N.- M�xico, D.F., a 18 de diciembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cort�s, Presidente.- Dip. Raymundo King De la Rosa, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veinte de diciembre de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona una fracci�n XXIX-R al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de diciembre de 2013 Art�culo �nico.- Se adiciona una fracci�n XXIX-R al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� Transitorios Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- El Congreso de la Uni�n expedir� la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 180 d�as a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Para ello, solicitar� previamente la opini�n de las entidades federativas. Tercero.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas adecuar�n las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Uni�n en un plazo no mayor a 60 d�as a partir de la entrada en vigor de dicha ley general. M�xico, D.F., a 31 de octubre de 2013.- Sen. Ra�l Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo Anaya Cort�s, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Javier Orozco G�mez, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintitr�s de diciembre de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracci�n IV del art�culo 116; y se reforma el art�culo 122, Apartado C, Base Primera, fracci�n V, inciso f) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de diciembre de 2013 ART�CULO PRIMERO.- Se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracci�n IV del art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� ART�CULO SEGUNDO.- Se reforma el art�culo 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracci�n V, inciso f) de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIO �NICO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 28 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cort�s, Presidente.- Sen. Ra�l Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Angelina Carre�o Mijares, Secretaria.- Sen. Mar�a Elena Barrera Tapia, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintitr�s de diciembre de dos mil trece.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de febrero de 2014 ART�CULO �NICO. Se reforman las fracciones I, IV y V del apartado A, y se adiciona una fracci�n VIII al art�culo 6o.; se adicionan las fracciones XXIX-S y XXIX-T al art�culo 73; se adiciona una fracci�n XII al art�culo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracci�n XIX del art�culo 89; se reforma el inciso l) de la fracci�n I y se adiciona el inciso h) a la fracci�n II del art�culo 105; se reforma el p�rrafo tercero del art�culo 108; se reforman los p�rrafos primero y segundo del art�culo 110; se reforman los p�rrafos primero y quinto del art�culo 111; se adiciona una fracci�n VIII al art�culo 116; se adiciona un inciso �), recorri�ndose los actuales incisos en su orden, a la fracci�n V, de la Base Primera del Apartado C del art�culo 122, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��.. Transitorios PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. El Congreso de la Uni�n deber� expedir la Ley General del Art�culo 6o. de esta Constituci�n, as� como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesi�n de los Particulares, al C�digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnaci�n en Materia Electoral y los dem�s ordenamientos necesarios, en un plazo de un a�o contado a partir de la fecha de publicaci�n del presente Decreto. TERCERO. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Informaci�n y Protecci�n de Datos podr�n formar parte del nuevo organismo aut�nomo en el �mbito federal, previa petici�n formal al Senado de la Rep�blica dentro de los diez d�as siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto �nicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petici�n sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la C�mara de Senadores deber� resolver en un plazo de diez d�as, de lo contrario se entender� la negativa a su petici�n. En tanto se integra el organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n, continuar�n en sus funciones, conforme al orden jur�dico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los comisionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Informaci�n y Protecci�n de Datos. La designaci�n de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificaci�n del art�culo 6o. constitucional materia del presente Decreto, ser� realizada a m�s tardar 90 d�as despu�s de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente: I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Informaci�n y Protecci�n de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobaci�n en los t�rminos del p�rrafo primero de esta disposici�n transitoria, formar�n parte del organismo garante del derecho de acceso a la informaci�n que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha de terminaci�n del per�odo para el que fueron originariamente designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente art�culo transitorio. II. En el caso de que s�lo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Informaci�n y Protecci�n de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobaci�n a que se refiere el p�rrafo primero de este precepto, continuar�n en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el t�rmino de la designaci�n que se les confiri� originariamente para formar parte del Instituto que se extingue; asimismo, se designar�n los comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente art�culo transitorio, quienes ejercer�n el cargo en los periodos se�alados en los respectivos incisos. En esta hip�tesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobaci�n para continuar en esa funci�n, tendr�n los per�odos de desempe�o siguientes: a) Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 2014, el nombramiento concluir� el 31 de marzo de 2018; b) Si el nombramiento es en raz�n de la no continuaci�n del comisionado que habr�a concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se har� hasta esa fecha. c) Si el nombramiento es en raz�n de la no continuaci�n del comisionado que habr�a concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se har� hasta esa fecha. d) Si el o los nombramientos son en raz�n de la no continuaci�n de una o de ambas comisionadas que habr�a o habr�an concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, el o los mismos se har�n hasta esa fecha. III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Informaci�n y Protecci�n de Datos solicite al Senado o reciba la aprobaci�n para formar parte del organismo garante del derecho de acceso a la informaci�n que se crea por medio del presente Decreto, y para asegurar la renovaci�n escalonada con motivo de los nombramientos que se realizar�n, el Senado de la Rep�blica especificar� el per�odo de ejercicio para cada comisionado, tomando en consideraci�n lo siguiente: a) Nombrar� a dos comisionados, cuyos mandatos concluir�n el 31 de marzo de 2018. b) Nombrar� a dos comisionados, cuyos mandatos concluir�n el 31 de marzo de 2020. c) Nombrar� a dos comisionados, cuyos mandatos concluir�n el 31 de marzo de 2022, y d) Nombrar� a un comisionado, cuyo mandato concluir� el 31 de marzo de 2023. CUARTO. La designaci�n de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n ser� realizada a m�s tardar 90 d�as despu�s de la entrada en vigor de este Decreto. Para asegurar la renovaci�n escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la Rep�blica especificar� el per�odo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideraci�n lo siguiente: a) Nombrar� a un comisionado, cuyo mandato concluir� el 1 de noviembre de 2017. b) Nombrar� a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluir� el 31 de marzo de 2020. c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluir� su mandato el 31 de marzo de 2018. d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluir� su mandato el 31 de marzo de 2026. e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluir� su mandato el 1 de noviembre de 2021. f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluir� su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluir� su mandato el 1 de noviembre de 2023. QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendr�n un plazo de un a�o, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto. SEXTO. El organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n podr� ejercer las facultades de revisi�n y de atracci�n a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Uni�n. S�PTIMO. En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protecci�n de datos personales en posesi�n de particulares, el organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n ejercer� las atribuciones correspondientes. OCTAVO. En tanto el Congreso de la Uni�n expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n ejercer� sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica Gubernamental vigente. NOVENO. Los asuntos que se encuentren en tr�mite o pendientes de resoluci�n a la entrada en vigor de este Decreto se sustanciar�n ante el organismo garante que establece el art�culo 6o. de esta Constituci�n, creado en los t�rminos del presente Decreto. D�CIMO. Los recursos financieros y materiales, as� como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Informaci�n P�blica y Protecci�n de Datos Personales, se transferir�n al organismo p�blico aut�nomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguir�n rigiendo por el apartado B del art�culo 123 de esta Constituci�n y de ninguna forma resultar�n afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. SAL�N DE SESIONES DE LA COMISI�N PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNI�N.- M�xico, D.F., a 22 de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cort�s, Presidente.- Dip. Ver�nica Beatriz Ju�rez Pi�a, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a siete de febrero de dos mil catorce.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia pol�tica-electoral. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 10 de febrero de 2014 ART�CULO �NICO.- Se reforman los p�rrafos segundo y cuarto del apartado A del art�culo 26; la fracci�n VII del p�rrafo vig�simo tercero del art�culo 28; el primer p�rrafo del art�culo 29; la fracci�n VII y los apartados 4o. y 6o. de la fracci�n VIII del art�culo 35; la base I en sus p�rrafos inicial y segundo, el tercer p�rrafo de la base II, la base III en su p�rrafo inicial, el apartado A en su p�rrafo inicial e incisos a), c), e) y g) y en su segundo p�rrafo, el apartado B en su primer p�rrafo e inciso c) y su segundo p�rrafo, el apartado C en su primer p�rrafo y el apartado D, la base IV en su p�rrafo inicial y la base V del art�culo 41; la fracci�n II del art�culo 54; el segundo p�rrafo de la fracci�n V del art�culo 55; el art�culo 59; el primer p�rrafo del art�culo 65; el segundo p�rrafo del art�culo 69, el inciso a) de la fracci�n XXI del art�culo 73; el tercer p�rrafo de la fracci�n IV del art�culo 74; la fracci�n II del art�culo 76; la fracci�n VI del art�culo 82; el art�culo 83; el segundo p�rrafo del art�culo 84; la fracci�n IX del art�culo 89; el segundo p�rrafo del art�culo 93; la fracci�n VI del art�culo 95; las fracciones VII y VIII del art�culo 99; el apartado A del art�culo 102; los incisos c) y f) del segundo p�rrafo de la fracci�n II y la fracci�n III del art�culo 105; el segundo p�rrafo de la fracci�n V, el segundo p�rrafo de la fracci�n VIII, el primer y tercer p�rrafos de la fracci�n XIII y la fracci�n XV del art�culo 107; el primer p�rrafo del art�culo 110; el primer p�rrafo del art�culo 111; el encabezado y el segundo p�rrafo de la fracci�n I del art�culo 115; los p�rrafos segundo y tercero de la fracci�n II, el primer p�rrafo y los incisos a), b), c), d), h), j) y k) de la fracci�n IV del art�culo 116; el segundo p�rrafo del art�culo 119; la fracci�n III de la BASE PRIMERA del apartado C del art�culo 122; se adicionan un apartado C al art�culo 26; un cuarto p�rrafo a la base I, y un tercer, cuarto y quinto p�rrafos a la base VI del art�culo 41; un tercer p�rrafo al art�culo 69; la fracci�n XXIX-U al art�culo 73; las fracciones III y VII al art�culo 74; las fracciones XI y XIII, recorri�ndose la subsecuente en su orden, al art�culo 76; un segundo y tercer p�rrafos a la fracci�n II y la fracci�n XVII al art�culo 89; los p�rrafos tercero y cuarto al art�culo 90; la fracci�n IX, recorri�ndose la subsecuente en su orden, al art�culo 99; un inciso i) al segundo p�rrafo de la fracci�n II del art�culo 105; un segundo p�rrafo al inciso f) y un inciso n), recorri�ndose los subsecuentes en su orden a la fracci�n IV, as� como una fracci�n IX al art�culo 116; y se deroga la fracci�n V del art�culo 78, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. SEGUNDO.- El Congreso de la Uni�n deber� expedir las normas previstas en el inciso a) de la fracci�n XXI, y en la fracci�n XXIX-U del art�culo 73 de esta Constituci�n, a m�s tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecer�n, al menos, lo siguiente: I. La ley general que regule los partidos pol�ticos nacionales y locales: a) Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervenci�n en los procesos electorales federales y locales; b) Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garant�a de acceso a los �rganos imparciales de justicia intrapartidaria; c) Los lineamientos b�sicos para la integraci�n de sus �rganos directivos; la postulaci�n de sus candidatos y, en general, la conducci�n de sus actividades de forma democr�tica; as� como la transparencia en el uso de los recursos; d) Los contenidos m�nimos de sus documentos b�sicos; e) Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; f) El sistema de participaci�n electoral de los partidos pol�ticos a trav�s de la figura de coaliciones, conforme a lo siguiente: 1. Se establecer� un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales; 2. Se podr� solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampa�as; 3. La ley diferenciar� entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalici�n total se entender� la que establezcan los partidos pol�ticos para postular a la totalidad de los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral. Por coalici�n parcial se entender� la que establezcan los partidos pol�ticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por coalici�n flexible se entender� la que establezcan los partidos pol�ticos para postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; 4. Las reglas conforme a las cuales aparecer�n sus emblemas en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y c�mputo de los votos; 5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido pol�tico, no podr� coaligarse, y g) Un sistema de fiscalizaci�n sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos pol�ticos, las coaliciones y los candidatos, que deber� contener: 1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalizaci�n de los ingresos y egresos de los partidos pol�ticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma expedita y oportuna durante la campa�a electoral; 2. Los lineamientos homog�neos de contabilidad, la cual deber� ser p�blica y de acceso por medios electr�nicos; 3. Los mecanismos por los cuales los partidos pol�ticos, las coaliciones y las candidaturas independientes deber�n notificar al �rgano de fiscalizaci�n del Instituto Nacional Electoral, la informaci�n sobre los contratos que celebren durante las campa�as o los procesos electorales, incluyendo la de car�cter financiero y la relativa al gasto y condiciones de ejecuci�n de los instrumentos celebrados. Tales notificaciones deber�n realizarse previamente a la entrega de los bienes o la prestaci�n de los servicios de que se trate; 4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los avisos previos de contrataci�n a los que se refiere el numeral anterior; 5. Los lineamientos para asegurar la m�xima publicidad de los registros y movimientos contables, avisos previos de contrataci�n y requerimientos de validaci�n de contrataciones emitidos por la autoridad electoral; 6. La facultad de los partidos pol�ticos de optar por realizar todos los pagos relativos a sus actividades y campa�as electorales, por conducto del Instituto Nacional Electoral, en los t�rminos que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones de car�cter general; 7. La facultad de los partidos pol�ticos de optar por realizar todos los pagos relativos a la contrataci�n de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y 8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones. II. La ley general que regule los procedimientos electorales: a) La celebraci�n de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del a�o que corresponda, en los t�rminos de esta Constituci�n, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevar�n a cabo el primer domingo de julio; b) Los mecanismos de coordinaci�n entre los �rganos del Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral, que permitan reportar a �ste las disposiciones en efectivo que realice cualquier �rgano o dependencia de la Federaci�n, de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables; c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodolog�a y los resultados de las encuestas que se difundan, relativas a las preferencias electorales, as� como las fechas l�mite para llevar a cabo su difusi�n; d) Los t�rminos en que habr�n de realizarse debates de car�cter obligatorio entre candidatos, organizados por las autoridades electorales; y las reglas aplicables al ejercicio de la libertad de los medios de comunicaci�n para organizar y difundir debates entre candidatos a cualquier cargo de elecci�n popular. La negativa a participar de cualquiera de los candidatos en ning�n caso ser� motivo para la cancelaci�n o prohibici�n del debate respectivo. La realizaci�n o difusi�n de debates en radio y televisi�n, salvo prueba en contrario, no se considerar� como contrataci�n ilegal de tiempos o como propaganda encubierta; e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral para efectos de su difusi�n en los tiempos de radio y televisi�n; f) Las sanciones aplicables a la promoci�n de denuncias fr�volas. Para tales efectos se entender� como denuncia fr�vola aquella que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ning�n medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jur�dico espec�fico en que se sustente la queja o denuncia; g) La regulaci�n de la propaganda electoral, debiendo establecer que los art�culos promocionales utilitarios s�lo podr�n ser elaborados con material textil; h) Las reglas para garantizar la paridad entre g�neros en candidaturas a legisladores federales y locales, e i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales. III. La ley general en materia de delitos electorales establecer� los tipos penales, sus sanciones, la distribuci�n de competencias y las formas de coordinaci�n entre la Federaci�n y las entidades federativas. TERCERO.- El Congreso de la Uni�n deber� expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo a�o de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el p�rrafo octavo del art�culo 134 de esta Constituci�n, la que establecer� las normas a que deber�n sujetarse los poderes p�blicos, los �rganos aut�nomos, las dependencias y entidades de la administraci�n p�blica y de cualquier otro ente de los tres �rdenes de gobierno, y que garantizar� que el gasto en comunicaci�n social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, econom�a, transparencia y honradez, as� como que respete los topes presupuestales, l�mites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos. CUARTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los art�culos 35; 41; 54; 55; 99; 105 fracci�n II inciso f); 110 y 111 por lo que hace a la denominaci�n del Instituto Nacional Electoral, y 116, fracci�n IV, de esta Constituci�n, entrar�n en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a que se refiere el Transitorio Segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio Quinto siguiente. La adici�n del cuarto p�rrafo a la base I del art�culo 41 de esta Constituci�n, relativa al porcentaje de votaci�n necesaria para que los partidos pol�ticos conserven su registro, entrar� en vigor al d�a siguiente de la publicaci�n del presente Decreto. Las reformas a que se refiere el primer p�rrafo del presente transitorio, respecto de entidades federativas que tengan procesos electorales en 2014, entrar�n en vigor una vez que hayan concluido dichos procesos. QUINTO.- El Instituto Nacional Electoral deber� integrarse dentro de los ciento veinte d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto y comenzar� a ejercer sus atribuciones a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior. En caso de que a la fecha de integraci�n del Instituto Nacional Electoral no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, dicho Instituto ejercer� las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al Instituto Federal Electoral. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el comit� de evaluaci�n a que se refiere el inciso a) del p�rrafo quinto del Apartado A de la Base V del art�culo 41, que se reforma por virtud del presente Decreto, deber� remitir a la C�mara de Diputados para su tr�mite en procesos separados, conforme a lo previsto en el referido p�rrafo: a) Tres listas para cubrir la elecci�n de cada uno de los tres consejeros que durar�n en su encargo tres a�os; b) Cuatro listas para cubrir la elecci�n de cada uno de los cuatro consejeros que durar�n en su encargo seis a�os; c) Tres listas para cubrir la elecci�n de cada uno de los tres consejeros que durar�n en su encargo nueve a�os, y d) Una lista para cubrir la elecci�n del Presidente que durar� en su encargo nueve a�os. Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren en funciones al inicio del procedimiento de selecci�n para la integraci�n del Instituto Nacional Electoral, podr�n participar en dicho proceso. SEXTO.- Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, el Instituto Nacional Electoral deber� expedir los lineamientos para garantizar la incorporaci�n de todos los servidores p�blicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, as� como las dem�s normas para su integraci�n total. S�PTIMO.- Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasar�n a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en t�rminos del Transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los derechos laborales. OCTAVO.- Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, las funciones correspondientes a la capacitaci�n electoral, as� como la ubicaci�n de las casillas y la designaci�n de funcionarios de la mesa directiva, en los procesos electorales locales, se entender�n delegadas a los organismos p�blicos locales. En este caso, el Instituto Nacional Electoral podr� reasumir dichas funciones, por mayor�a del Consejo General. La delegaci�n y reasunci�n posteriores de estas atribuciones se someter� a lo dispuesto en la Base V, Apartado C del art�culo 41 de esta Constituci�n. NOVENO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designar� a los nuevos consejeros de los organismos locales en materia electoral, en t�rminos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 116 de esta Constituci�n. Los actuales consejeros continuar�n en su encargo hasta en tanto se realicen las designaciones a que se refiere el presente Transitorio. El Consejo General llevar� a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los consejeros electorales se verifique con antelaci�n al siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor de este Decreto. D�CIMO.- Los Magistrados de los �rganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el Transitorio Segundo, continuar�n en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los t�rminos previstos por la fracci�n IV, inciso c), del art�culo 116 de esta Constituci�n. El Senado de la Rep�blica llevar� a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique con antelaci�n al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de este Decreto. Los magistrados a que se refiere el p�rrafo anterior ser�n elegibles para un nuevo nombramiento. D�CIMO PRIMERO.- La reforma al art�culo 59 de esta Constituci�n ser� aplicable a los diputados y senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018. D�CIMO SEGUNDO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los art�culos 69, p�rrafo tercero; 74, fracciones III y VII; 76, fracciones II y XI; 89, fracci�n II, p�rrafos segundo y tercero, y fracci�n XVII, entrar�n en vigor el 1o. de diciembre de 2018. D�CIMO TERCERO.- La reforma al art�culo 116 de esta Constituci�n en materia de reelecci�n de diputados locales, as� como a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no ser� aplicable a los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. D�CIMO CUARTO.- La reforma al art�culo 115 de esta Constituci�n en materia de reelecci�n de presidentes municipales, regidores y s�ndicos no ser� aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. D�CIMO QUINTO.- Las reformas a los art�culos 65; 74, fracci�n IV y 83 de esta Constituci�n entrar�n en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el per�odo presidencial comprendido entre los a�os 2018 y 2024 iniciar� el 1o. de diciembre de 2018 y concluir� el 30 de septiembre de 2024. D�CIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los art�culos 28; 29, p�rrafo primero; 69, p�rrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresi�n de la ratificaci�n del Procurador General de la Rep�blica por el Senado y XII; 78, fracci�n V; 82, fracci�n VI; 84; 89, fracci�n IX; 90; 93, p�rrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la Rep�blica; 116, fracci�n IX y 119, p�rrafo primero de esta Constituci�n, entrar�n en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Uni�n necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonom�a constitucional de la Fiscal�a General de la Rep�blica. Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el p�rrafo anterior, la C�mara de Senadores iniciar� de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del art�culo 102 de esta Constituci�n para la designaci�n del Fiscal General de la Rep�blica. Si la C�mara de Senadores no estuviere reunida, la Comisi�n Permanente la convocar� inmediatamente a sesi�n extraordinaria. P�rrafo adicionado DOF 27-08-2018 El Procurador General de la Rep�blica que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el p�rrafo primero de este art�culo, continuar� en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la Rep�blica. P�rrafo reformado DOF 27-08-2018 D�CIMO S�PTIMO.- Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto referidas en el Transitorio anterior, se proceder� de la siguiente forma: I.- Los asuntos en los que la Procuradur�a General de la Rep�blica ejerza la representaci�n de la Federaci�n, as� como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en el inciso i) de la fracci�n II, del art�culo 105 de esta Constituci�n que se adiciona por virtud de este Decreto, que se encuentren en tr�mite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el Transitorio anterior, deber�n remitirse dentro de los veinte d�as h�biles siguientes a la dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la funci�n de Consejero Jur�dico del Gobierno. Los procedimientos se�alados en el p�rrafo que antecede se suspender�n por un plazo de sesenta d�as h�biles, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el Transitorio anterior; en cada caso, la suspensi�n ser� decretada de oficio por los �rganos jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos procedimientos, y II.- Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procuradur�a General de la Rep�blica destine para la atenci�n y desahogo de los procedimientos a que se refiere la fracci�n anterior, ser�n transferidos a la dependencia que realice las funciones de Consejero Jur�dico del Gobierno. Los titulares de ambos �rganos realizar�n las previsiones necesarias para que dichos recursos queden transferidos el mismo d�a en que entren en vigor las disposiciones se�aladas en el Transitorio anterior. D�CIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrar� por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscal�a Especializada en Atenci�n de Delitos Electorales de la Procuradur�a General de la Rep�blica. El Ejecutivo Federal podr� objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se proceder� a un nuevo nombramiento en los t�rminos de este p�rrafo. En el plazo de treinta d�as a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General de la Rep�blica expedir� el acuerdo de creaci�n de la fiscal�a especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupci�n, cuyo titular ser� nombrado por el Senado en los t�rminos del p�rrafo anterior. Los titulares de las fiscal�as nombrados en t�rminos del presente transitorio durar�n en su encargo hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el Procurador General de la Rep�blica o, en su caso, del Fiscal General de la Rep�blica. La remoci�n podr� ser objetada por el voto de la mayor�a de los miembros presentes de la C�mara de Senadores dentro de un plazo de diez d�as h�biles, en cuyo caso el titular de la fiscal�a de que se trate, ser� restituido en el ejercicio de sus funciones. D�CIMO NOVENO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el transitorio D�cimo Sexto anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuradur�a General de la Rep�blica pasar�n al �rgano aut�nomo que el propio Decreto establece. VIG�SIMO.- La reforma al art�culo 26 de esta Constituci�n entrar� en vigor al d�a siguiente de la publicaci�n del presente Decreto. El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social deber� integrarse dentro de los sesenta d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Para dicho efecto, se deber�n elegir dos consejeros por un periodo de dos a�os, dos por un periodo de tres a�os, dos por un periodo de cuatro a�os y un consejero presidente por un periodo de cuatro a�os. En caso de que en el plazo referido no quede integrado el �rgano constitucional referido y hasta su integraci�n, continuar� en sus funciones el organismo descentralizado denominado Consejo Nacional para la Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social. Con excepci�n del Secretario de Desarrollo Social, los integrantes del Comit� Directivo del organismo descentralizado referido en el p�rrafo anterior, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, podr�n ser considerados para integrar el nuevo �rgano aut�nomo que se crea. El Congreso de la Uni�n deber� expedir la ley que regir� al �rgano aut�nomo denominado Consejo Nacional para la Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. En tanto el Congreso de la Uni�n expide la Ley a que se refiere el p�rrafo anterior, el Consejo Nacional para la Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social que se crea por virtud del presente Decreto, una vez instalado, ejercer� sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el mismo y en el Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluaci�n de la Pol�tica de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 24 de agosto de 2005. VIG�SIMO PRIMERO.- Los Consejeros del Instituto Federal Electoral que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren en funciones, continuar�n en su encargo hasta que se integre el Instituto Nacional Electoral, en t�rminos de lo previsto por el Quinto Transitorio del presente Decreto; por lo que los actos jur�dicos emitidos v�lidamente por el Instituto Federal Electoral en los t�rminos de la legislaci�n vigente, surtir�n todos sus efectos legales. SAL�N DE SESIONES DE LA COMISI�N PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNI�N.- M�xico, D.F., a 22 de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cort�s, Presidente.- Dip. M�nica Garc�a de la Fuente, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a treinta y uno de enero de dos mil catorce.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona el art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 17 de junio de 2014 ART�CULO �NICO.- Se adiciona un octavo p�rrafo, recorri�ndose en su orden los subsecuentes, al art�culo 4o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondr�n de seis meses para establecer en sus haciendas o c�digos financieros la exenci�n de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedici�n de la primera copia certificada del acta de nacimiento. TERCERO. El Congreso de la Uni�n en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y previa opini�n de las entidades federativas y la autoridad competente en materia de registro nacional de poblaci�n, deber� realizar las adecuaciones a la ley que determinen las caracter�sticas, dise�o y contenido del formato �nico en materia de registro de poblaci�n, as� como para la expedici�n de toda acta del registro civil que deber� implementarse a trav�s de mecanismos electr�nicos y adoptarse por las propias entidades federativas del pa�s y por las representaciones de M�xico en el exterior. CUARTO. La Secretar�a de Gobernaci�n a trav�s del Registro Nacional de Poblaci�n, remitir� al Instituto Nacional Electoral la informaci�n recabada por las autoridades locales registrales relativas a los certificados de defunci�n. M�xico, D.F., a 4 de junio de 2014.- Sen. Ra�l Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. Mar�a Elena Barrera Tapia, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de junio de dos mil catorce.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el tercer p�rrafo del art�culo 108 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 17 de junio de 2014 ART�CULO �NICO.- Se reforma el tercer p�rrafo del art�culo 108 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedar�n sin efecto. M�xico, D.F., a 4 de junio de 2014.- Sen. Ra�l Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. Mar�a Elena Barrera Tapia, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de junio de dos mil catorce.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma la fracci�n III del apartado A del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 17 de junio de 2014 ART�CULO �NICO.- Se reforma la fracci�n III del apartado A del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIO �NICO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 4 de junio de 2014.- Sen. Ra�l Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. Mar�a Elena Barrera Tapia, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a diecis�is de junio de dos mil catorce.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el inciso b) del tercer p�rrafo de la Base VI del art�culo 41 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 7 de julio de 2014 ART�CULO �NICO. Se reforma el inciso b) del tercer p�rrafo de la Base VI del art�culo 41 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIO �NICO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. M�xico, D.F., a 25 de junio de 2014.- Sen. Ra�l Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Juan Pablo Adame Alem�n, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil catorce.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma la fracci�n III, del Apartado A, del art�culo 2o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 22 de mayo de 2015 Art�culo �nico. Se reforma la fracci�n III, del Apartado A, del art�culo 2o. de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� Transitorios Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- Las Legislaturas de las entidades federativas adecuar�n sus respectivas Constituciones, as� como la legislaci�n correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 d�as a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. M�xico, D.F., a 14 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio C�sar Moreno Rivera, Presidente.- Sen. Rosa Adriana D�az Lizama, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan Lugo, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintiuno de mayo de dos mil quince.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 26 de mayo de 2015 Art�culo �nico.- Se reforman los art�culos 73, fracci�n VIII; 79, fracci�n I, p�rrafos primero y segundo; 108, p�rrafo cuarto; 116, fracci�n II, p�rrafo sexto; 117, fracci�n VIII, p�rrafo segundo; y se adicionan los art�culos 25, con un segundo p�rrafo, recorri�ndose en su orden los subsecuentes; 73, con una fracci�n XXIX-W; y 117, fracci�n VIII, con los p�rrafos tercero y cuarto de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� Transitorios Primero. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. La Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deber� expedirse en t�rminos de la fracci�n XXIX-W del art�culo 73 del presente Decreto, as� como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este Decreto, deber�n publicarse en el Diario Oficial de la Federaci�n dentro de los 90 d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Tercero. Dentro del plazo de 180 d�as naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el art�culo anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizar�n las reformas necesarias para armonizar su legislaci�n con este Decreto y la ley citada. Cuarto. Las Entidades Federativas y los Municipios se sujetar�n a las disposiciones de este Decreto y a las de las leyes a que se refiere el Art�culo Transitorio Segundo del mismo, a partir de la fecha de su entrada en vigor y respetar�n las obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en los t�rminos de las disposiciones aplicables. Quinto. La ley reglamentaria establecer� la transitoriedad conforme a la cual entrar�n en vigor las restricciones establecidas en relaci�n a la contrataci�n de obligaciones de corto plazo, a que se refiere el art�culo 117, fracci�n VIII, �ltimo p�rrafo de este Decreto. Sexto. Las Entidades Federativas y los Municipios enviar�n al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Uni�n un informe sobre todos los empr�stitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo m�ximo de 60 d�as naturales, conforme a los lineamientos que aqu�l emita. S�ptimo. La ley reglamentaria establecer� que en el registro a que se refiere el inciso 3o. de la fracci�n VIII del art�culo 73 de este Decreto, se incluir�n cuando menos los siguientes datos de cada empr�stito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de inter�s, plazo, tipo de garant�a o fuente de pago, as� como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la informaci�n. En tanto se implementa el referido registro, se pondr� a disposici�n de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Uni�n un reporte de las obligaciones y empr�stitos a que se refiere el art�culo 9 de la Ley de Coordinaci�n Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a m�s tardar en un plazo de 30 d�as naturales; as� como, aquella informaci�n adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente, se deber� informar cada cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), los empr�stitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar cr�ditos existentes. Lo anterior, con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, el Congreso de la Uni�n pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los Estados y Municipios. Para tal efecto, la Auditor�a Superior de la Federaci�n, verificar� el destino y aplicaci�n de los recursos en los que se hubiera establecido como garant�a recursos de origen federal. Las legislaturas de los Estados realizar�n y publicar�n por medio de sus entes fiscalizadores, una auditor�a al conjunto de obligaciones del sector p�blico, con independencia del origen de los recursos afectados como garant�a, en un plazo no mayor a 90 d�as naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Los servidores p�blicos y dem�s personal del Congreso de la Uni�n que tengan acceso a la informaci�n referente al presente Art�culo Transitorio, ser�n responsables del manejo de la misma y responder�n de los da�os y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgaci�n. Octavo. La ley reglamentaria a que se refiere el Art�culo 73, fracci�n VIII, inciso 3o. de este Decreto, establecer� las modalidades y condiciones de deuda p�blica que deber�n contratarse mediante licitaci�n p�blica, as� como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que �stas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio. M�xico, D.F., a 6 de mayo de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz Sandoval, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veinticinco de mayo de 2015.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupci�n. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de mayo de 2015 Art�culo �nico.- Se reforman los art�culos 22, p�rrafo segundo, fracci�n II; 28, p�rrafo vig�simo, fracci�n XII; 41, p�rrafo segundo, fracci�n V, Apartado A, en sus p�rrafos segundo, octavo y d�cimo; 73, fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones II y VI, en sus p�rrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, fracci�n II; 79, p�rrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus p�rrafos segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer p�rrafo, y los actuales p�rrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracci�n III; se modifica la denominaci�n del T�tulo Cuarto para quedar �De las Responsabilidades de los Servidores P�blicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupci�n, y Patrimonial del Estado�; 109; 113; 114, p�rrafo tercero; 116, p�rrafo segundo, fracciones II, en su p�rrafo sexto y V; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracci�n V, incisos c), en su p�rrafo segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan los art�culos 73, con una fracci�n XXIX-V; 74, con una fracci�n VIII, pasando la actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto p�rrafos, recorri�ndose los actuales en su orden; 108, con un �ltimo p�rrafo; 116, p�rrafo segundo, fracci�n II, con un octavo p�rrafo, recorri�ndose el actual en su orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracci�n V, inciso c), con un tercer p�rrafo, recorri�ndose el actual en su orden; y se deroga el segundo p�rrafo de la fracci�n IV, del actual p�rrafo tercero del art�culo 79 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. Transitorios Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. Segundo. El Congreso de la Uni�n, dentro del plazo de un a�o contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deber� aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del art�culo 73 de esta Constituci�n, as� como las reformas a la legislaci�n establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho art�culo. Asimismo, deber� realizar las adecuaciones a la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal, con el objeto de que la Secretar�a responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo. Tercero. La ley a que se refiere la fracci�n XXIX-H del art�culo 73 de la Constituci�n, establecer� que, observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: a) Aprobar� su proyecto de presupuesto, con sujeci�n a los criterios generales de pol�tica econ�mica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; b) Ejercer� directamente su presupuesto aprobado por la C�mara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretar�as de Hacienda y Cr�dito P�blico y de la Funci�n P�blica; c) Autorizar� las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorizaci�n de la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la C�mara de Diputados; d) Determinar� los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminuci�n de ingresos durante el ejercicio fiscal, y e) Realizar� los pagos, llevar� la contabilidad y elaborar� sus informes, a trav�s de su propia tesorer�a, en los t�rminos de las leyes aplicables. Cuarto. El Congreso de la Uni�n, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deber�n, en el �mbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta d�as siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto. Quinto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se hacen a los art�culos 79, 108, 109, 113, 114, 116, fracci�n V y 122, BASE QUINTA, entrar�n en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que se refiere el Transitorio Segundo del presente Decreto. Sexto. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Segundo Transitorio, continuar� aplic�ndose la legislaci�n en materia de responsabilidades administrativas de los servidores p�blicos, as� como de fiscalizaci�n y control de recursos p�blicos, en el �mbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. S�ptimo. Los sistemas anticorrupci�n de las entidades federativas deber�n conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales. Octavo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracci�n XXIX-H, del art�culo 73, de esta Constituci�n, continuar�n como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados. Los titulares de los �rganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del art�culo 74 y II del art�culo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuar�n en su encargo en los t�rminos en los que fueron nombrados. Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominaci�n en el �mbito de las entidades federativas, continuar�n como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuar� funcionando con su organizaci�n y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en tr�mite, hasta la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracci�n XXIX-H, del art�culo 73, de este Decreto. Noveno. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasar�n a formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los t�rminos que determine la Ley a que se refiere la fracci�n XXIX-H, del art�culo 73, de esta Constituci�n. D�cimo. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracci�n XXIX-H, del art�culo 73, de esta Constituci�n, seguir�n conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los t�rminos que dicha ley determine. D�cimo Primero. La ley reglamentaria del segundo p�rrafo del art�culo 113 Constitucional, reformado por virtud del presente Decreto, se entender� referida al �ltimo p�rrafo del art�culo 109 Constitucional atendiendo a lo establecido en el Quinto Transitorio del presente Decreto. M�xico, D.F., a 20 de mayo de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Roc�o Esmeralda Reza Gallegos, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de dos mil quince.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman los p�rrafos cuarto y sexto del art�culo 18 y el inciso c) de la fracci�n XXI del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 2 de julio de 2015 �nico.- Se reforman los p�rrafos cuarto y sexto del art�culo 18 y se reforma el inciso c) de la fracci�n XXI del art�culo 73, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� ART�CULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. El Congreso de la Uni�n dentro de los 180 d�as naturales siguientes a la publicaci�n de este Decreto en el Diario Oficial de la Federaci�n, deber� expedir la legislaci�n nacional en materia de justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de su vigencia, en funci�n de la etapa del proceso de implementaci�n del Sistema Procesal Penal Acusatorio en que se encuentren. En raz�n de lo anterior, se abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de diciembre de 2012. La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Com�n y para toda la Rep�blica en materia de Fuero Federal, as� como la legislaci�n vigente en materia de justicia para adolescentes expedida por las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuar�n en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislaci�n nacional que expida el Congreso de la Uni�n conforme al presente Decreto. TERCERO. Los procedimientos de justicia para adolescentes y la ejecuci�n de las medidas sancionadoras, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislaci�n nacional que establece el presente Decreto, ser�n concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos y ejecuci�n de medidas sancionadoras. CUARTO. El Congreso de la Uni�n, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deber�n prever los recursos necesarios para la debida implementaci�n, funcionamiento y desarrollo del sistema de justicia para adolescentes. Las partidas para tales prop�sitos deber�n se�alarse en los presupuestos de egresos correspondientes. M�xico, D.F., a 3 de junio de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz Sandoval, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintis�is de junio de dos mil quince.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el art�culo 73, fracci�n XXI, inciso a), de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 10 de julio de 2015 ART�CULO �NICO.- Se reforma el inciso a) de la fracci�n XXI del art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. SEGUNDO. El Congreso de la Uni�n deber� expedir la legislaci�n en las materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al art�culo 73, fracci�n XXI, inciso a), dentro de los 180 d�as siguientes a la entrada en vigor del mismo. La legislaci�n a que se refiere el presente Transitorio deber� regular el Sistema Nacional de B�squeda de Personas. TERCERO. La legislaci�n en materia de desaparici�n forzada de personas, otras formas de privaci�n de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las entidades federativas y de la Federaci�n, continuar� en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes generales que expida el Congreso de la Uni�n referidas en el Transitorio anterior. Los procesos penales iniciados con fundamento en dicha legislaci�n, as� como las sentencias emitidas con base en la misma, no ser�n afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deber�n concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas �ltimas. M�xico, D.F., a 17 de junio de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz Sandoval, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a ocho de julio de dos mil quince.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexaci�n del salario m�nimo. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de enero de 2016 Art�culo �nico.- Se reforman el inciso a) de la base II del art�culo 41, y el p�rrafo primero de la fracci�n VI del Apartado A del art�culo 123; y se adicionan los p�rrafos sexto y s�ptimo al Apartado B del art�culo 26 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� Transitorios Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualizaci�n, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto ser� equivalente al que tenga el salario m�nimo general vigente diario para todo el pa�s, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el art�culo quinto transitorio. El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualizaci�n a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, ser� producto de multiplicar el valor inicial referido en el p�rrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual ser� el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario m�nimo como unidad de cuenta, �ndice, base, medida o referencia para determinar la cuant�a de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, as� como en cualquier disposici�n jur�dica que emane de todas las anteriores, se entender�n referidas a la Unidad de Medida y Actualizaci�n. Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo transitorio anterior, el Congreso de la Uni�n, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, as� como las Administraciones P�blicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deber�n realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, seg�n sea el caso, en un plazo m�ximo de un a�o contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario m�nimo como unidad de cuenta, �ndice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualizaci�n. Quinto.- El Congreso de la Uni�n deber� emitir la legislaci�n reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualizaci�n, dentro de un plazo que no exceder� de 120 d�as naturales siguientes a la fecha de publicaci�n del presente Decreto. En tanto se promulga esta ley, se utilizar� el siguiente m�todo para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualizaci�n: I. El valor diario se determinar� multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci�n del a�o inmediato anterior por el resultado de la suma de uno m�s la variaci�n interanual del �ndice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del a�o inmediato anterior. II. El valor mensual ser� el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci�n por 30.4. III. El valor anual ser� el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualizaci�n por 12. As� mismo la ley deber� prever la periodicidad, atendiendo al principio de anualidad, con que se deber� publicar la actualizaci�n de la Unidad de Medida y Actualizaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, as� como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan. El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actualizar� conforme al procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes. Sexto.- Los cr�ditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen con base al salario m�nimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de cr�dito para la vivienda, continuar�n actualiz�ndose bajo los t�rminos y condiciones que hayan sido estipulados. Sin perjuicio de lo se�alado en el p�rrafo anterior, en el evento de que el salario m�nimo se incremente por encima de la inflaci�n, las referidas instituciones no podr�n actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de cr�ditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualizaci�n durante el mismo a�o. Las instituciones a que se refiere el primer p�rrafo podr�n, a partir de la entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 d�as naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando cr�ditos a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario m�nimo. En el evento de que el salario m�nimo se incremente por encima de la inflaci�n, las citadas instituciones no podr�n actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de cr�ditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualizaci�n durante el mismo a�o. El �rgano de gobierno de cada instituci�n podr� determinar el mecanismo m�s adecuado para implementar lo dispuesto en el presente art�culo transitorio. S�ptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario m�nimo como referencia para cualquier efecto, no se modificar�n por la Unidad de Medida y Actualizaci�n, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan utilizar como �ndice o referencia a la Unidad de Medida y Actualizaci�n. Octavo.- En los cr�ditos, garant�as, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados por el Fondo de Operaci�n y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Instituci�n de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del cr�dito a la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del cr�dito o sus mensualidades el salario m�nimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades deber�n llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el monto m�ximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea superior a la inflaci�n correspondiente. Asimismo, el �rgano de gobierno de cada entidad podr� determinar el mecanismo m�s adecuado para implementar lo dispuesto en el presente art�culo transitorio. Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversi�n o UDI. SAL�N DE SESIONES DE LA COMISI�N PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNI�N.- M�xico, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. Jos� de Jes�s Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Teresa de Jes�s Liz�rraga Figueroa, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintis�is de enero de dos mil diecis�is.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma pol�tica de la Ciudad de M�xico. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 29 de enero de 2016 ART�CULO �NICO.- Se REFORMAN los art�culos 2o., Apartado A, fracci�n III y Apartado B, p�rrafo primero, y p�rrafo segundo, fracci�n IX; 3o., p�rrafo primero y las fracciones III y VIII; 5o., p�rrafo segundo; 6o., Apartado A, p�rrafo primero y fracci�n VIII, p�rrafos cuarto, quinto y d�cimo sexto; 17, p�rrafo s�ptimo; 18, p�rrafos tercero y cuarto; 21, p�rrafo noveno y p�rrafo d�cimo, inciso a); 26, Apartado B, p�rrafo primero; 27, p�rrafo quinto y p�rrafo d�cimo, fracci�n VI, p�rrafos primero y segundo; 28, p�rrafos noveno y vig�simo tercero, fracci�n VII; 31, fracci�n IV; 36, fracci�n IV; 40; 41, p�rrafo primero, as� como la Base II, p�rrafo segundo, inciso a), y la Base III, Apartado A, p�rrafo cuarto, y Apartado C, p�rrafo segundo; 43; 44; 53, p�rrafo primero; 55, p�rrafo primero, fracciones III y V p�rrafos tercero y cuarto; 56, p�rrafo primero; 62; 71, fracci�n III; 73, fracciones III, numerales 3o., 6o. y 7o., IX, XV, XXI, inciso a), p�rrafo segundo, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-N, XXIX-�, XXIX-P y XXIX-T; 76, fracciones IV, V y VI; 79, p�rrafo tercero, fracci�n I, segundo p�rrafo; 82, fracci�n VI; 89, fracci�n XIV; 95, fracci�n VI; 101, p�rrafo primero; 102, Apartado A, p�rrafos primero y cuarto, y Apartado B, p�rrafos quinto y d�cimo primero; 103, fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 105, p�rrafo primero, fracci�n I, inciso a), c), d), h), j), l) y p�rrafo segundo y fracci�n II, p�rrafo segundo, incisos a), b), d), f), g) y h); 106; 107, fracci�n XI; 108, p�rrafos primero, tercero y cuarto; 110, p�rrafos primero y segundo; 111, p�rrafos primero y quinto; la denominaci�n del T�tulo Quinto; 115, fracci�n IV, p�rrafo segundo y fracci�n V, p�rrafo segundo; 117, fracci�n IX, p�rrafo segundo; 119, p�rrafo primero; 120; 121, p�rrafo primero y fracciones I, III, IV y V; 122; 123, p�rrafo segundo, Apartado A, fracci�n XXXI y Apartado B, primer p�rrafo y fracciones IV p�rrafo segundo, y XIII p�rrafos segundo y tercero; 124; 125; 127, p�rrafo primero y fracci�n VI del p�rrafo segundo; 130, p�rrafo s�ptimo; 131, p�rrafo primero; 133; 134, p�rrafos primero, segundo, quinto y s�ptimo; y 135, p�rrafo primero; y se DEROGAN la fracci�n IX del art�culo 76; y los incisos e), f) y k) de la fracci�n I del p�rrafo segundo, y el inciso e) de la fracci�n II del p�rrafo segundo, ambas del art�culo 105, todos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. Transitorios ART�CULO PRIMERO.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, salvo disposici�n en contrario conforme a lo establecido en los art�culos transitorios siguientes. ART�CULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constituci�n y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuar�n aplic�ndose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan. ART�CULO TERCERO.- Las normas relativas a la elecci�n de los poderes locales de la Ciudad de M�xico se aplicar�n a partir del proceso electoral para la elecci�n constitucional del a�o 2018. Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, expida las leyes inherentes a la organizaci�n, funcionamiento y competencias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, necesarias para que ejerzan las facultades que establezcan esta Constituci�n y la de la Ciudad de M�xico, a partir del inicio de sus funciones. Dichas leyes entrar�n en vigor una vez que lo haga la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico. Lo dispuesto en el p�rrafo tercero de la Base II del Apartado A del art�culo 122 constitucional contenido en el presente Decreto, no ser� aplicable a los diputados integrantes de la VII Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ART�CULO CUARTO.- Las normas relativas a la elecci�n de las Alcald�as se aplicar�n a partir del proceso electoral para la elecci�n constitucional del a�o 2018. La elecci�n de las Alcald�as en el a�o 2018 se realizar� con base en la divisi�n territorial de las diecis�is demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigente hasta la entrada en vigor del presente Decreto. Los Concejos de las diecis�is Alcald�as electos en 2018 se integrar�n por el Alcalde y diez Concejales electos seg�n los principios de mayor�a relativa y de representaci�n proporcional, en una proporci�n de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. Lo dispuesto en el inciso b) del p�rrafo tercero de la Base VI del Apartado A del art�culo 122 constitucional contenido en el presente Decreto, no ser� aplicable a los titulares de los �rganos pol�tico-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal electos en 2015, quienes no podr�n ser postulados en los comicios de 2018 para integrar las Alcald�as. Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, expida las leyes inherentes a la organizaci�n, funcionamiento y competencias necesarias para que las Alcald�as, a partir del inicio de sus funciones en 2018, ejerzan las facultades a que se refiere esta Constituci�n y la de la Ciudad de M�xico. Dichas leyes entrar�n en vigor una vez que lo haga la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico. ART�CULO QUINTO.- Los �rganos de gobierno electos en los a�os 2012 y 2015 permanecer�n en funciones hasta la terminaci�n del periodo para el cual fueron electos. En su desempe�o se ajustar�n al orden constitucional, legal y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal destinado a normar las funciones a su cargo, que hubiere emanado o emane de los �rganos competentes. Las facultades y atribuciones derivadas del presente Decreto de reformas constitucionales no ser�n aplicables a dichos �rganos de gobierno, por lo que se sujetar�n a las disposiciones constitucionales y legales vigentes con antelaci�n a la entrada en vigor del presente Decreto. ART�CULO SEXTO.- Las reformas al primer p�rrafo del Apartado B del art�culo 123 y la Base XI del Apartado A del art�culo 122 relativas al r�gimen jur�dico de las relaciones de trabajo entre la Ciudad de M�xico y sus trabajadores, entrar�n en vigor a partir del d�a 1 de enero de 2020. En tanto la Legislatura de la Ciudad de M�xico ejerce la atribuci�n a que se refiere la Base XI del Apartado A del art�culo 122 constitucional, las relaciones laborales entre la Ciudad de M�xico y sus trabajadores que, hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se hubieren regido por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, continuar�n norm�ndose por dicha Ley, y los conflictos del trabajo que se susciten se conocer�n y se resolver�n por el Tribunal Federal de Conciliaci�n y Arbitraje, hasta que se establezca la instancia competente en el �mbito local de la Ciudad de M�xico. Los trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de M�xico, sus demarcaciones territoriales y sus �rganos aut�nomos, as� como de las entidades paraestatales de la Administraci�n P�blica local conservar�n los derechos adquiridos que deriven de la aplicaci�n del orden jur�dico que los rija, al momento de entrar en vigor el presente Decreto. Los �rganos p�blicos de la Ciudad de M�xico, que hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continuar�n sujetos, al igual que sus trabajadores, al mismo r�gimen de seguridad social. Los �rganos p�blicos de la Ciudad de M�xico que no se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, podr�n celebrar convenio, en los t�rminos de la ley de dicho Instituto, para su incorporaci�n y la afiliaci�n de sus trabajadores. Lo anterior, siempre y cuando la Ciudad de M�xico se encuentre al corriente en sus obligaciones con el Instituto y �ste cuente con capacidad necesaria, en t�rminos de su propia ley. ART�CULO S�PTIMO.- La Asamblea Constituyente de la Ciudad de M�xico se compondr� de cien diputados constituyentes, que ser�n elegidos conforme a lo siguiente: A. Sesenta se elegir�n seg�n el principio de representaci�n proporcional, mediante una lista votada en una sola circunscripci�n plurinominal, en los siguientes t�rminos: I. Podr�n solicitar el registro de candidatos los partidos pol�ticos nacionales mediante listas con f�rmulas integradas por propietarios y suplentes, as� como los ciudadanos mediante candidaturas independientes, integradas por f�rmula de propietarios y suplentes. II. Trat�ndose de las candidaturas independientes, se observar� lo siguiente: a) El registro de cada f�rmula de candidatos independientes requerir� la manifestaci�n de voluntad de ser candidato y contar cuando menos con la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por ciento de la lista nominal de electores del Distrito Federal, dentro de los plazos que para tal efecto determine el Instituto Nacional Electoral. b) Con las f�rmulas de candidatos que cumplan con los requisitos del inciso anterior, el Instituto Nacional Electoral integrar� una lista de hasta sesenta f�rmulas con los nombres de los candidatos, ordenados en forma descendente en raz�n de la fecha de obtenci�n del registro. c) En la boleta electoral deber� aparecer un recuadro blanco a efecto de que el elector asiente su voto, en su caso, por la f�rmula de candidatos independientes de su preferencia, identific�ndolos por nombre o el n�mero que les corresponda. Bastar� con que asiente el nombre o apellido del candidato propietario y, en todo caso, que resulte indubitable el sentido de su voto. d) A partir de los c�mputos de las casillas, el Instituto Nacional Electoral har� el c�mputo de cada una de las f�rmulas de candidatos independientes, y establecer� aquellas que hubieren obtenido una votaci�n igual o mayor al cociente natural de la f�rmula de asignaci�n de las diputaciones constituyentes. III. Las diputaciones constituyentes se asignar�n: a) A las f�rmulas de candidatos independientes que hubieren alcanzado una votaci�n igual o mayor al cociente natural, que ser� el que resulte de dividir la votaci�n v�lida emitida entre sesenta. b) A los partidos pol�ticos las diputaciones restantes, conforme las reglas previstas en el art�culo 54 de la Constituci�n y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que resulten aplicables y en lo que no se oponga al presente Decreto. Para esta asignaci�n se establecer� un nuevo cociente que ser� resultado de dividir la votaci�n emitida, una vez deducidos los votos obtenidos por los candidatos independientes, entre el n�mero de diputaciones restantes por asignar. En la asignaci�n de los diputados constituyentes se seguir� el orden que tuviesen los candidatos en las listas presentadas por los partidos pol�ticos. c) Si despu�s de aplicarse la distribuci�n en los t�rminos previstos en los incisos anteriores, quedaren diputaciones constituyentes por distribuir, se utilizar� el resto mayor de votos que tuvieren partidos pol�ticos y candidatos independientes. IV. Ser�n aplicables, en todo lo que no contravenga al presente Decreto, las disposiciones conducentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. V. Los partidos pol�ticos no podr�n participar en el proceso electoral a que se refiere este Apartado, a trav�s de la figura de coaliciones. VI. Para ser electo diputado constituyente en los t�rminos del presente Apartado, se observar�n los siguientes requisitos: a) Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; b) Tener veinti�n a�os cumplidos el d�a de la elecci�n; c) Ser originario del Distrito Federal o vecino de �l con residencia efectiva de m�s de seis meses anteriores a la fecha de ella; d) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; e) No estar en servicio activo en el Ej�rcito Federal ni tener mando de polic�a en el Distrito Federal, cuando menos sesenta d�as antes de la elecci�n; f) No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constituci�n otorga autonom�a, salvo que se separen de sus cargos sesenta d�as antes del d�a de la elecci�n; g) No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administraci�n p�blica federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta d�as antes del d�a de la elecci�n; h) No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n o miembro del Consejo de la Judicatura Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta d�as antes del d�a de la elecci�n; i) No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n o del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni Consejero Presidente o consejero electoral de los Consejos General, locales, distritales o de demarcaci�n territorial del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral del Distrito Federal, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo de dichos Institutos, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separen definitivamente de sus cargos tres a�os antes del d�a de la elecci�n; j) No ser legislador federal, ni diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni Jefe Delegacional, salvo que se separen de sus cargos sesenta d�as antes del d�a de la elecci�n; resultando aplicable en cualquier caso lo previsto en el art�culo 125 de la Constituci�n; k) No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ni Magistrado o Juez Federal en el Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta d�as antes del d�a de la elecci�n; l) No ser titular de alguno de los organismos con autonom�a constitucional del Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta d�as antes del d�a de la elecci�n; m) No ser Secretario en el Gobierno del Distrito Federal, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administraci�n p�blica local, salvo que se separen de sus cargos sesenta d�as antes del d�a de la elecci�n; n) No ser Ministro de alg�n culto religioso; y o) En el caso de candidatos independientes, no estar registrados en los padrones de afiliados de los partidos pol�ticos, con fecha de corte a marzo de 2016, ni haber participado como precandidatos o candidatos a cargos de elecci�n popular postulados por alg�n partido pol�tico o coalici�n, en las elecciones federales o locales inmediatas anteriores a la elecci�n de la Asamblea Constituyente. VII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitir� la Convocatoria para la elecci�n de los diputados constituyentes a m�s tardar dentro de los siguientes 15 d�as a partir de la publicaci�n de este Decreto. El Acuerdo de aprobaci�n de la Convocatoria a la elecci�n, establecer� las fechas y los plazos para el desarrollo de las etapas del proceso electoral, en atenci�n a lo previsto en el p�rrafo segundo del presente Transitorio. VIII. El proceso electoral se ajustar� a las reglas generales que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Dichas reglas deber�n regular el proceso en atenci�n a la finalidad del mismo y, en consecuencia, el Instituto podr� realizar ajustes a los plazos establecidos en la legislaci�n electoral a fin de garantizar la ejecuci�n de las actividades y procedimientos electorales. Los actos dentro del proceso electoral deber�n circunscribirse a propuestas y contenidos relacionados con el proceso constituyente. Para tal efecto, las autoridades electorales correspondientes deber�n aplicar escrutinio estricto sobre su legalidad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci�n ser� competente para resolver las impugnaciones derivadas del proceso electoral, en los t�rminos que determinan las leyes aplicables. B. Catorce senadores designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara, a propuesta de su Junta de Coordinaci�n Pol�tica. C. Catorce diputados federales designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la C�mara, a propuesta de su Junta de Coordinaci�n Pol�tica. Los legisladores federales designados como diputados constituyentes en t�rminos del presente Apartado y el anterior, continuar�n ejerciendo sus cargos federales de elecci�n popular, sin que resulte aplicable el art�culo 62 constitucional. D. Seis designados por el Presidente de la Rep�blica. E. Seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. F. Todos los diputados constituyentes ejercer�n su encargo de forma honor�fica, por lo que no percibir�n remuneraci�n alguna. La Asamblea Constituyente ejercer� en forma exclusiva todas las funciones de Poder Constituyente para la Ciudad de M�xico y la elecci�n para su conformaci�n se realizar� el primer domingo de junio de 2016 para instalarse el 15 de septiembre de ese a�o, debiendo aprobar la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, a m�s tardar el 31 de enero de 2017, por las dos terceras partes de sus integrantes presentes. Para la conducci�n de la sesi�n constitutiva de la Asamblea Constituyente, actuar�n como Junta Instaladora los cinco diputados constituyentes de mayor edad. La Junta Instaladora estar� constituida por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. El diputado constituyente que cuente con mayor antig�edad ser� el Presidente de la Junta Instaladora. Ser�n Vicepresidentes los diputados constituyentes que cuenten con las dos siguientes mayores antig�edades y, en calidad de Secretarios les asistir�n los siguientes dos integrantes que cuenten con las sucesivas mayores antig�edades. La sesi�n de instalaci�n de la Asamblea se regir�, en lo que resulte conducente, por lo previsto en el art�culo 15 de la Ley Org�nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Corresponder� a la Junta Instaladora conducir los trabajos para la aprobaci�n del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de M�xico, mismo que deber� ser aprobado dentro de los diez d�as siguientes a la instalaci�n de la Asamblea. Para su discusi�n y aprobaci�n ser� aplicable en lo que resulte conducente el Reglamento Interior de la C�mara de Diputados. Es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal elaborar y remitir el proyecto de Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, que ser� discutido, en su caso modificado, adicionado, y votado por la Asamblea Constituyente, sin limitaci�n alguna de materia. El Jefe de Gobierno deber� remitir el proyecto de la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico a la Asamblea Constituyente a m�s tardar el d�a en que �sta celebre su sesi�n de instalaci�n. Con la finalidad de cumplir con sus funciones, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de M�xico, deber� crear, al menos, tres comisiones para la discusi�n y aprobaci�n de los dict�menes relativos al proyecto de Constituci�n. ART�CULO OCTAVO.- Aprobada y expedida la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, no podr� ser vetada por ninguna autoridad y ser� remitida de inmediato para que, sin m�s tr�mite, se publique en el Diario Oficial de la Federaci�n y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. La Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, entrar� en vigor el d�a que �sta se�ale para la instalaci�n de la Legislatura, excepto en lo que hace a la materia electoral, misma que ser� aplicable desde el mes de enero de 2017. En el caso de que sea necesario que se verifiquen elecciones extraordinarias, las mismas se llevar�n a cabo de conformidad a la legislaci�n electoral vigente al d�a de la publicaci�n del presente Decreto. Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para legislar sobre los procedimientos e instituciones electorales que resultar�n aplicables al proceso electoral 2017-2018. Al momento de la publicaci�n de la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico, cesar�n las funciones de la Asamblea Constituyente. A partir de ello, las reformas y adiciones a la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico se realizar�n de conformidad con lo que la misma establezca. ART�CULO NOVENO.- La integraci�n, organizaci�n y funcionamiento de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de M�xico se regir� exclusivamente por lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento para su Gobierno Interior, conforme a las bases siguientes: I. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de M�xico tendr� las facultades siguientes: a) Elegir, por el voto de sus dos terceras partes, a los integrantes de su Mesa Directiva, en los t�rminos que disponga el Reglamento para su Gobierno Interior, dentro de los cinco d�as siguientes a la aprobaci�n de �ste. En el caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el p�rrafo anterior, no se hubiere electo a la Mesa Directiva, la Junta Instaladora ejercer� las atribuciones y facultades que el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente le otorga a aqu�lla y a sus integrantes, seg�n corresponda. La Junta Instaladora no podr� ejercer dichas atribuciones m�s all� del 5 de octubre de 2016. b) Sesionar en Pleno y en comisiones, de conformidad con las convocatorias que al efecto expidan su Mesa Directiva y los �rganos de direcci�n de sus comisiones. c) Dictar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento de su funci�n. d) Recibir el proyecto de Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico que le sea remitido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. e) Discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico. f) Aprobar, expedir y ordenar la publicaci�n de la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico. II. La Asamblea Constituyente gozar� de plena autonom�a para el ejercicio de sus facultades como Poder Constituyente; ninguna autoridad podr� intervenir ni interferir en su instalaci�n y funcionamiento. III. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de M�xico sesionar� en la antigua sede del Senado de la Rep�blica en Xicot�ncatl. Corresponder� a dicha C�mara determinar la sede de la Asamblea Constituyente para su instalaci�n, en caso de que por circunstancias de hecho no fuere posible ocupar el recinto referido. El pleno de la Asamblea Constituyente podr� determinar en cualquier momento, la habilitaci�n de otro recinto para sesionar. IV. Los recintos que ocupe la Asamblea Constituyente de la Ciudad de M�xico para el cumplimiento de su funci�n, son inviolables. Las autoridades federales y del Distrito Federal deber�n prestar el auxilio que les solicite el Presidente de la Asamblea Constituyente para salvaguardar la inviolabilidad de los recintos que �sta ocupe y para garantizar a sus integrantes el libre ejercicio de su funci�n. V. La Asamblea Constituyente sesionar� en Pleno y en comisiones, de conformidad con lo que disponga su Reglamento. Las sesiones del Pleno requerir�n la asistencia, por lo menos, de la mayor�a del total de sus integrantes y sus acuerdos se adoptar�n con la votaci�n de las dos terceras partes del total de sus integrantes. Las sesiones de las Comisiones requerir�n la asistencia de la mayor�a de sus integrantes y sus determinaciones se adoptar�n con la votaci�n de la mayor�a de los presentes. En todos los casos las discusiones deber�n circunscribirse al tema objeto del debate. VI. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de M�xico no podr� interferir, bajo ninguna circunstancia, en las funciones de los Poderes de la Uni�n ni de los �rganos del Distrito Federal, ni tendr�n ninguna facultad relacionada con el ejercicio del gobierno de la entidad. Tampoco podr� realizar pronunciamientos o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los Gobiernos Federal o del Distrito Federal o de cualquier otro poder federal o local. ART�CULO D�CIMO.- El Congreso de la Uni�n, en la expedici�n de las leyes a que se refiere el p�rrafo tercero del Apartado B y el primer p�rrafo del Apartado C del art�culo 122, deber� prever que las mismas entren en vigor en la fecha en que inicie la vigencia de la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico. ART�CULO D�CIMO PRIMERO.- Todos los inmuebles ubicados en la Ciudad de M�xico que est�n destinados al servicio que prestan los poderes de la Federaci�n, as� como cualquier otro bien afecto a �stos, continuar�n bajo la jurisdicci�n de los poderes federales. ART�CULO D�CIMO SEGUNDO.- Los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se integrar�n en el Poder Judicial de la Ciudad de M�xico, una vez que �ste inicie sus funciones, de conformidad con lo que establezca la Constituci�n Pol�tica de dicha entidad. ART�CULO D�CIMO TERCERO.- Los recursos de revisi�n interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 104, fracci�n III de esta Constituci�n, que se encuentren pendientes de resoluci�n a la entrada en vigor del presente Decreto, continuar�n el tr�mite que corresponda conforme al r�gimen jur�dico aplicable al momento de su interposici�n, hasta su total conclusi�n. En tanto en la Ciudad de M�xico no se emitan las disposiciones legales para la presentaci�n y sustanciaci�n de los recursos de revisi�n interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de M�xico, dichos recursos ser�n conocidos y resueltos por los Tribunales de la Federaci�n, en los t�rminos de la fracci�n III del art�culo 104 constitucional. ART�CULO D�CIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las referencias que en esta Constituci�n y dem�s ordenamientos jur�dicos se hagan al Distrito Federal, deber�n entenderse hechas a la Ciudad de M�xico. ART�CULO D�CIMO QUINTO.- Los ciudadanos que hayan ocupado la titularidad del Departamento del Distrito Federal, de la Jefatura de Gobierno o del Ejecutivo local, designados o electos, en ning�n caso y por ning�n motivo podr�n ocupar el de Jefe de Gobierno de la Ciudad de M�xico, ni con el car�cter de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho. ART�CULO D�CIMO SEXTO.- Las Alcald�as acceder�n a los recursos de los fondos y ramos federales en los t�rminos que prevea la Ley de Coordinaci�n Fiscal. ART�CULO D�CIMO S�PTIMO.- Dentro de las funciones que correspondan a las Alcald�as, la Constituci�n Pol�tica de la Ciudad de M�xico y las leyes locales contemplar�n, al menos, aqu�llas que la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica del Distrito Federal vigente a la entrada en vigor del presente Decreto, se�ala para los titulares de los �rganos pol�tico-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con base en lo establecido por el art�culo 122 constitucional. Las competencias de las Alcald�as, a que se refiere el presente art�culo Transitorio, deber�n distribuirse entre el Alcalde y el Concejo de la Alcald�a, en atenci�n a lo dispuesto en la Base VI del Apartado A del art�culo 122 constitucional, reformado mediante el presente Decreto. SAL�N DE SESIONES DE LA COMISI�N PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNI�N.- M�xico, D.F., a 20 de enero de 2016.- Dip. Jos� de Jes�s Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, Distrito Federal, a veintinueve de enero de dos mil diecis�is.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se adiciona la fracci�n XXIX-X al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 25 de julio de 2016 ART�CULO �NICO.- Se adiciona la fracci�n XXIX-X al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIO �NICO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Ciudad de M�xico, a 29 de junio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Genoveva Huerta Villegas, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, a veintiuno de julio de dos mil diecis�is.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el p�rrafo segundo del art�culo 11 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 15 de agosto de 2016 ART�CULO �NICO.- Se reforma el p�rrafo segundo del art�culo 11 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIO �NICO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Ciudad de M�xico, a 13 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Genoveva Huerta Villegas, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, a doce de agosto de dos mil diecis�is.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos Alternativos de Soluci�n de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia C�vica e Itinerante y Registros Civiles. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 5 de febrero de 2017 Art�culo �nico.- Se reforman las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del art�culo 73 y se adicionan un �ltimo p�rrafo al art�culo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� Transitorios Primero.- El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo.- En un plazo que no exceder� de 180 d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Uni�n expedir� las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constituci�n. Tercero.- La ley general en materia de registros civiles a que se refiere la fracci�n XXIX-R del art�culo 73 de esta Constituci�n deber� prever, al menos: la obligaci�n de trabajar con formatos accesibles de inscripci�n; la estandarizaci�n de actas a nivel nacional; medidas de seguridad f�sica y electr�nica; la posibilidad de realizar tr�mites con firmas digitales; de realizar consultas y emisiones v�a remota; el dise�o de mecanismos alternos para la atenci�n de comunidades ind�genas y grupos en situaci�n de especial vulnerabilidad y marginaci�n; mecanismos homologados de captura de datos; simplificaci�n de procedimientos de correcci�n, rectificaci�n y aclaraci�n de actas. Los documentos expedidos con antelaci�n a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el segundo transitorio del presente Decreto, continuar�n siendo v�lidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de su expedici�n. Asimismo, los procedimientos iniciados y las resoluciones emitidas con fundamento en dichas disposiciones deber�n concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las mismas. Cuarto.- La legislaci�n federal y local en materia de mecanismos alternativos de soluci�n de controversias continuar� vigente hasta en tanto entre en vigor la legislaci�n a que se refiere el presente Decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, deber�n concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aqu�llas. Quinto.- La legislaci�n en materia de mecanismos alternativos de soluci�n de controversias de la federaci�n y de las entidades federativas deber� ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Uni�n conforme al art�culo 73, fracci�n XXIX-A de esta Constituci�n. Sexto.- La ley general en materia de mejora regulatoria a que se refiere el art�culo 73, fracci�n XXIX-Y de esta Constituci�n deber� considerar al menos, lo siguiente: a) Un cat�logo nacional de regulaciones, tr�mites y servicios federales, locales y municipales con el objetivo de generar seguridad jur�dica a los particulares. b) Establecer la obligaci�n para las autoridades de facilitar los tr�mites y la obtenci�n de servicios mediante el uso de las tecnolog�as de la informaci�n, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria. c) La inscripci�n en el cat�logo ser� obligatoria para todas las autoridades en los t�rminos en que la misma disponga. S�ptimo.- La ley general en materia de justicia c�vica e itinerante a que se refiere el art�culo 73, fracci�n XXIX-Z de esta Constituci�n deber� considerar, al menos lo siguiente: a) Los principios a los que deber�n sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos; b) Las bases para la organizaci�n y funcionamiento de la justicia c�vica en las entidades federativas, y c) Los mecanismos de acceso a la justicia c�vica e itinerante y la obligaci�n de las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley. Las legislaturas de las entidades federativas proveer�n de los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el presente art�culo transitorio. Ciudad de M�xico, a 2 de febrero de 2017.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Edmundo Javier Bola�os Aguilar, Presidente.- Sen. Itzel Sarah� R�os de la Mora, Secretaria.- Dip. Ra�l Dom�nguez Rex, Secretario.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Ciudad de Quer�taro, a cinco de febrero de dos mil diecisiete.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los art�culos 107 y 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 24 de febrero de 2017 Art�culo �nico.- Se reforman el inciso d) de la fracci�n V del art�culo 107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracci�n XXVII del art�culo 123; se adicionan la fracci�n XXII Bis y el inciso c) a la fracci�n XXXI del Apartado A del art�culo 123, y se elimina el �ltimo p�rrafo de la fracci�n XXXI del Apartado A del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ��� Transitorios Primero. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Segundo. El Congreso de la Uni�n y las legislaturas de las entidades federativas deber�n realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del a�o siguiente a la entrada en vigor del mismo. Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliaci�n y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje y, en su caso, la Secretar�a del Trabajo y Previsi�n Social o las autoridades locales laborales, continuar�n atendiendo las diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de organizaciones sindicales. Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federaci�n continuar�n conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en t�rminos de lo previsto por la fracci�n V del art�culo 107 de esta Constituci�n. Los asuntos que estuvieran en tr�mite al momento de iniciar sus funciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliaci�n y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, ser�n resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el art�culo segundo transitorio de este Decreto, el Ejecutivo Federal someter� a la C�mara de Senadores la terna para la designaci�n del titular del organismo descentralizado que se encargar� de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atenci�n de los asuntos a que se refiere el primer p�rrafo del art�culo tercero transitorio, se respetar�n conforme a la ley. Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje deber�n transferir los procedimientos, expedientes y documentaci�n que, en el �mbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atenci�n o resguardo a los tribunales laborales y a los Centros de Conciliaci�n que se encargar�n de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores. Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliaci�n y Arbitraje deber�n transferir los expedientes y documentaci�n que, en el �mbito de sus respectivas competencias tengan bajo su atenci�n o resguardo, al organismo descentralizado que se encargar� de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. Ciudad de M�xico, a 8 de febrero de 2017.- Dip. Edmundo Javier Bola�os Aguilar, Presidente.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Alejandra Noem� Reynoso S�nchez, Secretaria.- Sen. Mar�a Elena Barrera Tapia, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, a veintitr�s de febrero de dos mil diecisiete.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforman y adicionan los art�culos 16, 17 y 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Soluci�n de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares). Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 15 de septiembre de 2017 Art�culo �nico.- Se reforma el primer p�rrafo del art�culo 16; y se adicionan un p�rrafo tercero, recorri�ndose en su orden los actuales p�rrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, s�ptimo y octavo al art�culo 17; y la fracci�n XXX, recorri�ndose en su orden la actual XXX para quedar como XXXI al art�culo 73 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ���. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n, con excepci�n de lo dispuesto en el transitorio siguiente. SEGUNDO. La reforma del primer p�rrafo del art�culo 16 y la adici�n de un nuevo tercer p�rrafo al art�culo 17 constitucional entrar�n en vigor a los ciento ochenta d�as naturales siguientes al de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Uni�n y las Legislaturas de las entidades federativas deber�n adecuar a las modificaciones en cuesti�n, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, as� como las leyes de las entidades federativas. TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas deber�n llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente Decreto en un plazo que no exceder� de ciento ochenta d�as, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. CUARTO. El Congreso de la Uni�n deber� expedir la legislaci�n procedimental a que hace referencia la fracci�n XXX del art�culo 73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que no exceder� de ciento ochenta d�as contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. QUINTO. La legislaci�n procesal civil y familiar de la Federaci�n y de las entidades federativas continuar� vigente hasta en tanto entre en vigor la legislaci�n a que se refiere la fracci�n XXX del art�culo 73 constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el r�gimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislaci�n procesal civil federal y la legislaci�n procesal civil y familiar de las entidades federativas deber�n concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma. Ciudad de M�xico, a 23 de agosto de 2017.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Sen. Laura Ang�lica Rojas Hern�ndez, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, a catorce de septiembre de dos mil diecisiete.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Miguel �ngel Osorio Chong.- R�brica. DECRETO por el que se reforma el art�culo D�cimo Sexto Transitorio del �Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia pol�tica-electoral�, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 10 de febrero de 2014. Publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 27 de agosto de 2018 Art�culo �nico.- Se reforma el actual segundo p�rrafo y se adiciona un segundo p�rrafo, pasando el actual segundo a ser tercero, al art�culo D�cimo Sexto Transitorio del �Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia pol�tica-electoral�, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 10 de febrero de 2014, para quedar como sigue: ��� TRANSITORIO �nico. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Diario Oficial de la Federaci�n. Ciudad de M�xico, a 15 de agosto de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Mar�a Gloria Hern�ndez Madrid, Secretaria.- R�bricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracci�n I del Art�culo 89 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaci�n y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de M�xico, a veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.- Enrique Pe�a Nieto.- R�brica.- El Secretario de Gobernaci�n, Dr. Jes�s Alfonso Navarrete Prida.- R�brica. EMBED Word.Picture.8 CONSTITUCI�N POL�TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOSC�mara de Diputados del H. Congreso de la Uni�n Secretar�a General Secretar�a de Servicios Parlamentarios�ltima Reforma DOF 27-08-2018 PAGE PAGE13 de NUMPAGES297 6 7 � � � � � � � � * � � � s ����ʳ�uZD9-9-9 hJ� h9f 5�mH sH hJ� h9f mH sH +hJ� h9f 5�CJ OJ QJ ^J aJ mH sH 4hJ� h9f 5�B*CJ OJ QJ ^J aJ mH ph�3 sH hV=� OJ QJ ^J 4ha<� hV=� 5�B*CJ OJ QJ ^J aJ mH ph�3 sH 1h^7J 5�B*CJ OJ PJ QJ \�^J mH ph�3 sH ,hW� hV=� 5�B*CJ OJ QJ ^J aJ ph�3 #h�.� hV=� 5�CJ OJ QJ ^J aJ h�.� hV=� OJ QJ ^J ,h�.� hV=� 5�B* CJ OJ QJ ^J aJ ph � 6 7 � � � � � � * Y b c � � � � � � � � � � � � � � � & F d� � $If gd�y� �h� d� � $If ^�h`� gd�y� & F d� � $If gd9f & F $If gd9f $If gd9f $a$gd6� $a$ s � b c 6 G ] ^ � � � � � � � � � � l m � � � � � �����ø��øäø��xn`nQ`n`n hV=� 5�CJ OJ QJ ^J aJ hV=� CJ OJ QJ ^J aJ hV=� OJ QJ ^J h6� h6� OJ QJ ^J mH sH h6� OJ QJ ^J mH sH h%d� h6� OJ QJ ^J h�Kw h�y� 5�h�Kw h�y� 5�mH sH h�Kw h�y� mH sH h�Kw h�y� hJ� h�y� 5�mH sH hJ� h9f mH sH h�Kw mH sH h�Kw hJ� 5�mH sH hJ� hJ� mH sH � � � � � l m � � � � $ % 4 � � � � � � ~ � ~ � y ~ t $a$ $a$ $�!`�!a$ $�!`�!a$ $a$ h kd $$If �F � � ���$ J% t ��0 � 6� � �� � � � � �4� 4� l a� yt%d� � $ % @ h � � � 7 2 � � � � � ! 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Para�la Auditor�a Superior�la Base Cuarta �la Base II �la Base III�la BASE PRIMERA �la Base VI �la Base XI l a C �m a r a �La C�mara �la Ciudad l a C o m i s i �n l a C o m i s i �n N a c i o n a l l a C o m i s i �n P e r m a n e n t e l a C o m i s i �n P e r m a n e n t e . �La Comisi�n Nacional�LA COMISI�N PERMANENTE l a C o n s t i t u c i �n l a C o n s t i t u c i �n P o l �t i c a �la Constituci�n�la Constituci�n General�la Constituci�n Pol�tica L A C O N S T I T U C I �N P O L �T I C A �la Convocatoria�la Corte�la Corte Penal�la Entidad Federativa. L a F e d e r a c i �n l a F e d e r a c i �n . L a s �LA FEDERACI�N�la Gaceta Oficial�la Guardia Nacional�la Hacienda P�blica �la Jefatura �la Judicatura�la Judicatura Federal�La Junta Instaladora�la Junta Instaladora.�la Legislatura�la Legislatura. Asimismo�la Ley�la Ley Federal�la Ley General�la Ley Org�nica�la Ley Reglamentaria�la Ley Suprema�la Mesa Directiva l a N a c i �n �la Naci�n �la Patria�la Presidencia l a P r i m e r a S e c c i �n l a R e p ��b l i c a �la Rep�blica�la Rep�blica. Para �la Residencia�la Sala�la Sala Superior�la Suprema Corte �la Unidad l a U n i �n �la Uni�n �la Uni�n. �la Uni�n. Los�LA UNI�N.- M�xico�la VII Asamblea�la Zona Metropolitana �ProductIDHO�0|>�0�� ܥ�0 �� ���� � P� �O� �:i�� +00� V � � C �!� @ @ @���� @���� � 0 � �q� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0 @ @ � ` � p @ @ ` � @ @ @ @ ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` @ @ � � � P � p ` p p ` ` p p @ P ` P � p � ` � p ` ` p ` � ` ` ` @ @ @ � ` ` ` ` P ` ` @ ` ` 0 P � ` ` ` ` @ P @ ` ` � ` ` P P @ P � � ` � ` @ � ` ` ` � ` @ � � ` � � @ @ P ` � ` � P @ � � P ` 0 @ ` ` ` ` @ ` ` � P ` � @ � ` P � P P ` ` ` @ ` P P ` � � � P p p p p p p � p ` ` ` ` @ @ @ @ � p � � � � � � � p p p p ` ` ` ` ` ` ` ` ` � P ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` � ` ` ` ` ` ` ` ` � � G � � q q � X X "! 8 � � ` ` P p ` ` ` � V o �ukt �̺��\bF���1�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � I6i���X�/�B��7�`�� I d i o m a E s p a � o l ( M � x i c o ) P 4uktlukt�& E s p a � o l ( M � x i c o ) 0[ � � � vkt �s�] � @��5�� � PT����UB���� hr( ��& A y u d a A y u d a x� �tkt�ukt �uktltkt0[ �kt � � B �tkt �̺��\bF���1�I6ic\t4�G�g^�p1 T e c l a d o E s p a � o l ( M � x i c o ) � �tkt�tkt E s p a � o l ( M � x i c o ) �tktltkt0[ �kt c\t4�G�g^�p1 �kt�I a l � � X � �<�0@� <�0pN�0�� �� 0/ p � � �<�0(� <�0pN�0�� X� 0/ p � 8� x � � �<�0�� <�0pN�0�� �� 0/ p � �� x � � � �<�0� <�0pN�0X� 8� 0/ p l � x n � j �<�0x� <�0pN�0�� �� 0/ p b �� x | � x �<�0�� <�0pN�08� � 0/ p p �� x r �� N �<�0X� <�0pN�0�� �Y 0/ p F h� x @ �O \ ��S E C G O B \ p d e l c a s t i l l o T x V (� � R 8 ��� ��� * �� $ r]w��]w����*M��j �nr� �<�0�=d<�0pN�00� � �� p 8 `� x : tmLwTmLw0mLw � F�> @-a 2 dx ؝�H�� b]w�� �� 4 � W)LC 2�;+� ` 螊 �� � a l l �a����\g ] � ���� � � l �������� �������� EMF � � � e U" �C � ������� � ������� u m e n t s a n d S e t t i n g s \ p d e l c a s t i l l o \ D a t o s d e p r o g r a m a \ M i c r o s o f t \ O f f i c e \ a d h o c . r c d �� �� �!t V ] � d " S � �!� @ @ @���� @���� �� ` �� @ al � p � S y m b o l S y S � �� G � � q q � X X "! 8 � V V [ � @ @ @���� @���� dv �� # ` ` �� @ al � ` ` �� 6 � V � �LwԼMw8r �, � � ��]w� �� � �n]w� �� � .:w, d d � 4 � s x b b � � � .:w d d F F � � � 0 � ` YH� ` H� e l s t � e <� 0 �\Y 0 4 � 9 0 �0 q:�� �$�5 @:�{ 6 6 0 L L : �� �9 � �9 � � � ! �_ �_S e �_ M �Y �_f t e t a `�U� P� `(u. �! z��0 `� �� 0 e ��# �# �" �{" �� ��" �/ �" (� �" x� p� 0� �\ �� x H� ��]w � F= t \ ?7xr h hD �H �a�3#g]E� �_ ����a�3#g]E� �_ ��� �6� �6� ` PE � � ���<̕uJ�5�6�d[Ϭ��<̕uJ�5�6�d[� �P��P� � D7 �r i P� il�d��@��h{H�il�d��@��h{H� H1� L1� P1� .7�� X� `�" 8�" Mu���@���p[W��Mu���@���p[W�� P T % = 9 � ��� � � � �� % % � ��� P� P� P� �- xw �� ' % � P�O� �:i�� +00� /C:\ \ 1 S;� DOCUME~1 D �S;6Ue<A� D o c u m e n t s a n d S e t t i n g s H 1 F< PDELCA~1 0 �S;�e<A� p d e l c a s t i l l o Z 1 S;MU MENINI~1 B �S;�e<s� , M e n � I n i c i o @shell32.dll,-21786 ' � � mtpkt pkt0[ ���W%���� Z'�� X � Q� X | � � mtpkt pkt0[ ���W%���� Z'�� X � Q� X | � �� �̺��\bF���1�I6ic\t4�G�g^�p1 T e c l a d o � �s ���� �nr� ]��� ��� +H` 1 0 " � E G D , �c C $ � W)LC 2�;+� 3 l a s s e s \ D r i v e \ s h e l l e x \ F o l d e r E x t e n s i o n s M S O U N I S T A T W o r d n o p u e d e a b r i r e " z C : \ D o c u m e n t s a n d S e t t i n g s \ p d e l c a s t i l l o \ M i s d o c u m e n t o s V I � c @ @ @���� @���� \ ? ? \ C : \ D o c u m e n t s a n d S e t t i n g s \ p d e l c a s t i l l o \ D a t o s d e p r o g r a m a \ M i c r o s o f t \ O f f i c e \ a d h o c . r c d � g � F � ` ` �� 6 � � @ @ V n c a l r p c �|a � V � �� ~ v o @ @ @���� @����i v o s c o m u n e s \ M i c r o s o f t S h a r e d \ P R O O F \ M S L I D . 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