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DIEGUEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber: Que la C�mara de Diputados del Congreso Local, ha tenido a bien decretar la siguiente Constituci�n: �El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Jalisco, convocado por decreto del Gobierno Provisional del Estado, de fecha 6 de abril de 1917, de acuerdo con el mandato del Primer Jefe del Ej�rcito Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecutivo de la Naci�n, fechado el 6 de marzo del mismo a�o, cumpliendo con el objeto para el cual fue convocado, ha tenido a bien expedir la siguiente: N. DE E. EL H. CONGRESO DEL ESTADO APROBO EL DECRETO NO. 15424 QUE REFORMA EN SU ARTICULO PRIMERO LOS ARTICULOS DEL 1� AL 67, Y EN SU ARTICULO SEGUNDO ADICIONA LOS ARTICULOS 68 AL 112, AMBOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, MODIFICANDO DE MANERA SUSTANCIAL EL TEXTO QUE A LA FECHA TENIA DICHO ORDENAMIENTO, PRESENTANDOSE POR TAL MOTIVO EL TEXTO APROBADO Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 13 DE JULIO DE 1994. CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE JALISCO T�TULO PRIMERO CAP�TULO I DE LA SOBERAN�A INTERIOR DEL ESTADO Y DE LA FORMA DE GOBIERNO Art�culo 1�.- El Estado de Jalisco es libre y soberano en su r�gimen interior, pero unido a las dem�s partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, en la Federaci�n establecida por la Ley Fundamental. Art�culo 2�.- Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. La soberan�a del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los poderes estatales, del modo y en los t�rminos que establecen la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n y las leyes. El Estado de Jalisco adopta para su r�gimen interno, la forma de gobierno republicano, democr�tico, representativo, laico, popular y participativo; tiene como base de su divisi�n territorial y de su organizaci�n pol�tica y administrativa, el municipio libre. CAP�TULO II DEL TERRITORIO DEL ESTADO Art�culo 3�.- El territorio del Estado es el que por derecho le corresponde. Los municipios del estado son aquellos se�alados en la Ley que establece las bases generales de la administraci�n p�blica municipal. CAP�TULO III DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANT�AS Art�culo 4�.- Toda persona, por el s�lo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozar� de los derechos que establece esta Constituci�n, siendo obligaci�n fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundaci�n entra bajo la protecci�n de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, as� como los contenidos en la Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado o los que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del m�nimo vital consistente en el eje de planeaci�n democr�tico por el cual el Estado deber� de crear las condiciones para que toda persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretar�n de conformidad con esta Constituci�n, la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci�n m�s amplia. Todas las autoridades, en el �mbito de sus competencias, tienen la obligaci�n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deber� prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los t�rminos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminaci�n motivada por origen �tnico o nacional, el g�nero, la edad, las discapacidades, la condici�n social, las condiciones de salud, la religi�n, las opiniones, las preferencias de todo tipo, incluyendo las sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El derecho a la informaci�n p�blica y la protecci�n de datos personales ser� garantizado por el Estado en los t�rminos de lo que establecen la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, esta Constituci�n y las leyes en la materia. Esta Constituci�n reconoce el derecho humano a la participaci�n ciudadana. El Estado garantizar� y promover� el acceso a la sociedad de la informaci�n y econom�a del conocimiento, mediante el uso y aprovechamiento de las tecnolog�as de comunicaci�n y de la informaci�n en los t�rminos de la legislaci�n correspondiente; asimismo, reconoce el derecho de acceso a la ciencia, tecnolog�a e innovaci�n, para lo cual promover� su desarrollo, con el objetivo de elevar el nivel de vida de los habitantes del Estado. Toda persona tiene derecho a la cultura; a participar libremente en la vida cultural de la comunidad; a preservar y desarrollar su identidad; a acceder y participar en cualquier manifestaci�n art�stica y cultural; a elegir pertenecer a una comunidad cultural; al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; a conocer, preservar, fomentar y desarrollar su patrimonio cultural, as� como al ejercicio de sus derechos culturales en condiciones de igualdad. El Estado de Jalisco tiene una composici�n pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos ind�genas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del pa�s al iniciarse la colonizaci�n y que conservan sus propias instituciones sociales, econ�micas, culturales y pol�ticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad ind�gena deber� ser criterio fundamental para determinar a qui�nes se aplican las disposiciones sobre pueblos ind�genas. Son comunidades integrantes de un pueblo ind�gena, aquellas que formen una unidad social, econ�mica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos ind�genas a la libre determinaci�n se ejercer� en un marco constitucional de autonom�a que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades ind�genas se har� en las leyes reglamentarias, las que deber�n tomar en cuenta, adem�s de los principios generales establecidos en los p�rrafos anteriores de este art�culo, criterios etnoling��sticos y de asentamiento f�sico. A.- Esta Constituci�n reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades ind�genas a la libre determinaci�n y, en consecuencia, a la autonom�a para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organizaci�n social, econ�mica, pol�tica y cultural; II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulaci�n y soluci�n de sus conflictos internos, sujet�ndose a los principios generales de esta Constituci�n, respetando las garant�as individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecer� los casos y procedimientos de validaci�n por los jueces o tribunales correspondientes; III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y pr�cticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres ind�genas disfrutar�n y ejercer�n su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; as� como a acceder y desempe�ar los cargos p�blicos y de elecci�n popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberan�a de los estados. En ning�n caso las pr�cticas comunitarias podr�n limitar los derechos pol�tico electorales de los y las ciudadanas en la elecci�n de sus autoridades municipales. IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad; V. Conservar y mejorar el h�bitat y preservar la integridad de sus tierras en los t�rminos establecidos en esta Constituci�n; VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constituci�n y a las leyes de la materia, as� como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las �reas estrat�gicas, en t�rminos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos las comunidades podr�n asociarse en t�rminos de ley; VII. Elegir, en los municipios con poblaci�n ind�gena, representantes ante los ayuntamientos. Las leyes reglamentarias reconocer�n y regular�n estos derechos en los municipios del Estado, con el prop�sito de fortalecer la participaci�n y representaci�n pol�tica de conformidad con sus tradiciones y normas internas; y VIII. Acceder plenamente a la jurisdicci�n del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deber�n tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constituci�n. Los ind�genas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por int�rpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las leyes reglamentarias establecer�n las caracter�sticas de libre determinaci�n y autonom�a que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos ind�genas en cada entidad, as� como las normas para el reconocimiento de las comunidades ind�genas como entidades de inter�s p�blico. B.- El Estado y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los ind�genas y eliminar cualquier pr�ctica discriminatoria, establecer�n las instituciones y determinar�n las pol�ticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los ind�genas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deber�n ser dise�adas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades ind�genas, dichas autoridades, tienen la obligaci�n de: I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas ind�genas con el prop�sito de fortalecer las econom�as locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres �rdenes de gobierno, con la participaci�n de las comunidades. Las autoridades municipales determinar�n equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrar�n directamente para fines espec�ficos; II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educaci�n biling�e e intercultural, la alfabetizaci�n, la conclusi�n de la educaci�n b�sica, la capacitaci�n productiva y la educaci�n media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes ind�genas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades ind�genas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la naci�n; III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliaci�n de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, as� como apoyar la nutrici�n de los ind�genas mediante programas de alimentaci�n, en especial para la poblaci�n infantil; IV. Mejorar las condiciones de las comunidades ind�genas y de sus espacios para la convivencia y recreaci�n, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento p�blico y privado para la construcci�n y mejoramiento de vivienda, as� como ampliar la cobertura de los servicios sociales b�sicos; V. Propiciar la incorporaci�n de las mujeres ind�genas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protecci�n de su salud, el otorgamiento de est�mulos para favorecer su educaci�n y su participaci�n en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria; VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integraci�n de las comunidades, mediante la construcci�n y ampliaci�n de v�as de comunicaci�n y telecomunicaci�n. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades ind�genas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicaci�n, en los t�rminos que las leyes de la materia determinen; VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades ind�genas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos econ�micos, la aplicaci�n de est�mulos para las inversiones p�blicas y privadas que propicien la creaci�n de empleos, la incorporaci�n de tecnolog�as para incrementar su propia capacidad productiva, as� como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercializaci�n; VIII. Establecer pol�ticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos ind�genas en el territorio del Estado, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agr�colas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educaci�n y nutrici�n a ni�os y j�venes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusi�n de sus culturas; y IX. Consultar a los pueblos ind�genas en la elaboraci�n de los planes Estatal y Municipales de Desarrollo y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones se�aladas en este apartado, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el �mbito de sus respectivas competencias, establecer�n las partidas espec�ficas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, as� como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aqu� establecidos a favor de los ind�genas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aqu�llos tendr� en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Art�culo 5�.- Las personas f�sicas o jur�dicas, en los t�rminos que se�alen las leyes, tendr�n la obligaci�n de: I. Contribuir para los gastos p�blicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; II. Obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del Estado; III. Sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales; y IV. Respetar y preservar el patrimonio cultural y natural del Estado. Art�culo 6�.- Corresponde exclusivamente a los ciudadanos mexicanos, participar en la vida pol�tica del Estado, en la forma y t�rminos que se�alen las leyes I. Son jaliscienses: a) Los nacidos en el territorio del Estado; y b) Los mexicanos por nacimiento o naturalizaci�n avecindados en el Estado y que no manifiesten su deseo de conservar su residencia anterior, en la forma que establezca la ley. La vecindad no se pierde por ausencia debida al desempe�o de cargos p�blicos, de elecci�n popular, o en defensa de la patria y de sus instituciones. II. Son prerrogativas de los ciudadanos jaliscienses: a) Votar en las elecciones populares; b) Ser votado en las elecciones populares, siempre que re�na los requisitos que determinen la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n y sus respectivas leyes reglamentarias y no estar comprendido en alguna de las causas de inelegibilidad establecidas por las mismas, as� como solicitar su registro como candidato independiente para lo cual se requiere el apoyo de cuando menos el 1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la demarcaci�n territorial correspondiente, en las condiciones y t�rminos que determine la ley; c) Desempe�ar preferentemente cualquier empleo del Estado, cuando el individuo tenga las condiciones que la ley exija para cada caso; d) Afiliarse individual y libremente al partido pol�tico de su preferencia; e) Cuando residan en el extranjero, votar para elegir Gobernador del Estado y Diputados locales por el principio de representaci�n proporcional, en los t�rminos que establezcan las leyes; y f) Hacer uso de los instrumentos de participaci�n ciudadana que establece esta Constituci�n y la ley de la materia; III. Son obligaciones de los ciudadanos jaliscienses, las contenidas en los art�culos 31 y 36 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos Art�culo 7�. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protecci�n de sus datos personales, al acceso, rectificaci�n y cancelaci�n de los mismos, as� como a manifestar su oposici�n, en los t�rminos que fije la ley, la cual establecer� los supuestos de excepci�n a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden p�blico, seguridad y salud p�blicas o para proteger los derechos de terceros. No podr� librarse orden de aprehensi�n sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley se�ale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi� o particip� en su comisi�n. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensi�n, deber� poner al inculpado a disposici�n del juez, sin dilaci�n alguna y bajo su m�s estricta responsabilidad. La contravenci�n a lo anterior ser� sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que est� cometiendo un delito o inmediatamente despu�s de haberlo cometido, poni�ndolo sin demora a disposici�n de la autoridad m�s cercana y �sta con la misma prontitud, a la del Ministerio P�blico. Existir� un registro inmediato de la detenci�n. S�lo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as� calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acci�n de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por raz�n de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio P�blico podr�, bajo su responsabilidad, ordenar su detenci�n, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignaci�n del detenido deber� inmediatamente ratificar la detenci�n o decretar la libertad con las reservas de ley. Ning�n indiciado podr� ser retenido por el Ministerio P�blico por m�s de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber� ordenarse su libertad o pon�rsele a disposici�n de la autoridad judicial. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto ser� sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo, que s�lo la autoridad judicial podr� expedir, a solicitud del Ministerio P�blico, se expresar� el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que �nicamente debe limitarse la diligencia, levant�ndose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar� penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privac�a de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorar� el alcance de �stas, siempre y cuando contengan informaci�n relacionada con la comisi�n de un delito. En ning�n caso se admitir�n comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petici�n de la autoridad federal que faculte la ley o del Fiscal General del Estado, podr� autorizar la intervenci�n de cualquier comunicaci�n privada. Para ello, la autoridad competente deber� fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando adem�s, el tipo de intervenci�n, los sujetos de la misma y su duraci�n. La autoridad judicial federal no podr� otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de car�cter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. El Poder Judicial contar� con jueces de control que resolver�n, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y t�cnicas de investigaci�n de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las v�ctimas u ofendidos. Deber� existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio P�blico y dem�s autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustar�n a los requisitos y l�mites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con �stos, carecer�n de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podr� practicar visitas domiciliarias �nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de polic�a; y exigir la exhibici�n de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujet�ndose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estar� libre de todo registro, y su violaci�n ser� penada por la ley. En tiempo de paz ning�n miembro del Ej�rcito podr� alojarse en casa particular contra la voluntad del due�o, ni imponer prestaci�n alguna. En tiempo de guerra los militares podr�n exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los t�rminos que establezca la ley marcial correspondiente. A. Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. La ley prever� mecanismos alternativos de soluci�n de controversias. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deber�n ser explicadas en audiencia p�blica previa citaci�n de las partes. Las leyes estatales establecer�n los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecuci�n de sus resoluciones. El Estado garantizar� la existencia de un servicio de defensor�a p�blica de calidad para la poblaci�n y asegurar�n las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podr�n ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio P�blico. Nadie puede ser aprisionado por deudas de car�cter puramente civil. B. S�lo por delito que merezca pena privativa de libertad habr� lugar a prisi�n preventiva. El sitio de �sta ser� distinto del que se destinare para la extinci�n de las penas y estar�n completamente separados. El sistema penitenciario se organizar� sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitaci�n para el mismo, la educaci�n, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserci�n del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para �l prev� la ley. Las mujeres compurgar�n sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. El Estado podr� celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del �mbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicci�n diversa. El Estado establecer�, en el �mbito de su respectiva competencia, un sistema integral de justicia que ser� aplicable a quienes se atribuya la realizaci�n de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce a�os cumplidos y menos de dieciocho a�os de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constituci�n para todo individuo, as� como aquellos derechos espec�ficos que por su condici�n de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce a�os que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo ser�n sujetos a rehabilitaci�n y asistencia social. La operaci�n del sistema estar� a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuraci�n e impartici�n de justicia para adolescentes. Se podr�n aplicar las medidas de orientaci�n, protecci�n y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protecci�n integral y el inter�s superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deber�n observarse en la aplicaci�n de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observar� la garant�a del debido proceso legal, as� como la independencia entre las autoridades que efect�en la remisi�n y las que impongan las medidas. �stas deber�n ser proporcionales a la conducta realizada y tendr�n como fin la reintegraci�n social y familiar del adolescente, as� como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizar� solo como medida extrema y por el tiempo m�s breve que proceda, y podr� aplicarse �nicamente a los adolescentes mayores de catorce a�os de edad, por la comisi�n de conductas antisociales calificadas como graves. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en pa�ses extranjeros, podr�n ser trasladados a la Rep�blica para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserci�n social previstos en este art�culo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero com�n, podr�n ser trasladados al pa�s de su origen o residencia, sujet�ndose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos s�lo podr� efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podr�n compurgar sus penas en los centros penitenciarios m�s cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegraci�n a la comunidad como forma de reinserci�n social. Esta disposici�n no aplicar� respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusi�n preventiva y la ejecuci�n de sentencias para internos que requieran medidas especiales de seguridad se podr�n destinar centros especiales. En este caso, las autoridades competentes podr�n restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos, en t�rminos de la ley. C. Ninguna detenci�n ante autoridad judicial podr� exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposici�n, sin que se justifique con un auto de vinculaci�n a proceso en el que se expresar�: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci�n, as� como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley se�ale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi� o particip� en su comisi�n. El Ministerio P�blico s�lo podr� solicitar al juez la prisi�n preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigaci�n, la protecci�n de la v�ctima, de los testigos o de la comunidad, as� como cuando el imputado est� siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisi�n de un delito doloso. El juez ordenar� la prisi�n preventiva, oficiosamente, en los casos de homicidio doloso, violaci�n, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, as� como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la naci�n, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinar� los casos en los cuales el juez podr� revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculaci�n a proceso podr� prorrogarse �nicamente a petici�n del indiciado, en la forma que se�ale la ley. La prolongaci�n de la detenci�n en su perjuicio ser� sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes se�alado no reciba copia autorizada del auto de vinculaci�n a proceso y del que decrete la prisi�n preventiva, o de la solicitud de pr�rroga del plazo constitucional, deber� llamar la atenci�n del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondr� al indiciado en libertad. Todo proceso se seguir� forzosamente por el hecho o hechos delictivos se�alados en el auto de vinculaci�n a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deber� ser objeto de investigaci�n separada, sin perjuicio de que despu�s pueda decretarse la acumulaci�n, si fuere conducente. Todo mal tratamiento en la aprehensi�n o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribuci�n, en las c�rceles, son abusos que ser�n corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. D. El proceso penal ser� acusatorio y oral. Se regir� por los principios de publicidad, contradicci�n, concentraci�n, continuidad e inmediaci�n. I. De los principios generales: a) El proceso penal tendr� por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los da�os causados por el delito se reparen; b) Toda audiencia se desarrollar� en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoraci�n de las pruebas, la cual deber� realizarse de manera libre y l�gica; c) Para los efectos de la sentencia s�lo se considerar�n como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecer� las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; d) El juicio se celebrar� ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentaci�n de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollar� de manera p�blica, contradictoria y oral; e) La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendr�n igualdad procesal para sostener la acusaci�n o la defensa, respectivamente; f) Ning�n juzgador podr� tratar asuntos que est�n sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que est� presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicci�n, salvo las excepciones que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constituci�n; g) Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposici�n del inculpado, se podr� decretar su terminaci�n anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participaci�n en el delito y existen medios de convicci�n suficientes para corroborar la imputaci�n, el juez citar� a audiencia de sentencia. La ley establecer� los beneficios que se podr�n otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; h) El juez s�lo condenar� cuando exista convicci�n de la culpabilidad del procesado; i) Cualquier prueba obtenida con violaci�n de derechos fundamentales ser� nula; y j) Los principios previstos en este art�culo, se observar�n tambi�n en las audiencias preliminares al juicio. II. De los derechos de toda persona imputada: a) A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; b) A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detenci�n se le har�n saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podr� ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y ser� sancionada por la ley penal, toda incomunicaci�n, intimidaci�n o tortura. La confesi�n rendida sin la asistencia del defensor carecer� de todo valor probatorio; c) A que se le informe, tanto en el momento de su detenci�n como en su comparecencia ante el Ministerio P�blico o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten; d) Se le recibir�n los testigos y dem�s pruebas pertinentes que ofrezca, concedi�ndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxili�ndosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los t�rminos que se�ale la ley; e) Ser� juzgado en audiencia p�blica por un juez o tribunal. La publicidad s�lo podr� restringirse en los casos de excepci�n que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad p�blica, protecci�n de las v�ctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelaci�n de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo; f) Le ser�n facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendr�n acceso a los registros de la investigaci�n cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recib�rsele declaraci�n o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podr�n consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podr�n mantenerse en reserva las actuaciones de la investigaci�n, salvo los casos excepcionales expresamente se�alados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el �xito de la investigaci�n y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; g) Ser� juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena m�xima no exceda de dos a�os de prisi�n, y antes de un a�o si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; h) Tendr� derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegir� libremente incluso desde el momento de su detenci�n. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, despu�s de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designar� un defensor p�blico. Tambi�n tendr� derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y �ste tendr� obligaci�n de hacerlo cuantas veces se le requiera; y i) En ning�n caso podr� prolongarse la prisi�n o detenci�n, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestaci�n de dinero, por causa de responsabilidad civil o alg�n otro motivo an�logo. La prisi�n preventiva no podr� exceder del tiempo que como m�ximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ning�n caso ser� superior a dos a�os, salvo que su prolongaci�n se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este t�rmino no se ha pronunciado sentencia, el imputado ser� puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisi�n que imponga una sentencia, se computar� el tiempo de la detenci�n. III. De los derechos de la v�ctima o del ofendido: a) Recibir asesor�a jur�dica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constituci�n y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; b) Coadyuvar con el Ministerio P�blico; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigaci�n como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los t�rminos que prevea la ley. Cuando el Ministerio P�blico considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deber� fundar y motivar su negativa; c) Recibir, desde la comisi�n del delito, atenci�n m�dica y psicol�gica de urgencia; d) Que se le repare el da�o. En los casos en que sea procedente, el Ministerio P�blico estar� obligado a solicitar la reparaci�n del da�o, sin menoscabo de que la v�ctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podr� absolver al sentenciado de dicha reparaci�n si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijar� procedimientos �giles para ejecutar las sentencias en materia de reparaci�n del da�o; e) Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violaci�n, trata de personas o secuestro; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protecci�n, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio P�blico deber� garantizar la protecci�n de v�ctimas, ofendidos, testigos y, en general, todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deber�n vigilar el buen cumplimiento de esta obligaci�n; f) Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protecci�n y restituci�n de sus derechos; e g) Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio P�blico en la investigaci�n de los delitos, as� como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acci�n penal o suspensi�n del procedimiento cuando no est� satisfecha la reparaci�n del da�o. Art�culo 8�. La investigaci�n de los delitos corresponde al Ministerio P�blico y a las polic�as, las cuales actuar�n bajo la conducci�n y mando de aqu�l en el ejercicio de esta funci�n. El ejercicio de la acci�n penal ante los tribunales corresponde al Ministerio P�blico. La ley determinar� los casos en que los particulares podr�n ejercer la acci�n penal ante la autoridad judicial. La imposici�n de las penas, su modificaci�n y duraci�n son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicaci�n de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de polic�a, las que �nicamente consistir�n en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por el arresto correspondiente, que no exceder� en ning�n caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de polic�a fuese jornalero, obrero o trabajador, no podr� ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un d�a. Trat�ndose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracci�n de los reglamentos gubernativos y de polic�a, no exceder� del equivalente a un d�a de su ingreso. El Ministerio P�blico podr� considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acci�n penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. A. La seguridad p�blica es una funci�n a cargo del Estado y los Municipios, que comprende la prevenci�n de los delitos; la investigaci�n y persecuci�n para hacerla efectiva, as� como la sanci�n de las infracciones administrativas, en los t�rminos de la ley, en las respectivas competencias que la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constituci�n se�alan. La actuaci�n de las instituciones de seguridad p�blica se regir� por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constituci�n. Las instituciones de seguridad p�blica ser�n de car�cter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio P�blico y las instituciones policiales de los tres �rdenes de gobierno deber�n coordinarse entre s� para cumplir los objetivos de la seguridad p�blica y conformar�n el Sistema Nacional de Seguridad P�blica, que estar� sujeto a las siguientes bases m�nimas: I. La regulaci�n de la selecci�n, ingreso, formaci�n, permanencia, evaluaci�n, reconocimiento y certificaci�n de los integrantes de las instituciones de seguridad p�blica. La operaci�n y desarrollo de estas acciones ser� competencia de la Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el �mbito de sus respectivas atribuciones; II. El establecimiento de las bases de datos criminal�sticos y de personal para las instituciones de seguridad p�blica. Ninguna persona podr� ingresar a las instituciones de seguridad p�blica si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema; III. La formulaci�n de pol�ticas p�blicas tendientes a prevenir la comisi�n de delitos; IV. Se determinar� la participaci�n de la comunidad que coadyuvar�, entre otros, en los procesos de evaluaci�n de las pol�ticas de prevenci�n del delito as� como de las instituciones de seguridad p�blica; y V. Los fondos de ayuda federal para la seguridad p�blica ser�n aportados al Estado y los municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. B. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilaci�n, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscaci�n de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deber� ser proporcional al delito que sancione y al bien jur�dico afectado. No se considerar� confiscaci�n la aplicaci�n de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisi�n de un delito. Tampoco se considerar� confiscaci�n el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento il�cito en los t�rminos del art�culo 109 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la aplicaci�n a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los t�rminos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinci�n de dominio se establecer� un procedimiento que se regir� por las siguientes reglas: I. Ser� jurisdiccional y aut�nomo del de materia penal; II. Proceder� en los casos de delitos contra la salud, secuestro, robo de veh�culos, trata de personas y enriquecimiento il�cito, respecto de los bienes siguientes: a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, a�n cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho il�cito sucedi�; b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se re�nan los extremos del inciso anterior; c) Aquellos que est�n siendo utilizados para la comisi�n de delitos por un tercero, si su due�o tuvo conocimiento de ello y no lo notific� a la autoridad o hizo algo para impedirlo; o d) Aquellos que est�n intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como due�o. III. Toda persona que se considere afectada podr� interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia l�cita de los bienes y su actuaci�n de buena fe, as� como que estaba impedida para conocer la utilizaci�n il�cita de sus bienes. Art�culo 9�.- El derecho a la informaci�n p�blica tendr� los siguientes fundamentos: I. La consolidaci�n del estado democr�tico y de derecho en Jalisco; II. La transparencia y la rendici�n de cuentas de las autoridades estatales y municipales, mediante la implementaci�n de mecanismos de gobierno abierto, a trav�s del organismo garante y en colaboraci�n con representantes de la sociedad civil, para la apertura de los �rganos p�blicos y el registro de los documentos en que constan las decisiones p�blicas y el proceso para la toma de �stas; III. La participaci�n de las personas en la toma de decisiones p�blicas, mediante el ejercicio del derecho a la informaci�n; IV. La informaci�n p�blica veraz y oportuna; V. La protecci�n de datos personales en posesi�n de sujetos obligados; y VI. La promoci�n de la cultura de transparencia, la garant�a del derecho a la informaci�n y la resoluci�n de las controversias que se susciten por el ejercicio de este derecho a trav�s del Instituto de Transparencia e Informaci�n P�blica y Protecci�n de Datos Personales del Estado de Jalisco. El Instituto es un �rgano p�blico aut�nomo, con personalidad jur�dica y patrimonio propio, el cual en su funcionamiento se regir� por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y m�xima publicidad. En el �mbito de sus atribuciones coadyuvar� en la implementaci�n de pol�ticas y mecanismos de apertura gubernamental, as� como la participaci�n social. El Instituto estar� conformado por un Presidente y dos comisionados titulares, as� como por los suplentes respectivos; los miembros del Pleno del Instituto ser�n nombrados mediante el voto de dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, o por insaculaci�n, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca la ley, procurando la igualdad de g�nero. El Instituto tendr� las atribuciones espec�ficas que la ley le otorgue; sus resoluciones ser�n definitivas e inatacables, vinculantes y deber�n ser cumplidas por los Poderes, entidades y dependencias p�blicas del Estado, Ayuntamientos, por todo organismo p�blico, as� como de cualquier persona f�sica, jur�dica o sindicato que reciba y ejerza recursos p�blicos o realice actos de autoridad, en t�rminos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica, esta Constituci�n y dem�s normatividad en la materia, salvo lo establecido en los siguientes p�rrafos. En contra de las resoluciones del Instituto a los recursos de revisi�n que confirmen o modifiquen la clasificaci�n de la informaci�n, o confirmen la inexistencia o negativa de informaci�n, los particulares podr�n optar por acudir ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci�n y Protecci�n de Datos Personales, de conformidad con la Ley General en materia de transparencia, o ante el Poder Judicial de la Federaci�n. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci�n y Protecci�n de Datos Personales tambi�n conocer� de los recursos de revisi�n que se�ale la Ley General en materia de transparencia. CAP�TULO IV DE LA COMISI�N ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Art�culo 10.- Para la preservaci�n de los derechos a que alude el art�culo 4� de esta Constituci�n, se instituye la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos, dotada de plena autonom�a, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, de participaci�n ciudadana, con car�cter permanente y de servicio gratuito, que conocer� de las quejas, en contra de actos u omisiones de �ndole administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor p�blico estatal o municipal, que viole estos derechos. Dicho organismo se sujetar� a las siguientes bases: I. En la realizaci�n y cumplimiento de sus funciones, tendr� la integraci�n, atribuciones, organizaci�n y competencia que le confiera su Ley, sin m�s restricciones que las se�aladas en el art�culo 102, apartado B, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes respectivas; II. En cumplimiento de sus funciones, formular� recomendaciones p�blicas, aut�nomas, no vinculatorias, as� como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor p�blico est� obligado a responder las recomendaciones que les presente la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores p�blicos, �stos deber�n fundar, motivar y hacer p�blica su negativa. El Congreso del Estado podr�, a solicitud de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos, citar a comparecer ante la Asamblea a las autoridades o servidores p�blicos responsables para que expliquen el motivo de su negativa; III. S�lo podr� admitir o conocer de quejas contra actos u omisiones de autoridades locales judiciales y electorales, cuando �stos tengan car�cter de tr�mite administrativo. La Comisi�n Estatal de Derechos Humanos por ning�n motivo podr� examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo de dichas materias, ni podr� dar consultas a autoridades y particulares sobre interpretaci�n de leyes; IV. Iniciar� de oficio o a petici�n de parte, el procedimiento para la investigaci�n de las violaciones de los derechos humanos de que tenga conocimiento. Igualmente, podr� promover ante las autoridades competentes, cambios y modificaciones al sistema jur�dico estatal o municipal o de pr�ctica administrativa, que redunden en una mejor protecci�n y defensa de los derechos humanos; V. Estar� integrado por un Presidente, un consejo compuesto por titulares y suplentes respectivamente y los dem�s �rganos que determine su ley reglamentaria; VI. Para la designaci�n de su Presidente y de los consejeros ciudadanos, deber�n satisfacerse los requisitos y observarse el procedimiento que determine la ley, bas�ndose en un proceso de consulta p�blica, que deber� ser transparente; y VII. La Comisi�n Estatal de los Derechos Humanos tendr� facultad para ejercitar acci�n de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado, en los t�rminos de la legislaci�n federal correspondiente. Toda autoridad estatal o municipal que, en el �mbito de su competencia, tenga conocimiento de actos violatorios de derechos humanos, inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad, proceder� a dar cuenta del hecho a la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos. T�TULO SEGUNDO CAP�TULO I DEL SUFRAGIO Y DE LA PARTICIPACI�N SOCIAL Art�culo 11.- El sufragio es la expresi�n de la voluntad popular para la elecci�n de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de los gobiernos municipales y para los procesos relativos a los mecanismos de participaci�n social. La renovaci�n de los poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado, se realizar� en elecciones, mediante la emisi�n del sufragio universal, libre, secreto, directo e intransferible. La organizaci�n, desarrollo, c�mputo y declaraci�n de resultados de los mecanismos de participaci�n social estar� a cargo del Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana. Los Ayuntamientos emitir�n los reglamentos y disposiciones administrativas que les permitan asegurar la participaci�n social y vecinal, teniendo como bases m�nimas, las establecidas en la ley estatal relativa a la materia. En el Estado de Jalisco se reconocen por lo menos, los siguientes instrumentos de participaci�n social: I. Gobierno abierto es el instrumento que permite la participaci�n social de toda persona en los procesos de elaboraci�n y evaluaci�n de las pol�ticas p�blicas, contribuyendo a la transparencia, a la rendici�n de cuentas y el combate a la corrupci�n, de acuerdo con esta Constituci�n y a las normas aplicables correspondientes; II. Plebiscito es el instrumento mediante el cual se someten a la consideraci�n de la ciudadan�a los actos o decisiones del Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos. En el �mbito estatal podr� ser solicitado por el 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. En los municipios, en que la poblaci�n no exceda de cincuenta mil habitantes podr� solicitarlo el 3 por ciento; si la poblaci�n excede los cincuenta mil, pero no los cien mil habitantes el 2 por ciento; en los que exceda cien mil pero no quinientos mil habitantes el 1 por ciento; y en los que exceda los quinientos mil habitantes el 0.5 por ciento de la lista nominal de electores. En todos los casos ser� vinculante cuando participe por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente y de los mismos m�s del 50 por ciento emita su voto a favor. III. Refer�ndum es el instrumento mediante el cual se somete a la consideraci�n de la ciudadan�a la abrogaci�n o derogaci�n de disposiciones legales y constitucionales, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de car�cter general, expedidas por el Congreso, el Ejecutivo del Estado o los municipios. En el �mbito estatal podr� ser solicitado por el 0.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. En los municipios en que la poblaci�n no exceda de cincuenta mil habitantes podr� solicitarlo el 3 por ciento; si la poblaci�n excede los cincuenta mil, pero no los cien mil habitantes el 2 por ciento; en los que exceda cien mil pero no quinientos mil habitantes el 1 por ciento; y en los que exceda los quinientos mil habitantes el 0.5 por ciento de la lista nominal de electores. En todos los casos ser� vinculante cuando participe por lo menos el 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente y de los mismos m�s del 50 por ciento emita su voto a favor; IV. La ratificaci�n constitucional es el instrumento de participaci�n social mediante el cual la ciudadan�a, podr� validar o derogar una reforma a la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, siempre y cuando sea solicitada, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la fecha de su publicaci�n, por el Gobernador, el 50 por ciento de los ayuntamientos o el 50 por ciento de los diputados integrantes del Congreso, todos del Estado. Ser� organizada por el Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana, en los t�rminos precisados por la ley. Se realizara el mismo d�a de la jornada electoral, salvo que el Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana autorice por unanimidad de votos su realizaci�n en una fecha distinta, fuera del periodo del proceso electoral, y siempre que exista suficiencia presupuestal para realizarla. Sus resultados ser�n vinculantes, cuando en el procedimiento democr�tico participe cuando menos el 40 por ciento del n�mero de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado y vote en sentido afirmativo el cincuenta por ciento mas uno; V. Iniciativa popular es el instrumento mediante el cual los ciudadanos pueden presentar iniciativas ante los poderes Legislativo y Ejecutivo. Podr�n presentarla el 0.1 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de del Estado; VI. Iniciativa popular municipal es el instrumento mediante el cual los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores pueden presentar iniciativas ante la autoridad municipal. En los municipios en que la poblaci�n no exceda de cincuenta mil habitantes podr� solicitarlo el 3 por ciento; si la poblaci�n excede los cincuenta mil, pero no los cien mil habitantes el 2 por ciento; en los que exceda cien mil pero no quinientos mil habitantes el 1 por ciento; y en los que exceda los quinientos mil habitantes el 0.5 por ciento de la lista nominal de electores; VII. Presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual se define el destino de un porcentaje de los recursos p�blicos, para lo cual el Gobierno del Estado proyectar� anualmente en el presupuesto de egresos una partida equivalente al menos al quince por ciento del presupuesto destinado para inversi�n p�blica. Para impulsar el desarrollo municipal y regional los ayuntamientos podr�n convenir con el Poder Ejecutivo Estatal la realizaci�n de inversiones p�blicas conjuntas, que los habitantes de sus municipios determinen mediante el presupuesto participativo; VIII. La revocaci�n de mandato es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos jaliscienses deciden que un representante de elecci�n popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue elector siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes. Podr� ser solicitado por el 5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales de la demarcaci�n territorial que corresponda, y s�lo podr� solicitarse transcurrida la mitad del periodo constitucional correspondiente al ejercicio del cargo de un representante electo popularmente y hasta 120 d�as despu�s del inicio de la segunda mitad del periodo constitucional. La votaci�n para determinar la revocaci�n de mandato deber� llevarse a cabo a mas tardar 120 d�as posteriores a la declaratoria de procedencia de la solicitud que emita la autoridad electoral, y para su validez deber�n participar en el procedimiento respectivo, por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en el proceso electoral donde result� electro el representante popular sujeto a este mecanismo de participaci�n democr�tica. Proceder� la revocaci�n del mandato siempre y cuando el n�mero de votos en el sentido de revocarlo sea mayor al n�mero de votos por el que fue electo el representante popular sujeto del procedimiento. De ser procedente la revocaci�n del mandato, se estar� a lo que se establece en esta Constituci�n para la sustituci�n de autoridades electas por sufragio. La revocaci�n del mandato no dar� lugar a compensaci�n, indemnizaci�n, ni pago de emolumento alguno a favor del representante popular sujeto a este mecanismo; IX. Consulta popular es el instrumento mediante el cual los habitantes del Estado, un municipio o demarcaci�n territorial, expresan sus opiniones respecto a temas de car�cter p�blico o impacto social que son consultados por la autoridad correspondiente. Podr� ser solicitada por el 50 por ciento de los integrantes del Congreso del Estado, el Titular del Ejecutivo del Estado o por el 0.1 por ciento de los habitantes de la demarcaci�n territorial correspondiente, cuando la consulta se dirija a temas relativos a los Poderes Ejecutivo o Legislativo; y por 50 por ciento de los integrantes del cabildo o por lo menor el 0.5 por ciento de los habitantes de la demarcaci�n territorial espec�fica cuando la consulta se dirija a temas relativos al gobierno municipal; X. La contralor�a social es un espacio para que la ciudadan�a y los organismos del sector social y privado formen una instancia de vigilancia y observaci�n de las actividades de gobierno; XI. Cabildo abierto es el instrumento en el que los ciudadanos, a trav�s de representantes de asociaciones vecinales debidamente registradas, tienen derecho a presentar propuestas o peticiones en por lo menos seis de las sesiones ordinarias que celebre el Ayuntamiento en el a�o; y XII. Las Juntas Municipales son una instancia de participaci�n social en los asuntos gubernamentales del municipio, a trav�s de asociaciones vecinales debidamente registradas. CAP�TULO II DE LA FUNCI�N ELECTORAL Art�culo 12.- La renovaci�n de los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, as� como de los ayuntamientos, se realizar� mediante elecciones libres, aut�nticas y peri�dicas conforme a las siguientes bases: I. En el ejercicio de la funci�n electoral, ser�n principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, m�xima publicidad y objetividad; II. En los t�rminos de la ley, toda elecci�n popular ser� directa, exceptuando las que haga el Congreso para: a) Suplir al Gobernador del Estado en sus faltas temporales o absolutas; b) Para elegir a los magistrados del Poder Judicial del Estado y a los integrantes de �rganos jurisdiccionales o administrativos previstos en esta Constituci�n; y c) Para elegir a los integrantes de los Concejos Municipales en los casos que esta Constituci�n dispone; III. . La organizaci�n de los procesos electorales es una funci�n estatal que se realiza a trav�s del Instituto Nacional Electoral y del Organismo P�blico Local Electoral, denominado Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del Estado de Jalisco, en los t�rminos que establece la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta constituci�n y las leyes que se derivan de ambas; IV. El Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del Estado de Jalisco ser� autoridad en la materia, profesional en su desempe�o, dotado de autonom�a en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; contar� en su estructura con �rganos de direcci�n, ejecutivos, t�cnicos y de vigilancia. El Consejo General ser� su �rgano superior de direcci�n y estar� conformado: por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto; por un representante de cada partido pol�tico y el Secretario Ejecutivo, los cuales s�lo tendr�n derecho a voz. La ley determinar� las reglas para la organizaci�n, funcionamiento y jerarqu�a de los �rganos de dicho Instituto. Las instancias ejecutivas y t�cnicas dispondr�n del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral, que se regir� por las disposiciones que al efecto expida la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el apartado D del art�culo 41 de la Constituci�n federal y la ley general en la materia. V. El Consejero Presidente y los consejeros electorales durar�n en su cargo siete a�os y no podr�n ser reelectos; se renovar�n de manera escalonada. Uno y otros ser�n designados por el Instituto Nacional Electoral conforme a lo dispuesto en la fracci�n IV, inciso c), ordinal 2�, del art�culo 116 de la Constituci�n federal, cumpliendo los requisitos establecidos en el citado precepto y en la ley general en la materia. De darse la falta absoluta del Consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, se estar� a lo dispuesto en la norma citada en el primer p�rrafo de esta fracci�n y la ley general en la materia. El Consejero Presidente y los consejeros electorales percibir�n una remuneraci�n acorde con sus funciones que ser� establecida previamente en el Presupuesto de Egresos del Estado, conforme a los principios, bases y lineamientos que prev�n la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n, las leyes y dem�s disposiciones reglamentarias que de ella emanen; la cual en ning�n supuesto podr� ser igual ni superior a la de los magistrados del Poder Judicial del Estado. No podr�n tener otro empleo, cargo o comisi�n, con excepci�n de aquellos, no remunerados en que act�en en representaci�n del Instituto o que desempe�en en actividades docentes, cient�ficas, culturales, de investigaci�n o beneficencia. No podr�n ser designados como Consejero Presidente ni como consejeros electorales del Instituto Electoral, quienes hayan ocupado cargos p�blicos de elecci�n popular o dirigencia de alg�n partido pol�tico, de conformidad a lo establecido en la Ley General. El Consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Consejo General, no podr�n asumir un cargo p�blico en los �rganos emanados de las elecciones en cuya organizaci�n y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elecci�n popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos a�os siguientes a la fecha de conclusi�n de su encargo. VI. La remoci�n del Consejero Presidente y de los consejeros electorales, ser� facultad del Instituto Nacional Electoral, en los t�rminos y bajo las condiciones que establece la Constituci�n Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; VII. El Secretario Ejecutivo ser� nombrado por mayor�a de votos de los consejeros electorales del Instituto Electoral, a propuesta de su Presidente; deber� reunir los requisitos que se�ale la ley; VIII. El Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del Estado de Jalisco, en los t�rminos de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y la ley aplicable, ejercer� funciones en las siguientes materias: a) Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos pol�ticos; b) Educaci�n c�vica; c) Preparaci�n de la jornada electoral; d) Impresi�n de documentos y la producci�n de materiales electorales; e) Escrutinios y c�mputos en los t�rminos que se�ale la ley; f) Declaraci�n de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; g) C�mputo de la elecci�n del titular del poder ejecutivo; h) Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opini�n; observaci�n electoral, y conteos r�pidos, conforme a los lineamientos establecidos en la propia Constituci�n Federal y leyes generales aplicables; i) Organizaci�n, desarrollo, c�mputo y declaraci�n de resultados en los mecanismos de participaci�n ciudadana que prev� la legislaci�n local; j) Las delegadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; k) Las dem�s que determinen las leyes aplicables; y l) Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral por la Constituci�n Federal. Las sesiones de todos los �rganos colegiados de direcci�n ser�n p�blicas, en los t�rminos que se�ale la ley; IX. A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del estado de Jalisco, se deber� adjuntar el proyecto de presupuesto elaborado por el Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del estado de Jalisco; X. Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecer� un sistema de medios de impugnaci�n en los t�rminos que se�alen esta Constituci�n y la ley. Dicho sistema dar� definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar� la protecci�n de los derechos pol�ticos de los ciudadanos. En materia electoral la interposici�n de los medios de impugnaci�n, no producir� efectos suspensivos sobre la resoluci�n o el acto impugnado; XI. El Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del Estado de Jalisco podr�, con la aprobaci�n de la mayor�a de votos de su consejo general, solicitar al Instituto Nacional Electoral la asunci�n parcial de alguna actividad propia de la funci�n electoral que les corresponde. La solicitud a que se refiere el p�rrafo anterior podr� presentarse en cualquier momento del proceso electoral de que se trate y, en su caso, s�lo tendr� efectos durante el mismo; XII. El Instituto Electoral y de Participaci�n Social del Estado de Jalisco deber�, en su caso, solicitar la colaboraci�n del Instituto Nacional Electoral a fin de superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal en los actos de fiscalizaci�n que realice a las finanzas de los partidos pol�ticos, agrupaciones pol�ticas locales, aspirantes, precandidatos y candidatos, en t�rminos de lo dispuesto en el art�culo 41 de la Constituci�n federal y lo que determinen las leyes; XIII. El Instituto Electoral acceder�, para sus propios fines, a los tiempos en radio y televisi�n en t�rminos de lo dispuesto por la Constituci�n federal y la ley general en la materia; XIV. La ley se�alar� los supuestos y las reglas para la realizaci�n, en los �mbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votaci�n; XV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecer� un sistema de medios de impugnaci�n en los t�rminos que se�alen la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n y las leyes aplicables. Dicho sistema dar� definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizar� la protecci�n de los derechos pol�ticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociaci�n. La ley establecer� el sistema de nulidades de las elecciones locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campa�a en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisi�n, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia il�cita o recursos p�blicos ya sean econ�micos o materiales en las campa�as; o d) Se acredite el uso sistem�tico de publicidad negativa en contra de uno o varios candidatos durante las campa�as. Dichas violaciones deber�n acreditarse de manera objetiva y material. Se presumir� que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votaci�n obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. En caso de nulidad de la elecci�n, se convocar� a una elecci�n extraordinaria, en la que no podr� participar la persona sancionada. XVI. La jornada electoral ordinaria deber� realizarse el primer domingo de junio del a�o que corresponda. CAP�TULO III DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POL�TICAS Art�culo 13 Los partidos pol�ticos son entidades de inter�s p�blico, con personalidad jur�dica y patrimonio propios. Los partidos pol�ticos tienen como fin promover la participaci�n del pueblo en la vida democr�tica, contribuir a la integraci�n de los �rganos de representaci�n pol�tica y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de �stos al ejercicio del poder p�blico. Buscar�n la participaci�n efectiva de ambos g�neros en la integraci�n de sus �rganos, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y determinar�n y har�n p�blicos los criterios para garantizar la paridad entre los g�neros, en candidaturas a legisladores y mun�cipes. S�lo los ciudadanos jaliscienses podr�n formar partidos pol�ticos locales y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervenci�n de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creaci�n de partidos y cualquier forma de afiliaci�n corporativa. Los partidos pol�ticos tienen el derecho para solicitar el registro para candidatos a cargos de elecci�n popular, con excepci�n de lo dispuesto en el art�culo 2�, apartado A, fracciones III y VII de la Constituci�n federal, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 6, fracci�n II, inciso b) de esta Constituci�n. Conforme a lo que determinen la Constituci�n federal, la ley general en la materia y esta Constituci�n, la legislaci�n estatal determinar� lo relativo a la creaci�n, registro y p�rdida del mismo, de los partidos pol�ticos locales, as� como los derechos, financiamiento, prerrogativas y obligaciones que en el �mbito estatal tendr�n los partidos pol�ticos nacionales y locales, atendiendo a las siguientes bases: I. Los partidos pol�ticos con registro gozar�n de personalidad jur�dica para todos los efectos legales. Deber�n respetar la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n y las leyes que de ellas emanen; II. Para que un partido pol�tico estatal mantenga su registro deber� obtener la votaci�n que se�ala la Ley General de Partidos Pol�ticos; y para que un partido pol�tico nacional mantenga su financiamiento y prerrogativas estatales, deber� obtener, cuando menos, el tres por ciento de la votaci�n v�lida en la elecci�n de diputados por el principio de mayor�a relativa; III. Se deroga; (Esta fracci�n entrar� en vigor a partir del mes de julio de 2018) IV. La ley establecer� las condiciones y mecanismos para que los partidos pol�ticos estatales y nacionales tengan acceso al financiamiento p�blico local destinado al cumplimiento de sus fines. El financiamiento p�blico estatal para los partidos pol�ticos nacionales o estatales que mantengan su registro despu�s de cada elecci�n, se compondr�n de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtenci�n del voto en a�o de elecciones, as� como para actividades espec�ficas de conformidad a las siguientes bases: a) El financiamiento p�blico para partidos pol�ticos locales que mantengan su registro despu�s de cada elecci�n, se otorgar� conforme a lo establecido en el art�culo 51 de la Ley General de Partidos Pol�ticos. Los partidos pol�ticos nacionales que mantengan su acreditaci�n en el estado despu�s de cada elecci�n, tendr�n derecho a recibir financiamiento p�blico estatal para financiar los gastos de las actividades ordinarias por lo que en los a�os que no se celebren elecciones en el estado, se fijar� anualmente multiplicando el padr�n electoral local, por el veinte por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci�n. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo se�alado anteriormente, se distribuir� entre los partidos pol�ticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecci�n de diputados inmediata anterior. En a�os electorales el financiamiento para actividades ordinarias se fijar� anualmente, multiplicando el n�mero total de los votos v�lidos obtenidos en la elecci�n a diputados, por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci�n. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo con lo se�alado anteriormente, se distribuir� entre los partidos pol�ticos en forma igualitaria, y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecci�n de diputados inmediata anterior. b) El financiamiento p�blico para las actividades tendientes a la obtenci�n del voto durante el a�o en que se elijan gobernador, diputados locales y ayuntamientos, equivaldr� al cincuenta por ciento del financiamiento p�blico que corresponda a cada partido pol�tico por actividades ordinarias en ese mismo a�o; cuando s�lo se elijan diputados locales y ayuntamientos, equivaldr� al treinta por ciento del financiamiento por actividades ordinarias. Este financiamiento se otorgar� independientemente del que corresponda conforme al inciso anterior, y c) El financiamiento p�blico por actividades espec�ficas, relativas a la educaci�n, capacitaci�n, investigaci�n socioecon�mica y pol�tica, as� como a las tareas editoriales equivaldr� al tres por ciento del monto total del financiamiento p�blico que corresponda en cada a�o por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo se�alado anteriormente, se distribuir� entre los partidos pol�ticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elecci�n de diputados locales inmediata anterior. Este financiamiento se otorgar� independientemente del que corresponda conforme a los dos incisos anteriores; V. La ley fijar� los l�mites a las erogaciones en los procesos internos de selecci�n de candidatos y las campa�as electorales de los partidos pol�ticos. Para el caso de las aportaciones de militantes, no podr� ser mayor al dos por ciento del financiamiento p�blico otorgado a la totalidad de los partidos pol�ticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y campa�as en el a�o de que se trate; para el caso de las aportaciones de candidatos, as� como de simpatizantes durante los procesos electorales, no podr� exceder del diez por ciento del tope de gasto para la elecci�n de Gobernador inmediata anterior; asimismo ordenar� los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondr� las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones; y las aportaciones de simpatizantes tendr�n como l�mite individual anual el cero punto cinco por ciento del tope de gasto para la elecci�n de Gobernador inmediata anterior. VI. Las autoridades electorales solamente podr�n intervenir en los asuntos internos de los partidos pol�ticos, en los t�rminos que se�alen esta Constituci�n y la ley; VII. Los partidos pol�ticos y candidatos independientes acceder�n a la radio y la televisi�n conforme a las normas establecidas en la Constituci�n federal y las leyes generales en la materia electoral. El tiempo establecido como derecho de los partidos pol�ticos se distribuir� entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elecci�n para diputados locales inmediata anterior. A cada partido pol�tico sin representaci�n en el Congreso se le asignar� para radio y televisi�n solamente la parte correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso anterior. Los partidos pol�ticos y candidatos independientes en ning�n momento podr�n contratar o adquirir, por s� o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisi�n. Ninguna otra persona f�sica o moral, sea a t�tulo propio o a cuenta de terceros, podr� contratar propaganda en radio y televisi�n dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra de partidos pol�ticos ni de candidatos a cargos de elecci�n popular. En la propaganda pol�tica o electoral que difundan los partidos pol�ticos y candidatos deber�n abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, instituciones y partidos pol�ticos. Durante el tiempo que comprendan las campa�as electorales locales y hasta la conclusi�n de la respectiva jornada comicial, deber� suspenderse la difusi�n en los medios de comunicaci�n social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes del Estado, como de los municipios, sus organismos p�blicos descentralizados, y cualquier otro ente p�blico. Las �nicas excepciones a lo anterior ser�n las campa�as de informaci�n de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protecci�n civil en casos de emergencia. La infracci�n a lo dispuesto en este art�culo, cuando corresponda, ser� comunicada al Instituto Nacional Electoral para los efectos de las sanciones que procedan. Trat�ndose de propaganda pol�tica o electoral que difundan los partidos pol�ticos o candidatos independientes en medios distintos a radio y televisi�n, que calumnie a las personas, partidos e instituciones, ser� sancionada por el Instituto Electoral en los t�rminos que establezca la ley; VIII. La ley fijar� las reglas para las precampa�as y campa�as electorales de los partidos pol�ticos, as� como las sanciones para quienes las infrinjan. La duraci�n de las campa�as electorales cuando se elija gobernador ser� de noventa d�as, y cuando s�lo se elijan diputados locales y ayuntamientos ser� de sesenta d�as. Las precampa�as no podr�n durar m�s de las dos terceras partes de las respectivas campa�as electorales; y IX. Los servidores p�blicos y los ciudadanos deber�n apegarse estrictamente a los periodos de precampa�a y de campa�a que establezca la ley en materia electoral, por lo que queda prohibido que de manera anticipada se realicen actos de propaganda electoral. T�TULO TERCERO CAP�TULO �NICO DEL PODER P�BLICO Art�culo 14.- El poder p�blico del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; nunca podr�n reunirse dos o m�s de estos poderes en una persona o corporaci�n, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. Los poderes del Estado deben residir en la capital del mismo. Todos los �rganos, dependencias, entidades u organismos estatales de car�cter p�blico que establezcan las leyes, formar�n parte de los poderes del Estado a que se refiere el presente art�culo, con excepci�n de los organismos p�blicos aut�nomos que crea esta Constituci�n. Art�culo 15.- Los �rganos del poder p�blico del Estado proveer�n las condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciar�n su participaci�n en la vida social, econ�mica, pol�tica y cultural de la entidad. Para ello: I. Las autoridades estatales y municipales colaborar�n con la familia para su fortalecimiento, adoptar�n y promover�n medidas que propicien el desarrollo integral de la poblaci�n infantil; fomentar�n la participaci�n de la juventud en actividades sociales, pol�ticas y culturales; y auspiciar�n la difusi�n del deporte, la recreaci�n y la cultura entre la poblaci�n; II. Se establecer� un sistema que coordine las acciones de apoyo e integraci�n social de los adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promover� el tratamiento, rehabilitaci�n e integraci�n a la vida productiva de las personas con discapacidad; III. Los �rganos del Poder P�blico, as� como los organismos aut�nomos garantizar�n en todo momento el combate y sanci�n a cualquier tipo de actos de corrupci�n en los t�rminos de la legislaci�n correspondiente. El Sistema Anticorrupci�n del Estado ser� el encargado de dar seguimiento y cumplimiento a lo anterior. IV. El sistema educativo estatal se ajustar� a los principios que se establecen en el art�culo 3o de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; estar� orientado a promover la convivencia arm�nica y respetuosa entre la sociedad y la naturaleza; los valores c�vicos y la cultura de la legalidad; y a fomentar el trabajo productivo para una convivencia social arm�nica; desarrollar� adem�s, la investigaci�n y el conocimiento de la geograf�a y la cultura de Jalisco, de sus valores cient�ficos, arqueol�gicos, hist�ricos y art�sticos, as� como de su papel en la integraci�n y desarrollo de la naci�n mexicana; V. La legislaci�n local proteger� y fomentar� el patrimonio cultural y natural del Estado de Jalisco. Las autoridades, con la participaci�n corresponsable de la sociedad, promover�n el respeto, la restauraci�n, la conservaci�n y la difusi�n de la cultura del pueblo de Jalisco y del entorno ambiental; y la protecci�n y cuidado de los animales, en los t�rminos y con las salvedades que establezca la legislaci�n en la material. El Estado promover� los medios para el fomento, difusi�n y desarrollo sustentable de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecer� los mecanismos para el acceso y participaci�n en cualquier manifestaci�n cultural; Las autoridades estatales y municipales reconocer�n, promover�n, proteger�n y garantizar�n el derecho de toda persona a disfrutar y acceder desde la v�a p�blica de los bienes inmuebles del dominio p�blico afectos al uso com�n. VI. Las autoridades estatales y municipales organizar�n el sistema estatal de planeaci�n para que, mediante el fomento del desarrollo sustentable y una justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, se permita a las personas y grupos sociales el ejercicio de sus derechos, cuya seguridad y bienestar protege esta Constituci�n. Las autoridades a que se refiere el p�rrafo anterior, en el marco del sistema estatal de planeaci�n, observar�n los principios de sostenibilidad y estabilidad de las finanzas p�blicas a fin de coadyuvar a generar condiciones favorables para el desarrollo econ�mico y el empleo. La ley establecer� los criterios para la instrumentaci�n, control y evaluaci�n del plan y los programas de manera objetiva, con base en indicadores que la doten de confiabilidad; VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que alude el art�culo 4� de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, velar�n por la utilizaci�n sustentable y por la preservaci�n de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. El da�o y el deterioro ambiental generar�n responsabilidad para quien lo provoque en t�rminos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso y uso equitativo y sustentable, disposici�n y saneamiento de agua para consumo personal y dom�stico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizar� la defensa de este derecho en los t�rminos de la ley, con la participaci�n de la Federaci�n, de los municipios y de la ciudadan�a para la consecuci�n de dichos fines; VIII. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos aut�nomos en t�rminos de lo se�alado en esta Constituci�n; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participaci�n estatal o municipal mayoritaria, as� como cualquier otro ente sobre el que el Estado o Municipios tengan control sobre sus decisiones o que ejerzan presupuesto p�blico estatal o municipal; deber�n llevar registros de ingresos y egresos, mantener su contabilidad y publicar su cuenta p�blica y la informaci�n financiera que generen conforme a la legislaci�n aplicable; IX. Las autoridades estatales y municipales promover�n y garantizar�n la transparencia y el derecho a la informaci�n p�blica, en el �mbito de su competencia; y X. El Estado y los municipios planear�n, regular�n y fomentar�n la actividad econ�mica mediante la competitividad, mejora regulatoria y el gobierno digital, con la concurrencia de los sectores social, p�blico y privado, en el marco de libertades que otorga la Constituci�n General de la Rep�blica; procurar�n el desarrollo econ�mico, la generaci�n de empleos y una m�s justa distribuci�n del ingreso y la riqueza, y bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad presupuestaria apoyar�n e impulsar�n a las empresas de los sectores social y privado de la econom�a. Los presupuestos de ingresos y egresos del Estado y sus municipios deber�n sujetarse a los principios de equilibrio, sostenibilidad, estabilidad financiera y responsabilidad hacendaria. La pol�tica p�blica de mejora regulatoria del estado es obligatoria para todas las autoridades p�blicas estatales y municipales, en sus respectivos �mbitos de competencia y acorde a los principios constitucionales que los rigen. La ley regular� el ejercicio del derecho a la informaci�n p�blica y el procedimiento para hacerlo efectivo; las obligaciones por parte de los sujetos de aplicaci�n de la ley respecto a la transparencia y el derecho a la informaci�n p�blica, as� como las sanciones por su incumplimiento, de conformidad con lo establecido por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica, esta Constituci�n y dem�s normatividad aplicable en la materia. Ser� obligaci�n de las autoridades estatales y municipales, de cualquier otro organismo p�blico, as� como de cualquier persona f�sica, jur�dica o sindicato que reciba y ejerza recursos p�blicos o realice actos de autoridad, proporcionar la informaci�n p�blica en su posesi�n, rendir cuantas de sus funciones y permitir el ejercicio del derecho a la informaci�n en los t�rminos de la ley. T�TULO CUARTO CAP�TULO I DEL PODER LEGISLATIVO Art�culo 16.- El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado. Art�culo 17.- El Congreso del Estado se integrar� con representantes populares electos y se renovar� cada tres a�os, conforme al procedimiento que establezca la Ley Electoral. Art�culo 18.- El Congreso se compondr� de veinte diputados electos por el principio de mayor�a relativa y dieciocho electos seg�n el principio de representaci�n proporcional. Todos los diputados tendr�n los mismos derechos y obligaciones y podr�n organizarse en grupos parlamentarios. La ley establecer� los procedimientos para la conformaci�n de grupos parlamentarios y promover� la coordinaci�n de las actividades parlamentarias. Cada f�rmula de candidatos a diputados de mayor�a relativa se integrar� por un propietario y un suplente del mismo g�nero. Los partidos pol�ticos deber�n respetar la paridad de g�nero en el registro de candidatos a diputados al Congreso del Estado, por ambos principios, conforme determine la ley. Art�culo 19.- La demarcaci�n territorial de los veinte distritos electorales uninominales, para elegir a diputados por el principio de votaci�n mayoritaria relativa, ser� la que resulte de dividir la poblaci�n total del Estado entre el n�mero de los distritos mencionados y para su distribuci�n se tomar� en cuenta el �ltimo censo general de poblaci�n. Para la elecci�n de los diputados por el principio de representaci�n proporcional, se constituir� el territorio del Estado en una sola circunscripci�n o en varias circunscripciones plurinominales. La ley establecer� la f�rmula electoral, las bases y el procedimiento que se aplicar� en la asignaci�n de diputaciones por este principio. Art�culo 20.- La ley que establezca el procedimiento aplicable para la elecci�n de los diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional y el sistema de asignaci�n, deber� contener por lo menos las siguientes bases: I. Un partido pol�tico, para obtener el registro de sus listas de candidatos a diputados de representaci�n proporcional, deber� acreditar que participa con candidatos a diputados por mayor�a relativa, por lo menos en dos terceras partes del total de distritos estatales uninominales; II. . Al partido pol�tico que obtenga en las respectivas elecciones el tres por ciento de la votaci�n v�lida, se le asignar� una curul por el principio de representaci�n proporcional, independientemente de los triunfos de mayor�a que hubiese obtenido, de conformidad a las disposiciones federales. Adicionalmente, todo partido pol�tico que alcance cuando menos el tres punto cinco por ciento de la votaci�n total emitida, tendr� derecho a participar en el procedimiento de asignaci�n de diputados seg�n el principio de representaci�n proporcional; III. A los partidos pol�ticos que cumplan con lo se�alado en la fracci�n I y el segundo p�rrafo de la fracci�n II anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayor�a que hubieren obtenido sus candidatos, les podr�n ser asignados diputados por el principio de representaci�n proporcional, de acuerdo con su votaci�n obtenida. Para tal efecto, de la votaci�n v�lida emitida se restar�n los votos de candidatos independientes y los de aquellos partidos que no hubieren alcanzado el tres punto cinco por ciento de la votaci�n total emitida; en la asignaci�n se seguir� el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente. La ley desarrollar� los procedimientos y f�rmulas para estos efectos; IV. En ning�n caso un partido pol�tico podr� contar con un n�mero de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votaci�n emitida. Esta base no se aplicar� al partido pol�tico que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votaci�n emitida m�s el ocho por ciento. De igual forma, en la integraci�n de la Legislatura, el porcentaje de representaci�n de un partido pol�tico no podr� ser menor al porcentaje de votaci�n que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; V. Ning�n partido pol�tico podr� acceder a m�s de veintitr�s diputados por ambos principios; VI. Los partidos pol�ticos podr�n postular simult�neamente a candidatos a diputados por ambos principios, siempre y cuando el partido pol�tico que los postule no exceda el l�mite de veinticinco por ciento de candidaturas simult�neas, con relaci�n al total de diputados de mayor�a que deban integrar el Congreso del Estado; y VII. Los candidatos independientes no tendr�n derecho a participar en la asignaci�n de Diputados por el principio de representaci�n proporcional. Art�culo 21.- Para ser diputado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos; II. Tener cuando menos veinti�n a�os de edad el d�a de la elecci�n; III. Ser nativo de Jalisco o avecindado legalmente en el Estado, cuando menos dos a�os inmediatos anteriores al d�a de la elecci�n; IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral ni consejero electoral del Instituto Electoral, a menos que se separe de sus funciones dos a�os antes de la elecci�n; V. No ser Presidente o Consejero ciudadano de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones noventa d�as antes de la elecci�n; VI. No estar en servicio activo en el Ej�rcito Nacional, ni tener mando en la polic�a o en cuerpo de seguridad p�blica en el distrito en que se pretenda su elecci�n, cuando menos sesenta d�as antes de ella; VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General, Fiscal Central, Fiscal Especializado de Delitos Electorales, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n, Procurador Social del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o integrante del Consejo de la Judicatura, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n. Los servidores p�blicos comprendidos en esta fracci�n podr�n ser electos siempre que, al efectuarse la elecci�n, tengan cuando menos noventa d�as de estar separados de sus cargos; VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado, Secretario del Consejo de la Judicatura, Presidente Municipal, Regidor o S�ndico de Ayuntamiento, titular de alguna dependencia de recaudaci�n fiscal de la Federaci�n o del Estado en el distrito por el cual se postule, a menos que se separe de su cargo noventa d�as antes del d�a de la elecci�n; IX. Derogada; X. No ser presidente, secretario o consejero electoral de los consejos distritales o municipales electorales a menos que se separe del cargo noventa d�as antes de la jornada electoral; y XI. Las dem�s que se�ale la Ley Electoral del Estado. Art�culo 22.- Los diputados podr�n ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulaci�n para ser reelecto solo podr� ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalici�n que los hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En el caso de un diputado que sea electo como independiente podr� postularse para la reelecci�n solamente con su misma calidad y no podr� ser postulado por un partido pol�tico, a menos que demuestre su militancia a ese partido pol�tico antes de la mitad de su mandato; la ley establecer� las normas aplicables. Art�culo 23.- Los diputados son inviolables por la manifestaci�n de sus ideas en el ejercicio de sus funciones y nunca podr�n ser reconvenidos por ellas. Art�culo 24.- El Congreso del Estado se instalar� cada tres a�os, el d�a primero de noviembre del a�o de la elecci�n, conforme al procedimiento que se determine en su Ley Org�nica. Art�culo 25.- El Congreso sesionar� por lo menos cuatro veces al mes durante los per�odos comprendidos del primero de febrero al treinta y uno de marzo y del primero de octubre al treinta y uno de diciembre de cada a�o, fuera de los cuales sesionar� al menos una vez al mes. Para el conocimiento de los dict�menes relativos a la materia de responsabilidad de los servidores p�blicos, deber� convocarse a la celebraci�n de sesiones extraordinarias. Art�culo 26. Salvo lo dispuesto por la legislaci�n en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, el presupuesto del Poder Legislativo no podr� ser inferior al ejercido el a�o inmediato anterior, actualizado con base en la cifra de inflaci�n se�alada en los criterios generales de pol�tica econ�mica para el ejercicio que se est� presupuestando. Art�culo 27.- El Congreso no podr� ejercer sus funciones sin la concurrencia de m�s de la mitad del n�mero total de sus miembros. Para obtener esta concurrencia, los diputados presentes deber�n reunirse el d�a designado por la ley o la convocatoria, y conminar a los ausentes para que concurran dentro de los quince d�as siguientes al llamado. Los que sin alegar causa justificada no se presenten, cesar�n en su cargo, previa declaraci�n del Congreso. No se necesita esta declaraci�n para los diputados que no hayan rendido la protesta de ley. CAP�TULO II DE LA INICIATIVA Y FORMACI�N DE LAS LEYES Art�culo 28.- La facultad de presentar iniciativas de leyes y decreto, corresponde a: I. Los diputados; II. El Gobernador del Estado; III. El Supremo Tribunal, en asuntos del ramo de justicia; IV. Los ayuntamientos, en asuntos de competencia municipal; y V. Los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores en el Estado, en los t�rminos que exija esta Constituci�n y la ley de la materia. Dichas iniciativas deber�n ser dictaminadas en los t�rminos que establezca la ley en la materia. Art�culo 29.- Se anunciar� al Gobernador del Estado cuando haya de discutirse un proyecto de ley que se relacione con asuntos de la competencia del Poder Ejecutivo, con anticipaci�n no menor a veinticuatro horas, a fin de que pueda enviar al Congreso, si lo juzga conveniente, un orador que tome parte en los debates. En los mismos t�rminos se informar� al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el caso que el proyecto se refiera a asuntos del ramo de justicia. Los ayuntamientos, al mandar su iniciativa, designar�n con el mismo prop�sito su orador si lo juzgan conveniente, el cual se�alar� domicilio en la poblaci�n donde residan los poderes del Estado, para comunicarle el d�a en que aquella se discuta. Art�culo 30.- Toda iniciativa que haya sido desechada por el Pleno mediante el dictamen respectivo, solo podr� volver a presentarse con ese car�cter, una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha de la sesi�n en que se le desech�, salvo que haya un replanteamiento del asunto con elementos que comprendan inobjetablemente propuesta distinta a la inicial. Art�culo 31.- Los proyectos de ley aprobados se remitir�n al Ejecutivo, firmados por el presidente y los secretarios del Congreso, o por los diputados que los suplan en sus funciones de conformidad a su Ley Org�nica. Art�culo 32.- Las iniciativas adquirir�n el car�cter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo. Si la ley no fija el d�a en que deba comenzar a observarse, ser� obligatoria desde el siguiente al en que se publique. Art�culo 33.- Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones a un proyecto de ley aprobado por el Congreso, podr� negarle su sanci�n y remitirlas dentro de los ocho d�as siguientes a aqu�l en que se le haga saber, para que tomadas en consideraci�n, se examine de nuevo el negocio. En casos urgentes, a juicio del Congreso, el t�rmino de que se trata ser� de tres d�as, y as� se anunciar� al Ejecutivo. Se considerar� aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Poder Legislativo dentro de los mencionados t�rminos. El proyecto de ley al que se hubieren hecho observaciones, ser� sancionado y publicado si el Congreso vuelve a aprobarlo por los dos tercios del n�mero total de sus miembros presentes. Todo proyecto de ley o decreto al que no hubiese hecho observaciones el Ejecutivo dentro del t�rmino que establece este art�culo, debe ser publicado en un plazo de veinte d�as, como m�ximo, contados a partir de la fecha en que lo haya recibido. Los proyectos de ley o decreto objetados por el Gobernador del Estado y que ratifique el Congreso del Estado, deber�n ser publicados en un t�rmino que no exceda de ocho d�as, contados a partir de la fecha en que los haya recibido nuevamente. La facultad de objetar proyectos de ley o decreto no comprender� lo siguiente: I. La aprobaci�n, modificaci�n, derogaci�n o abrogaci�n de la Ley Org�nica del Poder Legislativo y los reglamentos internos que se deriven; II. La revisi�n y fiscalizaci�n de las cuentas p�blicas de las autoridades del Estado y de los municipios; III. Las resoluciones que dicte el Congreso como Jurado; IV. Los decretos que con motivo de un proceso de refer�ndum declaren derogada una ley o disposici�n; V. Los nombramientos que en ejercicio de sus facultades realice el Congreso del Estado; y VI. El voto que tenga que emitir en su calidad de constituyente permanente federal, en los t�rminos que determina para tal efecto la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. Las Leyes y decretos a que se refieren las fracciones anteriores, para efectos de la publicaci�n por parte del Poder Ejecutivo, deber�n ser enviadas al Peri�dico Oficial del Estado, debiendo publicarse dentro del plazo que establece el quinto p�rrafo del presente art�culo. Art�culo 34.- Las leyes que expida el Congreso, con excepci�n de la de car�cter contributivo y de las leyes org�nicas de los poderes del Estado, podr�n ser sometidas a refer�ndum, en los t�rminos que establezca esta Constituci�n y la ley de la materia. CAP�TULO III DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO DEL ESTADO Art�culo 35.- Son Facultades soberanas del Congreso: I. Legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son propias, salvo aquellas concedidas al Congreso de la Uni�n conforme al Pacto Federal en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; II. Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias, para que por s� o por apoderado especial, represente la Entidad, en aquellos casos en que la ley lo requiera. Autorizar los convenios que celebre el Ejecutivo, cuando su vigencia trascienda al t�rmino del ejercicio para el que fue electo el Gobernador del Estado; III. Fijar la divisi�n territorial, pol�tica y administrativa del Estado, as� como la denominaci�n de los municipios y localidades que lo compongan; IV. Determinar los gastos del Estado para cada ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria que establezca la legislaci�n en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios as� como la normatividad aplicable; establecer las contribuciones del Estado y municipios para cubrirlos. El presupuesto anual deber� incluir las erogaciones plurianuales destinadas al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado o sus entes p�blicos, aprobadas por el Congreso del Estado y para el caso de omisi�n, el Ejecutivo del Estado realizar� las adecuaciones presupuestarias necesarias para su cumplimiento, en los t�rminos y condiciones previstos en el decreto que autoriz� la contrataci�n de las obligaciones; V. Crear y suprimir empleos p�blicos, salvo el caso de los empleos p�blicos municipales y los casos en que expresamente esta Constituci�n lo permita a otra autoridad; VI. Dar las bases mediante ley en materia de empr�stitos, obligaciones y garant�as de pago estatal y municipales, con las limitaciones que establece la fracci�n VIII del art�culo 117 de la Constituci�n Federal y la ley federal reglamentaria en la materia. As� como autorizar con el voto de la mayor�a de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura presentes, la contrataci�n de dichos empr�stitos u obligaciones y los montos m�ximos para que el Estado, los municipios y sus respectivos entes p�blicos puedan contratarlos en las mejores condiciones del mercado, previo an�lisis de su destino, plazos y capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garant�as o el establecimiento de la fuente de pago; VII. Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a plebiscito, en los t�rminos que disponga la ley, propuestas de decisiones o actos del Gobernador, considerados como trascendentales para el orden p�blico o el inter�s social del Estado; VIII. Solicitar al Instituto Electoral del Estado, someta a refer�ndum derogatorio, en los t�rminos que disponga la ley, los reglamentos y decretos emanados del Gobernador que sean considerados como trascendentes para la vida p�blica o el inter�s social del Estado; IX. Elegir en libertad soberana a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a los titulares del Consejo de la Judicatura, as� como a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, en la forma y t�rminos que dispongan esta Constituci�n y las leyes de la materia; X. Elegir a los titulares de los �rganos internos de control de los organismos p�blicos cuya autonom�a es reconocida por esta Constituci�n y que ejerzan recursos del Presupuesto del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso, de conformidad con las bases establecidas por esta Constituci�n y las leyes; XI. � �Autorizar al titular del Poder Ejecutivo, as� como a sus entes p�blicos, para que celebren actos jur�dicos que trasciendan el ejercicio de la administraci�n estatal, representen enajenaciones o una afectaci�n de su respectivo patrimonio o de su presupuesto de egresos en m�s de un ejercicio fiscal, y a los Ayuntamientos, as� como a sus respectivos entes p�blicos, para que celebren actos jur�dicos relativos a financiamientos y obligaciones que trasciendan el ejercicio de la administraci�n municipal, en los t�rminos que disponga la ley; XII. Elegir al Presidente y a los consejeros ciudadanos de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos con la aprobaci�n de las dos terceras partes de los diputados presentes, en los t�rminos que establezca la ley de la materia. El Presidente de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos durar� en su encargo cinco a�os y s�lo podr� ser removido de sus funciones en los t�rminos del T�tulo Octavo de esta Constituci�n; XIII. Designar, en los t�rminos que previene esta Constituci�n, al ciudadano que deba substituir al Gobernador del Estado en sus faltas temporales o absolutas, en escrutinio secreto, por mayor�a absoluta de votos, erigido en Colegio Electoral; XIV. Convocar a elecciones extraordinarias cuando fuere necesario y decidir conforme a sus atribuciones; XV. Conocer y resolver sobre las renuncias de los diputados, del Gobernador del Estado, de los magistrados del Poder Judicial; de los consejeros integrantes del Consejo de la Judicatura; del Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos y del Presidente y comisionados del Instituto de Transparencia, Informaci�n P�blica y Protecci�n de Datos Personales del Estado de Jalisco; XVI. Conceder o negar licencias a los diputados y al Gobernador del Estado para separarse de sus cargos y, adem�s a este �ltimo, para permanecer fuera del territorio del Estado; XVII. Conceder o negar las licencias para ausentarse de sus cargos que, por m�s de dos meses, soliciten los magistrados del Poder Judicial, el Presidente y comisionados del Instituto de Transparencia, Informaci�n P�blica y Protecci�n de Datos Personales del Estado de Jalisco, as� como el Presidente y los consejeros ciudadanos de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos, en los t�rminos que establezca la ley; XVIII. Elegir al Fiscal General en los t�rminos de esta Constituci�n. Ratificar al Contralor del Estado por el voto de cuando menos cincuenta por ciento m�s uno de los diputados integrantes de la Legislatura; XIX. Erigirse en Jurado de Acusaci�n y de Sentencia o de Procedencia en los casos se�alados en esta Constituci�n y en las leyes respectivas, en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos; XX. Aprobar o rechazar los convenios que el Gobernador del Estado celebre con las entidades federativas vecinas respecto a las cuestiones de l�mites y someter tales convenios a la ratificaci�n del Congreso de la Uni�n; XXI. Cambiar en forma provisional o definitiva la residencia de los poderes del Estado, requiri�ndose en el segundo caso, el acuerdo de las dos terceras partes del n�mero total de diputados que integren la Legislatura; XXII. Resolver las competencias y dirimir las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y los tribunales integrantes del Poder Judicial del Estado, salvo los casos reservados para la Federaci�n por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; XXIII. Conceder amnist�a; XXIV. Elaborar el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo, aprobarlo y ejercerlo con autonom�a y de conformidad con la ley; nombrar y remover libremente a los servidores p�blicos de la Secretar�a del Congreso; XXV. Revisar, examinar y fiscalizar las cuentas p�blicas del Estado y los Municipios a trav�s de la Auditor�a Superior del Estado de Jalisco, con el objeto de evaluar los resultados de la gesti�n financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios se�alados por los presupuestos respectivos y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Adicionalmente, el Congreso del Estado en materia de fiscalizaci�n tendr� las siguientes atribuciones: a) Vigilar y evaluar el desempe�o de la Auditor�a Superior del Estado, en los t�rminos que disponga la ley, y al efecto le podr� requerir que le informe sobre la evoluci�n de sus trabajos de fiscalizaci�n; b) Expedir la ley que regule la organizaci�n de la Auditor�a Superior del Estado y las dem�s que normen la gesti�n, control y evaluaci�n de los poderes del Estado y de los entes p�blicos estatales; y c) Elegir, de conformidad con la ley, al Auditor Superior y auditores especiales mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, as� como removerlos con la misma mayor�a calificada, previa garant�a de audiencia de conformidad con la ley de la materia; XXVI. Conceder dispensas de ley por causas justificadas, por motivos de conveniencia o utilidad p�blica, sin perjuicio de tercero; XXVII. Otorgar recompensas a los que hayan prestado servicios de importancia a la humanidad o al Estado, siempre que, al concederlas, no ocupen altos puestos gubernativos; conceder pensiones a los deudos de los que hayan fallecido siendo merecedores de aquellas recompensas; XXVIII. Declarar benem�ritos del Estado de Jalisco a sus benefactores y a los que se hayan distinguido por servicios eminentes prestados a la Rep�blica y a la Entidad, cuando menos diez a�os despu�s de su fallecimiento; XXIX. Pedir informes al Gobernador o a los presidentes de los tribunales integrantes del Poder Judicial, sobre cualquier ramo de la administraci�n de los asuntos de su competencia; XXX. Citar a los titulares de las dependencias y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos o actividades. De igual forma podr� citarlos para que informen sobre los avances en relaci�n con sus planes de desarrollo; XXXI. Expedir su Ley Org�nica, formar sus reglamentos y dictar las disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de sus oficinas, as� como ejercer las dem�s atribuciones que le confiera la ley; XXXII. Expedir el bando solemne para dar a conocer la declaraci�n de Gobernador electo hecha por el Consejo Electoral, en la forma y t�rminos que establezca la ley de la materia; XXXIII. Elegir al Presidente y a los comisionados del Instituto de Transparencia, Informaci�n P�blica y Protecci�n de Datos Personales del Estado de Jalisco, con la aprobaci�n de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la legislatura, o por insaculaci�n, en los t�rminos que establezca la ley de la materia. El Presidente y los comisionados durar�n en su encargo cinco a�os y s�lo podr�n ser removidos de sus funciones en los t�rminos del T�tulo Octavo de esta Constituci�n; XXXIV. Presidir la junta preparatoria para instalar la nueva legislatura; XXXV. Solicitar a la Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos que investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; y XXXVI. Elegir por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, al Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales y al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n, de entre la terna que env�e el Titular del Poder Ejecutivo, en los t�rminos que establece esta Constituci�n y la Ley. Art�culo 35 Bis. La revisi�n, examen y fiscalizaci�n de la cuenta p�blica del Estado y los municipios es una facultad soberana, inalienable e imprescriptible del Congreso del Estado, lo cual realiza a trav�s de la Auditor�a Superior del Estado de Jalisco, cuya titularidad ser� ocupada por el Auditor Superior. La Auditor�a Superior del Estado, es un organismo del Poder Legislativo con car�cter t�cnico, profesional y especializado, de revisi�n y examen, dotado con autonom�a t�cnica y de gesti�n, con personalidad jur�dica, patrimonio propio y capacidad de decisi�n, integrado por personal profesional, seleccionado por oposici�n, bajo el r�gimen de servicio profesional de carrera, y que en el ejercicio de sus atribuciones, puede decidir sobre su organizaci�n interna, funcionamiento y resoluciones, en los t�rminos que disponga la ley. Corresponde a la Auditor�a Superior del Estado la fiscalizaci�n de las cuentas p�blicas, estados financieros y del destino y ejercicio de los recursos obtenidos mediante empr�stitos u obligaciones de los �rganos del poder p�blico, los ayuntamientos, los organismos p�blicos aut�nomos, los organismos p�blicos descentralizados, la Universidad de Guadalajara, los fideicomisos y las empresas de participaci�n p�blica estatal o municipal mayoritaria. La Auditor�a Superior del Estado fiscalizar� los recursos p�blicos estatales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos o mandatos, p�blicos y privados, o a cualquier otra figura jur�dica. Si del examen que �sta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relaci�n a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificaci�n en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinar�n las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisi�n sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditor�a Superior del Estado s�lo podr� emitir las recomendaciones para la mejora en el desempe�o de los mismos, en los t�rminos de la ley. Ser�n principios rectores de la fiscalizaci�n la legalidad, definitividad, imparcialidad, certeza, racionalidad, confiabilidad, independencia, transparencia, objetividad y profesionalismo. La Auditor�a Superior del Estado podr� iniciar el proceso de fiscalizaci�n a partir del primer d�a h�bil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deber�n referirse a la informaci�n definitiva presentada en la cuenta p�blica. La cuenta p�blica del a�o anterior deber� ser enviada a la Legislatura del Estado, a m�s tardar el 30 de abril. S�lo se podr� ampliar el plazo de presentaci�n cuando medie solicitud del Gobernador trat�ndose de la cuenta p�blica estatal o de los presidentes municipales para el caso de la respectiva cuenta p�blica municipal, suficientemente justificada a juicio del Congreso. La Auditor�a Superior del Estado podr� auditar el ejercicio del a�o en curso por lo que corresponde a los trabajos de planeaci�n de las auditor�as. La Auditor�a Superior del Estado tendr� a su cargo: I. Auditar los ingresos, los egresos, el manejo, la custodia y la aplicaci�n de fondos, recursos y deuda p�blica de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos p�blicos aut�nomos y de los municipios de la entidad, as� como de los entes p�blicos de �ndole estatal y municipal e instituciones que administren fondos o valores p�blicos, incluyendo la aplicaci�n de recursos de origen federal, cuando �stos formen parte de la respectiva cuenta p�blica, estatal, municipal y de los particulares. Lo anterior, en coordinaci�n con la Auditor�a Superior de la Federaci�n trat�ndose de recursos de origen federal y cuando as� proceda conforme a la ley, a trav�s de los informes que se rendir�n en los t�rminos que establezcan las disposiciones legales estatales y federales seg�n corresponda. Los informes a que se refiere el p�rrafo precedente de esta fracci�n, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podr�n requerir a los sujetos auditados que procedan a la revisi�n de los conceptos que se estimen pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas se�alados por la ley, se podr� dar lugar al establecimiento de las responsabilidades que correspondan, de conformidad con la ley. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditor�a Superior del Estado emita, s�lo podr�n referirse al ejercicio de los recursos p�blicos de la cuenta p�blica en revisi�n que no se encuentren previamente aprobados. Sin perjuicio de lo anterior podr� solicitarse informaci�n de ejercicios anteriores exclusivamente cuando el programa, proyecto o erogaci�n contenidos en el presupuesto en revisi�n abarque para su ejecuci�n y pago diversos ejercicios fiscales. De igual manera, previa dictaminaci�n de procedencia por el titular de la Auditor�a Superior del Estado, �sta podr� revisar a las entidades fiscalizadas respecto al ejercicio fiscal en curso y ejercicios anteriores, derivado de denuncias presentadas, en los t�rminos de la Constituci�n Federal y conforme a la Ley. Las entidades fiscalizadas proporcionar�n la informaci�n que se solicite para la revisi�n, en los plazos y t�rminos se�alados por la ley y, en caso de incumplimiento, ser�n aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditor�a Superior del Estado rendir� un informe espec�fico al Congreso del Estado y, en su caso, promover� las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n o las autoridades competentes. La Auditor�a Superior del Estado y los �rganos internos de control propios de los poderes del Estado, de los municipios, de los organismos p�blicos estatales aut�nomos, organismos p�blicos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales, establecer�n los procedimientos necesarios que les permitan el mejor cumplimiento de sus respectivas atribuciones; II. La Auditor�a Superior del Estado deber� entregar al Congreso del Estado, en el plazo que fije la ley, los informes generales del resultado de la fiscalizaci�n superior de la cuenta p�blica, los cuales ser�n sometidos a la consideraci�n de la Asamblea para su revisi�n; de igual forma deber� entregar al Congreso del Estado los informes individuales de auditor�a correspondiente a cada entidad fiscalizada, en los plazos previstos por la ley. Los informes generales y los informes individuales ser�n de car�cter p�blico y tendr�n el contenido que determine la ley. Los informes individuales incluir�n como m�nimo el dictamen de su revisi�n, un apartado espec�fico con las observaciones de la Auditor�a Superior del Estado, as� como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas. La ley establecer� las bases y procedimientos para que las entidades fiscalizadas conozcan con oportunidad los resultados de revisi�n y puedan presentar justificaciones o aclaraciones a efectos de ser consideradas y valoradas en los respectivos informes generales e individuales de auditor�a. El objeto de revisi�n de los informes generales, individuales y espec�ficos por parte del Congreso, comprende un an�lisis exhaustivo de los mismos a efecto de comprobar el ejercicio estricto y adecuado de las atribuciones de la Auditor�a Superior del Estado en el cumplimiento riguroso de los procedimientos de fiscalizaci�n superior y los relacionados con las responsabilidades administrativas que esta entidad tiene a su cargo, garantizando la autonom�a t�cnica de la Auditor�a Superior del Estado. La Auditor�a Superior del Estado deber� guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este art�culo y los ordenamientos en la materia; la ley establecer� las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposici�n; III. Investigar los actos y omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta il�cita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci�n de fondos y recursos de cualquier tipo, y efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibici�n de los libros y documentos indispensables para la realizaci�n de sus investigaciones, sujet�ndose a las leyes respectivas y a las formalidades para cateos. Verificar y realizar la fiscalizaci�n superior del desempe�o y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de los �rganos, dependencias y entidades p�blicas, sin perjuicio de los sistemas de supervisi�n del desempe�o que implementen los entes p�blicos; solo para efectos de recomendar mejoras en el desempe�o; IV. La revisi�n del gasto y de la cuenta p�blica que realice la Auditor�a Superior del Estado se sujetar� a las siguientes bases: a) Ser� conforme a los principios rectores que establece esta Constituci�n, dictaminada por el personal del servicio civil de carrera y el Auditor Superior del estado de Jalisco; y b) Propondr� las sanciones administrativas bajo el principio de responsabilidad directa del funcionario y subsidiaria del titular de la entidad auditada, en caso de negligencia o falta de supervisi�n adecuada. La fiscalizaci�n superior realizada por la Auditor�a Superior del Estado, tiene por objeto conocer los resultados de la gesti�n financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios se�alados en el presupuesto, as� como determinar la eficacia y econom�a en el gasto p�blico, de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos de cada ente fiscalizable, en los t�rminos que establezca la ley reglamentaria. La revisi�n de la cuenta p�blica de la Auditor�a Superior del Estado se llevar� a cabo de conformidad con lo que establecen las leyes en la materia, las disposiciones generales que expida el Congreso de la Uni�n y de acuerdo con las bases que establece esta Constituci�n; V. Promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n o los �rganos internos de control, seg�n corresponda, para la imposici�n de sanciones a los servidores p�blicos y a los particulares. As� como proponer las medidas resarcitorias para cada caso concreto, cuando se afecte a la hacienda p�blica o al patrimonio estatal o municipal, o al de los entes p�blicos estatales aut�nomos, organismos descentralizados y fideicomisos estatales o municipales. Las resoluciones de naturaleza jurisdiccional en las que se imponga el resarcimiento de los da�os o perjuicios a la hacienda o patrimonio p�blicos, tendr�n el car�cter de cr�ditos fiscales; VI. Al frente de la Auditor�a Superior del Estado habr� un Auditor Superior que ser� elegido conforme al procedimiento que determine la ley, por el Congreso del Estado, con voto de cuando menos dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura. El Auditor Superior durar� en su cargo ocho a�os y podr� ser elegido para un nuevo periodo por una sola ocasi�n, de acuerdo con el procedimiento que establece la ley. S�lo podr� ser removido por las causas graves que se�ale la ley, con la misma votaci�n requerida para su nombramiento, as� como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en esta Constituci�n; VII. Para ser titular de la Auditor�a Superior del Estado o auditor especial se requiere cumplir con los siguientes requisitos: a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos y civiles, y ser nativo del estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los �ltimos cinco a�os, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempe�o de alg�n cargo en el servicio p�blico, siempre y cuando no haya sido fuera del pa�s; b) Tener cuando menos treinta a�os cumplidos al d�a de su designaci�n; c) Poseer el d�a de su designaci�n, con antig�edad m�nima de cinco a�os, t�tulo profesional de licenciado en Contadur�a P�blica, licenciado en Derecho o abogado, licenciado en Administraci�n P�blica o licenciado en Econom�a, expedido por la autoridad o instituci�n legalmente facultada para ello; d) Tener t�tulo profesional registrado en la Direcci�n de Profesiones del Estado; e) Tener, al momento de su designaci�n, experiencia de cinco a�os en materia de control, auditor�a financiera y de responsabilidades; f) No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de m�s de un a�o de prisi�n, pero si se tratare de robo, fraude, falsificaci�n, abuso de confianza u otro considerado como grave por la legislaci�n penal, lo inhabilitar� para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; g) No ser ministro de alguna asociaci�n religiosa, a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipaci�n que establezcan las leyes; h) No haber sido titular de alguna de las secretar�as de despacho del Ejecutivo, Fiscal General, magistrado del alg�n tribunal estatal, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado, encargado de alguna hacienda municipal o diputado, durante los dos a�os previos a su designaci�n; i) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la Rep�blica, Senador o Diputado federal, a menos que se separe de su cargo dos a�os antes al d�a en que tenga verificativo su designaci�n; j) No tener parentesco de consanguinidad en l�nea recta y colateral hasta el cuarto grado ni de afinidad, al d�a de su designaci�n, con los titulares de las entidades sujetas por esta Constituci�n y la ley a ser auditadas; k) No haber desempe�ado cargo de elecci�n popular en el estado en los tres a�os anteriores a su designaci�n; l) No haber sido, durante los �ltimos seis a�os, miembro de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido pol�tico, ni haber formado parte de los �rganos electorales con derecho a voto durante dicho lapso; y m) Durante el ejercicio de su encargo, el Auditor Superior no podr� militar o formar parte activa de partido pol�tico alguno, ni asumir otro empleo, cargo o comisi�n, salvo los desempe�ados en asociaciones cient�ficas, docentes, art�sticas o de beneficencia y los no remunerados. El nombramiento deber� recaer preferentemente entre aquellas personas que tengan prestigio profesional, capacidad y experiencia t�cnica en la materia; y VIII. Las entidades auditadas y los sujetos a ser auditados por la Constituci�n y que se�ale la ley deber�n: a) Facilitar los auxilios que requiera la Auditor�a Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones; y b) Facilitar los apoyos necesarios para que los funcionarios y ex funcionarios rindan sus cuentas p�blicas, as� como para dar contestaci�n a los pliegos de observaciones que notifique la Auditor�a Superior del Estado. El Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos aplicar�n el procedimiento administrativo de ejecuci�n para el cobro de los cr�ditos fiscales a que se refiere el presente art�culo, en su respectivo �mbito de competencia y en t�rminos de las disposiciones fiscales y administrativas que en cada caso resulten aplicables. A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco se deber� adjuntar invariablemente, para su valoraci�n por el Congreso del Estado, el proyecto de presupuesto de la Auditor�a Superior del Estado que elabore este organismo p�blico, sin menoscabo de la facultad del Congreso del Estado de determinar los gastos del estado. T�TULO QUINTO CAP�TULO I DEL PODER EJECUTIVO Art�culo 36.- El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado. Art�culo 37.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos; II. Tener cuando menos treinta a�os de edad el d�a de la elecci�n; III. Ser nativo del Estado o avecindado en �l, cuando menos, cinco a�os inmediatamente anteriores al d�a de la elecci�n; IV. No estar en servicio activo en el Ej�rcito Nacional ni en las fuerzas de seguridad p�blica del Estado, cuando menos noventa d�as anteriores a la elecci�n; y V. No ser Secretario General de Gobierno, Fiscal General o Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, a no ser que se separe del cargo cuando menos noventa d�as antes de la elecci�n. Art�culo 38.- El Gobernador del Estado entrar� a ejercer su encargo el d�a seis de diciembre del a�o de la elecci�n; durar� seis a�os y nunca podr� ser reelecto, ni volver a ocupar ese cargo, aun con el car�cter de interino, substituto o encargado del despacho. Art�culo 39.- En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurrida durante los dos primeros a�os de su ejercicio, el Congreso proceder� al nombramiento de un Gobernador interino, quien ejercer� sus funciones hasta que tome posesi�n el Gobernador substituto que se elija en comicios extraordinarios. La convocatoria a elecci�n extraordinaria de Gobernador substituto se expedir� conforme las disposiciones de la Ley Electoral y tendr� lugar a m�s tardar, en la fecha en la que tenga verificativo la siguiente elecci�n ordinaria para renovar el Congreso del Estado. Art�culo 40.- Cuando la falta absoluta del Gobernador del Estado ocurra en los cuatro �ltimos a�os del per�odo respectivo, el Congreso elegir� un Gobernador substituto, quien ejercer� sus funciones hasta la terminaci�n del mismo. Art�culo 41.- Son hechos que implican la falta absoluta del Gobernador del Estado: I. La muerte; II. La incapacidad total y permanente para ejercer el cargo declarada por la autoridad judicial; III. Derogado IV. La renuncia expresa por causa grave que ser� calificada por el Congreso del Estado; V. Si convocado por el Congreso, el Gobernador ausente o separado de sus funciones no se presenta, sin causa justificada, a asumir el ejercicio de su cargo; y VI. No presentarse, sin causa justificada, en la fecha en que deba tomar posesi�n del cargo. Art�culo 42.- Si al comenzar un periodo constitucional la elecci�n no se hubiere verificado, calificado, declarado electo al Gobernador del Estado, o �ste no se presentare el seis de diciembre, cesar� en funciones el Gobernador cuyo periodo concluye y desde luego se encargar� del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador interino, el ciudadano que designe el Congreso, mientras se hace la elecci�n correspondiente, en los t�rminos previstos para la ausencia absoluta del Gobernador dentro de los dos primeros a�os de ejercicio constitucional que establece esta Constituci�n. Art�culo 43.- El Gobernador del Estado podr� ausentarse del territorio de la entidad sin autorizaci�n del Congreso hasta por quince d�as. En las ausencias mayores de diez d�as deber� dar aviso al Congreso del Estado. S�lo con permiso del Congreso podr� ausentarse del territorio del Estado o separarse de sus funciones por m�s de quince d�as. En estos casos, el Secretario General de Gobierno se har� cargo del despacho del Ejecutivo. En las faltas temporales que excedan de treinta d�as entrar� a ejercer interinamente el Poder Ejecutivo el ciudadano que nombre el Congreso. Si transcurridos treinta d�as de ausencia o separaci�n de sus funciones, o concluida la licencia, no se presentare el Gobernador del Estado, ser� llamado por el Congreso, y si no compareciere dentro de diez d�as, se declarar� su falta absoluta. Art�culo 44.- Cuando ocurra la falta temporal o absoluta del Gobernador del Estado, en tanto el Congreso hace la designaci�n de Gobernador interino o substituto, el despacho quedar� a cargo del Secretario General de Gobierno, con las atribuciones que determine la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo, sin que ello implique suplir al titular y ejercer las facultades propias de dicho Poder. El ciudadano que sea electo para suplir al titular del Poder Ejecutivo como Gobernador interino o substituto, deber� reunir los requisitos establecidos en esta Constituci�n para ser Gobernador del Estado, con excepci�n de no haber sido Secretario General de Gobierno o Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo. En caso de falta temporal o absoluta del Gobernador interino o substituto, se proceder� en la misma forma establecida para suplir al Gobernador del Estado cuyo origen sea la elecci�n popular. Art�culo 45.- El Gobernador del Estado cuyo origen sea la elecci�n popular extraordinaria, estar� sujeto a las mismas prohibiciones se�aladas en esta Constituci�n para el que lo fuera en elecciones ordinarias. El ciudadano que haya desempe�ado el Poder Ejecutivo como Gobernador substituto, designado por el Congreso para concluir el per�odo, aun cuando tenga distinta denominaci�n, el interino o el que bajo cualquiera denominaci�n supla las faltas temporales del Gobernador del Estado, nunca podr� ser electo para el per�odo inmediato, siempre que desempe�e el cargo dentro de los dos �ltimos a�os del per�odo. El ciudadano que hubiere sido nombrado Gobernador interino, en los casos de falta absoluta del titular, ocurrida en los dos primeros a�os del per�odo respectivo o Gobernador provisional en los casos a que se refiere el Cap�tulo de Prevenciones Generales de esta Constituci�n, no podr� ser electo en los comicios extraordinarios que se celebren con ese motivo. El Gobernador del Estado electo como interino, podr� ser designado por el Congreso del Estado para continuar ejerciendo el Poder Ejecutivo como interino o substituto. Art�culo 46.- Para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habr� un servidor p�blico que se denominar� Secretario General de Gobierno y varios que se denominar�n secretarios del despacho del ramo que se les encomiende. Todas las disposiciones que el Gobernador del Estado emita en uso de sus facultades, deber�n estar firmadas por el secretario de despacho a que el asunto corresponda, y sin este requisito no ser�n obedecidas. Art�culo 47.- Los reglamentos y decretos que expida el titular del Poder Ejecutivo, con excepci�n de las de car�cter contributivo, podr�n ser sometidos a refer�ndum, en los t�rminos que establezca esta Constituci�n y la ley de la materia. Art�culo 48.- La funci�n de consejero jur�dico del Gobernador estar� a cargo de la dependencia del Poder Ejecutivo que para tal efecto establezca la Ley. Art�culo 49.- La ley determinar� la estructura y las facultades de las dependencias y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo. CAP�TULO II DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Art�culo 50.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: I. Promulgar, ejecutar, hacer que se ejecuten las leyes y ejercer en su caso, la facultad de hacer observaciones a las mismas en los t�rminos y plazos que establece esta Constituci�n; II. Presentar cada a�o al Congreso, a m�s tardar el d�a 1�. de noviembre, los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del Estado, para el ejercicio fiscal siguiente, en t�rminos de lo que establezcan las disposiciones legales; III. Rendir por escrito al Congreso, el d�a seis del mes de noviembre de cada a�o, un informe anual del estado que guarda la administraci�n p�blica, mismo que podr� enviar o presentarlo personalmente; IV. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administraci�n, y a los tribunales del Poder Judicial, sobre el de justicia; V. Solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a plebiscito, en los t�rminos que disponga la ley, propuestas de actos o decisiones de su gobierno, considerados como trascendentales para el orden p�blico o el inter�s social del Estado; VI. Solicitar ante el Instituto Electoral, que se sometan a proceso de refer�ndum, las leyes que expida el Congreso consideradas particularmente trascendentes para el orden p�blico o el inter�s social del Estado, en los t�rminos que establezca la ley de la materia; VII. Celebrar convenios sobre l�mites con los estados vecinos, con el requisito de someterlos a aprobaci�n del Congreso del Estado y en su caso a la ratificaci�n del Congreso de la Uni�n; VIII. Expedir los reglamentos que resulten necesarios, a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de las leyes y para el buen despacho de la administraci�n p�blica; IX. Nombrar y remover a los servidores p�blicos cuyos nombramientos o remoci�n no corresponda, conforme a la ley, a otra autoridad; X. Organizar y conducir la planeaci�n del desarrollo del Estado, velando por la sostenibilidad de las finanzas p�blicas y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participaci�n social; XI. Cuidar de la recaudaci�n, aplicaci�n e inversi�n de los caudales del Estado, con arreglo a las leyes; XII. Vigilar la conservaci�n del orden p�blico, disponiendo al efecto de las fuerzas armadas del Estado, pudiendo, con autorizaci�n del Congreso, celebrar convenios para descentralizar la organizaci�n y supervisi�n de las funciones de seguridad p�blica, con participaci�n de los municipios y colaboraci�n de los particulares, en su caso; XIII. Dar �rdenes a la polic�a preventiva municipal en aquellos casos que bajo su responsabilidad juzgue como de fuerza mayor o alteraci�n grave del orden p�blico; XIV. Decretar la expropiaci�n por causa de utilidad p�blica, en la forma que determinen las leyes; XV. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones y hacer que se cumplan las sentencias de los tribunales; XVI. Conceder, conforme a las leyes, indulto, reducci�n o conmutaci�n de pena; XVII. Celebrar convenios con los gobiernos federal y de los estados para que los reos sentenciados por delitos del orden com�n, puedan cumplir las sanciones privativas de libertad en establecimientos ubicados fuera de la entidad; XVIII. Celebrar convenios con la Federaci�n, con los municipios y con particulares, respecto de la prestaci�n de servicios p�blicos, cuando el desarrollo econ�mico y social lo haga necesario, conforme a las disposiciones de esta Constituci�n y las leyes; XIX. Representar al Estado de Jalisco, con las facultades que determine la ley o el Congreso, en los t�rminos establecidos en esta Constituci�n y designar apoderados; XX. Expedir decretos y acuerdos de car�cter administrativo para la eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos y otorgar concesiones a los particulares para este mismo efecto, en el �mbito de su competencia, requiri�ndose en este �ltimo caso, cuando su vigencia trascienda el t�rmino del ejercicio para el que fue electo, la autorizaci�n del Congreso del Estado; XXI. Ejercer en forma concurrente con la Federaci�n y los municipios, las atribuciones en materia de preservaci�n y restauraci�n del equilibrio ecol�gico y protecci�n del ambiente, protecci�n civil, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme a la distribuci�n de competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales; XXII. Delegar facultades espec�ficas en el �mbito administrativo, cuando no exista disposici�n en contrario para ello, a las secretar�as, dependencias, organismos y entidades que se constituyan para auxiliarlo en el desempe�o de sus atribuciones; XXIII. Divulgar la legislaci�n local en el Estado; XXIV. Hacer la propuesta de delimitaci�n de las regiones metropolitanas que se encuentren ubicadas dentro del territorio del estado, a partir de la declaratoria de �reas metropolitanas que haga el Congreso del Estado de Jalisco; XXV. Solicitar a la Comisi�n Nacional de los Derechos Humanos que investigue hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos; XXVI. Celebrar convenios de coordinaci�n con la Federaci�n, Estados y Municipios, en materia de combate a la corrupci�n; y XXVII. Las dem�s que le otorgan la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n y las leyes que de �stas se deriven. T�TULO SEXTO CAP�TULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA JUSTICIA Art�culo 51.- Ninguna persona podr� hacerse justicia por s� misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Art�culo 52.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estar�n expeditos para impartirla en los plazos y t�rminos que fijen las leyes, los cuales deber�n emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio ser� gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. (N de E: El 14 de junio de 2016, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la naci�n, en el considerando quinto, as� como en el resolutivo segundo de la sentencia dictada al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 75/2015, declar� la invalidez del segundo p�rrafo del art�culo 52, la cual surti� efectos el 15 de junio de 2016. Dicha sentencia puede ser consultada en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco de fecha 24 de septiembre de 2016 sec. III.) Los tribunales garantizar�n el control de convencionalidad de los derechos humanos en todas sus actuaciones, favoreciendo siempre �ste sobre las leyes federales o estatales salvo en caso de que existan restricciones constitucionales o jurisprudencia que manifieste lo contrario. Art�culo 53.- La imposici�n de las penas, su modificaci�n y duraci�n son propias y exclusivas de la autoridad judicial. La investigaci�n de los delitos del fuero com�n y concurrentes, as� como el ejercicio de la acci�n penal que compete al Ministerio P�blico ante los tribunales se realizar� a trav�s de la Fiscal�a General del Estado, de la Fiscal�a Especializada en Delitos Electorales y de la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n, en los t�rminos del art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n y la ley. La Fiscal�a General del Estado es un Organismo P�blico Aut�nomo, con personalidad jur�dica y patrimonio propios. Las resoluciones del Ministerio P�blico sobre el no ejercicio y desistimiento de la acci�n penal podr�n ser impugnados por v�a jurisdiccional, en los t�rminos que establezca la ley. Para elegir al Fiscal General del Estado, el Gobernador someter� a consideraci�n del Congreso una terna, en los t�rminos que fije la ley. Para tal efecto, el Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, elegir� a quien ocupar� la titularidad de la Fiscal�a General del Estado con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura dentro de los treinta d�as posteriores a la presentaci�n de la terna. Para elegir al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n, el Congreso del Estado emitir� una convocatoria p�blica abierta a la sociedad; una vez recibidas las solicitudes y los expedientes de los aspirantes, �stos ser�n remitidos en copia al Comit� de Participaci�n Social del Sistema Estatal Anticorrupci�n para que analice los perfiles y emita sus opiniones t�cnicas, mismas que ser�n enviadas al Gobernador, quien tomando en cuenta las opiniones del Comit�, someter� a consideraci�n del Congreso una terna, en los t�rminos que fije la ley. Para tal efecto, el Congreso, previa comparecencia de las personas propuestas, elegir� a quien ocupar� la titularidad de la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n con el voto de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura dentro de los treinta d�as posteriores a la presentaci�n de la terna. En caso de que el Congreso del Estado no resuelva en ese plazo o bien, ninguno de los propuestos para el cargo de Fiscal General o de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n alcance la mayor�a requerida, conforme a los p�rrafos que anteceden, el Gobernador enviar� una nueva terna con personas distintas, en los t�rminos de los p�rrafos anteriores respectivamente. Si no se lleva a cabo la elecci�n, dentro de los treinta d�as posteriores a la presentaci�n de la segunda terna o ninguno de los propuestos en la segunda terna alcanza la mayor�a requerida, ocupar� el cargo la persona que dentro de ambas ternas resulte de un proceso de insaculaci�n ante el Pleno del Congreso. Para ser Fiscal General se requiere cumplir, conforme a la ley, con los mismos requisitos que esta Constituci�n exige en su art�culo 59 para magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, con excepci�n de lo dispuesto en su fracci�n V en lo referente a haber sido secretario del despacho o jefe de departamento administrativo, adem�s de cumplir y aprobar los ex�menes de control de confianza en los t�rminos de la ley, previo a su elecci�n. El personal de la Fiscal�a General del Estado ser� nombrado por el Fiscal General, con excepci�n de los Fiscales Especializados y del titular del �rgano interno de control, as� como al personal que dependa de �stos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes aplicables. La Fiscal�a General del Estado contar� con una Fiscal�a Especializada en materia de Delitos Electorales y con una Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n, que ser�n las responsables de atender en forma institucional, especializada y profesional, la primera en lo relativo a los delitos electorales establecidos en la Ley General en materia de Delitos Electorales y la segunda en delitos en materia de corrupci�n. Ambas Fiscal�as Especializadas estar�n dotadas de autonom�a de gesti�n, t�cnica, administrativa y presupuestal. Para ser Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales o en Combate a la Corrupci�n, se requiere cumplir con los mismos requisitos que establece esta Constituci�n para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y cumplir con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad P�blica. El Fiscal General del Estado y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n durar�n en su cargo siete a�os, respectivamente, y no podr�n ser reelectos, y s�lo podr�n ser removidos del cargo por el Congreso del Estado, a petici�n del Poder Ejecutivo, por causa grave que la Ley establezca. El Fiscal Especializado en materia de Delitos Electorales dura en su cargo cuatro a�os, pudiendo ser reelecto por una sola vez. La Fiscal�a General del Estado y las Fiscal�as Especializadas establecer�n los mecanismos de coordinaci�n necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de su autonom�a t�cnica, de gesti�n, administrativa y presupuestal en sus respectivas materias de competencia. La Fiscal�a Especializada en combate a la Corrupci�n, ser� la responsable de investigar y perseguir ante los tribunales, los delitos cometidos por los servidores p�blicos o particulares en materia de hechos de corrupci�n. Funcionar� con autonom�a t�cnica y de operaci�n, sujeta a la estricta observancia de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Art�culo 54.- La defensa de los intereses sociales y familiares, as� como la instituci�n de la defensor�a de oficio en los ramos penal y familiar, estar� a cargo de un organismo denominado Procuradur�a Social, el cual depender� del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo titular ser� designado por �ste, conforme a la ley de la materia. Art�culo 55.- En los casos de infracciones administrativas, los responsables podr�n ser sancionados con multa o arresto, que no deber� exceder de treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutar� �sta por arresto hasta por treinta y seis horas. La ley y los reglamentos regular�n todo lo relativo a la sanci�n de las faltas a que alude este art�culo. En trat�ndose de personas de escasos recursos, dependientes econ�micos, jornaleros u obreros, en ning�n caso podr�n ser castigados con multa mayor del importe de su jornal o salario de un d�a. Trat�ndose de trabajadores no asalariados, la multa no exceder� de un d�a de su ingreso. CAP�TULO II DEL PODER JUDICIAL Art�culo 56. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en los juzgados de primera instancia, menores y de paz y jurados. Se compondr� adem�s por dos �rganos: el Consejo de la Judicatura del Estado y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado. La representaci�n del Poder Judicial recae en el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el cual ser� electo, de entre sus miembros, por el pleno. El Presidente desempe�ar� su funci�n por un per�odo de dos a�os y podr� ser reelecto para el per�odo inmediato. El Instituto de Justicia Alternativa del Estado es un �rgano con autonom�a t�cnica y administrativa encargado de proporcionar el servicio de justicia alternativa, a trav�s de los m�todos alternos de resoluci�n de conflictos. El titular ser� designado por el Congreso del Estado, previa convocatoria a la sociedad en general con exclusi�n de los partidos pol�ticos, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes y de conformidad con la ley de la materia y deber� cumplir los mismos requisitos para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, dar� en su encargo cuatro a�os, pudiendo ser reelecto para un periodo igual y s�lo por una ocasi�n, en igualdad de circunstancias con los dem�s aspirantes. El Instituto y las sedes regionales, a trav�s de sus titulares, tendr�n facultad para elevar a sentencia ejecutoriada los convenios que resuelvan los asuntos que se le presenten. La ley establecer� la competencia, atribuciones y estructura org�nica del Instituto. Art�culo 57.- La ley garantizar� la independencia de los propios tribunales, la de los magistrados, consejeros y jueces en el ejercicio de sus funciones, as� como la plena ejecuci�n de sus resoluciones. Los tribunales del Poder Judicial resolver�n con plenitud de jurisdicci�n todas las controversias que en el �mbito de su competencia se presenten. Todos los magistrados, consejeros y jueces que integran el Poder Judicial del Estado recibir�n una remuneraci�n irrenunciable e id�ntica, respectivamente; con excepci�n del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que no recibir� remuneraci�n adicional a la del cargo de magistrado. El pleno del Supremo Tribunal elaborar� su propio proyecto de presupuesto. El Consejo de la Judicatura lo har� para el resto del Poder Judicial. Con ellos se integrar� el del Poder Judicial, que ser� remitido por el Presidente del Supremo Tribunal al titular del Poder Ejecutivo, para su inclusi�n en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. Una vez aprobado, ser� ejercido con plena autonom�a y de conformidad con la ley. A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado que presente el titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso, se deber� adjuntar, para su valoraci�n, invariablemente, el proyecto de presupuesto elaborado por el Poder Judicial. Salvo lo dispuesto por la legislaci�n en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, el presupuesto del Poder Judicial no podr� ser inferior al ejercido el a�o inmediato anterior, actualizado con base en la cifra de inflaci�n se�alada en los criterios generales de pol�tica econ�mica para el ejercicio que se est� presupuestando. La competencia del Supremo Tribunal de Justicia, su funcionamiento en pleno o salas; la competencia y funcionamiento de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, as� como de los jurados, se regir� por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constituci�n establece. La ley fijar� los t�rminos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial, funcionando en pleno o en salas, sobre interpretaci�n de leyes de su competencia, as� como los requisitos para su interpretaci�n o modificaci�n, sin que se contravenga la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federaci�n. El personal de los tribunales, juzgados y dem�s �rganos del Poder Judicial, regir� sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones generales y a las reglas especiales que para cada caso se�alen esta Constituci�n y las leyes aplicables. Art�culo 58.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado se integra por treinta y cuatro magistrados propietarios y funciona en pleno y en salas, de conformidad con lo que establezca la ley reglamentaria. Las sesiones del pleno ser�n p�blicas y, por excepci�n, reservadas, en los casos que as� lo determine la ley o lo exijan la moral o el inter�s p�blico. El pleno del Supremo Tribunal de Justicia determinar� los magistrados que integrar�n cada sala, las cuales ser�n colegiadas, as� como la competencia de las mismas. Art�culo 59.- Para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos pol�ticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la entidad durante los �ltimos cinco a�os, salvo en el caso de ausencia motivada por el desempe�o de alg�n cargo en el servicio p�blico, siempre y cuando no haya sido fuera del pa�s; II. Tener cuando menos treinta y cinco a�os cumplidos al d�a de la elecci�n; III. Poseer el d�a de la elecci�n, con antig�edad m�nima de diez a�os, t�tulo profesional de licenciado en Derecho, abogado o su equivalente, expedido por autoridad o instituci�n legalmente facultada para ello y registrado en la Direcci�n de Profesiones del Estado; IV. Gozar de buena reputaci�n y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de m�s de un a�o de prisi�n; pero si se tratare de robo, fraude, falsificaci�n, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto p�blico, inhabilitar� para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; V. No haber sido Gobernador, titular de alguna de las secretar�as de despacho del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, Fiscal General, integrante del Consejo de la Judicatura, Diputado local, Presidente, S�ndico o Regidor de Ayuntamiento durante el a�o previo al d�a de la elecci�n; y VI. No haber sido Secretario de Estado o Jefe de departamento administrativo de la Federaci�n, Procurador General de la Rep�blica, Senador o Diputado federal, a menos que se separe de su cargo un a�o antes al d�a en que tenga verificativo la elecci�n. Art�culo 60.- Para la elecci�n de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, con excepci�n de los partidos pol�ticos, someter� a consideraci�n del Congreso del Estado una lista de candidatos que contenga, cuando menos, el doble del n�mero de magistrados a elegir, remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos establecidos en el presente cap�tulo y tienen aptitud para ocupar dicho cargo. El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegir� al Magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un t�rmino improrrogable de treinta d�as. En caso de que el Congreso no resolviere dentro de dicho t�rmino, se entender� que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, el Consejo de la Judicatura someter� una nueva propuesta integrada por personas distintas a la inicial, en los t�rminos de este art�culo. En igualdad de circunstancias, el Congreso del Estado elige en libertad soberana los nombramientos de magistrados que ser�n hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administraci�n de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesi�n jur�dica. Los diputados emitir�n libremente su voto, en cualquier sentido de los que prevea la ley, de entre la lista de los candidatos que cumplan con los requisitos de elegibilidad, sin que su voto est� condicionado por lo se�alado en el p�rrafo anterior. Art�culo 61.- Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia durar�n en el ejercicio de su encargo siete a�os, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de ley, al t�rmino de los cuales podr�n ser ratificados y, si lo fueren, continuar�n en esa funci�n por diez a�os m�s, durante los cuales s�lo podr�n ser privados de su puesto en los t�rminos que establezcan esta Constituci�n, las leyes en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos o como consecuencia del retiro forzoso. Tres meses antes de que concluya el per�odo de siete a�os para el que fue nombrado un magistrado, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia elaborar� un dictamen t�cnico en el que se analice y emita opini�n sobre la actuaci�n y desempe�o del magistrado. El dictamen t�cnico, as� como el expediente del magistrado ser� enviado al Congreso del Estado para su estudio. El Congreso del Estado decide soberanamente sobre la ratificaci�n o no ratificaci�n de los magistrados mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si el Congreso del Estado resuelve la no ratificaci�n, el magistrado cesar� en sus funciones a la conclusi�n del per�odo para el que fue designado y se proceder� a realizar un nuevo nombramiento en los t�rminos de este cap�tulo. Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia se retirar�n de sus cargos en forma forzosa o voluntaria. Son causas de retiro forzoso: I. Haber concluido los diez a�os del segundo per�odo a que se refiere el primer p�rrafo del presente art�culo; o II. Haber cumplido setenta a�os de edad. La Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado fijar� las causas del retiro voluntario y el haber que tendr� el Magistrado que se retire forzosa o voluntariamente. El haber a que se refiere este art�culo �nicamente se entregar� a aquellos magistrados que hubiesen cumplido la carrera judicial a que se refiere la ley. Los magistrados ratificados para concluir el per�odo de diecisiete a�os no podr�n en ning�n caso volver a ocupar el cargo, as� como los magistrados que habiendo concluido el periodo de siete a�os, no hubiesen sido ratificados por el Congreso del Estado. Art�culo 62.- Al Supremo Tribunal de Justicia le corresponden las siguientes atribuciones: I. Conocer de todas las controversias jurisdiccionales del orden penal, civil, de lo familiar y mercantil, de conformidad con lo que establezcan las leyes estatales y federales; II. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre los �rganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial del Estado; III. Formular su reglamento interior; IV. Nombrar y remover a sus secretarios y dem�s empleados, en los t�rminos que establezca la ley de la materia respecto de la carrera judicial; V. Conceder licencias menores de dos meses, a los magistrados del Supremo Tribunal para que se separen del ejercicio de sus funciones; VI. Manejar libremente la administraci�n de su presupuesto; VII. Expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribuci�n entre las salas de los asuntos que competa conocer al propio Tribunal; VIII Determinar, en pleno, la competencia de las Salas que lo integran; IX. Resolver los conflictos administrativos y los que se susciten con motivo de las relaciones de trabajo en el �mbito de su competencia; X. Elegir, de entre sus miembros, al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; y XI. Las dem�s que determinen esta Constituci�n y las leyes. Art�culo 63.- Los jueces de primera instancia, menores y de paz, ser�n elegidos por el Consejo de la Judicatura, con base en los criterios, requisitos y procedimientos que establezca esta Constituci�n, la Ley Org�nica del Poder Judicial; durar�n en el ejercicio de su cargo cuatro a�os, al vencimiento de los cuales podr�n ser reelectos. Los jueces que sean reelectos s�lo podr�n ser privados de su puesto en los t�rminos establecidos por esta Constituci�n y las leyes secundarias en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos. Durante su ejercicio, los jueces s�lo podr�n ser removidos o cambiados de adscripci�n por acuerdo del Consejo de la Judicatura dictado en los t�rminos que establezca la ley. En los casos de promoci�n, la inamovilidad en el nuevo empleo se adquirir� al transcurrir el plazo correspondiente a su ejercicio. Art�culo 64. La administraci�n, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepci�n del Supremo Tribunal de Justicia, estar�n a cargo del Consejo de la Judicatura en los t�rminos que establezcan las leyes, con base en esta Constituci�n. El Consejo de la Judicatura estar� integrado con cinco miembros, de los cuales uno ser� el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidir�, uno se elegir� de entre los jueces de primera instancia inamovibles que tengan m�s de cuatro a�os en la Judicatura y los otros tres ser�n de origen ciudadano que no hubieren desempe�ado un cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro a�os anteriores. La elecci�n ser� por cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad. Los consejeros deber�n distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jur�dicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad. Salvo el Presidente del Consejo, los dem�s consejeros durar�n en su encargo cuatro a�os, ser�n substituidos de manera escalonada y no podr�n ser nombrados para un nuevo per�odo. Los consejeros ejercer�n sus funciones con independencia e imparcialidad, y s�lo podr�n ser removidos de su cargo en los t�rminos establecidos por esta Constituci�n y las leyes secundarias, en materia de responsabilidad de los servidores p�blicos. El Consejo de la Judicatura deber� funcionar en pleno o en comisiones, sus resoluciones ser�n definitivas; las de las comisiones se someter�n al pleno, si este tuviere observaciones las regresar� a la comisi�n para que elabore una nueva resoluci�n que deber� aprobarse por unanimidad para ser presentada al pleno, en caso de no haber observaciones o resueltas �stas, se proceder� a su ejecuci�n. La comisi�n respectiva elaborar� y presentar� la integraci�n de las listas de candidatos que para la elecci�n de magistrados prev� esta Constituci�n. As� mismo, resolver� sobre la designaci�n y remoci�n de los jueces de primera instancia, menores y de paz; y desarrollar� el sistema de insaculaci�n que prevea la Ley Org�nica del Poder Judicial para la elecci�n de los jurados populares, que se enviar�n al pleno, que podr� hacer observaciones en los t�rminos anteriores. En la designaci�n de los jueces se preferir�, en igualdad de circunstancias, a aquellas personas que hayan prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado. La ley establecer� las bases para la formaci�n y actualizaci�n de los servidores p�blicos del Poder Judicial, as� como la carrera judicial, la cual se regir� por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. El Consejo de la Judicatura estar� facultado para determinar el n�mero y competencia de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, as� como para expedir los acuerdos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley. Las decisiones del Consejo General ser�n definitivas e inatacables. CAP�TULO III DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Art�culo 65. El Tribunal de Justicia Administrativa, es un organismo p�blico aut�nomo, tendr� a su cargo dirimir las controversias de car�cter administrativo que se susciten entre la administraci�n p�blica local, municipal y de los organismos descentralizados de aqu�llas con los particulares. Igualmente las que surjan entre dos o m�s entidades p�blicas de las citadas en el presente art�culo. El Tribunal de Justicia Administrativa resolver� adem�s, los conflictos laborales que se susciten con sus propios trabajadores. Asimismo, ser� el �rgano competente para imponer, en los t�rminos que disponga la ley, las sanciones a los servidores p�blicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; as� como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los da�os y perjuicios que afecten a la hacienda p�blica estatal o municipal o al patrimonio de los poderes o entes p�blicos locales o municipales, en los casos que as� lo determinen los ordenamientos jur�dicos. Los procedimientos para la aplicaci�n de las sanciones mencionadas anteriormente se desarrollar�n aut�nomamente. En el cumplimiento de sus atribuciones, a los �rganos responsables de la investigaci�n y sanci�n de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci�n no les ser�n oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrec�a de la informaci�n en materia fiscal, burs�til, fiduciaria o la relacionada con operaciones de dep�sito, administraci�n, ahorro e inversi�n de recursos monetarios. La ley establecer� los procedimientos para que les sea entregada dicha informaci�n. Art�culo 66. Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durar�n en su encargo siete a�os, tendr�n derecho a ser reelectos para el periodo inmediato posterior de siete a�os y s�lo podr�n ser removidos de sus cargos por las causas graves que se�ale la ley. Los requisitos para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa ser�n los mismos que esta Constituci�n establece para los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ser�n elegidos por cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, mediante convocatoria p�blica en t�rminos de ley. Art�culo 67. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco se integrar� por una Sala Superior conformada por tres magistrados; as� como de salas unitarias, que tendr�n la competencia que establezca la Ley. Para la elecci�n del Magistrado que presidir� la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, los integrantes de la misma realizar�n una votaci�n por c�dula, secreta y en escrutinio p�blico, en la primera sesi�n de cada a�o. El Magistrado que haya obtenido mayor�a de votos, durar� un a�o en su encargo y podr� ser reelecto por no m�s de dos periodos consecutivos. La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa elaborar� el proyecto de presupuesto del Tribunal a propuesta de la Junta de Administraci�n, en los t�rminos establecidos en la Ley, que ser� remitido al titular del Poder Ejecutivo para su inclusi�n en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado. Una vez aprobado, ser� ejercido con plena autonom�a de conformidad con la ley. CAP�TULO IV Del Tribunal Electoral del Estado Art�culo 68.- El Tribunal Electoral es un organismo p�blico aut�nomo, con personalidad jur�dica y patrimonio propios, con autonom�a t�cnica y de gesti�n en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Tendr� a su cargo la funci�n jurisdiccional local en materia electoral y de participaci�n ciudadana. En materia electoral la interposici�n de los recursos no producir� en ning�n caso efectos suspensivos del acto o resoluci�n impugnado. Art�culo 69.- Los magistrados electorales ser�n electos por la C�mara de Senadores en los t�rminos dispuestos en el ordinal 5� del inciso c) de la fracci�n IV del art�culo 116 de la Constituci�n federal, y por lo establecido en la ley general en la materia. Los magistrados electorales durar�n en el cargo siete a�os; se renovar�n de forma escalonada y no podr�n ser reelectos. Percibir�n una remuneraci�n igual a la prevista para los magistrados del Poder Judicial del Estado. Las normas relativas a los requisitos que deber�n cumplir los designados, la forma para cubrir las vacantes, remoci�n, el r�gimen de responsabilidades, impedimentos y excusas ser�n los establecidos en la ley general en la materia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el p�rrafo anterior, la legislaci�n local establecer� las dem�s normas aplicables. A la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, se deber� adjuntar el proyecto de presupuesto elaborado por el Tribunal Electoral del Estado. Art�culo 70.- El Tribunal Electoral resolver� en forma definitiva, en los t�rminos de esta Constituci�n y seg�n lo disponga la ley: I. Las impugnaciones de las elecciones locales de presidentes, regidores y s�ndicos de los ayuntamientos, diputados por ambos principios, y Gobernador del Estado; II. Las impugnaciones que se presenten durante el proceso electoral en contra de los actos o resoluciones de la autoridad electoral, distintas a las se�aladas en la fracci�n anterior; III. Las impugnaciones que se presenten durante el desarrollo de los procesos relativos a los mecanismos de participaci�n social contemplados en esta Constituci�n y en la ley de la materia. IV. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos pol�tico-electorales de los ciudadanos a votar, a ser votado y a la afiliaci�n libre y pac�fica para tomar parte en los asuntos pol�ticos del Estado; V. Los recursos que se presenten contra actos o resoluciones de la autoridad electoral, relativos a los mecanismos de participaci�n social contemplados en esta Constituci�n y en la ley de la materia. VI. La determinaci�n e imposici�n de sanciones en la materia; VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus trabajadores; VIII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus trabajadores; IX. Las dem�s que se�ale la ley. El Tribunal Electoral del Estado har� uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los t�rminos que fije la ley. Art�culo 71.- El Tribunal Electoral se integrar� por cinco magistrados, de entre los cuales ser� electo, por ellos mismos, su Presidente. Las sesiones de resoluci�n ser�n p�blicas. CAP�TULO V DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAF�N Art�culo 72. Corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n conocer de las controversias que se susciten entre el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y empresas de participaci�n mayoritaria de ambos, con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo y se regir�n por la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por todas las dem�s leyes y reglamentos de la materia, con excepci�n de las controversias relativas a las relaciones de trabajo de los servidores p�blicos integrantes del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto Electoral del Estado. La Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establecer� las normas para su organizaci�n y funcionamiento, as� como los requisitos que deban tener los servidores p�blicos que presten sus servicios en dicho Tribunal. T�TULO S�PTIMO CAP�TULO I DEL GOBIERNO MUNICIPAL Art�culo 73.- El municipio libre es base de la divisi�n territorial y de la organizaci�n pol�tica y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jur�dica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos: I. Cada municipio ser� gobernado por un Ayuntamiento de elecci�n popular directa, que residir� en la cabecera municipal. La competencia que esta Constituci�n otorga al gobierno municipal se ejercer� por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habr� autoridad intermedia entre �ste y el gobierno del Estado. II. Los ayuntamientos se integrar�n por un Presidente Municipal, regidores y s�ndicos electos popularmente, seg�n los principios de mayor�a relativa y representaci�n proporcional, en el n�mero, las bases y los t�rminos que se�ale la ley de la materia. Los regidores electos por cualquiera de dichos principios, tendr�n los mismos derechos y obligaciones; Es obligaci�n de los partidos pol�ticos y candidatos independientes, que en las listas de candidatos a presidente, regidores y s�ndico municipales sea respetado el principio de paridad de g�nero, en el que las f�rmulas de candidatos se alternar�n por g�nero y cada candidato propietario a presidente, regidor o s�ndico tenga un suplente del mismo g�nero. Es obligaci�n que el cincuenta por ciento de las candidaturas a presidentes municipales que postulen los partidos pol�ticos y coaliciones en el estado deber� ser de un mismo g�nero. Para garantizar el derecho de los pueblos y comunidades ind�genas, la ley determinar� lo conducente a efecto de que en las planillas de candidatos a mun�cipes participen ciudadanos integrantes de esas poblaciones; III. Los presidentes, regidores y s�ndicos durar�n en su encargo tres a�os. Iniciar�n el ejercicio de sus funciones a partir del 1� de octubre del a�o de la elecci�n y se renovar�n en su totalidad al final de cada periodo. Los ayuntamientos conocer�n de las solicitudes de licencias que soliciten sus integrantes y decidir�n lo procedente; IV. Los presidentes, regidores y el s�ndico de los ayuntamientos, electos popularmente por elecci�n directa en los t�rminos de las leyes respectivas, podr�n ser postulados, por �nica vez, al mismo cargo para el per�odo inmediato siguiente. La postulaci�n para ser reelecto solo podr� ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalici�n que los hubiere postulado originariamente, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato; la ley electoral establecer� las normas aplicables. En el caso de los mun�cipes que sean electos como independientes, podr�n postularse para la reelecci�n solamente con su misma calidad y no podr�n ser postulados por un partido pol�tico, a menos que demuestren su militancia a ese partido pol�tico antes de la mitad de su mandato. Las personas que por elecci�n indirecta o por nombramiento o designaci�n de alguna autoridad desempe�en las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la designaci�n que se les d�, podr�n ser electos para el per�odo inmediato. Trat�ndose del Presidente Municipal y S�ndico que pretendan ser postulados para un segundo periodo deber�n separarse del cargo al menos con noventa d�as de anticipaci�n al d�a de la jornada electoral. V. Derogada Art�culo 74.- Para ser Presidente Municipal, regidor y s�ndico se requiere: I. Ser ciudadano mexicano; II. Ser nativo del municipio o �rea metropolitana correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos, cuando menos tres a�os inmediatos al d�a de la elecci�n; III. Estar en pleno ejercicio de sus derechos; IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, integrante del organismo electoral con derecho a voto, Procurador Social o Presidente de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones ciento ochenta d�as antes de la elecci�n; V. No ser Consejero Ciudadano de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones noventa d�as antes de la elecci�n; VI. No estar en servicio activo en el Ej�rcito Nacional ni tener mando en la polic�a o en cuerpo de seguridad p�blica en el municipio en que se pretenda su elecci�n, cuando menos noventa d�as antes de ella; VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n o miembro del Consejo de la Judicatura. Los servidores p�blicos comprendidos en esta fracci�n podr�n ser electos siempre que, al efectuarse la elecci�n, tengan cuando menos noventa d�as de estar separados de sus cargos; VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudaci�n fiscal de la Federaci�n o del Estado en el municipio en que pretenda su elecci�n, a menos que se separe de su cargo en los t�rminos que previene la fracci�n anterior; y (N. de E: De conformidad con el resolutivo SEXTO de la acci�n de inconstitucionalidad 38/2017, y acumulados 39/2017 y 60/2017, publicada en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco de fecha 12 de diciembre de 2017 sec. V, se declara la invalidez de art�culo 74, fracci�n IX, en la porci�n normativa se�alada) IX. No ser servidor p�blico del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo noventa d�as antes de la elecci�n, salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse. Si se trata del funcionario encargado de la Hacienda Municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas p�blicas. (N. de E: De conformidad con el resolutivo SEXTO de la acci�n de inconstitucionalidad 38/2017, y acumulados 39/2017 y 60/2017, publicada en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco de fecha 12 de diciembre de 2017 sec. V, se declara la invalidez de art�culo 75, en la porci�n normativa se�alada) Art�culo 75.- S�lo tendr�n derecho a participar en el procedimiento de asignaci�n de regidores de representaci�n proporcional los partidos pol�ticos, coaliciones o planillas de candidatos independientes que no hubieren obtenido la mayor�a, y obtengan cuando menos el tres punto cinco por ciento de la votaci�n total emitida. En el caso de los partidos pol�ticos se requerir� adicionalmente que hubieren registrado planillas en el n�mero de ayuntamientos que determine la ley. La ley establecer� los procedimientos y requisitos para realizar la asignaci�n a que se refiere este art�culo. Art�culo 76.- El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podr� declarar que los ayuntamientos se han desintegrado y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por cualesquiera de las causas graves que las leyes prevengan, previo el derecho de audiencia y defensa correspondiente. Cuando la desintegraci�n de un ayuntamiento ocurra durante el primer a�o de ejercicio, el Instituto Electoral del Estado, en un t�rmino que no exceder� de dos meses, convocar� a elecciones extraordinarias para elegir al presidente, regidores y s�ndicos que habr�n de concluir el per�odo y el Congreso del Estado elegir� un Concejo Municipal que estar� en funciones en tanto ocupen el cargo quienes sean electos popularmente. De igual forma se proceder� en caso de nulidad de elecciones. Si no procediere que se celebren nuevas elecciones, el Congreso designar� entre los vecinos del municipio a los integrantes de los concejos municipales que concluir�n los per�odos respectivos, quienes deber�n reunir los mismos requisitos que se establecen para la elecci�n de presidentes municipales. Los concejos municipales y sus integrantes tendr�n las mismas facultades y obligaciones que esta Constituci�n y las leyes establecen para los ayuntamientos. CAP�TULO II DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS Art�culo 77.- Los ayuntamientos tendr�n facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado: I. Los bandos de polic�a y gobierno; II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: Organizar la administraci�n p�blica municipal; Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios p�blicos de su competencia; y Asegurar la participaci�n ciudadana y vecinal; III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los fines se�alados en el p�rrafo tercero del art�culo 27 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. Los reglamentos que normen la creaci�n y supresi�n de los empleos p�blicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores p�blicos. Las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado �nicamente deber�n establecer: I. Las bases generales de la administraci�n p�blica municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnaci�n y los �rganos para dirimir las controversias entre dicha administraci�n y los particulares, con sujeci�n a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; II. Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; III. Las normas de aplicaci�n general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV del art�culo 115, como el segundo p�rrafo de la fracci�n VII del art�culo 116, de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos; IV. El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una funci�n o servicio municipal, cuando al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate est� imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, ser� necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y V. Las normas que establezcan los procedimientos mediante las cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos II y IV anteriores. Art�culo 78.- Los reglamentos y dem�s disposiciones de car�cter general que expida el Ayuntamiento, con excepci�n de los que tengan car�cter contributivo, podr�n ser sometidos a refer�ndum, en los t�rminos que establezca la ley de la material. Art�culo 79.- Los municipios, a trav�s de sus ayuntamientos, tendr�n a su cargo las siguientes funciones y servicios p�blicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposici�n de sus aguas residuales; II. Alumbrado p�blico; III. Aseo p�blico, recolecci�n, traslado, tratamiento y disposici�n final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; IX. Seguridad p�blica, polic�a preventiva municipal y tr�nsito; y X. Los dem�s que deban prestarse, seg�n las condiciones territoriales y socioecon�micas de los municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera. Art�culo 80.- Los municipios a trav�s de sus ayuntamientos, en los t�rminos de las leyes federales y estatales relativas, estar�n facultados para: I. Formular, aprobar y administrar la zonificaci�n y planes de desarrollo urbano municipal; II. Participar en la creaci�n y administraci�n de sus reservas territoriales; III. Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci�n del suelo en sus jurisdicciones territoriales; IV. Otorgar licencias o permisos para urbanizaciones, construcciones y condominios; V. Intervenir en la regularizaci�n de la tenencia de la tierra urbana; VI. Participar en la creaci�n y administraci�n de zonas de reserva ecol�gica; VII. Organizar y conducir la planeaci�n del desarrollo del municipio y establecer los medios para la consulta ciudadana y la participaci�n social; VIII. Intervenir en la formulaci�n y aplicaci�n de programas de transporte p�blico de pasajeros cuando afecten su �mbito territorial; IX. Celebrar convenios para la administraci�n y custodia de zonas federales; X. Celebrar convenios de coordinaci�n, establecer mecanismos de colaboraci�n y crear figuras de asociaci�n con otros ayuntamientos cuando estos pertenezcan a una misma �rea metropolitana; y XI. Celebrar convenios de coordinaci�n con la Federaci�n, Estados y Municipios, en materia de combate a la corrupci�n. Art�culo 81.- Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podr� solicitar la celebraci�n de convenios con el Estado para que �ste de manera directa o a trav�s del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la ejecuci�n y operaci�n de obras y prestaci�n de servicios p�blicos, o para que se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio. Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podr�n coordinarse y asociarse para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Si se trata de la asociaci�n de municipios de dos o m�s Estados, deber�n contar con la aprobaci�n de las legislaturas de los Estados respectivas. El Congreso del Estado emitir� las normas de aplicaci�n general para la celebraci�n de estos convenios y los procedimientos mediante los cuales se resolver�n los conflictos que se presenten entre el municipio y el gobierno del Estado o entre aquellos, con motivo de los convenios de coordinaci�n. Las comunidades ind�genas dentro del �mbito municipal, podr�n coordinarse y asociarse en los t�rminos y para los efectos que prevenga la legislaci�n en la materia. Art�culo 81 Bis.- Cuando se trate de municipios pertenecientes a una misma �rea metropolitana, �stos se coordinar�n, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, de acuerdo con las bases generales que en materia de coordinaci�n metropolitana expida el Congreso del Estado. La coordinaci�n metropolitana se efectuar� a trav�s de las siguientes instancias: I. Una instancia de coordinaci�n pol�tica por cada una de las �reas metropolitanas, que se integrar�n por los presidentes municipales de los ayuntamientos del �rea metropolitana correspondiente y, previo convenio, por el Gobernador del Estado. La personalidad jur�dica de dichas instancias ser� definida por sus integrantes; II. Una instancia de car�cter t�cnico que estar� constituido como un organismo p�blico descentralizado, con personalidad jur�dica y patrimonio propios denominado Instituto Metropolitano de Planeaci�n, mismo que deber� ser constituido por los ayuntamientos del �rea metropolitana correspondiente; y III. Una instancia consultiva y de participaci�n ciudadana, de car�cter honor�fico, por cada una de las �reas metropolitanas, que podr� participar en las tareas de evaluaci�n y seguimiento. Las reglas para la organizaci�n y funcionamiento de las instancias de coordinaci�n metropolitana, estar�n establecidas en las leyes que sobre la materia expida el Congreso del Estado de Jalisco. Art�culo 82.- Para la prestaci�n de los servicios de seguridad social en beneficio de los servidores p�blicos municipales, los ayuntamientos podr�n convenir con el Ejecutivo del Estado, a fin de que �ste asuma la prestaci�n de dichos servicios en las instituciones de seguridad social. Art�culo 83.- Los ayuntamientos podr�n otorgar concesiones a los particulares, para que participen en la ejecuci�n de obras y prestaci�n de servicios p�blicos que les correspondan, cuando as� lo requieran su conservaci�n, mejoramiento y eficaz administraci�n. Art�culo 84.- Los actos o disposiciones de car�cter administrativo que impliquen la realizaci�n de obra p�blica o enajenaci�n del patrimonio municipal, podr�n ser sometidos previamente a la aprobaci�n de la poblaci�n municipal por medio del proceso de plebiscito. Art�culo 85.- Son obligaciones de los ayuntamientos: I. Difundir, cumplir y hacer cumplir, en su �mbito de competencia, las leyes que expidan el Congreso de la Uni�n y el Congreso del Estado; II. Publicar los bandos previstos por la ley; III. Garantizar en todo momento el combate y sanci�n a cualquier tipo de actos de corrupci�n en los t�rminos de la legislaci�n correspondiente; y IV. Las dem�s que determinen las leyes, para la mejor administraci�n de su patrimonio y prestaci�n de los servicios p�blicos que les correspondan. Art�culo 86.- Corresponde al Presidente Municipal o a quien haga sus veces, la aplicaci�n de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y dem�s disposiciones normativas en el �mbito municipal, as� como el ejercicio de la administraci�n del municipio y la prestaci�n de los servicios p�blicos que est�n a cargo del mismo, en la forma y t�rminos que determinen las leyes. Corresponde al Ayuntamiento o al Concejo Municipal, elaborar y aprobar los reglamentos y dem�s disposiciones normativas de car�cter general que sean competencia del municipio, as� como, en los casos, forma y t�rminos que determinen las leyes, autorizar las decisiones del Presidente y establecer las directrices de la pol�tica municipal. Corresponde la calificaci�n de las infracciones administrativas derivadas de los bandos de polic�a y buen gobierno, a los servidores p�blicos denominados jueces municipales. Corresponde al s�ndico la representaci�n jur�dica del municipio, acatando en todos los casos las decisiones del Ayuntamiento. Art�culo 87.- Cuando dos o m�s municipios del estado formen un mismo centro de poblaci�n que por su crecimiento urbano, continuidad f�sica y relaciones socioecon�micas sea declarado por el Congreso del Estado como �rea metropolitana, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos respectivos, en el �mbito de sus competencias, convendr�n para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo, as� como para la m�s eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos, con apego a las leyes en la materia. As� mismo, cuando dos o m�s centros urbanos ubicados en el territorio de dos o m�s municipios del estado que por su cercan�a geogr�fica, tendencias de crecimiento, y relaciones socioecon�micas sean declarados por el Congreso del Estado como regi�n metropolitana, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos respectivos, en el �mbito de sus competencias, convendr�n para planear y regular de manera conjunta y coordinada su desarrollo, con apego a las leyes en la materia. Cuando los casos citados en el presente art�culo involucren a una o m�s entidades federativas, se estar� a lo se�alado en la fracci�n VI del art�culo 115 de la Constituci�n General de la Rep�blica. CAP�TULO III DE LA HACIENDA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Art�culo 88.- Los municipios administrar�n libremente su hacienda, la cual se formar� de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, as� como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso establezca a su favor y, en todo caso, con: I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que establezca el Congreso, de su fraccionamiento, divisi�n, consolidaci�n, translaci�n y mejora. Los municipios podr�n celebrar convenios con el Estado, para que �ste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administraci�n de estas contribuciones; II. Las participaciones federales y estatales, as� como las aportaciones federales que correspondan a los municipios, con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; III. Los ingresos derivados de la prestaci�n de servicios p�blicos a su cargo; y IV. Los derivados de empr�stitos u operaciones financieras y otros ingresos extraordinarios expresamente autorizadas por el Congreso del Estado, as� como los ingresos de operaciones de cr�dito de corto plazo. El patrimonio municipal se compondr� con los bienes de dominio p�blico y los bienes de dominio privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia. Art�culo 89. El Congreso del Estado conforme a los lineamientos y principios que en materia de disciplina financiera, equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaria establezca la legislaci�n en materia de disciplina financiera; aprobar� las leyes de ingresos de los municipios, as� como las obligaciones que en materia de empr�stitos, obligaciones financieras y otras formas de financiamiento que pretendan ejercer con cargo a su capacidad crediticia, incluida la celebraci�n de obligaciones con vigencia multianual, en los t�rminos de lo dispuesto por esta Constituci�n y las leyes que de ella emanen. Los presupuestos de egresos ser�n aprobados por los ayuntamientos en t�rminos de lo dispuesto por la legislaci�n en materia de disciplina financiera y con base en sus ingresos disponibles, los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendaria y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas. En caso de que alg�n Municipio por razones excepcionales incurra en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo deber� someter a la aprobaci�n del Congreso del Estado la autorizaci�n correspondiente. Las leyes estatales no establecer�n exenciones o subsidios a favor de persona o instituci�n alguna respecto de dichas contribuciones. S�lo estar�n exentos los bienes de dominio p�blico de la Federaci�n, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier t�tulo, para fines administrativos o prop�sitos distintos a los de su objeto p�blico. Los ayuntamientos, en el �mbito de su competencia, propondr�n al Congreso del Estado, conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; as� como los ingresos derivados de financiamiento. Los recursos que integran la hacienda municipal ser�n ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley. TITULO OCTAVO CAP�TULO I DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES P�BLICOS Art�culo 90. Los servidores p�blicos del Estado y de los municipios ser�n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempe�o de sus respectivas funciones, as� como por incumplimiento de las leyes o normas en materia de manejo de recursos p�blicos, contrataci�n y ejercicio de la deuda p�blica; de igual manera, se sancionar� en t�rminos de la ley a los particulares por actos vinculados con faltas administrativas graves. Art�culo 91. Los servidores p�blicos pueden incurrir en responsabilidad pol�tica, penal, administrativa, civil y las establecidas en la legislaci�n en materia de disciplina financiera, que ser� determinada a trav�s de: I. El juicio pol�tico; II. El procedimiento previsto en la legislaci�n penal; III. El procedimiento administrativo; y IV. El procedimiento ordinario. Art�culo 92. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este t�tulo, se consideran servidores p�blicos a los representantes de elecci�n popular; a los miembros del Poder Judicial del Estado; del Tribunal de Justicia Administrativa; del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n previstos en esta Constituci�n; de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje; del Instituto Electoral del Estado; del Tribunal Electoral del Estado; de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos, a los titulares de los �rganos internos de control, as� como a los servidores p�blicos de los organismos a los que esta Constituci�n otorgue autonom�a, y en general, a toda persona que desempe�e un cargo o comisi�n de cualquier naturaleza en el Congreso Local, en la administraci�n p�blica del Estado o de los municipios, as� como a quienes presten servicios en los organismos descentralizados, fideicomisos p�blicos y empresas de participaci�n estatal o municipal mayoritaria, quienes ser�n responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempe�o de sus respectivas funciones. Los servidores p�blicos a que se refiere el presente art�culo estar�n obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaraci�n patrimonial y de intereses y en su caso, la constancia de presentaci�n de su declaraci�n fiscal, ante las autoridades competentes y en los t�rminos que establezca la ley. Art�culo 93.- La ley que establezca las bases generales de la administraci�n municipal, precisar� el car�cter de servidores p�blicos de quienes desempe�en empleo, cargo o comisi�n en los municipios. Art�culo 94.- A cualquier ciudadano, bajo su m�s estricta responsabilidad y aportando elementos de prueba, se garantizar� el derecho de denunciar, ante la autoridad competente, las conductas il�citas a que se refiere el presente t�tulo. Art�culo 95.- Los procedimientos para la aplicaci�n de las sanciones mencionadas se desarrollar�n aut�nomamente. No podr�n imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Art�culo 96.- En los juicios del orden civil no hay fuero ni inmunidad. CAP�TULO II DEL JUICIO POL�TICO Art�culo 97. El procedimiento del juicio pol�tico se regir� conforme a las siguientes prevenciones: I. Ser�n sujetos de juicio pol�tico los diputados del Congreso del Estado; los magistrados del Poder Judicial y jueces de primera instancia; los titulares de las secretar�as dependientes del Poder Ejecutivo del Estado; el Contralor del Estado, el Fiscal General y el Procurador Social; los integrantes del Consejo de la Judicatura; los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado; los magistrados del Tribunal Electoral del Estado; el Presidente y los consejeros de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos; el Presidente y los comisionados del Instituto de Transparencia, Informaci�n P�blica y Protecci�n de Datos Personales del Estado de Jalisco; el Auditor Superior del Estado; el Presidente de la Junta Local de Conciliaci�n y Arbitraje; los presidentes, regidores, s�ndicos o concejales; los funcionarios encargados de la Secretar�a General de los ayuntamientos; los funcionarios encargados de las haciendas municipales; as� como los titulares de organismos p�blicos descentralizados y empresas de participaci�n estatal y municipal mayoritaria; II. Se determinar� la responsabilidad de los servidores p�blicos mediante juicio pol�tico, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses p�blicos fundamentales o de su buen despacho; III. La Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos establecer� las conductas que impliquen perjuicio a los intereses p�blicos fundamentales o a su buen despacho; IV. No procede el juicio pol�tico por la mera expresi�n de ideas; V. El juicio pol�tico s�lo podr� iniciarse durante el per�odo en que el servidor p�blico desempe�e su cargo y hasta un a�o despu�s; VI. Las sanciones consistir�n en la destituci�n del servidor p�blico y en su inhabilitaci�n para desempe�ar funciones, empleos, cargos o comisiones, de cualquiera naturaleza en el servicio p�blico; VII. Para la aplicaci�n de las sanciones a que se refiere este precepto, la Comisi�n de Responsabilidades del Congreso presentar� su dictamen sobre la procedencia de la acusaci�n y el Congreso, erigido en Jurado de Acusaci�n, proceder� a discutir y a votar las conclusiones propuestas; VIII. Las sanciones correspondientes se aplicar�n en un per�odo no mayor de un a�o, a partir de iniciado el procedimiento; y IX. El Congreso, erigido en Jurado de Sentencia, con audiencia del inculpado, despu�s de haber substanciado el procedimiento respectivo, y mediante el voto de por lo menos el sesenta por ciento de sus integrantes, previa exclusi�n de los miembros de la Comisi�n de Responsabilidades, aplicar� la sanci�n correspondiente. Art�culo 98.- Contra las resoluciones de juicio pol�tico no procede juicio o recurso alguno. CAP�TULO III DE LA RESPONSABILIDAD PENAL POR HECHOS DE CORRUPCI�N Art�culo 99. La comisi�n de delitos del orden com�n por parte de cualquier servidor p�blico o particulares que incurran en hechos de corrupci�n, ser� sancionada en los t�rminos de la legislaci�n penal aplicable. Las leyes determinar�n los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento il�cito, a los servidores p�blicos que, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por s� o por interp�sita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como due�os sobre ellos, sin que puedan demostrar su procedencia l�cita. La ley sancionar� con el decomiso y con la privaci�n de la propiedad de dichos bienes, sin que se pueda considerar confiscatoria, adem�s de las otras penas que correspondan. Art�culo 100.- Derogado. Art�culo 101.- Derogado. Art�culo 102.- Derogado. Art�culo 103.- Derogado. Art�culo 104.- Derogado. Art�culo 105.- Derogado. CAP�TULO IV DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Art�culo 106. Los servidores p�blicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, ser�n sancionados conforme a lo siguiente: I. Se aplicar�n sanciones administrativas a los servidores p�blicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempe�o de su empleo, cargo o comisi�n. Las sanciones consistir�n en amonestaci�n, suspensi�n, destituci�n e inhabilitaci�n, as� como en sanciones econ�micas, y deber�n establecerse de acuerdo con los beneficios econ�micos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los da�os y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La Ley establecer� los procedimientos para la investigaci�n y sanci�n de dichos actos u omisiones. La Auditor�a Superior del Estado conocer� y substanciar� los procedimientos de investigaci�n y sanci�n por faltas administrativas graves y no graves que detecte en el ejercicio de sus funciones de fiscalizaci�n; trat�ndose de faltas graves el procedimiento sancionatorio ser� resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa. En todos los casos, las conductas que puedan constituir delitos o violaciones a la ley, de las cuales derive una responsabilidad penal deber�n hacerse del conocimiento de la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n. Para la investigaci�n, substanciaci�n y sanci�n de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observar� lo previsto en el art�culo 64 de esta Constituci�n, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditor�a Superior del Estado en materia de fiscalizaci�n sobre el manejo, custodia y aplicaci�n de recursos p�blicos. La ley establecer� los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificaci�n de las faltas administrativas como no graves, que realicen la Contralor�a del Estado y los �rganos internos de control. II. El Tribunal de Justicia Administrativa impondr� a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones econ�micas que determine la Ley; inhabilitaci�n para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras p�blicas; as� como el resarcimiento de los da�os y perjuicios ocasionados a la hacienda p�blica estatal o municipal. Las personas jur�dicas ser�n sancionadas en los t�rminos de esta fracci�n cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas f�sicas que act�en a nombre o representaci�n de la persona jur�dica y en beneficio de ella. Asimismo, podr� ordenarse la suspensi�n de actividades, disoluci�n o intervenci�n de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda p�blica estatal o municipal, siempre que dicha sociedad obtenga un beneficio econ�mico y se acredite participaci�n de sus �rganos de administraci�n, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistem�tica para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanci�n se ejecutar� hasta que la resoluci�n sea definitiva. Las leyes establecer�n los procedimientos para la investigaci�n e imposici�n de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. La Auditor�a Superior del Estado y los �rganos Internos de Control, podr�n recurrir las determinaciones de la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n y del Tribunal de Justicia Administrativa, en los t�rminos que establezca la legislaci�n aplicable. III. La Contralor�a del Estado es el �rgano Interno del Control del Poder Ejecutivo del Estado y estar� facultada por s� o a trav�s de los �rganos internos de control de la Administraci�n P�blica Centralizada y Paraestatal, para prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores p�blicos del Poder Ejecutivo; resolver las faltas administrativas no graves y remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para su resoluci�n. La Contralor�a del Estado podr� ejercer de oficio la facultad de atracci�n respecto de las investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa que lleven los �rganos internos de control de la Administraci�n P�blica Centralizada y Paraestatal, cuando el inter�s y trascendencia del asunto lo ameriten. La Contralor�a del Estado podr� designar y remover a los titulares de los �rganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administraci�n P�blica Centralizada y Paraestatal; as� como auditores externos en los casos en que la Ley as� lo prevea. IV. Los entes p�blicos municipales as� como los organismos a los que esta Constituci�n les otorga autonom�a, tendr�n �rganos internos de control encargados de prevenir, corregir, investigar y substanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores p�blicos del respectivo ente; para resolver las faltas administrativas no graves y para remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa para su resoluci�n, de conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes generales y locales de la materia, as� como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicaci�n de recursos p�blicos. Los �rganos internos de control se�alados estar�n facultados para presentar ante la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito. Los titulares de los �rganos internos de control de aquellos organismos p�blicos que esta Constituci�n otorga autonom�a y ejerzan recursos del Presupuesto del Estado deber�n cumplir con los mismos requisitos que esta Constituci�n establece para ser titular de la Auditor�a Superior del Estado y durar�n en su cargo cuatro a�os, sin posibilidad de reelecci�n. El Congreso del Estado elegir�, con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, a los titulares de los �rganos internos de control a que refiere el p�rrafo anterior; para lo cual emitir� una convocatoria p�blica a la sociedad, dentro de los tres meses anteriores a que venza el nombramiento respectivo. Art�culo 107.- La Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos determinar� las obligaciones de �stos; las sanciones aplicables por los actos u omisiones indebidos que se�ala el art�culo anterior; los procedimientos y las autoridades encargadas de su aplicaci�n. Las sanciones consistir�n en destituci�n e inhabilitaci�n, adem�s de las de car�cter pecuniario, que se impondr�n de acuerdo con los beneficios econ�micos obtenidos por el responsable y con los da�os y perjuicios causados por los actos u omisiones en que incurra, que no podr�n exceder de tres tantos de la cuantificaci�n de �stos. La ley se�alar� los t�rminos de prescripci�n para exigir la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace referencia el art�culo anterior. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los t�rminos de prescripci�n ser�n los que establezca la ley general. CAP�TULO V DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS Art�culo 107 bis.- La responsabilidad del Estado y de los municipios por los da�os que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares, ser� objetiva y directa. Los particulares tendr�n derecho a una indemnizaci�n conforme a las bases, l�mites y procedimientos que establezcan las leyes. CAP�TULO VI DEL SISTEMA ANTICORRUPCI�N DEL ESTADO Art�culo 107 Ter. El Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco es la instancia de coordinaci�n entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevenci�n, detecci�n y sanci�n de responsabilidades administrativas y hechos de corrupci�n, as� como la fiscalizaci�n y control de recursos p�blicos, aplicando para tal efecto los tratados internacionales en materia anticorrupci�n de los que M�xico sea parte y las leyes respectivas. El Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco tiene por objeto prevenir la corrupci�n, con la finalidad de fortalecer el estado de derecho, la rendici�n de cuentas y la gobernanza para el desarrollo; as� como establecer principios, bases generales, pol�ticas p�blicas y procedimientos para la coordinaci�n entre las autoridades estatales y municipales en la prevenci�n, detecci�n y sanci�n de faltas administrativas y hechos de corrupci�n, as� como en la fiscalizaci�n y control de recursos p�blicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la pol�tica en la materia, para lo cual se regir� bajo los principios de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, independencia, transparencia y publicidad. Para el cumplimiento de su objeto se sujetar� a las siguientes bases m�nimas: I. El Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco contar� con un Comit� Coordinador que estar� integrado de la siguiente manera: a) Titular de la Auditor�a Superior; b) Titular de la Fiscal�a Especializada en Combate a la Corrupci�n; c) Titular de la Contralor�a del Estado; d) Titular de la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa; e) Titular de la Presidencia del Instituto de Transparencia, Informaci�n P�blica y Protecci�n de Datos Personales del Estado de Jalisco; f) Un representante del Consejo de la Judicatura; y g) Un representante del Comit� de Participaci�n Social. II. El Comit� de Participaci�n Social del Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco deber� integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribuci�n a la transparencia, rendici�n de cuentas o el combate a la corrupci�n y ser�n designados en los t�rminos que establezca la Ley. La ley determinar� las bases de organizaci�n y funcionamiento del Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco. III. Corresponder� al Comit� Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupci�n, en los t�rminos que determine la Ley: a) El establecimiento de mecanismos de coordinaci�n con el Sistema Nacional Anticorrupci�n y otras entidades federativas; b) El dise�o y promoci�n de pol�ticas integrales en materia de fiscalizaci�n y control de recursos p�blicos, de prevenci�n, control y disuasi�n de faltas administrativas y hechos de corrupci�n, en especial sobre las causas que los generan; c) La determinaci�n de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematizaci�n y actualizaci�n de la informaci�n que sobre estas materias generen las instituciones competentes; d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinaci�n de las autoridades en materia de fiscalizaci�n y control de los recursos p�blicos; y e) La elaboraci�n de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicaci�n de pol�ticas y programas en la materia. Derivado de este informe p�blico, podr� emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevenci�n de faltas administrativas y hechos de corrupci�n, as� como al mejoramiento de su desempe�o y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informar�n al Comit� sobre la atenci�n que brinden a las mismas. La ley determinar� las bases de organizaci�n y funcionamiento del Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco. T�TULO NOVENO CAP�TULO I PREVENCIONES GENERALES Art�culo 108.- Todos los servidores p�blicos del Estado y de los municipios, antes de asumir el desempe�o de sus cargos, rendir�n protesta formal de cumplir y vigilar el cumplimiento de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n y todas las leyes que de ellas emanen. Corresponde al Congreso del Estado tomar protesta a los servidores p�blicos que con arreglo a esta Constituci�n deban ser nombrados o ratificados por �ste, en el recinto oficial del Poder Legislativo. El Gobernador al tomar posesi�n de su cargo rendir� protesta ante el Congreso del Estado en el Recinto oficial del Poder Legislativo. Art�culo 109.- Nadie puede ejercer a la vez, dos o m�s cargos de elecci�n popular. Los ciudadanos no podr�n ser candidatos, simult�neamente, a diferentes cargos de elecci�n popular estatal o municipal en el mismo proceso electoral. Los candidatos a cargos de elecci�n popular estatal o municipal no podr�n serlo de manera simult�nea a cargos de elecci�n federal. Art�culo 110.- Los cargos de elecci�n popular directa son preferentes a los de nombramiento, salvo raz�n justificada y s�lo son renunciables por causa grave. La autoridad a quien corresponda conocer de las renuncias o licencias, calificar� las razones o causas que las motiven. Los dem�s cargos ser�n aceptables voluntariamente. Art�culo 111.- Los servidores p�blicos de los �rganos del Poder P�blico del Estado, de los municipios, de los organismos con autonom�a constitucional dependencias y entidades, as� como cualquier otro ente, �rgano y organismo p�blico estatal o municipal, percibir�n una remuneraci�n adecuada e irrenunciable por el desempe�o de su funci�n, empleo, cargo o comisi�n, misma que se integrar� conforme a las leyes aplicables que ser� proporcional a sus responsabilidades y se determinar�n anual y equitativamente en los respectivos presupuestos de egresos, bajo los principios de austeridad, disciplina presupuestal, racionalidad, certeza, motivaci�n y dem�s requisitos establecidos en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constituci�n, y las leyes reglamentarias que de las mismas emanen. Las remuneraciones ser�n determinadas conforme a las siguientes bases: I. Ning�n servidor p�blico percibir� remuneraci�n por el desempe�o de una funci�n, empleo, cargo o comisi�n, igual o mayor a la que determine el Congreso en el Presupuesto de Egresos para el Gobernador del Estado; II. Ning�n servidor p�blico percibir� remuneraci�n igual o mayor que la aprobada para su superior jer�rquico inmediato, o que sea mayor a la establecida para el cargo p�blico de naturaleza similar previsto en el presupuesto de egresos correspondiente. Lo anterior, excepto en los casos en que el excedente sea consecuencia del desempe�o de varios empleos p�blicos, que su remuneraci�n sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo t�cnico calificado o por especializaci�n en su funci�n, la suma de dichas retribuciones no deber� exceder la mitad de la remuneraci�n establecida para el Gobernador del Estado en el Presupuesto de Egresos; III. Ning�n servidor p�blico podr� percibir remuneraci�n adicional alguna por el desempe�o de los cargos, comisiones, representaciones o alguna otra funci�n similar, que ocupe de manera inherente, derivada o complementaria al cargo principal; IV. Queda prohibido para las autoridades competentes, establecer en los presupuestos de egresos, bonos anuales, gratificaciones por el fin del encargo u otras percepciones de similar naturaleza, adicionales a la remuneraci�n, con excepci�n de lo dispuesto por el art�culo 61 de la esta Constituci�n; V. Las remuneraciones brutas de los servidores p�blicos ser�n determinadas en los respectivos presupuestos de egresos, estatal y municipales; los cuales contendr�n los tabuladores desglosados de dichas remuneraciones; y VI. Las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusi�n de lo previsto por este art�culo ser�n perseguidas y sancionadas conforme a los procedimientos y plazos que establezcan las leyes. Art�culo 112.- Todo cargo p�blico de elecci�n popular es incompatible con alg�n otro de la Federaci�n, del Estado o del Municipio, cuando por ambos se perciba sueldo, salvo de los ramos de docencia, investigaci�n cient�fica y beneficencia. Los diputados, el Gobernador y los magistrados, durante el per�odo de su encargo, no podr�n desempe�ar ninguna otra comisi�n o empleo de la Federaci�n, del Estado o del Municipio, por los cuales se disfrute sueldo o gratificaci�n, sino con licencia previa del Congreso; pero, entonces, cesar�n en sus funciones respectivas mientras dure la nueva ocupaci�n. Se except�an los empleos y comisiones de docencia, culturales, cient�ficos y de beneficencia, los cuales se podr�n desempe�ar sin incurrir en incompatibilidad. La infracci�n de estas disposiciones ser� castigada conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos. Los magistrados, aun cuando gocen de licencia, adem�s del impedimento a que se refiere el p�rrafo segundo de este art�culo, no podr�n ejercer su profesi�n de abogado ni patrocinar negocios judiciales ante los tribunales. Art�culo 113.- Si por cualquier circunstancia no pudiere reunirse el Congreso y desaparecieren los poderes Legislativo y Ejecutivo, el ciudadano que designe el Supremo Tribunal de Justicia se har� cargo del Ejecutivo del Estado con el car�cter de Gobernador provisional y proceder� en el t�rmino de quince d�as, a expedir la convocatoria para elegir diputados e integrar el Congreso del Estado. Una vez hecha la elecci�n e instalada la Legislatura se proceder� conforme las disposiciones aplicables de esta Constituci�n. Art�culo 114.- Los servidores p�blicos que entren a ejercer su encargo despu�s del d�a se�alado por esta Constituci�n o por las leyes, como principio del per�odo que les corresponde, s�lo durar�n en sus funciones el tiempo que les faltare para cumplir dicho per�odo. Los per�odos, plazos y t�rminos que establece esta Constituci�n, corresponden a unidades naturales de tiempo. Art�culo 115.- Ninguna autoridad impondr� pr�stamos forzosos, ni las dependencias har�n gasto alguno que no conste en los presupuestos o que no sea aprobado por el Congreso. La infracci�n de este art�culo hace responsables tanto a las autoridades que la manden, como a los servidores p�blicos que la obedezcan. Art�culo 116.- Las relaciones laborales del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de ambos con sus servidores, se regir�n por la Ley para los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la que deber� establecer el servicio civil de carrera, respetando las disposiciones del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias. Art�culo 116-Bis.- Los servidores p�blicos del Estado y los municipios, tienen en todo tiempo la obligaci�n de aplicar con imparcialidad los recursos p�blicos que est�n bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos pol�ticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicaci�n social, que difundan como tales los poderes p�blicos, los �rganos aut�nomos, dependencias y entidades de la administraci�n p�blica, los municipios, organismos p�blicos descentralizados y cualquier otro ente p�blico, deber� tener car�cter institucional y fines informativos, educativos o de orientaci�n social. En ning�n caso esta propaganda incluir� nombres, im�genes, voces o s�mbolos que impliquen promoci�n personalizada de cualquier servidor p�blico. Las leyes, en sus respectivos �mbitos de aplicaci�n, garantizar�n el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos p�rrafos anteriores, incluyendo el r�gimen de sanciones a que haya lugar. CAP�TULO II DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCI�N Art�culo 117.- Esta Constituci�n s�lo podr� reformarse con los requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del n�mero total de diputados que integren la Legislatura, se enviar� a los ayuntamientos del Estado con los debates que hubiere provocado; si del c�mputo efectuado por el Congreso resultare que la mayor�a de los ayuntamientos aprueban la reforma, se declarar� que forma parte de la Constituci�n. Si transcurriere un mes despu�s de que se compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de la votaci�n, se entender� que aceptan las reformas. Las reformas y adiciones a esta Constituci�n podr�n ser sometidas a refer�ndum derogatorio, parcial o total, en los t�rminos que esta Constituci�n y las leyes establezcan para las reformas, adiciones y creaci�n de leyes que expida el Congreso, siempre y cuando, adem�s de los requisitos ya establecidos por esta Constituci�n, los ciudadanos solicitantes radiquen en cuando menos la mitad m�s uno de los municipios del Estado. Art�culo 118.- Las reformas hechas en la Constituci�n Federal que afecten a esta Constituci�n, ser�n inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin m�s tr�mite. CAP�TULO III DE LA INVIOLABILIDAD DE ESTA CONSTITUCI�N Art�culo 119.- Esta Constituci�n conservar� su vigor aunque un trastorno p�blico interrumpa su observancia. Si se estableciere un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, luego que el pueblo recobre su libertad volver� a ser acatada y, con sujeci�n a la misma y a las leyes que de ella emanen, ser�n juzgados todos los que la hubieran infringido. TRANSITORIOS Art�culo Primero. Esta Constituci�n comenzar� a regir el d�a siguiente de su publicaci�n en cada lugar; excepto en lo relativo al n�mero de Diputados que integran la Legislatura, y comenzar�n a regir desde la pr�xima elecci�n de este Cuerpo; en lo relativo al nombramiento de Magistrados, que comenzar� a regir hasta que los actuales concluyan su per�odo; y en cuanto a los Alcaldes y Comisarios Judiciales, que continuar�n ejerciendo sus funciones conforme a las leyes hasta que termine el per�odo para el que fueron electos. Art�culo Segundo. El actual Poder Legislativo, durar� hasta el 31 de enero de 1919; el Ejecutivo hasta el 28 de febrero del mismo a�o; y el Judicial hasta el 31 de diciembre de 1918. Art�culo Tercero. El actual per�odo de sesiones continuar� con el car�cter de ordinario hasta que el Congreso tenga a bien clausurarlo. Dado en el Sal�n de sesiones del Congreso del Estado, a ocho de julio de mil novecientos diecisiete. Firmados: Presidente, M. Bouquet Jr., Diputado por el Primer Distrito.- Vice-Presidente, Carlos Galindo, Diputado por el 5o. Distrito.- V. L. Velarde, Diputado por el 4o. Distrito.- Ram�n Delgado, Diputado por el 6o. Distrito.- J. W. Torres, Diputado por el 7o. Distrito.- Tom�s Mor�n, Diputado por el 9o.- Distrito. Jes�s Camarena, Diputado por el 10o. Distrito.- Ambrosio Ulloa, Diputado por el 11o. Distrito.- Marcos Guzm�n, Diputado por el 12o. Distrito.- Fausto Ulloa, Diputado por el 13o. Distrito.- Pedro Alarc�n, Diputado por el 15o. Distrito.- Sebasti�n Allende, Diputado por el 16o. Distrito.- Secretario, J. Guadalupe Rubalcava, Diputado por el 3er. Distrito.- Secretario, Juli�n Villase�or Mej�a, Diputado por el 14o. Distrito. (Nota: En el texto original de la Constituci�n de 1917, aparece tambi�n la firma del Diputado Jorge Villase�or, por el 2�. Distrito.) Por lo tanto, mando se imprima, publique por bando solemne y circule. Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, Guadalajara, a los once d�as del mes de julio de mil novecientos diecisiete. M. M. Di�guez T. L�pez Linares Secretario de Gobierno ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NUMERO 15424 Primero. Este decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco, una vez aprobadas las reformas y adiciones a la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco por la mayor�a de los ayuntamientos. Segundo. Se derogan los art�culos del cuarto al s�ptimo transitorios y todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero. La LIV Legislatura del Congreso del Estado, se instalar� el catorce de marzo de mil novecientos noventa y cinco y los diputados que la integren durar�n en sus funciones, del d�a quince del mismo mes al treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y ocho. El primer per�odo ordinario de sesiones de la LIV Legislatura se iniciar� el quince de marzo de mil novecientos noventa y cinco, y concluir� a m�s tardar el treinta de abril del mismo a�o. Cuarto. El Gobernador del Estado que se elija para el pr�ximo per�odo constitucional, tomar� posesi�n de su cargo el primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco y durar� en �l hasta el d�a �ltimo de febrero del a�o dos mil uno. Corresponder� a la LIII Legislatura del Congreso del Estado calificar la elecci�n de Gobernador en el proceso electoral ordinario de mil novecientos noventa y cinco y tomar la protesta de ley al nuevo titular del Poder Ejecutivo, en el per�odo extraordinario que para tal efecto se convoque. Quinto. Los mun�cipes que se elijan para integrar la siguiente administraci�n de los ayuntamientos de la entidad, iniciar�n sus funciones el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco y durar�n en su encargo hasta el d�a treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Sexto.- Por esta �nica vez y ante el Congreso en sesi�n extraordinaria, a la cual deber� convocar la Diputaci�n Permanente para ese prop�sito el d�a veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cinco, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, rendir� su Sexto Informe de la Administraci�n P�blica, en los t�rminos de la fracci�n III del art�culo 50 de esta Constituci�n. S�ptimo. La Diputaci�n Permanente se integrar� conforme a lo dispuesto en el art�culo 36 de esta Constituci�n, a partir del receso del Congreso del Estado que se declare al clausurar el �ltimo per�odo ordinario de la LIII Legislatura. Octavo. Las disposiciones relativas a la permanencia de los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo establecidas en el art�culo 62 de esta Constituci�n, ser�n aplicables a partir de los siguientes nombramientos que se expidan. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO NUMERO 16541 Primero.- El Congreso deber� adecuar la Ley Electoral del Estado, as� como las dem�s disposiciones legislativas relativas a los procesos electorales que deriven del presente decreto, las cuales deber�n ser promulgadas y publicadas a m�s tardar el 30 de abril de 1997. Segundo.- El actual Consejo Electoral del Estado continuar� en sus funciones hasta el 30 de junio de 1997, fecha en la cual deber� estar integrado el que deba sustituirlo, que entrar� en funciones el primero de julio del presente a�o. Para los efectos de la distritaci�n que habr� de hacerse para las elecciones de 1997 y del 2000, el Consejo Electoral del Estado tomar� en cuenta los resultados arrojados por el conteo de poblaci�n y vivienda del a�o de 1995, realizado por el Instituto Nacional de Estad�stica, Geograf�a e Inform�tica. Tercero.- En cuanto quede debidamente conformado e instalado el Consejo General del Poder Judicial, en ejercicio de sus facultades, deber� abocarse de inmediato a elaborar la integraci�n de listas de candidatos para la elecci�n de magistrados y determinar la designaci�n de los jueces de primera instancia, menores y de paz. Una vez que se encuentre elaborada la lista de magistrados a elegirse, deber� de presentarla al Congreso del Estado, para que �ste lleve a cabo la elecci�n en los t�rminos de este decreto. Antes de que el Consejo General se aboque a lo se�alado en el primer p�rrafo en este art�culo, los magistrados y jueces podr�n solicitar su retiro voluntario de la funci�n jurisdiccional y, a quienes opten por este procedimiento, la Secretar�a de Finanzas del Estado deber� de entregarles de inmediato los haberes de retiro correspondientes en efectivo. Asimismo, quienes tengan derecho conforme a la ley para efectuar su jubilaci�n podr�n ejercerlo. Los magistrados que a la fecha de aprobaci�n del presente decreto gocen de inamovilidad conforme a los art�culos de la Constituci�n que este decreto reforma y que no opten por el procedimiento de retiro voluntario de la funci�n jurisdiccional en los t�rminos del p�rrafo segundo de este art�culo, se entender�n nombrados para un t�rmino de siete a�os al fin del cual podr�n ser o no ratificados. Aquellos magistrados que conforme al texto constitucional que se reforma, no gocen de inamovilidad, al t�rmino del per�odo por el cual fueron nombrados, podr�n ser ratificados para el primer per�odo de siete a�os, conforme a lo previsto en este decreto. Los servidores p�blicos del Poder Judicial que opten por la jubilaci�n o por el procedimiento previsto en el p�rrafo anterior, como consecuencia de la aplicaci�n del presente art�culo, seguir�n conservando en forma vitalicia los servicios m�dicos que regularmente proporciona el Tribunal a magistrados y jueces, pero estos no podr�n ingresar nuevamente al servicio judicial, con excepci�n de los puestos eminentemente administrativos o docentes dentro de la instituci�n. Cuarto.- Los actuales magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de lo Contencioso Electoral concluir�n sus funciones a la entrada en vigor del Decreto que contenga la Ley Org�nica del Poder Judicial del Estado y recibir�n una pensi�n igual a la que por derecho les corresponde. Independientemente de las reformas y adiciones propuestas en el presente Decreto, los magistrados citados en el p�rrafo anterior podr�n ser reelectos para ocupar el cargo de Magistrados en la integraci�n de los nuevos Tribunales; en caso de que lo fueren, se suspender� el derecho a que se refiere el primer p�rrafo del presente transitorio. Para el nombramiento y aprobaci�n de los primeros magistrados que integrar�n el Tribunal de lo Administrativo conforme a las reformas previstas en el presente decreto, se estar� a lo dispuesto en el decreto que contenga la Ley Org�nica del Poder Judicial, en el que se deber� establecer, por �nica ocasi�n; que el Gobernador del Estado, previa convocatoria que se haga a los colegios de abogados, a las facultades de derecho y a la sociedad en general, proponga ante el Congreso, la lista de los candidatos a ocupar dichos cargos. El Congreso del Estado, previa comparecencia de las personas propuestas, emitir� su resoluci�n dentro del improrrogable plazo de treinta d�as naturales. Quinto.- Los magistrados que integrar�n, por primera vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, deber�n ser nombrados a m�s tardar el 14 de julio y entrar�n en funciones el d�a 31 de julio, ambos de 1997. Sexto.- Para los efectos de los art�culos tercero, cuarto y quinto del presente decreto, el Congreso del Estado deber� expedir una Ley Org�nica antes del 14 de junio de 1997. S�ptimo.- Cuando la Constituci�n del Estado y las leyes se refieran al Registro Nacional de Ciudadanos, en tanto �ste no entre en operaci�n, se tomar� en cuenta el Padr�n Electoral. Octavo.- En tanto no entren en operaci�n la Procuradur�a Social y el organismo a que se refiere el art�culo 48 de la Constituci�n, las funciones que les corresponden conforme a este decreto y las leyes, continuar�n bajo la competencia de los �rganos e instituciones que actualmente las desarrollan. Noveno.- En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, las funciones que conforme al presente decreto sean competencia del Tribunal de lo Administrativo, seguir�n siendo ejercidas por los �rganos que hasta este momento las desempe�an, conforme a los procedimientos que actualmente establecen las leyes. D�cimo.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo continuar� en sus funciones en tanto no se integre el Tribunal de lo Administrativo. Los asuntos que en ese momento se encuentren pendientes de resoluci�n pasar�n a conocimiento de este �ltimo, el cual deber� dictar las resoluciones que correspondan, ajust�ndose a la legislaci�n vigente a la fecha en que esos procedimientos iniciaron. D�cimo Primero.- En el supuesto de que la LIV Legislatura del Congreso del Estado tuviera que ratificar la designaci�n de Procurador General de Justicia hecha por el Titular del Poder Ejecutivo en los t�rminos del art�culo 53 de la Constituci�n, para este �nico caso, el Congreso deber� ratificar tal designaci�n por voto de por lo menos dos terceras partes de los diputados presentes. D�cimo Segundo.- En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, las funciones que conforme al presente decreto sean competencia del Consejo General del Poder Judicial, seguir�n siendo ejercidas por los �rganos que hasta este momento las desempe�an, conforme a los procedimientos que actualmente establecen las leyes. D�cimo Tercero.- Para integrar por primera ocasi�n al Consejo General del Poder Judicial, en el decreto respectivo se establecer� la duraci�n que tendr� en el cargo cada uno de los consejeros, para los efectos de la sustituci�n escalonada a que se refiere el art�culo 64 de la Constituci�n. D�cimo Cuarto.- En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, las funciones que conforme al presente decreto sean competencia de los jueces municipales, seguir�n siendo ejercidas por los �rganos que hasta este momento las desempe�an, conforme a los procedimientos que actualmente establecen las leyes. D�cimo Quinto.- Este Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 18344 Primero.- La presente reforma entrar� en vigor 90 d�as despu�s de su publicaci�n en el peri�dico oficial �El Estado de Jalisco�. Segundo.- Los ayuntamientos deber�n adecuar sus reglamentos y disposiciones de car�cter general conforme a lo dispuesto en este decreto, a mas tardar en un a�o a partir de su entrada en vigor. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 19117 Primero. El presente decreto entrar� en vigor a d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco�. Segundo. Los magistrados al Tribunal Electoral deber�n ser nombrados a m�s tardar el d�a 22 de julio del a�o 2001. Una vez que hubieren tomado protesta los magistrados electorales, deber�n nombrar de inmediato al Presidente del Tribunal Electoral, integrar la Sala Permanente del Tribunal Electoral, constituir el Instituto de Investigaciones y Capacitaci�n Electoral y designar a los Directores de dicha Instituci�n. Tercero. El segundo p�rrafo del art�culo 78, de la Ley Org�nica del Poder Judicial, solo ser� aplicable a los magistrados electorales que se elijan con posterioridad a la publicaci�n del presente decreto. Cuarto. El segundo p�rrafo del art�culo 78, de la Ley Org�nica del Poder Judicial, solo ser� aplicable a los magistrados electorales que se elijan con posterioridad a la publicaci�n del presente decreto. Quinto. Se deber�n realizar las adecuaciones presupuestales necesarias de acuerdo con las leyes aplicables acorde a nueva estructura del Tribunal Electoral. Sexto. Rem�tase copia certificada del expediente que se integre con motivo de la presente iniciativa a los 124 Ayuntamientos de la Entidad para los efectos de lo dispuesto por el art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 19986 PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco�, aplic�ndose lo dispuesto en los siguientes art�culos transitorios. SEGUNDO.- Se abrogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto. TERCERO. La revisi�n de la cuenta p�blica, que incluye el informe de avance de gesti�n financiera, conforme a las disposiciones de este Decreto, se efectuar� a partir de la cuenta p�blica del a�o 2004. Las revisiones de las cuentas p�blicas de los a�os 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 se efectuar�n conforme a las disposiciones vigentes en dichos ejercicios. CUARTO. En todas las disposiciones legales o administrativas; resoluciones, contratos, convenios o actos expedidos o celebrados con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, en que se haga referencia a la Contadur�a Mayor de Hacienda, se entender�n referidos a la Auditor�a Superior del Estado; igualmente, cuando se haga referencia al Contador Mayor, se entender� referido al Auditor Superior. QUINTO. Los asuntos que se encuentren en tr�mite o en proceso en la Contadur�a Mayor de Hacienda al entrar en vigor el presente Decreto, continuar�n tramit�ndose, por la Auditor�a Superior del Estado en los t�rminos de las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del presente Decreto. SEXTO. La adici�n del p�rrafo octavo del art�culo 33 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, s�lo ser� aplicable a los decretos que se expidan con posterioridad a la entrada en vigor de este Decreto. S�PTIMO. Por �nica (sic) y excepcionalmente, el Contador Mayor de Hacienda que se encuentre en funciones a la entrada en vigor de la presente reforma, durar� en su cargo en la calidad de Auditor Superior del Estado hasta el 31 de julio de 2004. OCTAVO. Rem�tase �ntegramente copia certificado (sic) del expediente que se integre con motivo de la presente iniciativa a los 124 ayuntamientos del estado, para los efectos de lo dispuesto por el art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 20035 PRIMERO.- El presente decreto entrar� en vigor el 1�. de enero del a�o 2004, previa su publicaci�n en el peri�dico oficial �El Estado de Jalisco�. SEGUNDO.- Previo a la entrada en vigor del presente decreto, el Estado y los municipios deber�n realizar las modificaciones legales y reglamentarias, seg�n sea el caso, para el fin de promover el debido cumplimiento del presente decreto, as� como incluir en sus respectivos presupuestos a partir del a�o 2004, una partida para hacer frente a su responsabilidad patrimonial. TERCERO.- De conformidad con el art�culo 118 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, rem�tase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgaci�n. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 20256 PRIMERO.- Rem�tase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgaci�n de conformidad a lo establecido por el art�culo 118 de la Constituci�n Pol�tica del estado de Jalisco. SEGUNDO.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco�. TERCERO.- Con el objetivo de dar conocimiento de estas reformas a las comunidades ind�genas, el titular del Poder Ejecutivo Estatal dispondr� que el texto �ntegro de este decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos ind�genas radicados en el Estado, al igual que se establezcan los mecanismos para su plena difusi�n. CUARTO.- Los Poderes del Estado y sus ayuntamientos, deber�n realizar las adecuaciones necesarias a las leyes y reglamentos para el cumplimiento de lo establecido en el presente decreto. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 20138 PRIMERO.- Env�ese el presente decreto que contiene reformas a la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, junto con los debates que hubiere provocado, a los ayuntamientos del Estado, para los efectos del art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco. SEGUNDO.- El presente decreto que contiene reformas a la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco�. TERCERO.- Lo dispuesto en el art�culo 59, con relaci�n a la prohibici�n para ser electo Magistrado a los que hayan sido vicepresidentes municipales, seguir� aplicando durante el a�o siguiente al t�rmino de las administraciones municipales del actual periodo Constitucional 2000-2003. CUARTO.- La prohibici�n contenida en el art�culo 59, con relaci�n a los s�ndicos, no aplicar� para los s�ndicos que se desempe�en en el actual periodo Constitucional 2000-2003. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 20905 PRIMERO. El presente decreto que contiene reformas a la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco�. SEGUNDO. La presente reforma constitucional deja a salvo los derechos de los actuales consejeros para presentarse como candidatos a integrar el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 21456 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco�. SEGUNDO. Los consejeros designados con anterioridad al presente decreto terminar�n su encargo, de conformidad a las normas con las que fueron electos. TERCERO.- Las reformas al art�culo 56 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, contenidas en el Art�culo �nico del presente decreto, aplicar�n en beneficio del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia electo para el periodo en vigencia. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 21857 PRIMERO.- Notif�quese a los municipios de Jalisco sobre la propuesta de reforma constitucional, para los efectos legales correspondientes. SEGUNDO.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 21928 PRIMERO.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. SEGUNDO.- Notif�quese a los ayuntamientos del estado de Jalisco para que manifiesten su aprobaci�n, en los t�rminos se�alados por el art�culo 117 de la Constituci�n local. TERCERO.- Todos los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, sean numerarios o supernumerarios, continuar�n en el desempe�o de su encargo por el plazo que para cada uno corresponda de acuerdo a su nombramiento y a las normas establecidas en la propia Constituci�n, con la calidad de magistrados propietarios y en igualdad de derechos y condiciones. CUARTO.- Los actuales magistrados del Supremo Tribunal de Justicia recibir�n el haber por retiro a que se refiere el art�culo 61 de la Constituci�n Pol�tica del estado de Jalisco y dem�s disposiciones legales aplicables. ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 22112 PRIMERO.- El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. SEGUNDO.- Notif�quese a los ayuntamientos del estado de Jalisco, para que manifiesten su aprobaci�n en los t�rminos se�alados por el art�culo 117 de la Constituci�n local. TERCERO. Se derogan todas las normas y disposiciones que se opongan al presente decreto. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 22222 Primero. Env�ese a los ayuntamientos del estado la reforma a la Constituci�n Pol�tica del estado de Jalisco en sus art�culos 15 fracci�n VI, 35 fracciones IV, XXIV, XXV y XXXV y 89 primer p�rrafo, y su adici�n de un art�culo 35-Bis, y el Diario de los Debates, y de resultar que la mayor�a de los ayuntamientos la aprueban, h�gase la declaratoria de que la reforma propuesta forma parte de la Constituci�n Pol�tica del estado de Jalisco, en los t�rminos del art�culo 117 del ordenamiento antes indicado. Segundo. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco, previa declaratoria a la que se refiere el art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica. Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Cuarto. El actual Auditor Superior del Estado durar� en el cargo hasta el 31 de julio de 2008, al t�rmino del cual podr� ser nuevamente designado, para lo cual deber�n observarse los requisitos y procedimientos establecidos en los art�culos 29, 30 y 31 de la Ley de Fiscalizaci�n y Auditor�a P�blica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Quinto. En caso de no haber designaci�n de Auditor Superior del Estado al d�a 1� de agosto de 2008, el actual titular continuar� en el cargo en tanto no sea electo uno nuevo o no sea aprobado el actual conforme a los procedimientos establecidos en la ley. Sexto. Una vez que el Congreso de la Uni�n expida las normas a que se refiere el art�culo 73, fracci�n XXVIII de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier disposici�n constitucional estatal o reglamentaria de la misma se entender� derogada al momento de la entrada en vigor de la legislaci�n federal. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 22228 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. SEGUNDO. Para los efectos del art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica del estado de Jalisco, rem�tase a los 125 ayuntamientos del estado, con los debates que hubiere provocado, a efecto de que remitan a esta Legislatura su voto en calidad de integrantes del poder revisor de la Constituci�n local. TERCERO. Para los efectos de lo establecido en la fracci�n V del art�culo 12 de la Constituci�n local, en un plazo no mayor a treinta d�as naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso del Estado proceder� a integrar el Consejo General del Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del estado de Jalisco, conforme a las siguientes bases: Elegir� al Consejero Presidente, cuyo mandato concluir� el 31 de julio de 2011; Elegir� a tres consejeros electorales, que concluir�n su mandato el 31 de julio de 2011; y Elegir� a tres consejeros electorales que concluir�n su mandato el 31 de julio de 2010. Los consejeros electorales y el Consejero Presidente del Instituto Electoral del estado de Jalisco en funciones a la entrada en vigor del presente decreto, podr�n participar en el procedimiento para la integraci�n del nuevo Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del estado de Jalisco, en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, y en su caso, continuar�n en sus cargos hasta en tanto el Congreso del Estado d� cumplimiento a lo dispuesto en el presente art�culo. Los consejeros en funciones que opten por no participar en el proceso de integraci�n del nuevo organismo, o que participando, no sean electos mediante el procedimiento que realice el Poder Legislativo, percibir�n por concepto de indemnizaci�n la cantidad equivalente a los sueldos que hubieren devengado de haber terminado el periodo para el que fueron electos. CUARTO. El Instituto Electoral deber� elaborar, conforme a las bases que establece esta Constituci�n, el c�lculo de financiamiento p�blico que corresponde a los partidos pol�ticos para los meses de julio a diciembre de 2008. Para estos efectos, se tomar� como base el total de ciudadanos inscritos en el Padr�n Electoral en el estado de Jalisco, con corte al mes de diciembre de 2007. QUINTO. Por �nica vez el Instituto Electoral deber� establecer, conforme a las bases legales que se expidan, tope de gastos de campa�a para gobernador del estado en el a�o 2008, s�lo para efecto de determinar el monto total de financiamiento privado que podr� obtener anualmente cada partido pol�tico. SEXTO. Para los efectos de la toma de posesi�n de los cargos de elecci�n popular, se estar� conforme a las siguientes bases: a) Los mun�cipes electos en el proceso 2009, entrar�n en funciones el primero de enero de 2010 y concluir�n su encargo el 30 de septiembre de 2012; b) Los diputados electos en el proceso 2009, entrar�n en funciones el primero de febrero de 2010 y concluir�n su encargo el d�a 31 de octubre de 2012; y c) El gobernador electo en el proceso de 2012, entrar� en funciones el primero de marzo de 2013 y concluir� su encargo el d�a 5 de diciembre de 2018. S�PTIMO. El Congreso del Estado deber� realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes respectivas, dentro de los treinta d�as naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. NOVENO. El Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del estado de Jalisco deber� realizar una evaluaci�n de la distribuci�n de distritos locales, con base en el censo general de poblaci�n que se realice en el a�o 2010. D�CIMO. El proceso electoral 2009, iniciar� con la convocatoria que apruebe y publique el Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del estado de Jalisco, en la primera semana de diciembre de 2008. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 22224 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. SEGUNDO. Notif�quese a los municipios del estado de Jalisco sobre la propuesta de reforma constitucional, para los efectos legales correspondientes. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO N�MERO 24394/LX/13 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor el primero de marzo de dos mil trece, previa su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. SEGUNDO. Durante el tiempo que dure el procedimiento de ratificaci�n del Fiscal General, el Gobernador del Estado designar� libre y directamente a quien deba encargarse del despacho de la Fiscal�a General del Estado; la persona designada deber� cumplir los requisitos constitucionales para ser magistrado y acreditar, previo a su designaci�n, los ex�menes de control de confianza, de conformidad con la ley. TERCERO. En el proceso de creaci�n e instalaci�n de la Fiscal�a General del Estado ser�n respetados los derechos laborales de los servidores p�blicos y trabajadores, en los t�rminos de ley. De igual forma ser�n respetados los derechos de los ministerios p�blicos, secretarios y actuarios del Ministerio P�blico; los peritos y los elementos operativos de las instituciones policiales se regir�n por la fracci�n XIII del apartado B del art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad P�blica y dem�s disposiciones legales aplicables. CUARTO. No podr� ser Magistrado del Poder Judicial del Estado quien hubiere ocupado el cargo de Procurador General de Justicia del Estado durante el a�o previo a la designaci�n, en t�rminos del p�rrafo tercero de la fracci�n III del art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULOS TRANSITORIO DEL DECRETO 24859/LX/14 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco, con excepci�n de lo establecido en los art�culos siguientes. SEGUNDO. Las disposiciones relativas al sistema de justicia adversarial entrar�n en vigor una vez que se publique en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco� la declaratoria de incorporaci�n prevista en el art�culo segundo transitorio de la reforma a la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n el 18 de junio de 2008. TERCERO. Los tres Poderes del Estado y los gobiernos municipales realizar�n las acciones necesarias para aplicar el sistema acusatorio antes del 18 de junio de 2016 en todo el territorio del Estado de Jalisco. CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. QUINTO. De conformidad con el art�culo 118 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, rem�tase el presente decreto al Titular del Poder Ejecutivo para su promulgaci�n. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24904/LX/14 PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor el d�a de su publicaci�n en el peri�dico oficial �El Estado de Jalisco.� SEGUNDO. La reelecci�n de diputados y mun�cipes aplicar� para los electos en la jornada electoral del a�o 2015. TERCERO. Por �nica ocasi�n la jornada electoral del 2018 tendr� lugar el primer domingo de julio de ese a�o. CUARTO. El personal y recursos materiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado pasar�n �ntegramente al Tribunal Electoral a que se refiere el presente Decreto. Los derechos laborales del personal ser�n respetados. QUINTO. El Tribunal Electoral del Estado elaborar� independientemente y entregar� directamente al Poder Ejecutivo del Estado su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del a�o 2015, en la forma y t�rminos que establezca la ley. SEXTO. Se autoriza a la Secretar�a de Planeaci�n, Administraci�n y Finanzas a realizar las gestiones y adecuaciones administrativas y presupuestarias necesarias, derivadas del presente decreto, y deber� informar de las mismas al Congreso del Estado. S�PTIMO. El Titular del Poder Ejecutivo deber� enviar al Congreso del Estado la terna para designar al Fiscal Especial en materia de Delitos Electorales dentro de los sesenta d�as siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. OCTAVO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 24891/LX/14 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. SEGUNDO. El Congreso del Estado deber� expedir la legislaci�n secundaria dentro del plazo de un a�o contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25437/LXI/15 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. SEGUNDO. Los actuales consejeros del Instituto de Transparencia e Informaci�n P�blica de Jalisco concluir�n el periodo para el que fueron electos y podr�n ser electos para un nuevo periodo de conformidad con el p�rrafo siguiente. El Comisionado Presidente electo durar� en el cargo cinco a�os; un comisionado ser� electo por un periodo de cinco a�os y, por �nica ocasi�n, se nombrar� un comisionado por un periodo de cuatro a�os. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25795/LXI/16 PRIMERO. Este decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco�. SEGUNDO: Las remuneraciones de los servidores p�blicos que al momento de la entrada en vigor del presente decreto se encuentren en contravenci�n con el art�culo 111, p�rrafo segundo, fracciones I y II de esta Constituci�n, no podr�n ser disminuidas, pero permanecer�n sin variaciones o incrementos nominales las anualidades que sean necesarias, a fin de ajustarse a los principios, lineamientos y bases establecidos en el presente decreto. Esta regla se aplicar� solo durante la vigencia del nombramiento que los servidores estuvieran desempe�ando a la entrada en vigor de este decreto, cuando otro nombramiento otorgado de manera posterior, deber� sujetarse a lo establecido por esta Constituci�n. TERCERO. El Congreso y los ayuntamientos del Estado, en sus respectivos �mbitos competenciales y dentro de los ciento ochenta d�as naturales siguientes a su entrada en vigor, expedir�n y adecuar�n la legislaci�n y normatividad, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto, incluyendo las normas que especifiquen, tipifiquen y sancionen las conductas que contravengan o eludan las obligaciones que establece esta reforma constitucional. CUARTO. El Congreso del Estado y los ayuntamientos aprobar�n en los presupuestos de egresos, las remuneraciones de los servidores p�blicos, ajustadas conforme a lo se�alado en el art�culo 111. De igual forma presupuestar�n las remuneraciones de aquellos servidores p�blicos que se encuentren en el supuesto del art�culo segundo transitorio, a efecto de garantizar la no retroactividad de esta reforma durante la vigencia de su nombramiento. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25833/LXI/16 PRIMERO.- El Presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial �El Estado de Jalisco�. SEGUNDO.- El Congreso del Estado deber� hacer las modificaciones a la legislaci�n estatal secundaria dentro de los treinta d�as contados a partir de la publicaci�n del presente decreto. TERCERO. Se deroga todo lo que se contravenga al presente decreto. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25839/LXI/16 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. SEGUNDO. Para el caso de los cr�ditos vigentes otorgados por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, o cualquier otra instituci�n estatal o municipal que otorgue cr�ditos para la vivienda, cuyos montos se actualicen con base al salario m�nimo, estos continuar�n actualiz�ndose bajo los t�rminos y condiciones que hayan sido estipulados. Sin perjuicio de lo se�alado en el p�rrafo anterior, en el evento de que el salario m�nimo se incremente por encima de la inflaci�n, la referida instituci�n no podr� actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de cr�ditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualizaci�n durante el mismo a�o. El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, o cualquier otra instituci�n estatal o municipal que otorgue cr�ditos para la vivienda, tendr� el plazo a que hace referencia el art�culo sexto transitorio del decreto constitucional federal, en materia de desindexaci�n del salario, para seguir otorgando cr�ditos a la vivienda a que se referencie o actualicen con base al salario m�nimo. En el evento de que el salario m�nimo se incremente por encima de la inflaci�n, las citadas instituciones no podr�n actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de cr�ditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualizaci�n durante el mismo a�o. TERCERO. Las autoridades estatales y municipales que para el cumplimiento de sus atribuciones utilicen formatos que hagan referencia a salarios m�nimos como unidad o referencia para determinar la cuant�a de las obligaciones o supuestos previstos en las leyes, podr�n seguir usando dichos formatos, en cuyo caso se entender� hecha la citaci�n a la Unidad de Medida y Actualizaci�n. Dichas autoridades deber�n tomar las medidas necesarias para que los formatos que generen a partir del inicio de vigencia de este decreto hagan referencia a la Unidad de Medida y Actualizaci�n. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25859/LXI/16 PRIMERO. Env�ese lo conducente del presente decreto, junto con los debates que hubiere provocado, a los ayuntamientos del Estado, para los efectos del art�culo 117 de nuestra constituci�n local. SEGUNDO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial El Estado de Jalisco. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25865/LXI/16 PRIMERO. Env�ese lo conducente del presente decreto, junto con los debates que hubiere provocado, a los ayuntamientos del Estado, para los efectos del art�culo 117 de nuestra Constituci�n Local. SEGUNDO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial �El Estado de Jalisco�. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25886/LXI/16 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial �El Estado de Jalisco�. SEGUNDO. Derogado. TERCERO. El Congreso del Estado deber� expedir y armonizar la legislaci�n secundaria al presente decreto en materia anticorrupci�n a m�s tardar el 18 de julio de 2017. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 25911/LXI/16 PRIMERO. Env�ese el presente decreto que contiene reformas a la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, para los efectos del art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco. SEGUNDO. El presente decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial �El Estado de Jalisco�. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 26373/LXI/16 PRIMERO. El presente decreto entrar� en vigor el d�a siguiente de su publicaci�n en el peri�dico oficial �El Estado de Jalisco� salvo por lo dispuesto en el art�culo siguiente. SEGUNDO: La reforma al art�culo 13, fracci�n IV, de la Constituci�n Pol�tica del Estado entrar� en vigor en julio de 2018. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 26408/LXI/17 PRIMERO. El presente Decreto entrar� en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el Peri�dico Oficial "El Estado de Jalisco" sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. SEGUNDO. El Congreso del Estado deber� expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a m�s tardar el 14 de septiembre de 2017 de conformidad con lo previsto en el presente Decreto. Asimismo se deber� de expedir la ley de responsabilidad ambiental en un t�rmino de 180 d�as a partir de la entrada en vigor del presente decreto. El Congreso del Estado, deber� emitir las convocatorias y proveer lo necesario, conforme a sus atribuciones, para que antes del 15 de diciembre de 2017 se encuentren nombradas las personas que ocupar�n los cargos p�blicos creados conforme al presente Decreto. El Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco y los �rganos que esta Constituci�n ha creado para su implementaci�n y desempe�o, deber�n estar funcionando a m�s tardar el primero de enero de 2018. TERCERO. La reforma a los art�culos 35 fracciones XVIII y XXXVI y 53 iniciar� su vigencia en la misma fecha en que cobren vigencia las reformas a la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo y a la Ley Org�nica de la Fiscal�a General, ambas del Estado de Jalisco, necesarias para la implementaci�n del presente, previa su publicaci�n en el Peri�dico Oficial "El Estado de Jalisco". Quien al momento de la entrada en vigor de este Decreto ocupe la titularidad de la Fiscal�a General continuar� en el cargo sujeto a la posible remoci�n directa por parte del Ejecutivo del Estado, en cuyo caso la designaci�n del nuevo Fiscal General se realizar� conforme a las disposiciones de esta reforma, sin que dicho interinato impida que pueda ser postulado para el cargo definitivo. En el proceso de transici�n de la Fiscal�a General del Estado como dependencia del Ejecutivo del Estado a organismo constitucional aut�nomo a que se refiere este Decreto, ser�n respetados los derechos laborales as� como los derivados de la relaci�n jur�dica administrativa del personal de la Fiscal�a General del Estado, en los t�rminos de ley. En tanto se elige al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n, el Fiscal Central ser� el facultado para substanciar los procesos de investigaci�n relacionado por posibles hechos de corrupci�n. Con el objeto de que el periodo de renovaci�n del cargo de Fiscal General y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n no coincidan y puedan escalonarse, por �nica ocasi�n, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n durar� en su cargo ocho a�os. Para la elecci�n del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupci�n, el Congreso del Estado emitir� una convocatoria p�blica abierta a la sociedad. CUARTO. En tanto se adecua la legislaci�n secundaria en materia de responsabilidades administrativas y se designan a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, encargados de resolver los asuntos en esta materia, las salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa tendr�n las competencias que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la resoluci�n de juicios y recursos, a la que corresponder� conocer como primer instancia jurisdiccional; a su vez, el Pleno del Tribunal ser� competente para conocer de los recursos en contra de las resoluciones de las salas unitarias como segunda instancia jurisdiccional. Las referencias que hagan otras leyes y reglamentos al Tribunal de lo Administrativo, se entender�n hechas al Tribunal de Justicia Administrativa. Para la elecci�n de los tres magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, se emitir� la convocatoria respectiva. Los magistrados que resulten electos para integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, ser�n electos por �nica ocasi�n de manera escalonada en los siguientes t�rminos: Un primer magistrado durar� en su cargo un periodo de cinco a�os, Un segundo magistrado durar� en su cargo un periodo de seis a�os y Un tercer magistrado durar� en su cargo un periodo de siete a�os. QUINTO. En tanto se adecua la legislaci�n local en materia de responsabilidades administrativas, la Auditor�a Superior del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, estar� a lo dispuesto por lo establecido por la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En tanto se expida la ley estatal en materia de fiscalizaci�n superior, la revisi�n y los procedimientos de fiscalizaci�n de la cuenta p�blica se llevar�n conforme a lo dispuesto por la legislaci�n vigente al momento de presentar la cuenta p�blica. SEXTO. En tanto se nombran a los titulares de los �rganos internos de control, asumir�n sus competencias quienes hayan venido ejerciendo las atribuciones de los �rganos de control disciplinario, contralor�as o cualquier otro ente con funciones an�logas cualquiera que sea su denominaci�n. S�PTIMO. El Congreso del Estado deber� elegir a los titulares de los �rganos internos de control de los organismos constitucionales aut�nomos, conforme lo prev� la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, una vez que realice la expedici�n o armonizaci�n legislativa correspondiente. El titular del �rgano de control interno del Instituto Electoral y de Participaci�n Ciudadana del Estado de Jalisco que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuar� en su encargo en los t�rminos en los que fue nombrado. OCTAVO. Los Comit�s Coordinador y de Participaci�n Social del Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco deber�n ser designados conforme a la ley que regule el Sistema Anticorrupci�n del Estado de Jalisco. Por �nica ocasi�n y con el prop�sito de lograr el escalonamiento en el nombramiento de los integrantes del Comit� de Participaci�n Social, la Comisi�n de Selecci�n nombrar� a los integrantes del Comit� de Participaci�n Social, en los t�rminos siguientes: Un integrante que durar� en su encargo un a�o, a qui�n corresponder� la representaci�n del Comit� de Participaci�n Social ante el Comit� Coordinador, Un integrante que durar� en su encargo dos a�os, Un integrante que durar� en su encargo tres a�os, Un integrante que durar� en su encargo cuatro a�os, y Un integrante que durar� en su encargo cinco a�os. NOVENO. El Poder Ejecutivo del Estado, deber� presentar ante el Congreso del Estado la iniciativa de decreto que contenga las adecuaciones presupuestales y administrativas del ejercicio fiscal en curso que resulten necesarias para la implementaci�n de este Decreto y del Sistema Estatal Anticorrupci�n en t�rminos de las disposiciones aplicables, en un plazo menor a ciento veinte d�as posteriores a su entrada en vigor; sin perjuicio de incluir en la iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del a�o 2018 las previsiones presupuestales necesarias para la implementaci�n completa de esta reforma. D�CIMO. Los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas continuar�n desahog�ndose y ser�n concluidos conforme a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores P�blicos del Estado de Jalisco. ART�CULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO 26486/LXI/17 �NICO. El presente decreto entrar� en vigor el d�a 2 de febrero de 2018, previa su publicaci�n en el peri�dico oficial �El Estado de Jalisco�. TABLA DE REFORMAS Y ADICIONES DECRETO N�MERO 2175. Se reforman los art�culos 13, 14, 19, 25 fracci�n II, 35 fracciones II y III, 42, 50, 51 y 66; se adiciona la fracci�n IV del art�culo 25 y se suprime la fracci�n X del art�culo 35, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 16 de septiembre 1922. DECRETO N�MERO 2420. Se reforma el art�culo 8, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 26 de septiembre de 1924. DECRETO N�MERO 2988. Se reforman los art�culos 8, 20 y 35, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 19 de febrero de 1927. DECRETO N�MERO 3494. Se reforma el art�culo 9, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 27 de septiembre de 1928. DECRETO N�MERO 3683. Se reforman los art�culos 13 y 35, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 27 de junio de 1931. DECRETO N�MERO 3737. Se reforman los art�culos 8, 9, 12, 14, 23 fracci�n XII, 25 fracci�n IV, 31 y 35 fracciones V y IX, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 27 de octubre de 1932. DECRETO N�MERO 3984. Se reforma el art�culo 42, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 21 de marzo de 1935. DECRETO N�MERO 4522. Se reforman los art�culos 23 fracciones VIII, IX y XII, 29, 31, 37, 40 y 42, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 25 de marzo de 1939. DECRETO N�MERO 5218. Se reforma el art�culo 28 (per�odo de gobierno de 6 a�os), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 18 de febrero de 1947. DECRETO N�MERO 5342. Se reforman los art�culos 8, 37 y 42, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 6 de abril de 1948. DECRETO N�MERO 5373. Se reforman los art�culos 4 fracci�n III, 8 y 37, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 25 de septiembre de 1948. DECRETO N�MERO 5375. Se declara que las reformas a los art�culos 4 fracci�n III, 8 y 37 aprobadas por decreto 5373 forman parte de la Constituci�n, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 25 de septiembre de 1948. DECRETO N�MERO 5505. Se reforma el art�culo 31, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 2 de marzo de 1950. DECRETO N�MERO 5525. Se declara que las reformas al art�culo 31 aprobadas por decreto 5505 forman parte de la Constituci�n, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 7 de marzo 1950. DECRETO N�MERO 5965. Se reforma el art�culo 4 fracci�n III (voto a la mujer), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 6 de noviembre de 1954. DECRETO N�MERO 6005. Se declara que las reformas y adiciones al art�culo 4 fracci�n III aprobadas por decreto 5965 forman parte de la Constituci�n, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 30 de diciembre de 1954. DECRETO N�MERO 7590. Se reforman los art�culos 9, 12 y 23 fracci�n X, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 18 de abril de 1961. DECRETO N�MERO 8131. Se reforma el art�culo 35 adicionando la fracci�n XVII, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 15 de febrero de 1966. DECRETO N�MERO 8377. Se reforma y adiciona el art�culo 25, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 2 de abril de 1968. DECRETO N�MERO 8720. Se reforman los art�culos 13 y 66, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 28 de agosto de 1971. DECRETO NUMERO 8762. Se reforma el art�culo 38, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 18 de enero de 1972. DECRETO N�MERO 8834. Se reforman y adicionan los art�culos 9,10 fracci�n II (edad diputados 21 a�os), 23 fracci�n I, 25 fracciones II y VIII, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 5 de agosto de 1972. DECRETO N�MERO 8890. Se declara que forman parte de la Constituci�n las reformas y adiciones a los art�culos 9, 10 fracci�n II, 23 fracci�n I, 25 fracciones II y VIII, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 7 de noviembre de 1972. DECRETO N�MERO 9780. Se reforman y adicionan los art�culos 9, 21 y 37 (reforma pol�tica), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 24 de octubre de 1978. DECRETO N�MERO 9822.Se modifica el art�culo 13 (fecha del informe el primer s�bado de febrero), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 2 de enero de 1979. DECRETO N�MERO 9993. Se reforma el art�culo 55 (responsabilidad por delitos 4 a�os), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 31 de mayo de 1979. DECRETO N�MERO 10982. Se adiciona la fracci�n V del art�culo 4 (arresto por 48 horas), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 29 de julio de 1982. DECRETO N�MERO 11246. Se reforma el t�tulo tercero en su art�culo 23 fracciones XII y VIII; t�tulo cuarto en sus art�culos 32 y 35 fracciones IX y XVI y t�tulo s�ptimo en sus art�culos 47 al 57, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 5 de julio de 1983. DECRETO N�MERO 11247. Se reforma el t�tulo quinto en sus art�culos 36, 37 y 38, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 7 de julio 1983. DECRETO N�MERO 11249. Se reforman los art�culos 23 fracciones IV, VIII, XI y XII, los art�culos 39, 40, 42 p�rrafos primero y sexto, 43, 44, 45, 46, 61, 62, 63, 64 y 65 (tribunales de Arbitraje y Contencioso), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 9 de julio de 1983. DECRETO N�MERO 11604. Se reforma el art�culo 4 fracci�n V (arresto 36 horas), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 15 de noviembre de 1984. DECRETO N�MERO 12788. Se reforman y adicionan los art�culos 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 28, 30 y 36 y se agrega los transitorios cuarto, quinto y sexto, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 17 de octubre de 1987. DECRETO N�MERO 12943. Se modifican los art�culos 34, 39, 40 fracciones II y IX, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 58 y adiciona la fracci�n IX del art�culo 40. (Inamovilidad del Poder Judicial), publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 12 de diciembre de 1987. DECRETO N�MERO 13561. Se adiciona un segundo p�rrafo al art�culo cuarto transitorio y se reforma y adiciona el art�culo quinto transitorio, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 19 de enero de 1989. DECRETO N�MERO 13587. Se reforma el art�culo 24, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 10 de octubre de 1989. DECRETO N�MERO 13749. Se reforman los art�culos 13 y cuarto transitorio segundo p�rrafo, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 2 de enero de 1990. DECRETO N�MERO 14241. Se reforman y adicionan los art�culos 2, 4 fracs. VI y VII, 8, 23 frac. VIII y 36, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 20 de agosto de 1991. Secci�n II. FE DE ERRATAS AL DECRETO 14241. 17 de septiembre de 1991. DECRETO N�MERO 14373. Se modifica el art�culo 29 p�rrafo segundo y se adicionan los art�culos 35 fracci�n III y los transitorios quinto segundo p�rrafo y s�ptimo, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 2 de enero de 1992. DECRETO NUMERO 14374. Se reforma y adiciona los art�culos 9 fracci�n I, 12, 17 p�rrafo segundo, 23 fracciones VII y XVI, 35 fracci�n IV, 40 primer p�rrafo y 49 primer p�rrafo, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 2 de enero de 1992. DECRETO N�MERO 15028.- Modifica la denominaci�n del Cap�tulo tercero del T�tulo primero y reforma y adiciona los arts. 4, 23 frac. XXIV, 25 frac. VIII, 49 y 50 de la Constituci�n Pol�tica del Estado. (Derechos Humanos).-Ene.28 de 1993. Sec. II. DECRETO N�MERO 15030.- Reforma la frac. III del art�culo 23, adiciona el art�culo 39, reforma el art�culo 40 frac. VII y adiciona la frac. X al art�culo 43. (Poder Judicial).-Jun.5 de 1993. Sec. II. DECRETO N�MERO 15424. Se reforman los art�culos del 1 al 67, y se adicionan los art�culos 68 al 112, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco del d�a 13 de julio de 1994. DECRETO N�MERO 16541.- Se reforman los arts. 8 frac. I; 11, 12 primer p�rrafo y las fracs. I, II y III; 13 fracs. II, III, IV y V; 18 p�rrafos primero y segundo; 19, 20 primer p�rrafo; 21 fracs. IV, V, VI, VII y VIII; 25, 26, 28 primer p�rrafo; 30, 33 p�rrafos tercero y sexto; 34 primer p�rrafo; 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112 y los Cap�tulos III del T�tulo Segundo; III y IV del T�tulo Octavo; se adicionan las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y X del art�culo 12; el segundo p�rrafo del Art�culo 13; el p�rrafo tercero del art�culo 18; el segundo p�rrafo del art�culo 19; las fracs. I, II, III, IV y V del art�culo 20; la frac. V del art�culo 28; s�ptimo, octavo y noveno p�rrafos del art�culo 33; las fracs. I y II y p�rrafos segundo, tercero y cuarto del art�culo 34; del art�culo 35, las fracs. VII, VIII, IX y X por lo que se recorren en su orden las VII, X, XI y XII, para quedar como XI, XII, XIII y XIV; los arts. 113, 114, 115, 116, 117, 118 y 119; se deroga el Cap�tulo IV del T�tulo Cuarto, denominado De la Diputaci�n Permanente, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco, el d�a 28 de abril de 1997. Edici�n especial. No.38-A. FE DE ERRATAS AL DECRETO 16541. 29 de abril de 1997. Sec. III. DECRETO N�MERO 17526.-Adiciona un segundo p�rrafo al art�culo 28 fracci�n I de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, publicado en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco, el d�a 14 de enero de 1999. Sec. II. ACUERDO N�MERO 236/98.- Declara aprobada la adici�n de un segundo p�rrafo a la fracci�n I del art�culo 28 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Aprobado Dic.29 de 1998. DECRETO N�MERO 17833.-Se adiciona la fracci�n IX al art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Jun.15 de 1999. Sec. II. ACUERDO N�MERO 398/99.-Declara aprobada la adici�n de la fracci�n IX al art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, aprobada mediante decreto n�mero 17833.-Jun.15 de 1999. Sec. II. DECRETO N�MERO 17907.- Se reforma el art�culo 74 en su fracci�n II.- Abr. 1�.de 2000. Sec. II. DECRETO N�MERO 17990.- Se reforma el art�culo 15 fracciones III, IV, V y VI y se adiciona una fracci�n VII al propio art�culo.- Abr.1�.de 2000. Sec. II. DECRETO N�MERO 18039.- Se reforma y adiciona el art�culo 108.- May.30 de 2000. Sec. IV. DECRETO N�MERO 18211.- Se reforma el art�culo 65 primer p�rrafo.- May.30 de 2000. Sec. IV. DECRETO N�MERO 18228.- Se reforma la frac. I del art�culo 97.- May.30 de 2000. Sec. IV. DECRETO N�MERO 18255.- Se reforma el art�culo 25 primer p�rrafo.- May.30 de 2000. Sec. IV. DECRETO N�MERO 18267.- Se adiciona la frac. VIII al art�culo 15.-Ago.1�.de 2000. Sec. IV. DECRETO N�MERO 18344.- Se reforman los art�culos 13 frac. IV, 35 fracs. IV, V y XI, 50, 70 frac. I, 73 fracs. I, II, III y IV, 74, 76 segundo p�rrafo, 77, 79 fracs. I, III, VIII y IX, 80 frac. III, 81 primer y segundo p�rrafos, 84 frac. II, 86 segundo y tercer p�rrafos, 89 primer y segundo p�rrafos, 93, 97 frac. I, y 111; se adicionan las fracs. VIII y IX al art�culo 80, un tercer p�rrafo al art�culo 81, un cuarto p�rrafo al art�culo 86, y un tercer y cuarto p�rrafo al art�culo 89, un segundo p�rrafo al art�culo 100; y se deroga la frac. III del art�culo 85.-Dic.19 de 2000. Sec. II. ACUERDO ECON�MICO N�MERO 778/00.-Se declara aprobada, conforme al art�culo 117 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, la minuta de Proyecto de Decreto n�mero 18344, por la cual se reforman los arts. 13, 35, 50, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 86, 89, 97 y 100; adiciona el art�culo 74, las fracs. VIII y IX al art�culo 80, un tercer y cuarto p�rrafos al art�culo 89; y se deroga la frac. III del art�culo 85 de la propia Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Nov.16 de 2000. DECRETO N�MERO 18502.-Se reforman las fracs. XXII y XXIII y se adiciona la frac. XXIV al art�culo 50 de la Constituci�n Pol�tica del Estado; se reforman las fracs. II y V del art�culo 30 de la Ley Org�nica del Poder Ejecutivo; y se crea la Ley para la Divulgaci�n de la Legislaci�n del Estado.-Dic.19 de 2000. Sec. II. ACUERDO ECON�MICO N�MERO 763/00.-Se declara que las reformas a las fracciones XXII y XXIII y la adici�n de la fracci�n XXIV del art�culo 50 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, aprobadas por decreto 18502, forman parte de la misma.-Nov.16 de 2000. DECRETO N�MERO 18601.- Se reforma el art�culo 30 (iniciativas desechadas).-Publicaci�n 15 de marzo de 2001. ACUERDO ECON�MICO N�MERO 882/01.-Declara aprobada la minuta de decreto 18601, por la que se reforma el art�culo 30 de la Constituci�n Pol�tica as� como el art�culo 91 de la Ley Org�nica del Poder Legislativo del Estado.-A.-Ene.18 de 2001. P.-Mar.15 de 2001. DECRETO N�MERO 18738.- Se reforma la fracci�n XII del art�culo 35 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco (Consejeros Ciudadanos de la Comisi�n Estatal de Derechos Humanos).-Abr.28 de 2001. Sec. II. ACUERDO ECON�MICO N�MERO 79/01.-Se declara aprobado el decreto 18738 que reforma la frac. XII del art�culo 35 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Aprobado Abr.26 de 2001. DECRETO N�MERO 18785.- Adiciona la frac. X al art�culo 21 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco y reforma los arts. 18 fracci�n VII y 30 de la Ley Electoral del Estado.-Jun. 7 de 2001. Sec. II. ACUERDO EC�NOMICO N�MERO 94/01.-Declara aprobada conforme al art�culo 12 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, la minuta de decreto n�mero 18785, por el cual se adiciona la fracci�n X al art�culo 21.-Aprobado May. 3 de 2001. DECRETO N�MERO 19117.- Se reforman los art�culos 57 p�rrafo s�ptimo, 69 primer y segundo p�rrafos y adicion� los p�rrafos quinto y sexto, y 71 de la Constituci�n Pol�tica; reforma el art�culo 13 p�rrafo tercero y el T�tulo Cuarto denominado Del Tribunal Electoral del Poder Judicial en sus art�culos 74, 75, 77, 78, del 85 al 91, 98 y 99; deroga los art�culos del 92 al 97 y adiciona los art�culos 100 A, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F, 100 G, 100 H., 100 I, l00 J, l00 K, l00 L, l00 M, l00 N, l00 � y 100 O de la Ley Org�nica del Poder Judicial, todos estos ordenamientos, del Estado de Jalisco.-Jul.17 de 2001. Sec. VI. FE DE ERRATAS AL DECRETO 19117. 5 de diciembre de 2002. ACUERDO ECON�MICO N�MERO 148/01.-Declara aprobada conforme al art�culo 12 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, la minuta de decreto n�mero 19117, por el cual se reforman los art�culos 57 p�rrafo s�ptimo, 69 y 71 de la Constituci�n Pol�tica; reforma el art�culo 13 p�rrafo tercero y el T�tulo Cuarto denominado Del Tribunal Electoral del Poder Judicial en sus art�culos 74, 75, 77, 78, del 85 al 91, 98 y 99; deroga los art�culos del 92 al 97 y adiciona los art�culos 100 A, 100 B, 100 C, 100 D, 100 E, 100 F, 100 G, 100 H., 100 I, l00 J, l00 K, l00 L, l00 M, l00 N, l00 � y 100 O de la Ley Org�nica del Poder Judicial.-Jul.17 de 2001. Sec. VI. DECRETO N�MERO 19674.-Se reforman los art�culos 61 y 69.-Mar.13 de 2003. Sec. II. ACUERDO ECON�MINO N�MERO 871/03.-Declara que las reformas aprobadas por decreto 19674 a los art�culos 61 y 69 de la Constituci�n Pol�tica del Estado, forman parte de la misma.-Mar.13 de 2003. Sec. II. DECRETO N�MERO 19986.- Se reforman los art�culos 33, s�ptimo p�rrafo, 35 fracciones IV, XXIV y XXV, 89, 97 fracci�n I y 100 primer p�rrafo, y se adiciona un octavo p�rrafo al art�culo 33 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco (Auditor�a Superior del Estado). -Ago. 5 de 2003. Sec. II. DECRETO N�MERO 20035.- Se adiciona al T�tulo Octavo, el Cap�tulo V denominado �De la Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios�, con el art�culo 107 bis.-Jun.24 de 2003. Sec. III. ACUERDO ECON�MICO 967/03.- Se declara aprobado conforme al art. 117 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, la minuta de Decreto n�mero 19986, por el cual se reforman diversos art�culos de la propia Constituci�n.-Ago.14 de 2003. Sec. II. DECRETO N�MERO 20256.- Reforma el art. 4�, adiciona un p�rrafo cuarto al art�culo 81 y deroga la frac. III del art. 15.-Abr.29 de 2004. Sec. II. DECRETO N�MERO 20138 y Acuerdo Legislativo 329/04.-Se reforman el art. 12 frac. V; la frac. V del art. 59; y el art. 78.-Sep. 2 de 2004. Sec. III. DECRETO N�MERO 20514 y Acuerdo Legislativo 393/04.-Reforma los arts. 35 frac. XXIV, 57 y 111.-Sep. 14 de 2004. Sec. II. DECRETO N�MERO 20862.-Decreto que adiciona un p�rrafo al art�culo 4 y reforma los art�culos 8, 9, 15, 35, 92, 97 y 100.-Mar.26 de 2005. Sec. II. DECRETO N�MERO 20905 y Acuerdo Legislativo 935/05.- Reforma los arts.12, 13, 20, 21, 34, 35, 50, 72, 75, 76, 78, 84, 92, 97,100 y 111 (Instituto Electoral).-May. 10 de 2005. Sec. III. FE DE ERRATAS AL DECRETO 20905. 28 de mayo de 2005. Sec. II. FE DE ERRATAS AL DECRETO 20905. 1�.de julio de 2006. DECRETO N�MERO 21456/LVII/06.-Reforma los arts. 21, 35, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 74, 97 y 102 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Ene.13 de 2007. Sec. IV. DECRETO N�MERO 21754/LVIII/06 y Acuerdo Legislativo 594/LIX/10.- Reforma el art. 56 de la Constituci�n Pol�tica del Estado (Instituto de Justicia Alternativa).-Dic. 2 de 2010. Sec. II. DECRETO N�MERO 21861/LVIII/07 y Acuerdo Legislativo 171/LVIII/07.-Reforma los art�culos 9�., 35, 97 y 100 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Jul. 5 de 2007. DECRETO N�MERO 21857/LVIII/07.- Se reforma el art�culo 50 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Sep. 8 de 2007. Sec. III. DECRETO N�MERO 21928/LVIII/07.- Se reforman los art�culos 58 y 61 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Ene.19 de 2008. Sec. III. DECRETO N�MERO 22112/LVIII/07.- Reforma los art�culos 56 y 58 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.-Ene.22 de 2008. Sec. III. DECRETO N�MERO 22137/LVIII/07.- Se adicionan los art�culos 35 (fracs. XXXV y XXXVI), 50, 74, 80, 81 Bis y 87 de la Constituci�n Pol�tica del estado de Jalisco (delimitaci�n del territorio, �reas metropolitanas).-May.1�.de 2008. Sec. III. DECRETO N�MERO 22222/LVIII/08.- Reforma la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, en sus art�culos 15 fracci�n VI, 35 fracciones IV, XXIV, XXV y XXXV (debe ser XXXIV) y (se omitieron las fracciones XXXV y XXXVI que fueron adicionadas por el decreto 22137), 89 primer p�rrafo y se adiciona un art�culo 35 Bis, se incluye el acuerdo legislativo 551/LVIII/08.-Jul. 3 de 2008. Sec. IV. DECRETO N�MERO 22224/LVIII/08.- Se reforman los art�culos 3�., 14, 21, 25, 28, 33 y 112 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco (Contiene el Acuerdo Legislativo 569/LVIII/2008).-Jul.24 de 2008. Sec. II. DECRETO N�MERO 22228/LVIII/08.- Se reforman los art�culos 12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75 y se adiciona el art�culo 116-bis de la constituci�n pol�tica del estado de Jalisco (se acorta la entrada en funciones del Gobernador al 6 de diciembre, Diputados al 1�. de noviembre y Mun�cipes al 1�. de octubre respectivamente, del a�o de la elecci�n).- Jul. 5 de 2008. Sec. III. DECRETO N�MERO 22631/LVIII/09.- Reforma y adiciona el art�culo 4 de la Constituci�n Pol�tica y se reforma y adiciona el art�culo 228 del C�digo Penal, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, as� como acuerdo legislativo n�mero 778/LVIII/09.-Jul 2 de 2009. Sec. V. DECRETO N�MERO 23126/LIX/10.- Reforma el art�culo 2�. de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco, as� como el Acuerdo Legislativo 682/LIX/10 (estado laico).-Feb. 3 de 2011. Sec. VI. DECRETO N�MERO 23941/LIX/11.- Se reforma la denominaci�n del Cap�tulo III del T�tulo Primero y los arts. 4�., 10, 35 y 50 (Acuerdo Legislativo 1590/LIX/12).-Ago. 28 de 2012. Sec. III. DECRETO N�MERO 24394/LX/13.- Reforma los art�culos 21 fracci�n VII, 35 fracci�n XVIII, 35-Bis fracci�n VII inciso h), 37 fracci�n V, 53, 59 fracci�n V, 97 fracci�n I, y 100 primer p�rrafo, de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco. Se publica tambi�n su correspondiente Acuerdo Legislativo que declara aprobadas las mencionadas reformas.- Feb. 27 de 2013. N�m. 21 Bis. Edici�n Especial. DECRETO N�MERO 24401/LX/13.- Reforma el art�culo 53, p�rrafo VI de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco y su minuta.- Mar. 20 de 2013. N�m. 30 Bis. Edici�n Especial. DECRETO N�MERO 24548/LX/13.- Se reforma el art�culo 74 frac. IX de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Dic. 3 de 2013. Sec. VI. DECRETO N�MERO 24443/LX/13.- Se reforma la frac. II y se adiciona la frac. X al art. 15 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco. Se publica tambi�n el acuerdo legislativo 644/LX/13 que declara aprobadas las mencionadas reformas.- Dic. 17 de 2013. Sec. VIII. DECRETO N�MERO 24457/LX/13.- Reforma los art�culos 8� y 13 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco. Se publica tambi�n el acuerdo legislativo 645/LX/13 que declara aprobadas las mencionadas reformas.- Dic. 17 de 2013. Sec. VIII. DECRETO N�MERO 24859/LX/14.- Reforma los art�culos 6�, 7� y 8� de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco. Abr.- 10 de 2014 Sec. IV DECRETO NUMERO 24563/LX/13.- Se reforma el art�culo 15 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Jun. 19 de 2014 Sec II. DECRETO NUMERO 24904/LX/14.- Se reforman los art�culos 6, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 26, 35, 53, 56, 57, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 92, 97, 100, 109 y 111; se adiciona un cap�tulo III al T�tulo Sexto, denominado �Del Tribunal Electoral del Estado� e integrado por los art�culos 68 a 71, y se recorre en su n�mero y orden el actual cap�tulo III para ser cap�tulo IV, conservando su denominaci�n �Del Tribunal de Arbitraje y Escalaf�n� e integrado por el art�culo 72, todos de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Jul. 8 de 2014 Sec. V DECRETO NUMERO 24891/LX/14.- Se reforma el art�culo 4� de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Nov. 25 de 2014 sec. II. DECRETO NUMERO 24957/LX/14.- Se adiciona un p�rrafo al art�culo 52 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Jul. 28 de 2015 sec. II. (Acci�n de inconstitucionalidad 75/2015, promovida por la Procuradora General de la Rep�blica. Sep. 24 de 2016 sec. III) DECRETO NUMERO 25023/LX/14.- Se reforman los art�culos 4�, 5� y 15 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Jul. 28 de 2015 sec. II. DECRETO NUMERO 25422/LX/15.- Se reforma el art�culo 53 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Nov. 12 de 2015 sec. VI. (El 20 de febrero de 2017, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, en los considerandos quinto y sexto as� como en el resolutivo tercero de la Sentencia dictada al resolver la acci�n de inconstitucionalidad 134/2015, declar� la invalidez del p�rrafo segundo del art�culo 53, reformado mediante decreto 25422/LX/15, la cual surti� efectos el 21 de febrero de 2017, dicha acci�n de inconstitucionalidad, puede ser consultada en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco de fecha Jun. 15 de 2017 sec.III). DECRETO NUMERO 25437/LXI/15.- Se reforman los art�culos 4�, 9�. 15, 35, 97 100 y 111 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Dic. 19 de 2015 sec. LVII. DECRETO NUMERO 25795/LXI/16.- Se reforman los art�culos 12, 57 y 111 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- May. 24 de 2016. sec. III. DECRETO NUMERO 25833/LXI/16.- Se reforman los art�culos 2, 4, 6, 9, 11, 12, 28, 34, 47, 70, 78, 84 y se modifica el nombre del Cap�tulo I del T�tulo Segundo de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Jun. 16 de 2016 sec. V. (Participaci�n Ciudadana) DECRETO NUMERO 25839/LXI/16.- Se reforman los art�culos 13 y 55 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Ago. 20 de 2016 sec. VII. DECRETO NUMERO 25841/LXI/16.- Se reforma la fracci�n III del apartado A del art�culo 4� de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Ago. 20 de 2016 sec. VII. DECRETO NUMERO 25859/LXI/16.- Se reforman los art�culos 91 y 99 y se derogan los art�culos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco (fuero).- Ago. 20 de 2016 sec. VII. DECRETO NUMERO 25865/LXI/16.- Se reforman los art�culos 15, 26, 35, 35-BIS, 50, 57, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Nov. 10 de 2016 sec. IV. DECRETO NUMERO 25886/LX/16.- Se reforman los art�culos 8, 12, 15, 21, 35, 50, 80, 85, 92 y 106 y se adiciona un Cap�tulo VI al T�tulo Octavo y un art�culo 107 Ter, a la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Nov. 26 de 2016 sec. LIV Fe de erratas al decreto 25886/LX/16.- Mar. 25 de 2017 sec. XI. DECRETO NUMERO 25911/LXI/16.- Se reforma la fracci�n X del art�culo 15 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Feb. 21 de 2017 sec. V. DECRETO NUMERO 26310/LXI/17, que deroga el Art�culo Segundo Transitorio del decreto 25886/LXI/16 y anexo.- Mar. 24 de 2017 Ter. DECRETO NUMERO 26217/LXI/16.- Se reforma el art�culo 15 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- May. 20 de 2017 sec. IV. DECRETO NUMERO 26373/LXI/17.- Se reforman los art�culos 6, 12, 13, 18, 70, 73, 74 y 75 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco (financiamiento a partidos pol�ticos).- Jun. 2 de 2017 Bis. (N. de E: De conformidad con el resolutivo SEXTO de la acci�n de inconstitucionalidad 38/2017, y acumulados 39/2017 y 60/2017, publicada en el Peri�dico Oficial El Estado de Jalisco de fecha 12 de diciembre de 2017 sec. V, se declara la invalidez de art�culo 74, fracci�n IX, en la porci�n normativa salvo que se trate de regidores que buscan reelegirse y del art�culo 75, en la porci�n normativa En el caso de los partidos pol�ticos se requerir� adicionalmente que hubieren registrado planillas en el n�mero de ayuntamientos que determine la ley. DECRETO NUMERO 26408/LXI/17.- Se reforman los art�culos 12, 21, 35, 35 bis, 53, 56, 57, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 90, 92, 99, 106, 107 y 107 Ter as� como los Cap�tulos III y IV del T�tulo Sexto y los Cap�tulos III y IV del T�tulo Octavo; y el Cap�tulo IV del T�tulo Sexto; y se adiciona el Cap�tulo V al T�tulo Sexto; todos de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Jul. 18 de 2017 sec. IV. DECRETO N�MERO 26486/LXI/17.- Reforma la fracci�n III del art�culo 50 de la Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco.- Mar. 1 de 2018 sec. IV. � CONSTITUCI�N POL�TICA DEL ESTADO DE JALISCO APROBACI�N: 8 DE JULIO DE 1917. PUBLICACI�N: JULIO 21, 25 Y 28 Y AGOSTO 1�. DE 1917. VIGENCIA: 2 DE AGOSTO DE 1917. } � � � { 6 7 l m | � � � � � � � p q y ��˶˩ܩ��|l�\H˩l�>� hl! @���CJ aJ &h�o� h�z� 5�CJ OJ QJ \�^J aJ h�o� h�z� 6�@���CJ ]�aJ h�o� h�z� 5�@���CJ \�aJ h�o� h�z� &h�o� h�z� 5�@���CJ \�aJ mH sH "h�o� h�z� 5�@���OJ QJ \�^J h�o� h�z� @���CJ aJ (h�o� h�z� CJ OJ QJ ^J aJ mH sH h�o� h�z� CJ OJ QJ ^J aJ h�o� h�z� CJ aJ h mH sH %h�o� h�z� 5�CJ \�aJ h mH sH | } � � z { 6 7 l m | � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $*$a$ $a$ B $a$ $�3 ]�3 a$gd5Or $a$ 9 $�1 ]�1 a$gd}4 y � � " # $ / � � / 0 ; � � K O s � � � � �! �! �! �! �! �# b& c& �������������随���zogogz�Z h�5 h�z� @���CJ aJ h-j CJ aJ h�o� h-j CJ aJ h�o� h =� CJ aJ h�z� @���CJ aJ h�o� hQ@ CJ aJ h�o� h�z� CJ aJ hl! @���CJ aJ h�o� h�z� 6�@���CJ ]�aJ $h�o� h�z� 5�6�@���CJ \�]�aJ h�o� h�z� 5�@���CJ \�aJ h�o� h�z� h�o� h�z� @���CJ aJ h-j @���CJ aJ � " # q r � � / 0 K L + , � � N O � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $*$a$gdHMC $a$gdHMC $*$a$gdNF? $*$a$ $a$ $*$a$ $a$ �H � � � � l m � � V! 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l a D i p u t a c i �n P e r m a n e n t e l a D i r e c c i �n l a D i v u l g a c i �n �la Entidad�LA FECHA TENIA l a F e d e r a c i �n l a F e d e r a c i �n . �la Federaci�n l a F i s c a l �a G e n e r a l �LA FORMA DE L A F U N C I �N E L E C T O R A L �LA HACIENDA Y l a I n f o r m a c i �n l a I n f o r m a c i �n P ��b l i c a �LA INICIATIVA Y�LA INVIOLABILIDAD DE �la Judicatura�la Junta Local �LA JUSTICIA l a L e g i s l a c i �n �la Legislatura�la Ley�la Ley Electoral�la Ley Electoral.�la Ley Fundamental.�la Ley General�la Ley General. l a L e y O r g �n i c a �la Ley.�la LIII Legislatura�la LIII Legislatura.�La LIV Legislatura l a N a c i �n L A P A R T I C I P A C I �N S O C I A L �la Presidencia l a P r o c u r a d u r �a S o c i a l l a R e p ��b l i c a l a R e p ��b l i c a . �LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL�la Sala Permanente l a S e c r e t a r �a l a S e c r e t a r �a G e n e r a l L A S O B E R A N �A I N T E R I O R �la Suprema�la Suprema Corte �la Unidad l a U n 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T o d o p o d e r p � b l i c o d i m a n a d e l p u e b l o y s e i n s t i t u y e p a r a s u b e n e f i c i o . S u s o b e r a n � a r e s i d e e n e l p ' P o d e r L e g i s l a t i v o d e l E s t a d o d e J a l i s c o P �� ��Oh�� +'��0 � � � � � � � � , 8 X d p | � � � � � , Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco Jalisco es libre y soberano en su r�gimen interior, pero unido a las dem�s partes integrantes de M�xico en la Federaci�n establecida por la Ley Fundamental. Todo poder p�blico dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Su soberan�a reside en el p Normal ( Poder Legislativo del Estado de Jalisco 10 Microsoft Office Word @ �J� @ 諃c �@ L1��@ ������ S (� b� �� ��՜.�� +,��0 0 h p � � � � � � � � � � Poder Legislativo del Estado L >} , Constituci�n Pol�tica del Estado de Jalisco T�tulo ! 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